Por Diego Lynch

La Comisión Nacional de Salario Mínimo, conformada por la Empresa Privada, los representantes del Gobierno y los representantes de los trabajadores, ratificaron de forma tripartita el ajuste del salario mínimo para el segundo semestre del año 2013. El incremento será del 6% a partir del 1 de septiembre, para el sector agropecuario, pesca, minas y canteras, industria manufacturera, electricidad, gas y agua; comercio, restaurante-hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones; construcción, establecimientos financieros y seguros; servicios comunales sociales y personales; gobierno central y municipal.

“Como sector privado celebramos la ratificación de un compromiso adquirido el pasado 7 de marzo por el gobierno, trabajadores y empleadores. Queremos destacar que este es el quinto periodo consecutivo en el cual estamos logrando un acuerdo salarial tripartito para el año completo y continuaremos en la búsqueda de esos acuerdos y ese consenso” (Declaraciones brindadas por José Adán Aguerrí, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP).

Esto nos demuestra una vez más la política burguesa que maneja el Gobierno del Frente Sandinista, quien termina claudicando a los intereses de los grandes empresarios, y que lejos de promover un salario mínimo digno y justo, de conformidad a las necesidades de la población Nicaragüense y de la clase trabajadora, defiende los derechos de los capitalistas, pues a ellos mismos como empresarios les afectaría tocarse la bolsa para pagar salarios justos.

Sindicatos traicionan a trabajadores

Mientras los precios de la canasta básica continúan un inalcanzable ascenso, los mal llamados representantes de los trabajadores (Sindicatos Oficialistas) traicionan a sus representados aceptando y aprobando la miseria que la empresa privada propone como incremento, no cubriendo ni siquiera la canasta básica, algo elemental para las familias nicaragüenses.

“Se está honrando el acuerdo de salario mínimo firmado a inicios de año, esto no es más que la demostración y la voluntad de la clase trabajadora de contribuir a la paz, la estabilidad y el trabajo en el país, en el marco de un diálogo social tripartito”. (Roberto Gonzalez, Secretario General de la Central Sandinista de trabajadores, CST, en declaraciones brindadas a los medios.

Gobierno y empresa privada de la mano

Luego de la aprobación del nuevo salario mínimo, se ha venido discutiendo una reforma a la legislación laboral, en donde la empresa privada está planteando que se haga un acuerdo multianual del salario mínimo, lo que implicaría discutir el incremento cada tres años.

“Nos interesa establecer un acuerdo multianual en aquellos sectores que no están bajo el régimen de zona franca, creemos que esto vendría a dar no solo mayor estabilidad sino mayor productividad”, afirmó José Adán Aguerrí, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) (La Prensa; 22 de agosto del 2013).

Esta intención de los empresarios no ha sido refutada por el gobierno central, quien siempre termina cediendo y negociando intereses personales, siendo los únicos afectados los trabajadores. Esto no quitaría la posibilidad de ceder a esta petición a cambio de las reformas a la Ley de Seguridad Social, que pretenden incrementar el porcentaje de cotización a los empleadores.

Por un salario mínimo justo y digno, acorde al costo de la vida

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige tanto al frente sandinista como a las centrales sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores y no los de los grandes empresarios burgueses. Es necesario que el salario mínimo cubra al menos la canasta básica. No podemos permitir que sea discutido cada tres años ya que la devaluación de la moneda con respecto al dólar sería la bala en la sien para los trabajadores. Para lograr llevar esto a cabo sería necesario dolarizar los salarios y emparejarlos al nivel de toda Centroamérica.

No podemos quedarnos callados ni de brazos cruzados viendo como el gobierno y las centrales sindicales protegen a los empresarios; hay que levantar la voz y salir a las calles a exigir un salario mínimo digno, justo y apegado a la realidad de las necesidades de todos y cada uno de los obreros y trabajadores del país.

Por Marcela Sevilla

A un año de cumplirse la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, diversos son los sectores que opinan sobre la utilidad de la misma tanto en su naturaleza, como en la viabilidad para aplicarse en las condiciones sociales de nuestro país. Sectores de la sociedad civil expresan que la misma desarticula el núcleo familiar si se implementa la medida cautelar de alejamiento del hogar sin oportunidad de mediación, otros, que discrimina al hombre al diferenciar los hechos punibles en base de la perspectiva de género; y haciendo uso de un discurso distinto, se muestran los especialistas en materia legal quienes piensan que la sola formulación y aplicación de la ley 779 resolverá la mayoría de los problemas estructurales - prácticos de las familias nicaragüenses.

Ámbito de aplicación

El artículo 2. “ámbito de aplicación de la ley” presenta que ésta se aplicará en el ámbito privado y público. Los efectos de esta ley, serán aplicables a quien se halle o hubiera estado ligado por condición de consanguinidad, afinidad, sujetos de tutela, cónyuge, ex cónyuge…etc.”, en resumen cualquier relación social que genere violencia a la mujer. La agresión pudiera ser física, verbal o psicológica.

Encontramos, sin embargo, que en la mayoría de los casos, solamente se observa como hecho violento los homicidios o maltrato físico, pasando por alto las ofensas verbales y los daños emocionales que se generan en las relaciones afectivas familiares o conyugales. Se encuentran, los anteriores elementos, estipulados como hechos punibles, sin embargo no son tomados en serio por las autoridades correspondientes, y por la comunidad general, que repite los modelos de comportamiento negativos hasta afectar la identidad cultural global, la cual visualiza a Nicaragua como un país “machista”, antes y después que se promulgara la ley 779.

La aprobación de la ley: el debate generado por los distintos sectores no pone fin a la violencia de género ni detiene los femicidios.

A pesar de que la ley contra la violencia hacia las mujeres impone la pena máxima prevista por el código penal nicaragüense, 30 años, los casos de violencia siguen siendo reportados por las mujeres, víctimas de abuso físico y psicológico, perpetrados por desconocidos, familiares, cónyuges, ex – cónyuges, en espacios públicos y privados. ”Al menos 47 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua durante los primeros siete meses de este año, un 2% más que en el período anterior, a pesar de la ley que castiga severamente el femicidio, denunció este miércoles un grupo feminista” (La Prensa 31/7/13).

Sociedad burguesa dividida

La discusión actual entre las distintas partes de la sociedad civil radica en la viabilidad de la ley. Voces gubernamentales, grupos feministas, especialistas del derecho, la iglesia católica y líderes de otras denominaciones cristianas, se pronuncian a favor o en contra, en dependencia de sus perspectivas y necesidades políticas. Mientras, el sistema familiar común en Nicaragua sigue encontrándose con muchos conflictos, tales como: precariedad, desempleo, sobrexplotación, poca accesibilidad a satisfacer necesidades básicas, y otras adversidades inmediatas, lo que pone en evidencia la dificultad existente para erradicar la epidemia de violencia en las familias nicaragüenses.

La eficacia de la ley 779 radica en modificar los paradigmas de relaciones establecidos y los modelos de comunicación aprendidos a nivel familiar.

Dicha violencia se sostiene en las relaciones de poder otorgadas por un rol particular, masculino, frente al femenino. Aspecto que posibilita que las situaciones del entorno sean desfavorables para estas últimas. ¿Se encuentran las definiciones de poder supeditadas a la economía? En este caso la pregunta sería si se encuentra este, ligado a las concepciones de género tan desiguales en nuestra sociedad y que difícilmente encuentran salida razonable en los interminables debates llevados a cabo por “especialistas” que se encuentran ajenos a las realidades colectivas de las familias nicaragüenses.

El significado de la ley 779 es redefinir y revalorizar las relaciones de género, posibilitando el sostenimiento igualitario entre hombres y mujeres, con el objetivo de evitar hechos incomprensibles como el asesinato de mujeres a manos de sus familiares o parejas de hogar. Creemos que es posible, aunque nos encontremos frente un modelo de violencia estructural que se fomenta desde la idiosincrasia familiar, y consideramos, necesario transformar las realidades de las sociedades nicaragüenses con proyectos económicos y sociales coherentes que mejoren su calidad de vida personal e interpersonal que eviten hechos violentos dentro de las relaciones familiares.

El gobierno y el COSEP cocinan las reformas a la Ley de INSS

Por Diego Lynch

Una vez más vuelve a la palestra pública el tema de la reforma a la Ley de Seguridad Social en Nicaragua. Esta vez el gobierno de Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se han aprovechado de la lucha de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) para salir como héroes al otorgarle una pensión reducida que en la realidad es una migaja en relación a lo que se les debe de entregar, y llevar a cabo la tan esperada reforma a la Ley; esto con la excusa de que con estas pensiones reducidas que se deberán entregar, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) va a colapsar en unos años, llevándolo a la quiebra.

La realidad es otra, el FSLN viene estudiando desde hace tiempo estas reformas; el Fondo Monetario Internacional ha exigido dichas reformas para poder continuar apoyando económicamente al país, y con la aprobación del Waiver el gobierno se ha visto obligado a cumplir con las exigencias de los gobiernos imperialistas y sus políticas. Sin embargo, la clase obrera y trabajadora se ha opuesto rotundamente a las reformas planteadas (aumentar la edad de jubilación y el número de semanas cotizadas), por lo que ahora el gobierno busca otras propuestas para mantener contentos a los políticos burgueses.

Empresarios no quieren pagar

Ante la situación que vive el sistema de seguridad social en Nicaragua, los empresarios, conscientes de la misma aclaran que es necesario reformar a lo inmediato la Ley de Seguridad Social, sin embargo ellos no quieren pagar ni un centavo más. Con esto pretenden dejar todo en manos del gobierno y los trabajadores; desde que el Frente Sandinista tomo el poder en el 2006, la empresa privada se sienta a negociar con el gobierno y los mal llamados dirigentes sindicales, y quienes siempre terminan cediendo y perdiendo en las mesas de negociaciones son los obreros y trabajadores, como sucede en las mesas en relación al salario mínimo.

Según declaraciones de Diego Vargas, Presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), esta es una tarea de todos, y es parte del gobierno buscar esas economías dentro de sus esquemas, y debe haber contribución de los empresarios y trabajadores. De igual manera, José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), considera que debe haber una posición de responsabilidad de todas las partes que van a participar en las negociaciones; “Este no es un tema de pasarle un costo al otro, es un tema en el cual todos tenemos que asumir la responsabilidad de darle sostenibilidad (al sistema del Seguro Social)” (El Nuevo Diario 08/08/13).

Gobierno y Empresarios preparan propuestas

Funcionarios del COSEP y del gobierno del Frente Sandinista se han reunido a estudiar el tema de las reformas, y ya hablan de iniciar una mesa de negociaciones con las centrales sindicales. Sin embargo se habla de que en las primeras semanas de septiembre el Gobierno ya llevará una propuesta. Esta es una muestra clara de que el Frente Sandinista primero consulta y acuerda con los empresarios burgueses y posteriormente dobla el brazo a los trabajadores, imponiéndoles los acuerdos pactados entre la empresa privada y los empresarios del gobierno.

Tras una reunión entre funcionarios del COSEP y del gobierno, Bayardo Arce, asesor económico de la Presidencia, confirmó que en los primeros 15 días de septiembre, el Gobierno entregará su propuesta de reforma al sector empresarial y a los sindicatos como un punto de partida para las negociaciones. Además, señaló que han determinado los cálculos “de lo que puede impactar la pensión reducida (de los adultos mayores) y, por lo tanto, estamos listos para presentarlos”, de tal manera que se asegure la estabilidad del sector de seguridad social. Arce no negó ni confirmó que la propuesta incluiría un incremento en la tasa de cotización de la cuota patronal y de los trabajadores, pero sí reiteró que no se afectará el número de semanas de cotización ni los años de jubilación, que corresponden a 750 semanas y a 60 años de edad (El Nuevo Diario 09/08/13).

Mientras tanto, el COSEP señaló que el sector privado desconoce el planteamiento que hará el Gobierno alrededor de la reforma al INSS, pero no descarta que el Gobierno lleve entre sus propuestas el incremento de la tasa obrero patronal. “No conocemos cuál será el planteamiento que hará (el Gobierno) alrededor del tema de los gastos y alrededor de la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social. Pero en el caso nuestro (la deuda) sí va a ser un tema, y en el caso de los trabajadores también va a ser un tema a llevar a la mesa (sobre) qué va a pasar con esa deuda”, dijo el líder empresarial. Aguerri insistió en que los resultados de estas negociaciones no deberán recaer en costos unilaterales, es decir, que no serán asumidos solo por los empresarios, ya que tendrán que garantizar estabilidad a las finanzas del INSS a través de costos compartidos (El Nuevo Diario 09/08/13).

Sindicatos plantean bases de negociación

El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), que es dirigido por el eterno diputado sandinista Gustavo Porras, ha logrado captar la atención y aglutinar a todas las centrales sindicales, sin embargo estas siempre se prestan a las disposiciones que emanan del gobierno sandinista y terminan claudicando a las políticas derechistas y las intenciones de los empresarios.

Mediante un comunicado emitido por el FNT y firmado por la gran mayoría de dirigentes sindicales del país, estos expresaron que: “El Movimiento de Unidad Sindical Nicaragüense da a conocer a la Opinión Pública en General los siguientes puntos que sirven de base para cualquier Reforma a la Seguridad Social. 1.- Cualquier cambio en un proceso de reforma a la seguridad social debe ser realizado con gradualidad, consenso y con respeto a los derechos adquiridos de los y las trabajadores. 2.- Cualquier reforma a la seguridad social debe de tener las siguientes características: a) No debe haber modificación de la edad de jubilación (60 años); b) No aceptarnos aumento del número de semanas cotizadas para la jubilación (750 semanas); c) No debe aumentarse el porcentaje de la cuota a los y las trabajadores; d) No aceptamos que se modifique el número de semanas para el cálculo de la pensión; e) El aumento de las recaudaciones debe ser por la vía del crecimiento del empleo, el aumento progresivo de los salarios y por la reducción la evasión. 3.- El Diálogo, la Alianza y el Consenso debe ser entre Empleadores, Trabajadores y Gobierno, entre Nicaragüenses en el marco del Consejo Nacional del Trabajo”.

Unidad sindical para defender y mejorar la Ley del INSS

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), hacemos un llamado a toda la población Nicaragüense para que exijamos al Gobierno de Daniel Ortega y el Frente Sandinista que las reformas sean en pro del trabajador y no de los empresarios y de la burguesía. Que se eleve la cuota patronal, es hora de que los trabajadores dejen de pagar los malos manejos administrativos de los Gobiernos; que se eleve el porcentaje de la pensión que se le entrega a los jubilados, no más pensiones de miseria, que al menos cubra el valor de la canasta básica; que se dolarice el monto de la pensión para que esta se mantenga al momento de la devaluación de la moneda en relación al dólar; que en el tema de la salud se amplíe la cobertura que se brinda a los asegurados y pensionados; que se pague la deuda que el Estado tiene con el INSS; que se destituya a las autoridades administrativas del INSS y que las finanzas del mismo sean de acceso al público; que se creen comisiones fiscalizadoras integradas por trabajadores; que se mejore la atención a nuestros adultos mayores y que se amplíe la cobertura a los trabajadores, es decir que se ingrese un mayor número de afiliados.

Por unas reformas justas y en pro de los trabajadores y pobres del país; que la crisis la paguen los burgueses y empresarios.

Estados Unidos presiona a través del Waiver

Es del conocimiento de todos que año con año el gobierno de los Estados Unidos revisa el sistema de ayuda a los países como Nicaragua, y una vez más, como ha ocurrido durante todos los años que el Frente Sandinista ha estado en el poder, los Estados Unidos han otorgado el waiver de la propiedad, que es un perdón para no cortar la ayuda a Nicaragua desde los organismos multilaterales donde USA tiene capacidad de veto.

Hay quienes piensan que el waiver solamente trata el tema de la indemnización o devolución de propiedades de ciudadanos norteamericanos confiscados durante la revolución, sin embargo ese es solamente uno de los requisitos a cumplir. También estudian las políticas de gobiernos, que no afecten las políticas imperialistas y que se cumplan con los lineamientos de las grandes potencias capitalistas, así como que se respete a los grandes empresarios, todo esto con el fin de no dañar la economía de los burgueses y capitalistas.

El otorgamiento del waiver es una demostración más de la política conciliadora del gobierno sandinista, que en un momento determinado ataca verbalmente al imperio, pero que cumple todas las exigencias centrales del imperialismo norteamericano, a pesar de su permanencia en el bloque de países del ALBA. En esta ocasión, las reformas a la Ley de Seguridad Social han sido uno de los lineamientos bajados por el imperio y por el Fondo Monetario Internacional, al cual pretenden darle respuesta inmediatamente.

El oportunista Agustín Jarquin Anaya, antiguo aliado del FSLN, ahora es dirigente de la derecha
    

Por Sebastián Chavarría Domínguez

La alianza política de 13 años entre el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la diminuta Unión Demócrata Cristiana (UDC) que lidera Agustín Jarquín Anaya, entró en crisis a mediados del año 2012 cuando esta organización tomó distancia del gobierno sandinista y manifestó su intención de participar de manera independiente en las elecciones municipales de noviembre de ese mismo año.

Cancelación de la personalidad jurídica

La UDC había logrado salvar su personalidad jurídica, en la medida que participó en la alianza electoral liderada por el FSLN en las elecciones del 2001, 2006 y 2011. Pero las intenciones de la UDC de tener un perfil propio, fueron coartadas cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) emitió una resolución que negó la posibilidad de que participara en las elecciones de Noviembre de 2012 y, meses después, dictó otra resolución, el 16 de abril del 2013, cancelando la personalidad jurídica de la UDC, por no haber completado el requisito mínimo de completar el 80% de los candidatos en los 153 municipios (solamente presentó el 31%).

Acercamiento con el PLI

En las elecciones generales del 2011, Agustín Jarquín fue electo nuevamente diputado por la alianza “Unida, Nicaragua Triunfa”. Desde su condición de diputado, Agustín Jarquín comenzó a acercarse paulatinamente a la Bancada Democrática (BD), que está compuesta por diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) y del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ingresando en junio del 2013 a la misma, después de romper públicamente con el FSLN.

Destitución de la diputación

El régimen bonapartista del FSLN no podía tolerar semejante atrevimiento. El 27 de Julio 2013, el CSE dictó una nueva resolución, amparándose en el artículo 82 de la Ley Electoral, que destituyó a Agustín Jarquín de su condición de diputado, argumentado que con sus actitudes ha “traicionado el mandato de sus electores al cambiarse de partido y al mismo tiempo contradice la decisión orgánica del partido que lo postuló como candidato, disminuyendo y poniendo en riesgo la acción y estabilidad de la bancada a la que pertenecía” (Nuevo Diario, 27/07/2013).

El artículo 82 se refiere a la cantidad de candidatos por tipo de elección, pero no contempla la destitución de los diputados. Incluso, la antidemocrática Ley Electoral no contempla ninguna sanción o castigo para el llamado “transfuguismo”, ese fenómeno por medio del cual oportunistas cambian de bando desde su cargo de diputados o concejales.

Derrumbe de paradigmas democráticos

Con estas resoluciones, el CSE ha dinamitado los principios de la democracia burguesa, referidos a la soberanía popular. Según el artículo 2 de la Constitución de Nicaragua, “el poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación”.

No existe la figura de la destitución de los diputados, porque son elegidos directamente por el pueblo, y supuestamente se debe respetar el mandato popular. La Asamblea Nacional puede destituir, bajo ciertos requisitos y procedimientos, a los funcionarios que ella misma elige, como magistrados y funcionarios de las instituciones estatales, pero no puede tocar a sus propios diputados.

Amenazas contra los opositores

Lo anterior no significa –para nada- un apoyo político al oportunista Jarquín Anaya, que antes estaba junto al FSLN y ahora está con el PLI, sino que los trabajadores y jóvenes deben comprender que el endurecimiento del régimen bonapartista, cambia las reglas del juego de la débil democracia burguesa nicaragüense.

El CSE había sentado un nefasto precedente cuando en el año 2007 anuló del cargo al diputado conservador Alejandro Bolaños Davis, y en este año ha destituido a la diputada sandinista Xochilt Ocampo y ahora al oportunista democristiano Agustín Jarquín Anaya.

El problema es que si el CSE tiene capacidad de castigar o destituir a los diputados, por sostener un criterio diferente al gobierno, entonces ya no tiene sentido realizar elecciones.

Independientemente de las posiciones políticas que sostenga un diputado, sea de derecha o de izquierda (¡no hay diputados de izquierda!) se debe respetar la voluntad de los electores. El problema de fondo, es que estas resoluciones del CSE fortalecen el control de las cúpulas partidarias sobre sus propios diputados y sobre los mismos electores. Por ello es urgente una reforma que democratice el sistema electoral, permitiendo, entre otras cosas, la presentación de candidaturas independientes. Los únicos que pueden elegir y destituir o revocar el mandato, son los propios electores.