Por Sebastián Chavarría Domínguez

Las reformas constitucionales ya entraron en vigencia, ahora forman parte de la Constitución. La oposición burguesa ha concentrado el ataque contra la reelección indefinida, pero guarda silencio sobre los cambios relacionados con el rol del Estado en la economía.

Si algo confirma la existencia de un régimen bonapartista existente en Nicaragua, no solo es la imposición de la reelección indefinida, sino los cambios realizados en el capítulo sobre la economía nacional. El sandinismo, como nueva burguesía, comprende la importancia del tema, y por ello hace concesiones a los otros sectores de la burguesía, que le adversan o muestran algún grado de desconfianza.

Inversiones extranjeras y asociaciones público-privadas

En vista de que el neoliberalismo ha mostrado su fracaso para elevar el nivel de vida en América Latina, ahora hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), reniegan un poco de sus pasadas políticas, y en cambio están impulsando las asociaciones público-privadas, como una forma de evitar que los servicios públicos regresen a manos del Estado.

Por ello ahora promueven las inversiones privadas en materia de infraestructura y servicios públicos. Centroamérica no es la excepción. Estas leyes de asocios públicos privados ya han sido aprobadas en El Salvador, Guatemala y Honduras. En el caso de Nicaragua, ha sido elevada a rango constitucional.

El articulo 98 fue reformado sustancialmente, y en su parte medular quedó así: “(…) El Estado garantiza las inversiones extranjeras, a fin de que contribuya al desarrollo económico -social del país, sin detrimento de la soberanía nacional. y de los derechos laborales de los trabajadores, así como, el marco jurídico para impulsar Proyectos Públicos-Privados, que facilite, regule y estimule las inversiones de mediano y largo plazo necesarias para el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura, en especial, energética, vial y portuaria (…)”.

Vienen más privatizaciones

Hay un cambio en el rol del Estado. En 1995 se promovió la apertura neoliberal dentro del marco constitucional, se redujo el rol del Estado en la economía casi a cero, pero en 2014 se hizo un ajuste: el Estado vuelve a ocupar un importante lugar, pero ahora juega un rol para desarrollar el sistema capitalista, garantizando la inversión extranjera (¡listos y servidos!) y el impulso de asociaciones público-privadas para invertir en infraestructura.

En pocas palabras, el Estado deja de ser el principal actor para convertirse en socio de las empresas privadas, que siempre invertirán para sacar más dinero. Lo anterior implica que viene una privatización parcial en áreas hasta ahora en mano del Estado y las municipalidades: aguas, carreteras y puertos ¡Más claro, imposible!

La oposición burguesa, impotente, no pudo detener las reformas constitucionales

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Tal como estaba previsto, las reformas constitucionales fueron aprobadas en tiempo record (al final de la primera legislatura en diciembre del 2013 y comienzo de la segunda legislatura en enero de 2014) por la aplanadora de 63 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hasta con la colaboración del diputado Wilfredo Navarro, dirigente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y el voto en contra de 28 impotentes diputados de la oposición burguesa.

La aprobación de esta reforma constitucional estuvo precedida de constantes y amargas denuncias de la oposición burguesa, porque aquella conducía a la instauración de una “nueva dictadura militar”, reencarnación del régimen somocista.

Institucionalización del régimen bonapartista

El régimen político en Nicaragua ha sufrido importantes modificaciones a partir de la reforma constitucional de 1995, que arrancó poderes al presidente de la república para trasladárselos a la Asamblea Nacional. Mientras el FSLN estaba en la oposición, presionaba constantemente por un régimen parlamentario, ya que con su 40% de votación cautiva, constante, se garantizaba la capacidad de vetar cualquier decisión del gobierno de turno, así como influir en las decisiones de este.

Pero esta dinámica de 11 años de consolidación de un extraño régimen parlamentario (1996-2006) aparentemente se detuvo abruptamente en enero del 2007, cuando como producto de la victoria electoral del 2006, Daniel Ortega asumió por segunda ocasión la Presidencia de Republica. A pesar de que el FSLN era minoría en la Asamblea Nacional, se inició un proceso de concentración de poder en las manos del poder ejecutivo. A la oposición burguesa, débil y maltratada por las derrotas electorales, incapaz de agrupar y movilizar a las masas tras sus banderas, solo le quedó el camino de apelar a la conciencia histórica, advirtiendo que se estaba instaurando una nueva dictadura, basada en la familia Ortega-Murillo.

Pero no es lo mismo una dictadura que un régimen bonapartista. Las dictaduras limitan las libertades democráticas, reprimen a las masas, impiden el juego de los partidos políticos. Los regímenes bonapartistas, pueden tener rasgos dictatoriales, se caracterizan por una inusual concentración del poder en una institución o persona, que termina imponiendo el orden en la sociedad, convirtiéndose en el gran árbitro entre las clases sociales, pero no son propiamente una dictadura. Un régimen bonapartista puede terminar en una dictadura, pero en términos generales son dos categorías diferentes.

Una característica de este periodo es que el presidente Daniel Ortega, al no tener mayoría en la Asamblea Nacional, procedió a concentrar el poder por la vía de hecho, y no por medio de leyes o decretos que no podía aprobar. Sencillamente, el FSLN dividió, avanzó y arrolló a la oposición burguesa, sin matar o encarcelar a sus dirigentes, por la propia debilidad intrínseca de este sector burgués, que resultó minoritario ya que el conjunto de la burguesía prefería la estabilidad de sus negocios, dialogar y llegar a acuerdos con Daniel Ortega, antes de embarcarse en una nueva aventura de financiar una oposición que estaba siendo triturada.

La correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional cambió con el resultado de las elecciones generales del 2011, que le permitió al FSLN obtener la mayoría calificada de 62 diputados. El poder político se concentró en las manos de Daniel Ortega, pero sediento de legitimidad democrática, el FSLN procedió a institucionalizar el régimen bonapartista que fue instaurado durante la segunda presidencia de Daniel Ortega (2007-2012), es decir, legalizó todo lo actuado mediante la última reforma constitucional.

La vital necesidad de la reelección indefinida

Pero el régimen bonapartista de Nicaragua está intrínsecamente ligado a la persona de Daniel Ortega, para que este régimen sea estable necesita continuidad, y para tenerla necesita de la reelección indefinida. El eje central de la reforma constitucional aprobada en Enero del 2014 era y sigue siendo demoler los obstáculos para la reelección indefinida, que permitan la continuidad de Daniel Ortega al frente del gobierno.

El aspecto más significativo de la reforma constitucional fue la derogación de los dos primeros párrafos del artículo 147, reformado en 1995 y en el año 2000, que instauró el sistema electoral que obligaba a los candidatos a obtener una “mayoría relativa” de más del 40% de los votos totales, de lo contrario tendrían que ir a una segunda vuelta los que obtuvieran el primero y segundo lugar en las votaciones.

El artículo 146 en su parte final menciona que “serán elegidos quienes obtengan la mayoría relativa de votos”. No obstante, al eliminar las dos vueltas electorales y la exigencia de una mayoría relativa del 40% de los votos, se ha instaurado un sistema electoral de mayoría simple, aunque el artículo 146 se refiera a la “mayoría relativa”. Con esta reforma, el sandinismo, la minoría más grande y mejor organizada (hasta hace poco el 40% de los votos), se garantiza ganar las elecciones limpiamente, si continúa manteniendo la estrategia victoriosa de dividir a la oposición burguesa y fragmentar el espectro político.

También fue derogada la prohibición de reelección para aquel que hubiere ejercido el cargo por dos períodos presidenciales. Daniel Ortega ejerció la presidencia en el periodo 1984-1990 y 2007-2012. Con ello quedó despejado el camino para la reelección indefinida.

¿Cómo fue posible imponer la reelección indefinida, tomando en cuenta la larga historia de lucha contra la reelección? Muy sencillo. Nicaragua vive su mejor momento económico de los últimos 35 años, después del caos y la bancarrota económica de la revolución (1979-1990) y el posterior periodo de ofensiva neoliberal que trajo altos niveles de miseria y desempleo.

Amparados en esta ilusión de relativa mejoría económica, el sandinismo ha retomado lo peor de la tradición política nicaragüense, aunque debemos reconocer que, para los socialistas centroamericanos, la reelección no es un problema de principios. Todo depende de las condiciones democráticas de los procesos electorales. Si hay condiciones verdaderamente democráticas, que garantizan la amplia participación del pueblo y de las distintas fuerzas políticas en los procesos electorales, corresponde a la mayoría de los votantes decidir la composición del gobierno, y si este debe permanecer inalterable.

El temor que produjo el proyecto de reformas constitucionales al introducir la facultad del Presidente de la República de emitir “decretos ejecutivos con fuerza de ley” en materia administrativa, se desvaneció cuando este punto fue finalmente desechado. El artículo 150, numeral 4, referido a las facultades del Presidente de la República, fue suavizado y quedó así: “Dictar decretos ejecutivos de aplicación general en materia administrativa”. Estos decretos ahora no tendrán más fuerza que las leyes, pero la materia administrativa quedó sin fronteras.

¿Reforzamiento del régimen parlamentario?

Pero los árboles no nos deben impedir ver el bosque. La reforma constitucional ha impuesto la reelección indefinida, pero al mismo tiempo ha reforzado los poderes de la Asamblea Nacional, introduciendo la capacidad de los diputados, con la mayoría calificada del 60%, para destituir a los ministros. Esta facultad había sido introducida con la reforma constitucional del año 2005, pero producto de negociaciones políticas, y casi a punto de ganar las elecciones, el sandinismo promovió su derogación por medio de la sentencia No 52 de la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia ha sido revertida.

Tenemos, pues, que con la reciente reforma constitucional la Asamblea Nacional elige a los magistrados de los restantes poderes del Estado, ratifica todos los nombramientos que hace el poder ejecutivo y ahora hasta puede destituir a los ministros y altos funcionarios. Tenemos un régimen parlamentario casi completo, excepto que la única función que no tiene, por el momento, es la de escoger o nombrar al gobierno.

El artículo 138, numeral 5, ha quedado finalmente así: “(…) Si la Asamblea Nacional, considera al funcionario no apto para el ejercicio del cargo, con votación calificada del sesenta por ciento de los Diputados, lo destituirá, y pondrá en conocimiento al Presidente de la República para que dentro del plazo de tres días haga efectiva esta decisión”.

El régimen político se ha transformado en un bonapartismo con formas parlamentarias.

Otros importantes cambios constitucionales

La reforma al artículo 98 legalizó el “modelo de alianza del gobierno con el sector empresarial pequeño, mediano y grande, y los trabajadores, bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consensos”.

La reforma al artículo 100 institucionalizó los “proyectos público-privados, que facilite, regule y estimule las inversiones de mediano y largo plazo necesarias para el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura, en especial, energética, vial y portuaria”, lo que disminuye el rol del Estado en la economía, elevando el peso y el poder de los inversionistas privados.

La reforma al artículo 102, ratificó el acuerdo con el empresario chino Wang Ying para construir el canal interoceánico, al ratificar que “dada la ventajosa posición geográfica del país, a través de Ley, el Estado podrá celebrar contrato u otorgar concesión para la construcción y explotación racional de un canal interoceánico”

En las disposiciones transitorias de la reciente reforma constitucional, se alargó el periodo de los actuales alcaldes y concejales de cuatro a cinco años, haciendo coincidir las futuras elecciones municipales con las generales del año 2017. En el futuro, el periodo de los concejales de los gobiernos regionales también subirá a cinco años.

Todo indica que estamos ante un relativo fortalecimiento del régimen bonapartista, pero la crisis económica puede hacer saltar por los aires la estabilidad política de los últimos años.

Por Diego Lynch

Tras cuatro semanas de discusión sobre el incremento al salario mínimo en el país, no se ha logrado llegar a ningún acuerdo entre la empresa privada, los trabajadores y el Estado. El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) mantiene su propuesta inicial de un dieciséis punto cinco por ciento mientras tanto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) no da una cifra específica, solamente se limita a decir que el aumento no puede ser de más de un digito.

Mientras los sindicatos continúan negociando con el Estado y los empresarios burgueses, el trabajador sigue esperando y recibiendo un salario mínimo miserable que no da para mantener a una familia, ni siquiera cubre la canasta básica y cada día que pasa hunde mas en el hambre a las familias nicaragüenses de los obreros y trabajadores, la clase social más grande y desprotegida del país.

La cortina de humo entre los sindicatos y los empresarios

Es por todos sabido que desde el año 2007, cuando el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional se sentó por primera vez, en esta mal llamada segunda etapa de la revolución, a discutir el salario mínimo con las grandes burguesías del país, las centrales sindicales oficialistas que apoyan a Daniel Ortega juegan a ver quién golpea más fuerte la mesa y al final terminan negociando cuotas de poder a cambio del salario y el hambre de la población nicaragüense. Los dirigentes sindicales como Gustavo Porras y Luis Barbosa son la nueva burguesía empresarial del Gobierno Sandinista, quienes tienen un sinnúmero de altos mandos políticos que son empresarios, y que al incrementar un alto porcentaje del salario mínimo se verían afectados económicamente.

Sin embargo, con el fin de mantener la cortina de humo y el discurso de izquierda, pretenden simular una lucha en contra de los empresarios, a quienes al final les terminan cumpliendo sus caprichos a cambio de apoyo político y dejar bien parado al gobierno ante el FMI y la comunidad internacional.

“Luis Barboza, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, CST, dio un ultimátum de 24 horas al Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, para que presente su propuesta de salario mínimo en la mesa que dirige el Ministerio del Trabajo. La reunión semanal del salario es el jueves 6 de febrero y no se espera la presencia del presidente del COSEP. Miguel Ruiz, sindicalista sandinista, amenazó en nombre de la CST y del FNT con que si el COSEP no lleva su propuesta salarial van a pedirle al gobierno que haga la suya para negociar bilateralmente con el Ejecutivo. El Frente Nacional de los Trabajadores y la CST proponen un incremento del 16.5% mientras los empresarios se han limitado a decir que su propuesta será un dígito. El gobierno, que normalmente espera que sindicatos y empresarios se pongan de acuerdo, tampoco ha fijado posición al respecto”. (http://www.trincheraonline.com/2014/02/06/sigue-guerra-verbal-fnt-versus-cosep/)

La legislación nicaragüense establece que, de no existir un acuerdo entre representantes del trabajador y la empresa privada, los sindicatos pueden ponerse de acuerdo con el Estado y fijar el porcentaje de incremento. Sin embargo, el gobierno tampoco se ha pronunciado, demostrando una vez más las maniobras con las cuales terminan vendiendo el hambre de los trabajadores.

Argumentos del COSEP

Según José Adán Aguerrí, Presidente del COSEP, no es posible un incremento de dos dígitos porque esto llevaría al fracaso a muchas empresas, y alega que no es posible cubrir la canasta básica por ser esta la más grande de Centroamérica. “Nuestra canasta básica está compuesta por el mayor número de productos en la región centroamericana ya que en el resto de países de Centroamérica el ciento por ciento de los productos que integran la canasta básica son alimentos, mientras que en Nicaragua este grupo solo alcanza el 43 por ciento (23 productos de 53 son alimentos), es decir, nuestra canasta incorpora además de alimentos productos del hogar, tarifas y artículos del vestuario. Por ello no es comparable con las canastas de la región”. (La Prensa; 5/02/14).

Nuestra Política

El Partido Socialista Centroamericano hace un llamado a todos los trabajadores y sus representantes en la mesa de discusión a que no le den más largas a la misma, es hora de golpear la mesa e incrementar el salario mínimo de una forma que cubra la canasta básica y que éste sea parejo en toda Centroamérica. Nicaragua ha tenido un aumento significativo en su crecimiento económico, sin embargo continúa presentando el salario mínimo más bajo de la región. Es hora de desenmascarar al gobierno y a los sindicatos oficialistas y luchar por un salario mínimo justo y digno para los trabajadores.

Por Melchor Benavente

Nuevamente los empresarios agrupados en el Consejo Superior de la Empresa Privada, aprovechando sus buenas relaciones con el gobierno de Daniel Ortega, han pasado a la carga, presionando para que los aumentos al salario mínimo se produzcan cada 2 años.

Reforma en los hechos

José Adán Aguerri, presidente del Cosep, declaró: "Hemos acordado negociar un acuerdo salarial para el 2014 y un acuerdo salarial que esté vigente durante dos años (2015–2016) para el resto de sectores de la economía”. (La Prensa, 9/1/2014)

De acuerdo con la vigente Ley del Salario Mínimo, cada seis meses debe reunirse la comisión tripartita (gobierno, empresarios y sindicatos) para acordar el salario mínimo. Sin embargo, a partir del año 2012, la Comisión Nacional del Salario Mínimo, acordó salarios mínimos por un año. Para cumplir con las formalidades la Ley, la comisión tripartita se volvió a reunir en agosto del 2012 pero para ratificar lo que había acordado el mes de marzo. La justificación de los empresarios ha sido la estabilidad de la moneda, y la baja inflación de menos de un digito que ha logrado sostener el gobierno sandinista

Este mismo procedimiento fue aplicado en el año 2013. Los empresarios brincan de la alegría, pero no se conforman. Han iniciado una ofensiva política para imponer la reforma a la Ley del Salario Mínimo, que ellos, en colaboración con los sindicatos oficialistas, han logrado cambiar el espíritu de dicha Ley.

El gobierno negocia por aparte con el COSEP, y también lo hace por aparte con los sindicatos. De esta manera, la posición del gobierno-COSEP es impuesta al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la central sindical dirigida por el diputado Gustavo Porras, que tiene el doble carácter de funcionario del gobierno, responsable del gabinete social (MINSA-Educación-INSS), y a la vez dirigente sindical.

Los verdaderos objetivos del COSEP

El incansable José Adán Aguerri ha asegurado que ya hay un acuerdo preliminar con el gobierno para que el salario mínimo, excepto el de los trabajadores de Zonas Francas, se negocie cada 2 años: “Eso ya está acordado por las tres partes. Esa es una posición acordada por parte de Cosep con el Gobierno y que el Gobierno lo acordó con FNT (Frente Nacional de los Trabajadores) y fue trasladada de esa manera a la mesa nuestra”. (La Prensa, 9/1/2014)

Luis Barbosa, dirigente sindical del FNT y diputado suplente, declara indignado: “Una cosa es que lo diga (el Cosep) y otra cosa es que lo discutamos y lo acordemos. Nosotros seguimos manteniendo que existe la mesa del Salario Mínimo para negociar una vez al año”. (La Prensa, 9/1/2014)

Pero estas combativas declaraciones son cortina de humo para ocultar la claudicación de la dirigencia sindical hacia el gobierno sandinista, que aplica políticas neoliberales que perjudican a la mayoría de los trabajadores.

Detrás de la obstinación por la negociación cada 2 años está el tema de la reducción del salario mínimo. Aguerri sostiene que “Hemos hablado del salario mínimo porque Nicaragua se está convirtiendo, con esta decisión de darle mayor estabilidad al Seguro Social (con la reforma al sistema), en el país con las mayores prestaciones sociales de Centroamérica. Entonces, si queremos generar mayores inversiones, tenemos que buscar mayores equilibrios”. (La Prensa, 9/1/2014)

Mientras los estudios de organismos como el FMI y el Banco Mundial aseguran que los salarios más bajos de Centroamérica están en Nicaragua, el COSEP afirma lo contrario, que es el país que tiene mayores prestaciones sociales, pero todo ello es para justiciar la reducción del salario mínimo. Es el precio que los empresarios cobran al gobierno, por el aumento del monto de las contribuciones de la patronal al INSS.

El Cosep aspira a que se eliminen los parámetros básicos o “pisos” para definir los porcentajes del ajuste al salario mínimo, como son la tasa de inflación anual y del crecimiento económico del país. El COSEP apuesta a una mayor flexibilización de estos requisitos dentro de la Ley del Salario Mínimo. La puerta de esta reforma es la negociación bianual, pero el verdadero objetivo es cambiar los parámetros para calcular el salario mínimo.

Insuficiente aumento salarial

Mientras la Comisión Nacional del Salario Mínimo continúa reuniéndose porque debe aprobar un nuevo salario mínimo en Febrero del 2014, el gobierno sandinista decretó un aumento unilateral al salario del 5% a los empleados públicos. Para el magisterio y los trabajadores del Ministerio de Educación (Mined) el aumento será del 11%, siempre y cuando devenguen menos de C$ 20,000 córdobas.

Con el aumento ya incluido, los maestros de secundaria devengaran en 2014 un salario mensual de 5,991.7 córdobas (235 dólares), el salario más bajo del magisterio en Centroamérica. Para los trabajadores de la salud el aumento fue del 7.3% de manera general.

Por aumento de salarios conforme el costo de la vida

El aumento decretado por el gobierno es un reconocimiento del deterioro salarial de los trabajadores en Nicaragua, pero resulta insuficiente para combatir el costo de la vida. Contrario a lo que pretende el COSEP, los trabajadores debemos luchar para que una posible reformar a la Ley del Salario Mínimo contemple el reajuste automático cada vez que suba el costo de la vida. Y este sube de manera permanente. No nos queda otro camino que luchar por la defensa del pan nuestro de cada día.