Dirigentes sindicales sandinistas repiten el discurso del gobierno

Por Diego Lynch

La discusión sobre las reformas a la Ley de Seguridad Social y cómo evitar una crisis en este sistema continúan siendo un misterio para la población, aunque el sector laboral en Nicaragua es el más interesado en que se dé una respuesta positiva. La Seguridad Social en Nicaragua es caótica y de muy mala calidad. El gobierno del Frente Sandinista ha venido planteando un sinnúmero de soluciones, sin embargo estas siempre afectan al trabajador, mientras el único culpable de la crisis es el mismo gobierno y toda la burguesía del país.

Tanto el gobierno como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) han mantenido negociaciones a puerta cerrada, manejándose un sinnúmero de propuestas las cuales mantienen tensionados a los trabajadores y cotizantes del INSS. Ellos temen ser traicionados una vez más por los supuestos representantes agrupados en los sindicatos oficialistas, los que año tras año terminan negociando los derechos laborales y el hambre de las familias nicaragüenses.

El INSS no pasa del 2014

Tras la última concesión que se hizo a la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) de pagarles una pensión reducida de conformidad y proporcional a las semanas cotizadas durante sus años laborales, el Gobierno del Frente Sandinista aduce que la vida del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) no pasaría del próximo año 2014, siendo esta la excusa para proponer las reformas a la Ley de Seguridad Social.

“Hemos sido claros que (así) como iba el Seguro, el flujo de caja se nos acabaría en 2016, pero con el pago de la pensión reducida a los viejitos, esa proyección se nos redujo en dos años, y ahora ese flujo de caja se nos estaría acabando a finales del 2014”, señaló Bayardo Arce, asesor económico de la presidencia durante un encuentro con los empresarios de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, Amcham. (El Nuevo Diario, 26 de Septiembre del 2013).

Estas afirmaciones son una excusa absurda, un dinero que fue cotizado por estas personas durante muchos años no puede venir a quebrar al INSS, ese dinero debe de mantenerse, a menos que existan malos manejos dentro de la Institución y que dicha plata haya sido ocupada para otros propósitos, lo que significaría que el INSS no cumple con su función, y se debería de procesar y sancionar a los culpables de esa malversación.

Algunos empresarios afirman que los Gobiernos han utilizado a lo largo de los años al INSS como una caja chica para solventar otro tipo de gastos y no para los fines destinados. “Los diferentes gobiernos han visto al INSS como una caja chica para fondear diferentes proyectos, y al final esos fondos no regresan a las arcas del INSS, eso es lo que hay que ver”, manifestó el Empresario Piero Coen. (El Nuevo Diario, 26 de Septiembre del 2013).

La crisis la pagarían los pensionados

Entre algunas de las propuestas planteadas por Bayardo Arce Castaño, asesor económico de la Presidencia está la de ajustar la pensión mínima. Actualmente esta se calcula en base al salario mínimo, y la propuesta es que se haga en base al salario promedio, lo que implica que las pensiones que se entregarían serian cada vez menores, quedando la diferencia al INSS.

“Las pensiones ya no se van ajustar conforme al salario mínimo, sino conforme al salario promedio, es decir, que el ajuste de las pensiones va a ir siendo menor, van a recibir menos”, indicó Arce, tras reunirse con representantes del sector empresarial, a quienes presentó una propuesta de siete medidas administrativas para dar sostenibilidad financiera, por los próximos 22 años, al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS. (El Nuevo Diario; 3 de Octubre del 2013).

No podemos permitir que los jubilados y pensionados carguen con la crisis financiera del INSS, esta fue causada por los Gobiernos Liberales y Sandinistas que se han encargado de saquear las arcas del Estado, por lo tanto son ellos y toda la clase burguesa del país la que debe sacar adelante dicha institución.

El gobierno claudica al FMI y a la Burguesía

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha venido imponiendo condiciones y políticas burguesas al frente Sandinista, y el gobierno con el fin de ir de la mano con los gobiernos capitalistas ha venido negociando concesiones. Una de ellas que se les ha venido pidiendo desde hace años es la Reforma al Seguro Social en el país, por lo que paulatinamente se estuvo preparando el camino para dar inicio a las negociaciones ante las cuales nos enfrentamos el día de hoy.

De aquí surge la propuesta de los costos compartidos, la que no es más que tocar con guantes de seda la bolsa de los empresarios en Nicaragua, quienes no quieren asumir ni un córdoba para rescatar el seguro social.

“Arce dijo que la propuesta gubernamental es de costos compartidos, tal como ha solicitado el Cosep, ya que el gobierno pagará anualmente, a partir del 2014, unos US$11.6 millones, equivalentes al 2% de la deuda que el Estado tiene con el INSS, que suma US$580 millones. Además, los pensionados de la categoría mínima recibirán un monto menor y los empleadores asumirán un incremento de 3% en la cuota patronal de forma gradual, durante tres años, equivalente al 1% anual a partir del 2014” (El Nuevo Diario; 3 de Octubre del 2013).

Las palabras del asesor económico del gobierno son más que claras; los empresarios no asumirán ninguna carga, la crisis será asumida por el gobierno y la población nicaragüense, afectando así la bolsa de la clase económicamente más baja del país, la clase obrera y trabajadora.

“Las medidas de ajuste que propone el Gobierno y que afectan las pensiones y a los cotizantes dejarán “jugosos” rendimientos al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), mientras que la carga de la empresa privada y del Estado será más liviana. Eso es lo que revelan las cifras que proyecta el Gobierno con la aplicación de su propuesta de ajuste al Seguro Social.” (La Prensa; 4 de Octubre del 2013).

Las medidas no son suficientes

Este tipo de medidas planteadas por el Gobierno no van a evitar una futura crisis en el sistema de seguridad social, simplemente están alargando la agonía y perjudicando de esta forma a la población. Con estas medidas se va a mandar a los jubilados y adultos mayores a sus casas con una pensión que no les ayudará a sobrevivir; están mandando a esta gente a vivir como indigentes y en condiciones de pobreza extrema, esto después de que pasaron toda su vida cotizando por una pensión de vejez digna.

“Las medidas anunciadas asegurarían la solvencia del INSS hasta 2036. Pero el problema verdaderamente grave comenzará en el período siguiente, después de 2036, cuando el país comenzará a experimentar el proceso de envejecimiento verdaderamente acelerado de su población, y cuando gran parte de la actual población joven se estará comenzando a jubilar en masa” (La Prensa; 8 de Octubre del 2013).

Los sindicatos traicionan a los trabajadores

Una vez más, los sindicatos apoyan las medidas que el gobierno se sienta a negociar con los empresarios y terminan traicionando a la clase trabajadora. El máximo dirigente sindical del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) ha dicho que solo si seguimos al pie de la letra la propuesta hecha por el gobierno se podrá rescatar al INSS.

“La cantidad de dinero que entra al seguro social no es suficiente, cada vez va siendo menos capaz de cubrir las pensiones que está pagando……y con el ingreso de la pensión reducida que es de casi 800 millones al año, y que año con año ira aumentando la crisis será mayor…… es por ello que todos los nicaragüenses nos hemos dado cuenta que debemos salvar nuestra seguridad social” (Palabras del Diputado Sandinista y dirigente sindical Gustavo Porras, en entrevista realizada por el periodista Alberto Mora).

No más Empresas Médicas Provisionales

Otra de las causas de esta crisis en la seguridad social ha sido la implementación de las empresas médicas provisionales, que no son más que centros médicos y/u hospitales que prestan un servicio de atención médica a los asegurados, a cambio de la cotización que estos pasan al INSS.

Sin embargo, estas empresas además de prestar un mal servicio y atención médica, reciban más dinero del que en efecto utilizan para brindar el servicio, ya que mensualmente reciben un cheque millonario por el monto total de los trabajadores afiliados a dicha empresa, sin embargo no todos estos hacen uso del seguro social; uno porque no es necesario ir constantemente, otros por la mala atención y en algunos casos porque los hospitales aducen que no cubren todo tipo de servicios, solamente los chequeos generales de rutina.

Una política para salvar y controlar al INSS

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), llamamos a todos los trabajadores, obreros, adultos mayores y estudiantes a que exijamos una reforma verdadera que proteja a los pobladores y asalariados del país; que la crisis del seguro social la paguen el gobierno y los grandes empresarios capitalistas que son quienes han venido hundiendo en esta crisis al INSS. Que se realice una auditoria en dicha Institución y se sancione a las personas implicadas en estos malos manejos.

Que no se disminuyan las pensiones, que estas se dolaricen y que cubran al menos la canasta básica; que se incremente el número de cotizantes con la creación de más trabajos formales; que desaparezcan estás empresas medicas provisionales y que se creen clínicas y hospitales del INSS, donde las cotizaciones queden siempre en las arcas de dicha Institución. Que el trato a los jubilados y la atención médica sean de calidad, y que el INSS sea fiscalizado por la misma clase obrera y trabajadora, para que de esta forma dejen de robarles sus cotizaciones y evitar una nueva crisis.


Por Diego Lynch

El gobierno central ha retomado las negociaciones y discusiones en relación a las reformas a la Ley de Seguridad Social, y una vez más ya se ven las intenciones de claudicarle a las políticas burguesas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las pretensiones de los empresarios y patronales que año con año pasan sobre los derechos laborales y sociales de nuestra clase obrera y trabajadora.

Matrimonio entre empresarios y gobierno

Mientras Daniel Ortega se sienta a negociar los salarios, la seguridad social y las políticas laborales con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), estos salen a la defensa del Frente Sandinista y los nicaragüenses pagan las consecuencias de este triste matrimonio.

José Adán Aguerrí, presidente del COSEP, al ser abordado por los medios de comunicación dijo que solo al gobierno le corresponde detallar sobre el manejo financiero del INSS, pese a que ese gremio maneja esa información por ser parte del Consejo Directivo del Seguro Social. “Se maneja la información completa de todas las inversiones del INSS, en la junta directiva (pero) este es un tema que le corresponde al Gobierno presentar, porque nosotros únicamente somos partícipes de una junta directiva donde el dueño es el Estado”... “La transparencia no se da a través de los medios, hemos visto en los medios cómo algunas personas han demostrado que en algunas ocasiones los medios no son transparentes y en otras ocasiones si son transparentes” (La Prensa 29/9/13).

Esta es una clara muestra de cómo la empresa privada que siempre ha pedido “transparencia y cuentas claras”, está en defensa del gobierno siempre y cuando este continúe accediendo a las políticas burguesas y aplastando al trabajador.

Gobierno asume deuda, pero …

La deuda que existe con el INSS desde aproximadamente 1957, y que asciende a un monto de más de U$ 600 millones de dólares americanos, será pagada por el gobierno, lo que significa un recorte presupuestario para la educación, programas sociales y demás derechos de la población que vive en nuestro país.

“Hoy el presidente (Daniel Ortega) se comprometió ante el sector privado. El asesor económico Bayardo Arce dijo en su intervención (ante los empresarios) que el Gobierno se compromete a asumir la deuda que existe de todos los gobiernos anteriores en materia de seguridad social, y a honrar esa deuda”, indicó José Adán Aguerrí, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep (El Nuevo Diario 5/09/13).

Sin embargo, esta no es la solución a la crisis y la problemática financiera que se vive dentro del sistema de seguridad social, y uno de los planteamientos que se pretende incluir dentro de las reformas a la Ley de Seguridad Social es el aumento al porcentaje de cotización de los trabajadores. Como siempre, quien sale perdiendo y pagando los platos rotos son los trabajadores y la población económicamente más baja del país; se recortarían presupuestos sociales que benefician a la población, y se incrementaría la cuota mensual al INSS, afectando la bolsa y el presupuesto de las familias nicaragüenses.

“El rápido envejecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) y los deteriorados salarios de los trabajadores son dos de las difíciles realidades que afrontará la próxima reforma al INSS, advirtieron ayer economistas, quienes reconocen que el aumento en la contribución de los trabajadores será un golpe demoledor para la calidad de vida de la clase obrera”. (La Prensa 9/9/13).

Ampliar y mejorar la seguridad social

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), se solidariza con la clase obrera y trabajadora de Nicaragua. No podemos permitir que se incremente el porcentaje de cotización al trabajador; los salarios en Nicaragua son paupérrimos, no cubren ni la canasta básica y con ellos no se logra mantener a una familia. Que la crisis del INSS y el porcentaje a incrementar que lo paguen los banqueros y los grandes empresarios burgueses del país, sector en donde se ubican grandes figuras políticas del gobernante Frente Sandinista, razón por la que el gobierno defiende estos intereses.

Es hora de dolarizar los salarios y que el salario mínimo sea igual y equivalente al de toda Centroamérica. La atención médica y la seguridad social son deficientes, necesitamos atención de calidad a nuestros asegurados y jubilados, quienes cotizan y no logran ver su dinero de vuelta. Que la reforma a la ley de seguridad social sea cubierta por los burgueses y que beneficie al trabajador.

¡¡¡No al incremento del porcentaje de cotización de los trabajadores!!!


Por Adrian Laurel

Las finanzas públicas que el gobierno exige y recibe para ejecutar planes de desarrollo  en beneficio la sociedad, se utilizan para subsidiar el bono solidario que el Partido Sandinista reparte entre sus simpatizantes y fieles adeptos. Esto es parte de sus políticas clientelares, que tienen el objetivo de conseguir entre la población “votos seguros” para perpetuarse en el poder por encima de la voluntad popular y la institucionalidad.

Beneficiarios del bono

El bono, inicialmente de C$530, favorecía a más de 116,000 empleados públicos, desde la policía hasta el sector salud. Actualmente se entrega C$750  a más de 160,000 trabajadores del Estado. Fue anunciado en las vísperas del 1 mayo, de 2010 e incluiría a aquellos trabajadores que percibieran menos de 5, 500 córdobas al mes. Se presentaba como una extensión de los supuestos avances orquestados por la “Revolución Bolivariana” desde Venezuela.

Cifras bolivarianas y populismo orteguista

A raíz del deceso de Hugo Chávez, sectores de la población civil entraron en discusión sobre la continuidad del mal logrado proyecto del socialismo del siglo XXI implementado por el gobierno sandinista bajo las directrices del chavismo, el cual financiaba con inmensas cantidades de dinero los planes políticos y programas sociales que benefician, o beneficiaban, solamente, a un sector muy desfavorecido de la población, que recibe réditos al ser votantes del régimen sandinista. Vale aclarar que no hablamos aquí de grupos que representen al sector obrero y sus intereses, sino, del lumpen proletariado, que desde la marginalidad actúa como órgano represor o fuerzas de choque del gobierno, reprimiendo continuamente actividades sociales que se desarrollan al margen del oficialismo.

La crisis de Venezuela influye

Con nuevo presidente en Venezuela, la cooperación existente entre ambos países difícilmente siga las tendencias que caracterizaron las primeras épocas de bonanzas con la era “Chávez”. Venezuela es ahora un país que atraviesa por una gran carestía en los servicios básicos, y debe atender primero sus problemas internos antes que las adversidades que presenten otros países, aunque estos sean “aliados” históricos. Frente a esta situación, el gobierno sandinista se ve forzado  a reacomodarse para no perder uno de los medios de control que ejerce sobre la población y así, el “Bono solidario’ se incluirá en el Presupuesto General de la República.

La decisión significa que habrá que apartar alrededor de US$70 millones para financiar esa partida”. (www.confidencial.com.ni/articulo/13829/lsquo-reacomodan-039-el-bono). Dicha estrategia económica ubicará a los nicaragüenses, sin importar sus tendencias políticas o ideológicas, en la situación de financiar un proyecto político el cual tiene exclusivos intereses partidarios.

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar, y fue el “Secretario General del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, el que aseguró que los trabajadores del Estado no se verán afectados si se llegara a incluir en el Presupuesto General de la República 2014, el Bono Solidario que mes a mes entrega el Gobierno… Yo creo que el trabajador es muy práctico, es decir, el trabajador ha agradecido todos estos años ese planteamiento de restitución de derechos que le ha dado el comandante (Daniel) Ortega y el Gobierno” (el19digital.com). 

Evidentemente, las palabras del oficialismo no escatiman en adulación  y avalan la noticia al verla como una operación “payback”, es decir, “estás en obligación de devolver lo que te he dado”. Cualquier similitud con la deuda espiritual identificada en el credo judeo-cristiano, seguramente no es producto de la mera casualidad. Es de esta forma que el gobierno sandinista acredita sus proyectos de convencimiento y manipulación mediática. Logra persuadir a la población a través de discursos evidentemente absurdos, pero “agradables” por su retórica populista, en espacios que se suponen  públicos y sin embargo, tienen el carácter de centros de peregrinación política, como cuando se anunció el bono solidario en el 2010, y como ahora anuncia que se incluirá en el presupuesto, por mandato “divino”.

¿Quién asume las deudas?

Del presupuesto general de la república se pagará el bono solidario, con estos mismos fondos se subsidiará la quiebra del INSS, recortando los ingresos estatales destinados a salud y educación. El gobierno sandinista considera más importante reparar el daño económico legado por su gobierno, e  implementar los planes que tiene designados para no perder votantes, que las mejoras de la calidad de vida de los trabajadores y familias nicaragüenses. Esto en un país donde la canasta básica es la más cara de Centroamérica, C$ 8,758.5, frente al salario mínimo más bajo, C$ 6,244.6.

Daniel Ortega, José Adan Aguerri, Carlos Pellas y Ramiro Ortiz.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Los empresarios nicaragüenses viven momentos de euforia y felicidad. En relación al periodo de la guerra civil y la debacle económica, Nicaragua “progresa”, la macroeconomía está estable, el gobierno sandinista aplica fielmente las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), no hay confiscaciones, los negocios andan bien y las grandes grupos de la oligarquía financiera están más contentos que nunca.

Evolución y características de la burguesía nicaragüense

Desde la época colonial, Nicaragua ha sido manejada por una oligarquía de reducidas familias que se han enfrentado a muerte por el control del aparato del Estado, la fuente de todos los privilegios y del enriquecimiento rápido.

Por ello, la oligarquía transformada ahora en burguesía nunca ha sido fuerte, ni sus diferentes fracciones han mantenido la continuidad en el poder, como ocurre en otros países. Ha ocurrido todo lo contrario: la continuidad en el poder y la estabilidad de las instituciones se ha roto con las guerras civiles entre los grupos de estas reducidas familias.

El país ha tenido escasos periodos de estabilidad económica y de “democracia”. En el siglo XIX, el único periodo estable fue el de los 30 años conservadores (1858-1893), cuando Nicaragua era llamada la “suiza de Centroamérica”. En el siglo XX, marcado por la intervención norteamericana y la lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino, el periodo más estable económicamente fue el de la dictadura somocista, y con ello no estamos embelleciendo al somocismo, solo registrando un hecho innegable.

La burguesía nicaragüense, dependiendo de quién controla el poder, ha crecido siempre bajo la sombra del Estado. En el siglo XIX, los gobiernos liberales y conservadores despojaron de sus tierras a las comunidades indígenas. En el siglo XX, el grupo de Somoza se mantuvo largo tiempo en el poder, enriqueciéndose con la corrupción, y sosteniendo pactos económicos con otras fracciones de la burguesía. El somocismo mantuvo durante 43 años el monopolio del poder, haciendo algunas concesiones políticas, y respetando los espacios económicos de la oposición conservadora, hasta la crisis de 1974.

Por eso las fracciones burguesas nunca tuvieron líderes políticos destacados, nunca educaron a sus dirigentes en la lucha política, parlamentaria, en la conquista de las masas o de los votos.

La democracia era formal, el régimen decidía todo y cuando había conflictos los resolvía en la mesa de negociación. Incluso, bajo el somocismo se llegó al extremo de institucionalizar la participación de la oposición conservadora en el parlamento y las instituciones del Estado, con cuotas fijas por encima de los resultados electorales. En la Constitución de 1950 la cuota era del 30% y en la de 1974 subió al 50%, pero este corporativismo de la dictadura, no logró frenar la revolución de 1979.

Los principales líderes obtenían y consolidaban sus puestos demostrando quién negociaba mejor las cuotas de poder con el gobierno de turno. La democracia nunca fue bandera política, era utilizada solo en momentos álgidos, previos a la guerra civil. Cuando surgió el fenómeno populista de derecha liderado por el conservador Fernando Agüero, en los años 60, los grupos económicos de las familias Pellas y Chamorro presionaron por la componenda con el somocismo, lo que significó la ruina política de Agüero y del Partido Conservador.

Fue hasta 1974 que los empresarios, preocupados por la competencia desleal de Somoza, que los estaba desplazando de sus mercados tradicionales, comenzaron a exigir mayor democracia, pero la revolución de 1979 los revolcó, machacó, cambiando radicalmente la correlación de fuerzas. Una nueva y agresiva fuerza política y social, el sandinismo, emergió de la bonanza somocista (1945-1979), aplastando sus instituciones, confiscando sus bienes. De la guerra civil (1982-1990) y del posterior derrumbe de la revolución, emergió una nueva clase burguesa, ligada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La burguesía sandinista

La derrota electoral del FSLN en 1990 abrió las puertas para el retorno de la burguesía exiliada y confiscada, la cual efectivamente regresó al país, pero no logró recuperar el conjunto de sus propiedades. La sobrevivencia política del FSLN se explica por este fenómeno, por medio del cual los bienes confiscados permanecieron en manos de los nuevos dueños. La burguesía sandinista aceptó entregar el gobierno en 1990, a cambio de preservar la propiedad, especialmente en el sector agropecuario. Esto no fue un regalo sino que fue producto de una intensa lucha que hizo correr la sangre, pero la burguesía sandinista logró sobrevivir apoyándose en las masas, y también en instituciones como el Ejército y la Policía, logrando fortalecerse bajo los 16 años de gobiernos neoliberales.

Los más importantes sectores de la burguesía confiscada, al no recuperar sus tierras, se concentraron en la creación de nuevos bancos privados, que producían más fácilmente ganancias, y desde ahí lograron absorber una importante cuota de la renta nacional, a costa de la ruina de miles de pequeños propietarios. El resultado de este relativamente corto proceso es que se reconfiguraron dos nuevos sectores de la burguesía: por un lado, la emergente burguesía sandinista, nuevamente en el poder, concentrada fundamentalmente en el sector agropecuario, y la oligarquía financiera conformada por el viejo Grupo Pellas (que se ha asociado al capital transnacional), el nuevo Grupo PROMERICA-BANPRO (este es el ejemplo clásico del nuevo sector emergente en el ámbito financiero) , el nuevo Grupo LAFISE-BANCENTRO ( con orígenes en el antiguo BANIC de la época de Somoza), el nuevo grupo de Piero Coen y otros grupos menores.

Cuarta Cumbre con empresarios

Contrario a todos los pronósticos, el retorno del FSLN al poder en el año 2007, no significó nuevas confiscaciones, ni un descalabro económico, sino las aplicaciones de rigurosos planes neoliberales decididos por el FMI. Este cambio no fue gratuito, tiene una sencilla explicación: la conducción actual del FSLN representa los intereses de la nueva burguesía sandinista, interesada en la buena marcha de los negocios.

Desde Enero del 2007, el presidente Daniel Ortega se reunió en el INCAE con los grandes grupos empresariales, para explicarles el contenido de la política económica de su gobierno. En marzo de 2010 Daniel Ortega volvió a reunirse con la cúpula empresarial nicaragüense. En Enero del 2011, después de su polémica reelección, se reunió en la llamada “Casa de los Pueblos” (antigua Casa Presidencial de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños), con los empresarios de las 19 cámaras empresariales que conforman el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), para sostener el rumbo económico.

Y el pasado 4 de septiembre se realizó la cuarta cumbre entre Daniel Ortega y los principales grupos económicos de Nicaragua. La tónica fue la misma de las anteriores: sonrisas, abrazos, buenas relaciones, discursos propositivos y declaraciones coincidentes a los medios de comunicación.

José Adán Aguirre, acaba de ser reelecto por séptima vez como presidente del COSEP, precisamente por impulsar una política de conciliación y negociación con el gobierno sandinista. El COSEP está conformado por 21 cámaras empresariales de pequeños y medianos empresarios. Los jefes de los grandes grupos económicos estuvieron presentes, pero ellos nunca se disciplinan a los resultados de las conflictivas asambleas, ellos siempre tienen una comunicación directa con el gobierno, están por encima del mismo COSEP.

Institucionalizar las reuniones

A partir del 2009, a pesar de los efectos de la crisis económica internacional, Nicaragua aumentó sus exportaciones en 80%, el empleo creció 35%, mientras el PIB se incrementaba en 4.7% durante los últimos 3 años, cuando el promedio de Centroamérica era de 3.28% en ese mismo lapso. Estas cifras se reflejan en las ganancias de los empresarios, por eso están muy contentos.

José Adán Aguirre, en sus declaraciones, reafirmó que “El trabajo que hemos hecho de consenso, producto de los 5 años de acuerdos salariales, las 68 leyes de consenso, los 39 esquemas de alianza público-privada que estamos desarrollando en este momento, los acuerdos comerciales que han abierto la posibilidad para que el sector productivo pueda encontrar nuevas oportunidades, han sido facilitadores para atraer esta inversión” (El 19 Digital, 5/9/2013).

Estos resultados de la llamada Comisión de Seguimiento, el gobierno de Daniel Ortega y los empresarios los quieren institucionalizar, proponiendo la aprobación de una ley en la que tenga que consultarse obligatoriamente a los empresarios.

El Presidente Daniel Ortega estuvo de acuerdo en la aprobación de esa ley:

“Creo que ese es un reto, un desafío, porque seríamos el primer país que estaría institucionalizando este modelo, dándole ya no la fuerza de la voluntad política de quien esté gobernando el que este modelo funcione o no funcione, sino que por ley se establezca en la Constitución de la República que este mecanismo, que este modelo sí funciona independientemente de quién esté en el gobierno de nuestro país” (El 19 Digital, 5/9/2013).

Lo anterior implica que las futuras reformas constitucionales institucionalizarán ese tipo de reuniones. Cualquier parecido con el modelo corporativista del somocismo es pura coincidencia.

Las declaraciones de Carlos Pellas

Carlos Pellas, quien en los años anteriores financiaba los partidos antisandinistas, se deshizo nuevamente en elogios a favor del modelo político del FSLN: “¿Qué si yo creo que hay una democracia? Bueno, hay unas elecciones, las elecciones determinan claramente quien es el ganador. Hasta la fecha se ha manejado de esa forma y yo creo que obviamente los nicaragüenses van a la votación y se elige el ganador. Los procesos siguen manteniéndose, por lo tanto yo considero que sí, que estamos viviendo en un país abierto (…) Aquí todo el mundo es libre de moverse, la prensa es libre de opinar y yo considero que desde ese punto de vista nosotros estamos viviendo en una sociedad abierta (…) Aquí hay un proceso donde se negocia la mayor parte del establecimiento de las leyes y se llega al consenso” (La Prensa, 5/9/2013).

Este espaldarazo al gobierno fue un puntapié en el trasero a los partidos de la oposición burguesa, que ya no reflejan los intereses de la burguesía que está contenta con el gobierno sandinista.

Esta euforia de los empresarios indica que los niveles de explotación y opresión de los trabajadores, se han multiplicado. De eso no cabe la menor duda. Si ellos están contentos, nosotros estamos mal, muy mal.

Roberto Gonzalez, dirigente de la CST, primero criticó pero despues aceptó la propuesta de salario minimo cada tres años

Por Diego Lynch

La firma de los acuerdos y el consenso al que han llegado tanto el Gobierno Central como la Empresa Privada y los supuestos representantes de los trabajadores en relación al incremento del salario mínimo, ha sido una muestra más de la claudicación y servilismo que estos sindicatos blancos y el Frente Sandinista tiene hacia la burguesía y las políticas capitalistas que han venido implementando en el país, las que pretender ocultar detrás de discursos populistas a favor de los pobres, de los obreros y la clase trabajadora.

Durante los últimos años se ha impuesto la voluntad de los grandes empresarios, y tanto el gobierno como los sindicatos terminan negociando el salario y el hambre de los trabajadores, permitiendo aumentos de salario paupérrimos que no ayudan en nada a la economía familiar de los nicaragüenses.

¿Salario Mínimo Trianual?

Adán Aguerrí, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), señala que existe un lento crecimiento en la economía mundial, y que la caída de los precios internacionales de los productos (café, oro, azúcar, entre otros), obliga a que la discusión del aumento al salario mínimo se haga cada tres años y no cada seis meses a como lo establece la constitución política de Nicaragua, esto con el fin de que el país sea más productivo y competitivo (El Nuevo Diario; 22 de Agosto del 2013).

Las dos caras de los Sindicatos

Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, CST, dijo en conferencia de prensa que todo el gremio está en contra de la propuesta de revisar de forma trianual el salario mínimo. De igual forma Luis Barbosa, representante de la central sindical “José Benito Escobar” y Nilo Salazar, representante de la Confederación General de Trabajadores Independientes, CGTI, aseguraron que bajo ninguna circunstancia aceptarían la propuesta realizada por el COSEP.

“El salario mínimo deja mucho qué desear en este país, y si van a condenarlo por dos o tres años como tienen las intenciones de hacerlo, en primer lugar, habría que preguntarles quién nos asegura a nosotros que el alto costo de la vida se detiene, quién detiene el precio de los medicamentos, quién detiene las políticas de impuestos”. (El Nuevo Diario; 24 de Agosto del 2013).

Casi quince días después de haber brindado estas declaraciones, las centrales sindicales han cambiado su discurso demagógico, y una vez más le claudican a la burguesía y a los grandes empresarios, expresando que no es del todo mala la propuesta del COSEP.

Tanto la Central Sandinista de Trabajadores (CST) como la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), han expresado que se apoyaría dicha propuesta, ya que las condiciones macroeconómicas son preocupantes, porque los precios de los productos exportables están cayendo (Declaraciones brindadas por Roberto González en rueda de prensa).

Dentro de las condiciones que pretenden presentar al COSEP para aprobar dicha propuesta establecen que los precios de los alimentos perecederos no presenten grandes aumentos, incrementar el porcentaje de aporte al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), y que los ajustes al salario mínimo para los próximos tres años sean del 11, 12 y 13 por ciento respectivamente (La Prensa; 6 de Septiembre del 2013).

Aumento de salarios conforme la carestía de la vida

Ante esta claudicación por parte de las centrales sindicales oficialistas y afines al Frente Sandinista, el Partido Socialista Centroamericano hace una denuncia pública ante la clase obrera y trabajadora; exijamos a estos dirigentes sindicales que se retracten y que rechacen cualquier intento de reformar el periodo de negociación del salario mínimo.

Bajo ninguna circunstancia podemos negociar los salarios y el hambre de nuestro pueblo, no es posible realizar una negociación trianual ya que el deslizamiento de la moneda se mantiene en un cambio constante, esto llevaría a la miseria y al hambre a la clase económicamente más baja de Nicaragua. Tampoco podemos congelar los precios de los productos perecederos ya que esto significaría llevar a la quiebra a los pequeños productores.

Para estabilizar la economía hay que generar más empleos y pagar mejores salarios, esto crearía una circulación de dinero que ayudaría a estabilizar la economía del país. No podemos claudicar a las políticas burguesas de los empresarios y del imperialismo, no podemos negociar el salario y el hambre de los trabajadores.

¡Por un salario mínimo justo y equitativo, que se dolaricen los salarios y que se discutan cada vez que suba el costo de la vida!

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