Por Diego Lynch

En Nicaragua al igual que en todo el mundo la subida de los precios del petróleo afectó las tarifas energéticas. Sin embargo, desde el año pasado el precio por barril ha venido disminuyendo paulatinamente en todo el mundo, no así en Nicaragua.

Nicaragua tuvo la segunda tarifa de energía eléctrica más alta de Centroamérica en 2013 y la más alta hasta junio de 2014, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL. Las cifras publicadas en diciembre reflejan que en 2014 Nicaragua tuvo los precios más altos de energía eléctrica para el sector residencial, comercial e industrial, situándose muy por encima de los otros países de la región. En 2014, en el caso del consumo residencial de 200 kilovatios hora, un nicaragüense pagó 24.65 centavos de dólar por kilovatio hora consumido, mientras un guatemalteco desembolsó 21.62 y un salvadoreño 18.49 centavos de dólar por kilovatio consumido. (La Prensa; 29-01- 2015).

Debido a las grandes tarifas energéticas que se han venido pagando, las voces de la población se han hecho escuchar. Hay que recordar que el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene acuerdos y negocios directos con Venezuela a través del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas) y tienen el control y monopolio del petróleo y la energía a través de la empresa ALBANISA.

Mientras organizaciones no gubernamentales realizaban un plantón frente al Instituto Nicaragüense de Energía exigiendo se reduzca en 50% la tarifa eléctrica para los próximos tres años, la dirigencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, pidió al Gobierno revisar la tarifa de energía eléctrica antes de que concluya el primer trimestre. Los participantes del plantón entregaron una carta dirigida a David Castillo, presidente ejecutivo del INE, donde le señalan que la rebaja es posible, porque los precios del petróleo en el mercado internacional descendieron 60% y se ha revertido en un 73% la matriz energética, es decir que ahora se produce más energía renovable que térmica. Recordaron, además, que en años anteriores, en tres distintos momentos, el INE autorizó incrementos de hasta el 75% en la tarifa de energía eléctrica, tomando como parámetro el aumento en el costo del petróleo, por lo que es hora de retribuir al consumidor. Por su parte el sector privado nicaragüense espera que el Gobierno haga una revisión de la tarifa energética antes de que concluya el primer trimestre, contrario a lo que dijo la semana pasada el asesor de la Presidencia para Asuntos Económicos, Bayardo Arce. (La Prensa; 29-01-2015).

Si bien es cierto el Gobierno del Frente Sandinista ha dejado en claro que no habrá una rebaja en las tarifas energéticas, se encuentra negociando una posible rebaja solamente para el sector de la Empresa Privada.

El Gobierno no va a reducir la tarifa eléctrica a las familias nicaragüenses en los próximos meses. La prioridad será el pago de la deuda a la Caja Rural Nacional (Caruna) con los más de cien millones de dólares que el país se ha ahorrado por el hundimiento del precio del petróleo en el mercado internacional. La medida, que es apoyada por la Central Sandinista de Trabajadores, se debe, según sus dirigentes, a que el Gobierno no puede dejar de pagar a Caruna los doscientos millones de dólares que esta le prestó con fondos de Venezuela para evitar un fuerte aumento en la tarifa energética cuando el petróleo superaba los cien dólares, a partir del año 2010. En caso de que el Gobierno decida rebajar la tarifa en abril, cuando se prometió revisar la situación del mercado del petróleo internacional, solo sería para el sector productivo, algo que apoya el líder sindical. La única condición que exigió la CST a Castillo es que si se le baja la tarifa al sector productivo, los empresarios se comprometan a trasladar ese alivio a los productos de la canasta básica. Este ha sido el punto que mantiene tensas las conversaciones entre la empresa privada y el Gobierno, que negocian una posible reducción de tarifa solo para las industrias. (La Prensa; 3-02-2015).

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige al gobierno del Frente Sandinista y a sus empresas que se dé una reducción a lo inmediato en las tarifas de energía eléctrica en los hogares, así como hacemos un llamado a los empresarios y burgueses a que dejen de negociar reducción para ellos a costillas del pueblo, que es quien más necesidad tiene.

La deuda existente por los subsidios energéticos fue adquirida por empresas de la pareja presidencial; sus ganancias son repartidas entre sus familiares y allegados, que hoy por hoy son grandes empresarios y manejan negocios al igual que la derecha. El pueblo Nicaragüense no puede seguir pagando las deudas de los burgueses y millonarios del país, que la deuda energética la paguen la Empresa Privada y el Gobierno no el pueblo.

¡Reducción a la Tarifa eléctrica Ya!


Por Sebastián Chavarría Domínguez

El pasado 22 de Diciembre, en una solemne pero modesta ceremonia, fue inaugurado el inicio de las obras de construcción del gran Canal Interoceánico, en medio de una intensa guerra mediática.

A favor y en contra

Por un lado, el gobierno sandinista defiende vigorosamente la Ley No. 840 que otorgó la concesión para construir y explotar el Canal Interoceánico por un plazo de 100 años a favor de la empresa HKND Group, propiedad del desconocido empresario chino Wang Jing. La propaganda gubernamental insiste en que la construcción del Gran Canal Interoceánico será el inicio del desarrollo económico de Nicaragua, por las enormes oportunidades de empleo que implican su construcción y sus posteriores operaciones.

Por el otro lado están las fuerzas políticas y sociales que se oponen: la oposición burguesa y las ONG ambientalistas. Los partidos de derecha no logran recuperarse de la paliza que les ha propinado el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los últimos procesos electorales, pero la lucha contra el Canal les ha brindado una magnífica oportunidad para recomponer un poco sus maltrechas fuerzas.

El discurso de las ONG ambientalistas

En este frente único contra el Canal, las ONG ambientalistas han sido la fuerza de choque. Enarbolando un discurso a favor del medioambiente, con ropaje, banderas y discurso que no es el que tradicionalmente han usado los partidos políticos, estas ONG han logrado calar en las comunidades campesinas que serán afectadas por las expropiaciones en la ruta de construcción del Canal.

De la defensa del medioambiente ahora las ONG han pasado a enarbolar la consigna central de oposición a las expropiaciones, una demanda muy sentida entre las comunidades campesinas.

No obstante, el discurso de los ambientalistas ha comenzado a politizarse rápidamente. Las consignas en defensa del Lago de Nicaragua, se combinan con consignas nacionalistas reaccionarias que gritan: “qué quieren los campesinos, que se vayan los chinos”. Incluso, en este proceso, por influencia del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), han retomado parte del viejo discurso antiimperialista del sandinismo antes de 1979, denunciando que la Ley No. 840 es más entreguista que el tratado Chamorro-Bryan de 1914.

En los últimos años la oposición burguesa había fracasado en su intento por movilizar a las masas contra el gobierno sandinista, pero en el año 2014, en la lucha contra el Canal han logrado una oportunidad que trata de aprovechar al máximo.

Movilizaciones campesinas contra las expropiaciones

Las marchas campesinas iniciaron casi inmediatamente después del censo que el gobierno y la empresa HKND realizaran en la proyectada ruta del Canal. El 24 de agosto del 2014 se iniciaron pequeñas marchas locales en las comunidades de Santo Domingo Piche y Obrajuelos (Potosí, Rivas), Tolesmayda (Buenos Aires, Rivas), El Tule (Río San Juan) y San Jorge (Rivas).

La marcha más importante se realizó el 8 de Octubre en la zona de Nueva Guinea, en la costa Caribe, antiguo bastión de la contra, con base social tradicionalmente anti sandinista.

Envalentonados por la repuesta campesina, el frente único contra el Canal pasó a organizar una marcha en Managua, el pasado 10 de diciembre, la cual fue parcialmente boicoteada por la Policía que no permitió el paso libre de camiones con manifestantes. A pesar de ello, la marcha reunió varios miles de personas.

Represión en El Tule

El 24 de Diciembre, con los ánimos caldeados, la Policía y el Ejército reprimieron a garrotazos una marcha campesina en la comunidad de El Tule, en el departamento de Rio San Juan, encarcelando a sus dirigentes. Este ha sido el hecho más relevante de las movilizaciones contra el Canal. La Iglesia Católica tuvo que interceder para obtener la liberación de los dirigentes campesinos detenidos. La represión en El Tule se convirtió en un problema político para el gobierno, que hasta ese momento toleraba las movilizaciones contra el Canal.

En enero del 2015 en el poblado de Matiguás, Matagalpa, en el norte del país, por fuera de la ruta de construcción del Canal, se organizaron dos marchas: una favor y otra en contra del Canal. Las marchas terminaron en enfrentamiento callejeros, con heridos y golpeados.

Esta dinámica de polarización, a favor y en contra de la construcción del Canal, y de enfrentamientos continúa creciendo, a pesar de los llamados de la Iglesia Católica a realizar marchas pacíficas

El gobierno retrocede

La movilización campesina en El Tule y la represión policial tuvieron consecuencias inmediatas. Recientemente, el vocero del gobierno, Telémaco Talavera, anunció que la ruta del Canal seria cambiada para no afectar a los campesinos de la zona de El Tule.

Talavera también anunció que para proteger la diversidad de peces el Canal no desembocará en el rio Punta Gorda, sino 15 kilómetros más arriba. También ha dicho que van a proteger los humedales de San Miguelito, lo que evidencia un retroceso en algunas posiciones.

Incluso, Talavera llegó a afirmar que se contempla no solo expropiación de tierras, sino también alquiler de las mismas, por el periodo que dure la concesión del Canal, como un mecanismo para disipar el malestar del campesinado.

La oposición burguesa ha dicho que esos vaivenes muestran poca seriedad en la construcción del Canal, y que en realidad el Canal no se construirá sino que es una maniobra propagandística del gobierno sandinista para crear expectativas entre la población.

Las expropiaciones

La construcción del Canal ya fue formalmente inaugurada, pero hasta el momento no ha desembarcado la maquinaria proveniente de China y por lo tanto no hay movimientos de tierras. No obstante, el tema de las expropiaciones es algo muy sensible para los campesinos, que tienen el recuerdo de las expropiaciones de la época de la revolución.

La Ley No. 840 contempla expropiaciones sumarias con base a dos criterios: valor catastral o precio de mercado. El catastro normalmente tiene valores inferiores al valor de mercado. Este último es un concepto muy relativo. El solo hecho de existir el proyecto del Canal ha hecho elevar los precios de las fincas, y obviamente muchos campesinos querrán vender sus tierras al mejor precio.

Se presenta, pues, una contradicción real entre el proyecto del Canal y las aspiraciones de los pequeños propietarios. Esta es la razón material que ha hecho aumentar la participación de las comunidades campesinas en las marchas de protesta.

La posición del general Sandino sobre el Canal

En Nicaragua existe una agria polémica sobre la conveniencia de construir el Canal Interoceánico. El gobierno sandinista defiende la concesión a la empresa HKND mientras que la oposición burguesa critica la entrega de la soberanía, y hasta retoma el antiguo discurso antiimperialista del FSLN, para denunciar a Daniel Ortega como un nuevo “vende patria”.

El General Sandino estaba consciente de la necesidad de construir el Canal: “La civilización exige que se abra el Canal de Nicaragua, pero que se haga con capital de todo el mundo y no sea exclusivamente de Norte América, pues por lo menos la mitad del valor de las construcciones deberá ser con capital de la América Latina y la otra mitad de los demás países del mundo que desean tener acciones en dicha empresa” (Manifiesto, 1/07/1927).

La posición de Sandino era que el imperialismo norteamericano no tuviera el control absoluto del Canal, sino que fuese compartido por muchas naciones. Una posición cándida que soslayaba el rol de los monopolios imperialistas y la subordinación de los países de América Latina a Estados Unidos.

¿Debe construirse o no?

En las circunstancias actuales, el rol de los Estados Unidos lo juega la empresa china HKND, fuertemente vinculada al gobierno de China, un imperialismo emergente.

En realidad, el Canal es una necesidad del comercio mundial en la actualidad. El problema es que el gobierno sandinista negoció secretamente con HKND y aprovechando la mayoría parlamentaria, impuso la concesión a través de la Ley No. 840.

Los ambientalistas tienen parcialmente la razón al cuestionar los posibles daños ambientales que causaría el Canal sobre el Lago de Nicaragua. Todo mega proyecto causa daños al medio ambiente. El problema no es construir el Canal, sino cómo remediar los posibles daños al medio ambiente. La tecnología actual permite no solo controlar las fuerzas de la naturaleza, sino revertir los daños al medio ambiente.

Abrir la discusión y enarbolar un programa antiimperialista

La concesión ya fue otorgada sin que el pueblo tuviese la oportunidad de decidir. La concesión en si no es un problema de principios, todo depende de las condiciones que se negocien. En el caso concreto, el gobierno sandinista cedió parcialmente la soberanía, ni siquiera concibió el proyecto del Canal como una empresa mixta, sino como una empresa en manos privadas. Un asunto de tanta importancia debía ser discutido por toda la nación, incluidos nuestros hermanos centroamericanos.

El gobierno sandinista niega la democracia a las amplias masas, niega la posibilidad de que las comunidades involucradas decidan democráticamente su futuro.

Por ello los socialistas centroamericanos y los trabajadores debemos levantar un programa democrático y antiimperialista que permita recuperar la soberanía nacional y de Centroamérica, sin negar el hecho que la construcción de un Canal puede ser benéfico para toda Centroamérica, siempre y cuando este proyecto esté en manos del Estado y no en manos privadas.

Aunque el Canal todavía no se construye, necesitamos luchar por el control obrero de ese proyecto, hasta obtener la nacionalización o estatización del mismo.

Las tierras que deben ser expropiadas a los pequeños campesinos deben ser pagadas un precio justo, o permutadas por otras tierras. El Estado debe proporcionar ayuda financiera y técnica a estas familias campesinas para que sean reasentadas en tierras de igual o mejor valor, en aquellos casos en que se resistan al proceso de expropiaciones.


Por Melchor Benavente

Los tiempos cambian y las situaciones también. Los últimos datos económicos y sociales de Nicaragua constituyen, sin lugar a dudas, una victoria política del gobierno sandinista encabezado por Daniel Ortega.

El tema de la seguridad ciudadana

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó recientemente su informe sobre seguridad ciudadana, un tema candente en Centroamérica, la región más violenta del mundo, situando a Nicaragua como el país más seguro de Centroamérica y el cuarto más seguro en América Latina, con una tasa de homicidios de 8.7 por cada 100.000 habitantes.

El éxito de este modelo radica en la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que tienen sus raíces en la revolución (1979-1990), a diferencias de los corruptos aparatos policiales de la región, carcomidos por el narcotráfico y el crimen organizado. El modelo de “policía comunitaria” ahora lo impulsa el gobierno de Estados Unidos a través de la AID, tomando como referencia el relativo éxito de la policía nicaragüense.

Crecimiento de la inversión extranjera

La Inversión Extranjera Directa (IED) ha crecido un 431% pasando de 282,3 millones de dólares en 2006 a 1,500 millones en 2013, y sigue creciendo. La IED representa un 13.5% en la relación IED/PIB, la cifra más alta de Centroamérica.

La seguridad ciudadana combinada con los salarios más bajos de la región, atraen a los capitalistas sedientos de ganancias, lo que incide en mantener cifras de crecimiento económico que si bien es cierto no ayudan a erradicar la pobreza, es la base material del sentimiento de mejoría económica que ha hecho crecer las ilusiones de las masas.

La igualdad de género

Un informe del Fondo Económico Mundial (WEF) situó a Nicaragua como líder de la igualdad de género en América Latina, y el sexto lugar a nivel mundial. En realidad, la igualdad de género no es producto de este gobierno sandinista, sino de la época de la revolución, que quebró el sistema patriarcal, otorgando más derecho a las mujeres.

Este reconocimiento a Nicaragua provocó el malestar de las organizaciones feministas, que se quejan de los índices de violencia intrafamiliar y de la eliminación del aborto terapéutico. Las feministas tienen algo de razón, no todos los problemas han sido resueltos, pero esta nueva medalla refleja, bien que mal, los cambios que han ocurrido en la realidad, como la aprobación de la Ley 50-50 que obliga a que en todos los cargos de elección popular exista el 50% de mujeres.

Alta popularidad de Daniel Ortega

Las encuestas de CID Gallup y Borge y Asociados otorgan a Daniel Ortega una alta popularidad: el 77.3% opina que el Presidente Daniel Ortega conduce al país por el camino correcto; 12.6% por el camino equivocado y el 7.0% no sabe hacia dónde va Nicaragua.

Esta popularidad es producto de los programas sociales financiados con el convenio PETROCARIBE. Atrás han quedado las críticas de los empresarios, quienes ahora elogian al comandante sandinista que los expropió durante la revolución. Los discursos agoreros del caos económico y el racionamiento, así como del restablecimiento del servicio militar, ya no resultan creíbles ante el conjunto de la población. La polarización política, que permitió la derrota electoral del FSLN en 1990 y el establecimiento de posteriores gobiernos de derecha, prácticamente no existe. Sin lugar a dudas, el gobierno sandinista vive uno de sus mejores momentos.

Las ilusiones y aspiraciones de las masas

Otro dato interesante nos lo brinda la última encuesta de CID Gallup, que sitúa a Nicaragua y Panamá con un 48% de percepción positiva sobre el rumbo del país. Este es un cambio cualitativo en relación a la percepción de años anteriores de pesimismo y desesperación. Es la primera vez que Nicaragua aparece con una cifra tan alta de percepción positiva del rumbo del país.

En realidad, esta cifra refleja lo que hemos analizado en anteriores oportunidades, y es la ilusión de las masas de creer que las cosas pueden mejorar bajo este gobierno sandinista. Esta percepción positiva tiene una base material, frágil, pero la tiene: los programas de asistencia social.

Por eso en Nicaragua hay muy pocas luchas obreras, estudiantiles y populares. Prevalece la ilusión sobre la necesidad de luchar, como ocurre en otros países, como por ejemplo Costa Rica.

¿Hasta cuándo?

Son muchos los factores que se han combinado para producir la actual situación de estabilidad política y económica, que han permitido al FSLN imponer su hegemonía y un régimen bonapartista. Por eso la oposición burguesa está destrozada, dividida y con rencillas internas. Por ello también casi no hay luchas sociales, excepto la de oposición a las expropiaciones relacionadas con el proyecto del Gran Canal. ¿Cuánto tiempo durará esta calma social?


Por Diego Lynch

El artículo 21 de la Ley 185 “Código del Trabajo de la República de Nicaragua” establece que “Si se incumplieren las condiciones de un contrato de trabajo una vez convenido y antes del inicio de la prestación de los servicios, podrá acudirse a los tribunales de trabajo, para que éstos determinen la existencia y cuantía de los daños y perjuicios causados”; sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito del Trabajo, falló a favor de un empleador que redujo el salario a uno de sus trabajadores.

Dicha sentencia fue apelada por el trabajador, lo que dio paso a que el 14 de agosto de este año el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (TNLA) emitiera la Sentencia Número 591 ratificando el fallo del Juzgado Quinto de Distrito del Trabajo, lo que es una aberración jurídica, una violación a los derechos de los trabajadores y un retroceso enorme para las conquistas conseguidas dentro de la legislación laboral.

“La sentencia 591 emitida por el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (TNLA), en la que confirma una sentencia de primera instancia a favor del empleador para reducir el salario de un trabajador bajo el alegato de “mutuo acuerdo” es motivo de alarma entre sindicatos independientes y defensores de derechos humanos… El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas…aconsejó recurrir a varias instancias internacionales en contra del Estado de Nicaragua, entre las que señaló están la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Corte Centroamericana de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).” (La Prensa; 30/09/14).

Postura Sindical

Ante dicha Sentencia, las reacciones y posturas de los dirigentes sindicales no se han hecho esperar, expresando su preocupación y los alcances que pueda tener la misma ante la comunidad laboral en el país; sin embargo, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) dirigido por el Diputado Sandinista Gustavo Porras y que es afín al gobierno del Frente y Daniel Ortega, guarda silencio.

“La primera en reaccionar fue la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN autónoma) que lo califica de “peligroso precedente”. Esta sentencia puede servir para que otros empleadores pretendan reducir los salarios de sus trabajadores bajo este argumento, según la CTN… Esta sentencia es, según un comunicado de la CTN, “un peligro real” para el salario de los trabajadores, pues abre la posibilidad de que los sindicalistas que apoyan la alianza entre el Gobierno y empresarios puedan de forma abusiva firmar acuerdos para reducir los salarios de los trabajadores”. (La Prensa; 30 de Septiembre del 2014).

“La Central Sandinista de Trabajadores (CST), cuyo dirigente es Roberto González, anunció este 7 de octubre que recurrirá de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)…No existe figura jurídica o ninguna ley nacional e internacional que justifique esta sentencia, dice Roberto González y señala que la misma violenta derechos establecidos para los trabajadores no solo en la Constitución, sino en otras leyes como la Derechos Adquiridos, que fue promulgada “para proteger a los trabajadores del famoso problema de los tratados de libre comercio.” (La Prensa; 8/10/14)

Magistrados con posturas divididas

Dicha Sentencia fue aprobada y emitida por mayoría y no por el consenso de todos los Magistrados del Tribunal, en donde dos de ellos razonaron sus votos en contra de la misma; una de ellas fue la magistrada Ana María Pereira, quien calificó la sentencia de “aberrante” y de que violenta la ley laboral. Para el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís, la Sentencia no crea Jurisprudencia, justificando la misma e indirectamente avalando semejante violación a nuestra legislación.

Unidad de acción para defender conquistas laborales

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a toda la comunidad trabajadora de Nicaragua, tanto de la empresa privada como del Estado a unirse en contra de esta Sentencia y todo tipo de arbitrariedades que violenten los derechos humanos y laborales, derechos adquiridos y que beneficien a los trabajadores. Esta Sentencia además de violentar los derechos laborales significa retroceder muchos años y olvidar las luchas que nos han llevado a conquistar mayores beneficios. Exijamos a todas las centrales sindicales (independientes y oficialistas) que no solo se pronuncien sino también que actúen y defiendan a los trabajadores convocando a marchas y huelgas hasta lograr que se revoque dicha sentencia y se restituyan los derechos de todos y cada uno de los trabajadores; que el Frente Sandinista deje sus discursos populistas y cumpla a toda la comunidad laboral del país, no podemos permitir que mediante sentencias nos empiecen a cercenar nuestros derechos; después de esto habrán reducciones masivas de salarios justificando mutuo acuerdo e intimidando y obligando a los trabajadores a firmar.

¡NO A LA SENTENCIA 591; HUELGA GENERAL DE TRABAJADORES YA!


Por Sebastián Chavarría Domínguez

En Nicaragua ocurren cosas inverosímiles. El pasado 14 de Octubre, la bancada del Partido Liberal Independiente (PLI), de derecha, presentó ante la Secretaria de la Asamblea Nacional un proyecto de ley para regular los precios de la canasta básica.

El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, calificó el proyecto de ley como una “medida de desesperación política” de la oposición, que “pretende provocar desabastecimiento, hacer que crezca el mercado negro y desincentivar a los productores” (La Prensa 20/10/2014)

A simple vista se trata de una maniobra política de una oposición que se encuentra en bancarrota, con niveles muy bajos de popularidad que se reflejan en las últimas encuestas. En esas condiciones, la bancada del PLI trata de recuperar popularidad de cara a las próximas elecciones presidenciales. Esto está muy claro.

El monopolio de AGRICORP y ALBALINISA

En el fondo, la maniobra tiene un objetivo económico: crear problemas a una de las mayores fuentes de abastecimiento económico de la burguesía sandinista. Para nadie es un secreto que con la derrota electoral de 1990, las redes de abastecimiento de los productos básicos, que anteriormente estaban en las exclusivas manos del Estado, pasaron abruptamente a manos privadas.

De esta improvisada privatización surgieron empresas como AGRICORP, producto de una alianza entre sectores burgueses tradicionales y el comandante Bayardo Arce Castaño, ahora principal accionista de dicha empresa.

Durante los 16 años del periodo neoliberal, AGRICORP ha tenido el monopolio de los productos de la canasta básica: arroz, frijoles, aceite, azúcar, jabón, etc. Y no es que AGRICORP sea dueño de grandes empresas agrícolas que cosechan estos productos básicos, sino que domina las redes de abastecimiento en los mercados y centros de expendio. He aquí el secreto de tanta fortuna y poder.

Por ello es que los precios de los productos básicos no disminuyen: A pesar que Nicaragua suscribió el tratado de libre comercio conocido como CAFTA-DR, el ingreso de productos más baratos provenientes del mercado mundial no se refleja en una baja de precios. Existe un núcleo secreto, invisible, de mucho poder, que impone precios de monopolio en el mercado. Y si algo no pueden dejar de comprar las masas populares, a pesar de la carestía de la vida, son los productos de la canasta básica.

Paralelamente, después del año 2007, se ha creado ALBALINISA, que es una empresa comercializadora de granos básicos y alimentos, destinada a la exportación a Venezuela y países del ALBA. Mientras AGRICORP controla el mercado interno, ALBALINISA controla la exportación de granos y alimentos. “A dos puyas no hay toro valiente”, reza un sabio refrán popular.

Los editoriales de La Prensa

Por la debilidad de los partidos burgueses, el diario La Prensa es el que proporciona los argumentos ideológicos de la oposición e impone la agenda política de la derecha en Nicaragua. En el editorial del día 20 de Octubre, La Prensa comentó que el proyecto de ley “(…) tienen la buena intención de favorecer a la gente más pobre del país (…) Sin embargo, en la economía los remedios de los políticos por lo general resultan peor que la enfermedad. Y en todo caso, la bancada opositora al menos debió consultar previamente su iniciativa no solo con las organizaciones de consumidores sino también con las empresariales

En el editorial del día 24 de Octubre, La Prensa fue más allá al insistir que “Los políticos democráticos que quieren favorecer a la población más pobre deberían ingeniársela para elaborar y proponer iniciativas de política económica que realmente puedan redundar en beneficio de la gente, y no en su perjuicio como es el caso del control de precios”.

El espanto de los empresarios

Como era de esperarse, el proyecto de ley impulsado por la bancada del PLI generó el total rechazo de las cámaras empresariales agrupadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)

José Adán Aguerri, presidente del COSEP, declaró que “No hay papel que detenga las leyes del mercado” (La Prensa, 15/10/2014), y anunciaron una serie de presiones para obligar a la bancada del PLI a retirar dicho proyecto de ley.

Tenemos pues una extraña coincidencia entre el gobierno, La Prensa y los empresarios del COSEP.

Luchar por aumento de salarios

Ante la carestía de la vida los trabajadores y el pueblo no podemos confiar en las maniobras de la bancada del PLI, mucho menor apoyar los argumentos reaccionarios que hacen creer que el control de precios produce automáticamente escasez.

El único control de precios que resulta saludable a la economía es aquel que los sindicatos deben ejercer en las empresas, sobre los libros de contabilidad, para determinar cuáles son los márgenes de ganancia de los empresarios.

Paralelamente, debemos luchar por aumento general de salarios cada vez que suba el costo de la vida. Con estos dos ejes de lucha, podemos evitar el deterioro del nivel de consumo de nuestras familias.

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