Por Sebastián Chavarría Domínguez

Las reformas constitucionales ya entraron en vigencia, ahora forman parte de la Constitución. La oposición burguesa ha concentrado el ataque contra la reelección indefinida, pero guarda silencio sobre los cambios relacionados con el rol del Estado en la economía.

Si algo confirma la existencia de un régimen bonapartista existente en Nicaragua, no solo es la imposición de la reelección indefinida, sino los cambios realizados en el capítulo sobre la economía nacional. El sandinismo, como nueva burguesía, comprende la importancia del tema, y por ello hace concesiones a los otros sectores de la burguesía, que le adversan o muestran algún grado de desconfianza.

Inversiones extranjeras y asociaciones público-privadas

En vista de que el neoliberalismo ha mostrado su fracaso para elevar el nivel de vida en América Latina, ahora hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), reniegan un poco de sus pasadas políticas, y en cambio están impulsando las asociaciones público-privadas, como una forma de evitar que los servicios públicos regresen a manos del Estado.

Por ello ahora promueven las inversiones privadas en materia de infraestructura y servicios públicos. Centroamérica no es la excepción. Estas leyes de asocios públicos privados ya han sido aprobadas en El Salvador, Guatemala y Honduras. En el caso de Nicaragua, ha sido elevada a rango constitucional.

El articulo 98 fue reformado sustancialmente, y en su parte medular quedó así: “(…) El Estado garantiza las inversiones extranjeras, a fin de que contribuya al desarrollo económico -social del país, sin detrimento de la soberanía nacional. y de los derechos laborales de los trabajadores, así como, el marco jurídico para impulsar Proyectos Públicos-Privados, que facilite, regule y estimule las inversiones de mediano y largo plazo necesarias para el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura, en especial, energética, vial y portuaria (…)”.

Vienen más privatizaciones

Hay un cambio en el rol del Estado. En 1995 se promovió la apertura neoliberal dentro del marco constitucional, se redujo el rol del Estado en la economía casi a cero, pero en 2014 se hizo un ajuste: el Estado vuelve a ocupar un importante lugar, pero ahora juega un rol para desarrollar el sistema capitalista, garantizando la inversión extranjera (¡listos y servidos!) y el impulso de asociaciones público-privadas para invertir en infraestructura.

En pocas palabras, el Estado deja de ser el principal actor para convertirse en socio de las empresas privadas, que siempre invertirán para sacar más dinero. Lo anterior implica que viene una privatización parcial en áreas hasta ahora en mano del Estado y las municipalidades: aguas, carreteras y puertos ¡Más claro, imposible!