Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial, y José Adán Aguerri, presidente del COSEP

Por Melchor Benavente

Bajo el segundo y tercer gobierno de Daniel Ortega (2007-2014), el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha desarrollado una estrategia de acercamiento y conciliación con la cúpula del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), su antiguo enemigo durante el periodo de la revolución (1979-1990).

La estrategia de búsqueda de consensos

Esta estrategia ha sido elevada a rango constitucional. La última reforma constitucional estableció en el artículo 98 de la Constitución que el “Estado debe cumplir a través del impulso de políticas públicas y sociales un rol de desarrollo del sector privado (….) Esto se impulsará a través de un modelo de alianza del gobierno con el sector empresarial pequeño, mediano y grande, y los trabajadores, bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consensos”.

Pero esta prolongada “luna de miel” entre el gobierno sandinista y los empresarios no ha sido rectilínea, ha tenido muchos tropiezos.

Los roces con el COSEP

En estos siete años de alianzas entre el COSEP y el gobierno sandinista, se han producido también algunas tensiones, que siempre terminan de manera favorable para los empresarios.

En el año 2013, se produjo una tensión porque Daniel Ortega dictó el Decreto No. 05-2013, por medio del cual el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el ente regulador de las telecomunicaciones, ahora en manos de las transnacionales, adquiría facultades para destituir a los gerentes de estas empresas, así como realizar auditorías sobre dichas empresas.

Detrás de este conflicto estaba en juego la aprobación de la Ley de Antenas, que permitiría a las nuevas empresas, como la china Xinwei, utilizar la infraestructura de antenas de las empresas ya instaladas. La negociación término en un punto medio, el gobierno renunció a sus facultades de poder destituir gerentes de empresas de telecomunicaciones, a cambio de aceptar este aspecto de la Ley de Antenas.

Otro roce se produjo con el proyecto de reformas constitucionales, y especialmente con la reforma al artículo 92 referido al control gubernamental sobre las bases de datos, registros informáticos y telecomunicaciones, so pretexto de que perjudicaba al comercio. En realidad, lo que el COSEP quiso evitar, y lo logró, es que el gobierno controlara los negocios oscuros de los empresarios, especialmente el volumen de sus ganancias, relacionadas con el pago de impuestos.

En el tema salarial, el COSEP ha mantenido su ofensiva y el gobierno sandinista ha tenido que recular de manera permanente. En el caso del salario mínimo para las pequeñas empresas, el COSEP se levantó de las mesas de negociaciones, y los sindicatos sandinistas y el gobierno salieron corriendo detrás de ellos, para contentarlos.

Resistencia a pagar más impuestos

Pero donde el conflicto ha sido mayor es en el tema de los impuestos. La Ley de Concertación Tributaria (LCT), vigente desde enero del 2013, fue una reforma tributaria hecha a medida del COSEP. Estaban rebosantes de alegría, ya que el peso de los impuestos recaería, una vez más, sobre los trabajadores y la clase media.

No obstante, la crisis económica y política en Venezuela, amenaza con reducir a corto plazo los ingresos provenientes del convenio PETROCARIBE, por medio del cual el gobierno sandinista ha dispuesto de 500 millones de dólares anuales, por fuera del presupuesto general de la república.

Producto de la LCT, al cierre del año 2013 el gobierno tuvo un déficit de 1,294.2 millones de córdobas (50.7 millones de dólares). El presupuesto del año 2104 es de 55,781.0 millones de córdobas (2,187.5 millones de dólares), pero lo ingresos totales esperados son por 52,081.4 millones de córdobas (2,042.4 millones de dólares), existiendo un déficit de 3,699.6 millones de córdobas (145 millones de dólares), los cuales solo pueden ser obtenidos a través de donaciones y préstamos internacionales.

Ante esta inminente crisis fiscal, el gobierno sandinista emitió el decreto No. 06-2014, que cambiaba las fórmulas de cálculo de algunos impuestos, especialmente del sector agropecuario. La reacción del COSEP fue inmediata: protestaron e interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

José Adán Aguerri, presidente del COSEP, sentenció: “La posición del sector privado fue la de decirle al Gobierno que este posicionamiento era inaceptable. Se les explicaron las consecuencias. Sin embargo, hay que entender que aquí el poder lo tiene el Gobierno. Que la decisión final la tiene el Gobierno, más allá de la búsqueda de diálogo y de consenso. Hay que sentarse (a dialogar) (…) La seguridad jurídica, la certidumbre, la confianza son temas que nos ha tomado y que para ganarlos han sido años, pero esto se puede perder en días, y lo que nosotros estamos buscando es cómo darle respuesta --como se ha hecho a lo largo de estos últimos años-- a lo que quieren todos los nicaragüenses, que es crecimiento económico y generación de empleos (…) Por supuesto que las empresas en la medida de lo posible van a tratar de trasladar este incremento al precio final del producto”. (Nuevo Diario 20/2/2014).

Otra victoria del COSEP

Las presiones del COSEP rindieron frutos inmediatos: en la noche del 20 de febrero, el gobierno sandinista anunció la derogación del Decreto No 06-2014.

José Adán Aguerri, está eufórico: “Esta derogación se logró luego de que Cosep, haciendo uso del mecanismo del diálogo, presentara al Gobierno las razones técnicas y las consecuencias que esta reforma provocarían, por lo que se tomó la decisión de derogarlo para continuar trabajando en consenso el contenido del Reglamento de la Ley de Concertación Tributaria”.

Como se puede observar, en el último periodo el COSEP ha logrado torcerle el brazo al gobierno sandinista, que dice gobernar en beneficio de los pobres. Si por la víspera se saca el día, podemos decir que en realidad quien gobierna es el COSEP, porque todos sus planteamientos son finalmente aceptados.

¿Y el déficit fiscal?

El COSEP logró revertir los efectos del Decreto No 06-2014, pero el hueco en el presupuesto general de la república continúa, el déficit de 145 millones ahí está, no hay recursos líquidos para cubrirlo.

En las instituciones del Estado ya se están tomando medidas de austeridad, que afectan directamente a los trabajadores y las pocas conquistas que tienen. El anunciado aumento de salarios para maestros y personal de salud, está en peligro. Lo mismo puede suceder con el “bono solidario” de 35 dólares que recientemente fue incorporado al presupuesto.

Una vez más esta sobre el tapete la disyuntiva de quién paga los efectos de la crisis económica: si los empresarios, que son quienes ganan más, o los trabajadores que no tienen recursos.

Detrás de los triunfos del COSEP esta una política económica del gobierno sandinista, que castiga a los trabajadores y premia a los empresarios. Se avecina una nueva reforma a la LCT que amenaza con cobrar más impuestos indirectos a las masas trabajadoras y populares.