Por Sebastián Chavarría Domínguez

Hace algunas semanas, advertimos que con la destrucción de los tranques y barricadas, a mediados de julio del año 2018, se iniciaba una fase de retroceso de la lucha popular, y probablemente se abriría otra fase de “negociaciones y traiciones”. Parace que ya entramos en esta ultima.

Afortunadamente, a pesar de las incesantes masacres el retroceso no fue total. La resistencia se mantuvo en las calles, las marchas continuaron. Algunas fueron multitudinarias a pesar de las continuas redadas contra los activistas populares.

Brutal ofensiva represiva contra la Articulación

En los medios de comunicación, a nivel nacional e internacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), --una coordinación de movimientos sociales influenciada por los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)—aparece como si fuera la conducción de la lucha. Una parte de los movimientos sociales que participan en la ACJD (feministas, movimientos campesinos y grupos estudiantiles) también forman parte de la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua. Un nombre tan largo que es mejor conocido simplemente como “Articulación”. Por ello, sin lugar a dudas, que podemos afirmar que ante la ausencia de sindicatos y organizaciones de trabajadores, el peso de la lucha real de la lucha en las calles contra la nueva dictadura orteguista, tanto en la fase de ascenso revolucionario como en la fase de resistencia, ha recaído en los fundamental en las organizaciones de bases de la Articulación.

Una vez que la ofensiva militar de la dictadura logró destruir los tranques y barricadas, todo el peso del aparato represivo del Estado ha sido dirigido a quebrar, capturar y procesar penalmente, bajo la acusación de “terrorismo” a los liderazgos locales, vinculados a la Articulación. Una parte de estos líderes están clandestinos, otros prisioneros y otros se marcharon al exilio, huyendo de la brutal represión. Doña Francisca Ramírez, lideresa del movimiento campesino anticanal tuvo que cruzar la frontera y solicitar refugio en Costa Rica. Casi todos los líderes estudiantiles que fueron delegados de la ACJD ante el Dialogo Nacional están presos, y otra parte como Lester Alemán y Víctor Cuadras, están en el exilio

Actualmente, según la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyo principal dirigente Álvaro Leiva está en el exilio, la Policía Nacional y paramilitares han secuestrado (capturas sin orden judicial) a 1,428 personas, de ese total solamente 125 han sido dejadas en libertad, y el resto permanece prisionera o desaparecida. Se reportan 512 personas asesinados y más de cuatro mil heridos. (La Prensa 24/09/2018)

Aumenta la cantidad de presos políticos

Para finales de julio, la cantidad de activas procesados penalmente eran 135, actualmente la cantidad ha aumentado considerablemente, porque diariamente se reportan capturas, pero no hay cifras oficiales fiables.

Los presos políticos se ha vuelto un tema sensible, que obliga a miles a salir a las calles, reclamando su liberación y desafiando con ello la represión sofisticada de la nueva dictadura. En su mayoría son jóvenes de ambos sexos, sometidos a proceso penales amañados, con jueces que obedecen ciegamente a la dictadura. Son juicios copiados de la época de la inquisición. Condenados de antemano, estos presos políticos son rehenes que la dictadura quiere canjear más adelante, con una amnistía general que proteja a quienes dieron las ordenes y ejecutaron las masacres.

Ortega quiere “paz social”, para negociar con el COSEP

Esta represión brutal pretende no solo quebrar la columna vertebral de la Articulación, sino evitar que continúe el ritmo ascendente de marchas de protestas en las calles, para crear un clima de negociación confortable para la dictadura.

El gobierno Ortega-Murillo se aferra desesperadamente al poder, o al menos a conservar una parte considerable de su absoluto poder. Y ha tenido una estrategia para lograrlo. Primero evitando, con el uso de francotiradores, las manifestaciones multitudinarias de abril, mayo y junio, después destruyendo los tranques y barricadas, masacrando a los activistas populares en los meses de junio y julio, y ahora en la fase resistencia necesita con urgencia contener las incesantes marchas de protesta, por ello se ha centrado en golpear a los movimientos sociales alrededor de la Articulación.

La marcha del pasado domingo 23 de septiembre en Managua fue atacada a balazos, fue asesinado el estudiante Matt Romero y cuatro personas fueron heridas. Ante el auge de las marchas de protesta, la dictadura vuelve a reprimir a balazos, para reimponer el terror y el miedo. Esta situación obliga al movimiento auto convocado a replantearse la organización de las marchas tal como las hemos conocido en estas semanas. Necesitamos retomar aquella táctica usada contra la dictadura de Somoza, de desarrollar pequeñas marchas en los barrios, donde la población es nuestro escudo de protección. La actividad iniciaba con un mitin de agitación, y la población se sumaba, vigilando los puntos de reunión, y de esta manera se tiene una mejor protección contra represión brutal del orteguismo. Lo importante es mantener la llama viva de la resistencia popular hasta que se produzca un nuevo estallido social.

Presiones y amenazas de Ortega: ¿Qué busca?

Otra parte de su estrategia de sostener en el poder es fomentar la división del COSEP, que a inicios de abril cerró filas contra la dictadura, pero que, después de cinco meses de revuelta popular y masacres, ya comienza a mostrar fracturas en su seno. La ofensiva de Ortega contra los empresarios que se le oponen ha sido especial: movilizando a sectores en extrema pobreza, fomentó la invasión de tierras, especialmente de los terratenientes reunidos en la Unión Nacional de Productores Agropecuarios (UPANIC), jefeados por Michel Healy, con el objetivo de atemorizarlos.

Pero, fiel a su estilo, de gritar, amenazar y patear primero la mesa de negociaciones, Ortega ha comenzado a retroceder, desalojando con la Policía Nacional a los “desgraciados” que movilizó para ocupar las tierras de los empresarios opositores. Las escenas han sido dramáticas: estos sectores sociales en miseria han denunciado la traición de Ortega, que les había prometido tierras.

Con una política conocida como “una de cal y otra de arena”, Ortega ha comenzado a mostrarse conciliador con los empresarios del COSEP, al desalojar a los ocupantes de tierras que el mismo movilizó, pero sin dejar de amenazar.

Para mostrar que tiene apoyó popular, desarrolla a diario marchas y mítines, utilizando a los empleados públicos que fueron afiliados forzosa y masivamente al FSLN, casi en los mismos puntos donde la resistencia popular desarrolla las suyas, para demostrar una fuerza o capacidad de convocatoria que se le extingue rápidamente.

Posibles sanciones de Estados Unidos

Ante el fracaso de las negociaciones del Dialogo Nacional, y ante el hecho que las victorias relativas de Daniel Ortega conduzcan a la consolidación de una dictadura familiar, como fue el somocismo, lo que provocará luchas de masas en su contra que amenazan el frágil equilibrio existente en Centroamérica, la administración Trump está usando al máximo el arma de las presiones diplomáticas y las sanciones económicas.

A finales de septiembre el Senado de los Estados Unidos volverá a discutir un proyecto de sanciones económicas contra el gobierno Ortega-Murillo. En todas sus últimas declaraciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha insistido en que los responsables de las masacres en Nicaragua deben rendir cuentas. Al parecer, este es el punto que, por el momento, mantiene trabadas las negociaciones en Nicaragua. Ortega-Murillo y su camarilla necesitan una amnistía general que los proteja de posibles juicios en su contra.

Y en el marco de presiones y contrapresiones, la situación en Nicaragua es cada vez más tensa.

“Economía popular” ante inminentes sanciones de Estados Unidos

En una de estas movilizaciones “portátiles”, adelantándose a posibles sanciones por parte del Congreso de Estados Unidos, las que se discutirían en el senado a finales de septiembre.

Por ello Ortega pronunció un discurso a favor de la “economía popular”. Ante sus partidarios, Ortega dijo: “(…) Nicaragua va a asegurar el alimento para los nicaragüenses, porque gracias a Dios somos productores de alimentos, no tenemos que importar los frijoles, ni tenemos que importar el maíz, ni tenemos que importar los plátanos, ni tenemos que importar el arroz, lo producimos aquí en Nicaragua, las naranjas, los limones, la fruta, lo producimos en nuestro país”. (El 19 Digital, 22/09/2018)

En pocas palabras, reivindicó la economía basada en pequeños productores ante el inminente deterioro de la economía en manos de los grandes empresarios. Pero este optimismo no corresponde a la realidad, porque el desplome de la economía golpeará también a su base social histórica, y provocará una mayor erosión política.

En uno de sus giros característicos, Ortega blandió la zanahoria y el garrote ante los empresarios del COSEP. Amenazante, afirmó que: “(…) Ahora, si el empresario quiere apoyar un partido político, si quiere formar un partido político, están en su derecho (…)  Tiene que cumplir con su deber como empresarios. Y luego llegará el momento de las elecciones, y las elecciones son en el mes de noviembre del 2021”. (op cit)

Ante el anuncio de la posibilidad de un nuevo Paro Nacional de 72 horas, para los días 26 al 28 de septiembre del año en curso, Ortega amenazó al COSEP: “(…) Y salen con el cuento algunos de estos empresarios, dueños de grandes empresas, que se tiene que ir al paro porque los están amenazando que les van a quemar el negocio sino van al paro. Pues la próxima vez que llamen al paro vamos a llamar a la policía que se mantengan las puertas abiertas y que eso, eso les dé entonces la seguridad de que nadie les va a quemar el negocio (…)”

Por queda alguna duda, Ortega desaloja a los ocupantes de tierras, pero al mismo tiempo mantiene las amenazas, con ello pretende crear una nueva mesa de negociaciones, otro Dialogo Nacional, más cerrado, para negociar posibles reformas democráticas.

El recule del COSEP y las tímidas protestas del FUNIDES

Es un secreto a voces que el COSEP está dividido entre quienes quieren negociar a cualquier costo con Ortega, y entre quienes presionan por un cambio de régimen político a través de elecciones anticipadas, vigiladas por la OEA y la ONU.

Las presiones de Ortega, dieron resultado. El COSEP no llamó al Paro Nacional de 72 horas, como lo exige la mayoría de la población. En cambio, emitió una declaración nostálgica del periodo en que prevalecieron el dialogo y el consenso con el gobierno, para concluir que: “(…) resulta prioritario que se reinstale a la mayor brevedad el diálogo con la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediador y testigo, e incorpore a garantes internacionales para garantizar que sus acuerdos sean cumplidos.

(…) Por lo que depende hoy más que nunca, de la voluntad política del Presidente de la República que el país retome el camino del diálogo y que en el seno de este se alcance el acuerdo político que permita pacificar y reconstruir nuestro país bajo principios de democracia y justicia (…) reiteramos que solo el diálogo efectivo, amplio, inclusivo y confiable es el camino para encontrar la solución a la grave situación que vivimos los nicaragüenses”. (COSEP, 24/09/2018)

En el último periodo, especialmente después de la destrucción de los tranques y barricadas, el COSEP ha bajado el tono de los ataques contra Ortega y se ha mostrado más conciliador. La traición del COSEP es más que evidente.

A diferencia del COSEP, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), un centro de pensamiento empresarial, levantó una tímida voz de protesta, al expresar que “las declaraciones del Presidente de la República del día 22 de septiembre no aportan hacia la búsqueda conjunta de una solución cívica y pacífica a la crisis política, sino que exacerban y profundizan la fractura social que actualmente vive el país. Las acusaciones de “terrorismo económico” contra el sector privado es una forma de criminalización de la protesta (…) Hacemos un llamado a las autoridades a detener las constantes amenazas y asedios a la ciudadanía y abrir las puertas hacia un diálogo que cuente con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (…)” (FUNIDES, 25/09/2017)

A pesar de los matices, ambas instituciones coinciden en demandar la reinstalación del Dialogo Nacional, con presencia de la Iglesia Católica. Sobre el clamor popular que exige la convocatoria a un Paro Nacional, ni siquiera lo mencionaron.

La crisis de la ACJD

Desde el inicio de la insurrección en abril del 2018, insistimos en nuestra caracterización que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), era una coalición influenciada por el COSEP. Y también dijimos que si bien es cierto se requería la unidad de acción con aquellos sectores empresariales que se oponían a la nueva dictadura, también dijimos que los movimientos sociales debían mantener la independencia política absoluta en relación a los empresarios del COSEP, porque estos fueron aliados de Ortega y tienen intereses económicos distintos a la mayoría del pueblo.

Nuestros temores se han confirmado. El COSEP reclutó para su propio proyecto de negociación por separado con la dictadura, a una parte de los líderes estudiantiles, los cuales incluso fueron desconocidos por sus bases. Las vacilaciones de una parte de los empresarios, ha provocado divisiones y rencillas entre los líderes y las organizaciones estudiantiles y populares. Una parte de estos ha reflexionado y ha denunciado públicamente las manipulaciones de los operadores políticos de los grandes empresarios.

Los relativos éxitos de la represión orteguista, y la disminución de la presión popular e las calles, han incidido en que una parte de los empresarios del COSEP comienzan a guiñarle el ojo a Daniel Ortega. Este viraje o claudicación ha incidido gravemente al interior de la ACJD, las divisiones al interior del COSEP se refractan dentro de la primera. El resultado final ha sido la parálisis de la ACJD, lo que se comprueba en el hecho que las ultimas marchas exigiendo la libertad de los presos políticos no fueron convocadas por la ACJD, la que ha perdido capacidad de convocatoria, sino por los movimientos sociales ligados a la Articulación. Esto explica la furia de la represión orteguista para desarticular a las bases sociales de la Articulación.

La propuesta de Concertación Nacional “Azul y Blanco”.

En este preciso contexto, el pasado 10 de septiembre, la Articulación dio a conocer públicamente un documento titulado “Propuesta para una Concertación Nacional “Azul y Blanco” contra la dictadura y por la democratización de Nicaragua”.

No hay duda que para derrotar a la dictadura asesina se requiere la más amplia unidad de acción de todos los sectores sociales que se muestren dispuestos a luchar por la democratización de Nicaragua. La unidad de acción es necesaria, el problema es con quien la hacemos, que sectores sociales están dispuestos.

En su documento, la Articulación plantea que la Concertación Nacional debe estar conformada por “(…) Todos los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, gremiales, sindicales, profesionales, empresariales, académicas, culturales, feministas, campesinas, indígenas, de mujeres, de pueblos afrodescendientes, de la diversidad sexual, partidos políticos no orteguistas, etcétera, pueden ser parte de esta iniciativa de integración de todos los sectores que adversan al régimen Ortega-Murillo”.

Hasta donde sabemos, todos los movimientos sociales actualmente existentes y en lucha contra la dictadura, excepto los empresarios del COSEP, están organizados alrededor de la Articulación.

A veces tenemos la impresión que la propuesta de Concertación Nacional estaba dirigida fundamentalmente a la ACJD, la cual como hemos visto está en una profunda crisis. El panorama es muy complejo, porque todo indica que la Articulación ha girado un poco hacia la ACJD (dirigida por el COSEP) en momentos en que los empresarios comienzan a recular, y buscan desesperadamente un acuerdo con la dictadura, el cual no necesariamente implica la democratización del régimen.

En este proceso observamos que la Articulación, en aras de lograr la más amplia unidad de acción (lo cual es correcto) también, paralelamente, ha comenzado a abandonar (lo cual no es correcto) algunos de sus postulados esenciales: ha abandonada la consigna de renuncia inmediata del matrimonio Ortega-Murillo, ha abandonado la necesidad de instaurar un gobierno provisional revolucionaria que se encargue de organizar y convocar a elecciones democráticas, y también ha abandonado como eje central la consigna de Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

Paro Nacional Indefinido desde abajo

A como hemos visto, debido a las posiciones cada vez más tibias y conciliadoras del COSEP y FUNIDES, existe el peligro real que los luchadores sociales de la Articulación no encuentren a ese aliado con el cual buscan concertar, y más bien tengamos que seguir peleando en cierta soledad al lado de las masas populares, como lo hemos hecho desde abril de este año.

En estas duras condiciones, lo unico que puede tumbar a la dictadura es organizar un Paro Nacional Indefinido, pero desde abajo, desde los barrios, mercados, empresas y fabricas. No depender nunca de la voluntad de los empresarios, ya que en cualquier momento vuelven al regazo de Daniel Ortega. La unica manera de ganar esta pelea es atraves de la lucha independiente, como lo hemos venido haciendo.

Esta es una discusión muy importante para el futuro de la lucha democrática.

Por Victoriano Sanchez

En la lucha democrática iniciada en abril del 2018, se han producido varias fases, que debemos analizar y discutir. En la primea fase de ascenso de la insurrección desarmada, entre finales de abril y mediados de junio, prevaleció la lucha espontanea de las masas, pero después vino una fase de reacción y de ofensiva contrarrevolucionaria, de la que nos hemos salido todavía.

Para iniciar una nueva fase de ascenso revolucionario de la lucha democrática, debemos saber cuáles han sido nuestros aciertos y errores. Es necesario hacer un balance, aunque sea provisional, para continuar con renovadores esfuerzos la lucha contra la dictadura.

1.- Una fase reaccionaria, aunque la resistencia se mantiene

Durante un mes, desde mediados de junio hasta mediados de julio, se produjeron continuas masacres contra los luchadores populares. Desde mediados de julio, cuando se impuso a balazos la ofensiva militar de la dictadura de Daniel Ortega sobre los tranques y barricadas, se abrió una fase defensiva para el movimiento de masas.

Los organismos de derechos humanos reportan más de 400 muertos, desde abril hasta la fecha. Hay más de 500 detenidos, unas decenas de desaparecidos, y casi dos mil heridos. Esta enorme sangría obligó a retroceder, pero el movimiento de masas no ha sufrido una derrota histórica. Al contrario, crece día a día la resistencia contra el gobierno asesino.

Nicaragua vive en los hechos bajo un estado de sitio y bajo ley marcial no declarados. El temor se ha apoderado de una parte de la población, que ya no sale de sus casas por las noches por temor a ser víctimas de la represión indiscriminada del régimen dictatorial. Las libertades democráticas, de por si muy precarias, han sido abolidas. Las instituciones del Estado, controladas férreamente por la nueva dictadura, no responden a la sociedad. La Constitución y las leyes no valen. Lo único que vale es la voluntad de la dictadura para destruir el proceso de insurrección desarmada, que ya se encuentra en su nivel más bajo.

2.- La impotencia de la OEA y la ONU: no quieren otra revolución.

En la fase de ascenso de la insurrección desarmada, comprendida entre finales de abril y mediados de junio, la actitud de Estados Unidos y de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue de silencio expectante, roto a veces por tímidos llamados a favor del Dialogo Nacional.

Fue durante la fase de ofensiva militar de la dictadura contra los tranques y barricadas, entre mediados de junio y mediados de julio, que estos gobiernos subieron el tono de sus críticas al gobierno Ortega-Murillo, por las evidentes masacres y violaciones de los derechos humanos. Salvo esta última fase, que estuvo llena de condenas verbales (no hubo una sola medida practica que ayudara a la lucha democrática) y hasta de sanciones simbólicas a altos funcionarios sandinistas, a través de la aplicación de la Ley Magnistky por parte de Estados Unidos, en términos generales la actitud de la llamada “comunidad internacional” fue más de preocupación que de simpatías por el desarrollo de las movilizaciones. Ningún gobierno quería el derrocamiento revolucionario de la dictadura, todos querían evitar un nuevo triunfo como el 19 de julio de 1979.

Estados Unidos ha actuado de manera indulgente con Ortega-Murillo, dándole lugar a que recapacite y reconstruya la democracia. A pesar de la criticas, no quieren que el aparato represivo del orteguismo se destruya, todos se inclinan porque sea el propio Daniel Ortega quien impulse las reformas democráticas desde arriba, que impulse cambios que no pongan en peligro sus intereses en Centroamérica.

Los informes de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, elaborados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), y por el Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), describen y documentan las masacres, pero no han servido para que estos organismos tomen medidas efectivas para amarrarles las manos a la dictadura. Al final, la comisión de trabajo de la OEA sobre Nicaragua, no ha podido hacer absolutamente nada, por el momento.

Por ello se debe relativizar el aislamiento de la dictadura Ortega-Murillo. No hay duda que el gobierno de Nicaragua sufre un aislamiento diplomatico en el plano internacional, pero hasta el momento no existe ninguna medida real o efectiva que afecte o haga tambalear el gobierno Ortega-Murillo. Los gobiernos “democráticos” llegaron al extremo de ponerse de acuerdo con la dictadura Orteguista para evitar que hubiesen asilados en sus embajadas en Managua, argumentando que no querían romper las relaciones diplomáticas, y no querían perder influencia. Los gobiernos del mundo tuvieron un comportamiento inversamente proporcional al desarrollo de la insurrección desarmada, y solo han comenzado a emitir declaraciones de condena cuando el movimiento de masas ha sido obligado a retroceder temporalmente.

3.- Ortega-Murillo restablecen parcialmente su “viejo orden”.

Daniel Ortega se impuso de manera coyuntural sobre la insurrección desarmada, restableciendo parcialmente el orden que reinaba en los años anteriores. Decimos “parcialmente” porque si bien es cierto que el flujo ascendente de la insurrección desarmada ha sido contenido, obligando a retroceder a las masas, las cosas ya no son como antes. Este frágil orden contrarrevolucionario fue impuesto con métodos de guerra civil, matando y secuestrando luchadores, echándolos presos. La ofensiva de Ortega destruyó los embrionarios organismos de poder dual a nivel de las localidades, que se habían formado en Masaya, Jinotepe, Nagarote y León, y que lamentablemente no lograron centralizarse

Sin embargo, nada es como antes, porque la resistencia se mantiene. Esta resistencia ha obligado a la dictadura a prohibir en los hechos cualquier manifestación, por el temor a que se genere nuevamente una dinámica insurreccional. El gobierno sandinista moviliza a los empleados públicos que ha afiliado masivamente, como mecanismo de control, para que se tomen rotondas, y salgan a marchar a las calles, para contrarrestar el efecto politico de las marchas opositoras que se producen casi todos los días en todos los municipios de Nicaragua. El acoso de la Policía Nacional y de los paramilitares encapuchados buscan mantener el terror de manera prolongada, esperando el momento propicio para dividir al COSEP e iniciar una nueva mesa de negociaciones con una parte de los empresarios.

4.- Reforma del Código Penal para comenzar el encarcelamiento de la vanguardia estudiantil y popular

Terminada la ofensiva militar a mediados de julio, lo primero que hizo la dictadura fue reformar los artículos del Código Penal relacionados con el tipo penal sobre “terrorismo”, a través de la Ley No 977, “Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, publicada en La Gaceta No 138 del 20 de julio del 2018.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley No 977, solo habían sido capturados, el 13 de julio, Medardo Mairena y Pedro Mena, dirigentes del movimiento campesino anticanal. Con el encarcelamiento de ellos, se inició, posterior al 20 de julio, la gran cacería de dirigentes del movimiento popular. Sin tranques ni barricadas, la represión se ha centrado contra la dirigencia estudiantil universitaria, que ha sido la vanguardia en la lucha democrática contra la dictadura.

Antes de iniciar las redadas masivas, necesitaba ajustar las leyes penales a su conveniencia, para poder condenar a los luchadores. Esta represión tiene dos objetivos esenciales. El primero es desarticular los liderazgos locales que surgieron de manera espontánea al calor de la lucha en abril y en los meses posteriores. Una parte de los principales dirigentes tuvo que huir a Costa Rica u otro país de Centroamérica, para escapar de la venganza de la dictadura. Otra parte tuvo que pasar a la clandestinidad, en condiciones muy precarias, debido a que no existían tradiciones de una organización centralizada a nivel nacional que pudiese luchar contra la represión.

El segundo objetivo es crear un contingente de rehenes políticos que puedan ser intercambiados en las negociaciones de un futuro Dialogo Nacional, por una amnistía general que cubra a Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, y también a los altos mandos de la Policía Nacional, y a los paramilitares involucrados en las masacres contra la población.

En este proceso de judicialización de la represión, los jueces y magistrados han mostrado ser robots (solo falta que también usen las capuchas de los paramilitares) que actúan bajo órdenes expresas, violentando las leyes y las garantías procesales establecidas en la Constitución. La consigna de libertad de los presos políticos, quienes se mantienen en huelga de hambre, es vital para revertir los efectos dañinos de la ofensiva contrarrevolucionaria del orteguismo

5.- El rol de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD)

En el periodo 2007-2018 después de un complicado proceso de centralización del poder, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, desmantelaron el sistema de partidos políticos, y solo quedaron en escena los partidos colaboracionistas, “zancudos”, que no representaban ningún peligro. En ese periodo, la dictadura concentró la represión sobre los movimientos sociales, movimientos de mujeres y contra el movimiento campesino anticanal. Fue de estos movimientos sociales que surgió la llama de la resistencia que el final tendría una gran incidencia en la insurrección que estalló después de la represión contra los estudiantes el 19 de abril del 2018.

La crisis de abril produjo un realineamiento entre los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quienes habían sido aliados estratégicos del régimen en los últimos años. La mayoría de los empresarios vio un grave peligro en la insurrección de abril, y por ello dieron la espalda al gobierno y buscaron la confluencia con los movimientos sociales. De esta manera, surgió la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), como una coalición antigubernamental, pero siempre bajo el control o hegemonía politica del COSEP. Como era de esperar, el desarrollo de la movilización no fue obra del COSEP sino que fue realizada por los movimientos sociales, los cuales, incluso, fueron desbordados por el ascenso de la lucha popular.

En la fase de ascenso y desarrollo de la insurrección desarmada, el discurso triunfalista de la ACJD resultó fatal, porque no alertó a los luchadores populares de las enormes limitaciones de la lucha cívica y pacifica ante el aparato militar del orteguismo. El primer grave error de la ACJD fue el abandono de la consigna de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, y la presentación de un programa de democratización, al inaugurarse el Dialogo Nacional el 16 de mayo, basado únicamente en reformas electorales, es decir, en el adelanto de las elecciones.

La ACJD dejó pasar la coyuntura de enorme debilidad del gobierno Ortega-Murillo, creyó en las promesas de una posible renuncia de la pareja presidencial y un posible adelanto de las elecciones, cuando la estrategia de la dictadura era precisamente ganar tiempo y cansar a las masas en lucha, para iniciar una masacre que le permitiera recuperar el control de las instituciones del Estado, que ya estaba en crisis, amenazado por el surgimiento de organimos embrionarios de doble poder.

Entre abril y mayo se produjo el pico más alto de la movilización popular, era el momento preciso para convocar a un Paro Nacional indefinido, pero los empresarios del COSEP maniobraron para dilatarlo en el tiempo, porque tambien le temian al triunfo de una insurreccion popular.

6.- Las grandes limitaciones de los paros nacionales a cuenta gotas

El COSEP siempre ha fabricado una ideología en contra de los paros nacionales, muy difundida en los medios de comunicación, argumentando que no son efectivos, que dañan la economía, etc. No obstante, por la presión popular, pero cuando comenzábamos a entrar en la fase de represión abierta, es decir, cuando ya se había perdido la gran oportunidad de derrocar a la dictadura por la via revolucionaria, los empresarios del COSEP  para calmar la presión ejercida por los movimientos sociales, aceptó convocar a un Paro Nacional de un día, para el miércoles 13 de junio, el cual fue un éxito rotundo. Pero ya la dinámica de las movilizaciones ya había cambiado, comenzaba el reflujo y el descenso de la lucha popular.

Después, en medio de la represión con métodos de guerra civil ocasionados por las tropas combinadas de la Policía Nacional y el pequeño ejército de paramilitares del FSLN, contra los tranques y barricadas, el COSEP a regañadientes, y sufriendo fisuras internas, convocó al segundo Paro Nacional de un día, para el viernes 13 de julio, cuando estaba culminado la “operación limpieza” y se producía el criminal ataque contra los estudiantes de la UNAN.

El tercer Paro Nacional de un día fue convocado por la ACJD (el COSEP apareció en segundo plano, debido a las críticas de los sectores populares) fue convocado el viernes 7 de septiembre, esta vez con la consigna de libertad a los presos políticos, un tema muy sensible para el futuro de la lucha popular.

Efectivamente, los paros nacionales de un día, a cuenta gotas, no son efectivos en la lucha, crean la falsa sensación que la nación se rebela contra el gobierno, pero no causan daño alguno, porque al día siguiente todo sigue casi igual. La única manera de derrotar al gobierno asesino es a traves de un paro nacional indefinido que surja desde las bases, que no dependa de la voluntad negociadora y traicionera del COSEP, que se organice desde abajo, en los centros de trabajo, barrios y comarcas, por medio de comites y de la auto organizacion popular.

7.- La ausencia prolongada de los sindicatos y de la clase trabajadora

La dictadura ortega-murillista no solo logró desarticular a los partidos de oposición, creando partidos colaboracionistas, sino que, lo más grave, ha destruido a los sindicatos, castrando con ello a la clase trabajadora.

En Nicaragua los sindicatos existen en el papel, en los registros del Ministerio del Trabajo (MITRAB), pero en la realidad no juegan ningún rol. En el periodo 1990-2007, los únicos sindicatos que encabezaban algunas luchas estaban controlados por el FSLN, que se mantenía en la oposición, y utilizaba la lucha de los trabajadores para arrancar concesiones a los gobiernos de turno.

Después, en el periodo 2007-2018, tanto la Central Sandinista de Trabajadores (CST) en el sector de obreros industriales, de la construcción y de maquilas, como el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) en el sector de empleados públicos, demostraron ser correas de transmisión de las políticas de austeridad del Estado, controlado por el FSLN. Los sindicatos que existen sirven para controlar a los trabajadores, no para impulsar luchas. Por eso, los sindicatos no han aparecido en la escena de la lucha de masas en estos meses de insurreccion desarmada y movilizaciones populares.

Al no estar los sindicatos al frente de la lucha, la clase trabajadora no ha podido manifestarse con su poder y combatividad. Su lugar ha sido ocupado, en parte, por los movimientos sociales y sectores populares, y por otra parte, por la clase media que ha cerrado filas contra la dictadura. Los trabajadores pelean como individuos, no como clase organizada, lo que constituye una enorme debilidad de la lucha democrática.

8.- Ortega se hace el duro, pero se prepara para negociar

El primer Dialogo Nacional, inaugurado el 16 de mayo, y que causó tantas expectativas de una posible salida “suave” del gobierno sandinista, fue convocado como una maniobra de Daniel Ortega para ganar tiempo. Dilató apenas mes, hubo unas cuantas sesiones caóticas y finalmente se rompió el 16 de junio cuando Ortega-Murillo iniciaron su ofensiva militar contra los tranques y barricadas.

De nada le sirvió a la ACJD abandonar la exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo, porque la estrategia de estos siempre fue muy clara: ganar tiempo, pasar el temporal, buscando como cambiar la correlación de fuerzas en los territorios.

El triunfo obtenido por Ortega, a punta de balazos, cambió un poco la correlación de fuerzas, le permitió retomar el control de las instituciones del Estado, pero no ha logrado recomponer la relación del FSLN con las masas populares. La reciente encuesta del grupo Ética y Transparencia (EyT) muestra que el 80% de la población está a favor de elecciones anticipadas y que solo un 20% apoya la gestión de Daniel Ortega. Y la tendencia es hacia un desgaste mayor, porque el conjunto de la población es testigo de las masacres y del establecimiento de una nueva dictadura.

Todos los factores continúan estando en contra de Ortega-Murillo: hay un enfriamiento de las relaciones diplomáticas con todos los gobiernos del mundo (salvo Cuba, Venezuela y Bolivia), la crisis económica continúa carcomiendo las reservas internacionales, la actividad económica está casi paralizada, continúan las marchas de resistencia, el encarcelamiento de centenares de jóvenes está creando un vasto movimiento por la libertad de los presos políticos, los ataques despiadados a la Iglesia Católica no ha logrado dividirla ni suavizar las criticas, el Vaticano ha cerrado filas con los curas, todos los préstamos internacionales aprobados han sido paralizados los desembolsos, etc.

Nicaragua avanza rapidamente hacia el abismo y Daniel Ortega lo sabe, por eso trabaja secretamente para crear una nueva mesa de negociaciones, que le permita iniciar una negociación en donde preserve las mayores cuotas de poder posibles. Precisamente las negociaciones se han paralizado porque todavía no logra cambiar la correlación de fuerzas a su favor. La dictadura resiste con cierto exito porque todavía tiene fondos provenientes del acuerdo petrolero con Venezuela, pero el dinero se agota y la crisis económica y el déficit fiscal se agudizan.

Las condiciones en que se producirá una nueva negociación son imposibles de prever, solamente nos limitamos a describir la tendencia general. Desde ya, las tendencias electoreras comienzan a tomar fuerza. La represión ha sido tan brutal, que comienza a cobrar fuerza la salida electoral. De continuar esta tendencia, la ACJD tiende a convertirse en una alianza electoral, en donde los empresarios del COSEP permanecerían agazapados para controlar al posible nuevo gobierno.

Es importante discutir un balance de lo que ha pasado, y los acontecimientos que se avecinan.

Por Diego Lynch

Desde el 2007 hasta el 2017, el Gobierno y los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) por acuerdo mutuo habían incrementado el salario mínimo en digito, con el objetivo que jamás trastocaron la bolsa de los capitalistas. Estos “aumentos” solo servían para engañar a los trabajadores, que eran representados por dirigentes sindicales traidores y afines al FSLN. Algunos de estos dirigentes son dueños de empresas farmacéuticas, como es el caso de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, fundador e histórico dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT.)

Fue hasta el año 2018, cuando se rompió la alianza estratégica con el COSEP, que el gobierno sandinista decidió realizar un incremento de salarios sin importar la opinión de los empleadores. Pero esta decisión unilateral no perjudicó a los empresarios. El gobierno sandinista enfrenta el problema que ya no cuenta con la ayuda venezolana para continuar impulsando los proyectos sociales que le permiten mantener engañada a las familias que viven en situaciones precarias.

Esta ruptura de la alianza con los empresarios en relación al aumento unilateral del salario mínimo, ocurrió antes del estallido de la insurrección de abril. “Ante la falta de consenso entre los integrantes de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, el Ministerio del Trabajo (Mitrab) ordenó este viernes un ajuste del 10.40 por ciento a la paga mínima de nueve sectores de la economía, incluida la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), que en años anteriores tenía un incremento diferenciado…El ajuste se aplicará a los salarios mínimos vigentes de nueve sectores de la economía en dos partes: la primera de 5.20 por ciento a partir del 1 de marzo y el restante 5.20 por ciento a partir del 1 de septiembre…Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), señaló que el ajuste planteado por el Mitrab es “desproporcionado y no es equitativo” y lamentó que hayan pasado dos meses convenciendo a la mesa de que el ajuste había que hacerlo diferenciado y “ la ministra del Trabajo hizo oídos sordos a eso y aplicó el mismo tratamiento que le están dando a la gran empresa”…Torres adelantó que todas las cámaras de Conimipyme harán un reclamo generalizado, “pues hay sectores que se van a ver muy golpeados”. (La Prensa, 9 de marzo del 2018).

La nueva crisis: la insurrección popular

El nuevo obstáculo, entre la Empresa Privada y el Gobierno, ocurrirá con el cumplimiento de la segunda cuota al incremento del salario mínimo. Antes de la insurrección de abril, la economía ya estaba en crisis, después de los acontecimientos de abril, mayo, junio y julio, el desempleo va en aumento y los empresarios se quejan de los malos tiempos.

La preocupación de los empresarios quedo reflejada en la siguiente nota periodística: “En medio de la crisis sociopolítica que enfrenta el país, el 1 de septiembre deberá entrar en vigencia el segundo incremento en el salario mínimo, el cual fue acordado a inicios de año, pero que en los próximos días deberá ser ratificado por el Gobierno, sindicato y empresa privada siguiendo el procedimiento por Ley. El ajuste será de 5.2 por ciento en 9 de los 10 sectores que rige la Ley del Salario Mínimo…El problema es que desde que se aprobó el ajuste del salario mínimo el contexto económico actual ha cambiado…El 16 de abril estalló una de las peores crisis sociopolíticas de la última década, que ha semiparalizado la economía. Eso ha provocado la pérdida de 119,567 empleos y el cierre de 8,708 empresas, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. (La Prensa, 16 de agosto del 2018).

Que la crisis la asuman los burgueses

No podemos permitir que continúen los despidos y el cierre de empresas. Es necesario crear un plan económico de emergencia que permita conservar el empleo y evitar un deterioro de los salarios. Los empresarios del COSEP deben asumir los costos de la crisis económica que ellos mismos han creado, porque esta crisis refleja el derrumbe del modelo neoliberal de alianzas entre los empresarios y el gobierno sandinista. La insurrección de abril lo que hizo fue destapar la crisis que estaba latente.

En todas las empresas están recortando beneficios y despidiendo trabajadores. La lucha ya no es solo por un justo aumento del salario mínimo, sino por defender también el empleo de los trabajadores. Los sindicatos actuales son burocráticos e inoperantes, se requiere formar nuevos sindicatos para luchan por la defensa del empleo, planteando la reducción de los horarios de trabajo para que todos podamos trabajar, y también por defender la capacidad de compra de los deteriorados salarios.

Por Baca, V; Gómez, W; Meza, H; Quezada, F; y Rivera, J.

Detrás de las matrices de pensamiento como contradicción o como diferencia están sus titanes creadores, Hegel y Heidegger. Todos los demás son aplicaciones, Marx, Gadamer, Foucault, Lyotard, Butler, postco’s, deco’s, subalter’s, queers, etc.

Hay un tercero, menor que los dos anteriores, pero que ofrece un hilo conductor para unirlos. Es Husserl, y su categoría maestra de sentido («Bedeutung») o intención. Son las tres «H» del pensamiento que no por casualidad son alemanes y constituyen las abejas reinas del pensamiento occidental. Husserl dice, como Aristóteles y Brentano, que de toda cosa, lo importante es el fin hacia el que tienden que, en nuestra cultura de tiempo, cristiana y lineal, deben terminar de algún modo reconciliante o apocalíptico.

Es clave Husserl, aunque invisibilizado hasta hoy, por tener como virtud su registro de sentido emancipador, que la modernidad, posmodernidad y derivados subalternistas, decoloniales, queers y del sur, siguen haciendo suyo, todos estos últimos, por la vía, esta vez, de la diferencia.

Es una ironía que Alemania haya sido vencida pero que las categorías de pensamiento de los derrotados, hayan seguido triunfando en la postmodernidad y en sus descendientes legítimos (como subalternistas y postcoloniales) y renegados de su herencia (como epistemólogos del sur y decoloniales).

Todo sucede combinada, interrumpida y desigualmente hoy. Estas cosas las sentimos todos, pero se ven interrumpidas constantemente por los archivos, memorias, cultura, pasado, etc que nos poseen; en cuenta, los paradigmas que discutimos.

Cuando una contradicción se le rebaja al rango de diferencia, se derrumba la emancipación porque todas las diferencias pasan a ser iguales. El paradigma de la contradicción no ha desaparecido. Pasó a ser el soporte oculto del de la diferencia. Sin un enemigo, este, no podría luchar.

Un universo sólo de diferentes sería paradójico porque todos serían iguales, se anularían y suspenderían a sí mismos. Y uno sólo de enemigos, necesita alguien que no lo sea, para redimirnos a todos, desembocando en los totalitarismos que ya conocemos.

En el paradigma de la contradicción, yin, la diferencia es un momento de reconocimiento, arrastrable por su programa emancipatorio, al final de un tiempo reconciliador de víctimas y verdugos. A su vez, el paradigma de la diferencia, yang, debe contar con una contradicción, emergida de su propio seno y declarable como el enemigo, que le impide la materialización de sus derechos.

Las luchas sociales, como la que actualmente estremece a Nicaragua, tienen muchas dimensiones y ciertamente no admiten su codificación en un par de categorías. La distinción de los paradigmas predominantes en los actores enfrentados enriquece el análisis, sin duda; la consideración de las «diferencias y conflictos generacionales» nos abre las puertas al análisis de la reproducción y la innovación cultural, tal como lo estudian los antropólogos; pero, también hay otros muchos intereses (económicos, políticos, ideológicos, geoestratégicos) en conflicto que no podemos dejar de ver y que pesan mucho en esta lucha y en las distintas salidas de la crisis que se barajan, como estamos viendo.

La crisis política que encontramos en la génesis de la lucha social actual en Nicaragua es, a todas luces y en sus expresiones visibles, una crisis de gobernabilidad; ocasionada por múltiples y confluyentes factores

De diferentes formas, de palabra y de hecho, un enorme sector de la sociedad (que como mínimo puede ser el 70% de los ciudadanos que en las elecciones han votado por los otros candidatos y, por tanto, en contra del FSLN) le están diciendo al presidente y sus seguidores que YA NO QUIEREN SER GOBERNADOS POR ÉL, QUE SU PROPUESTA DE NACIÓN Y DE PAÍS YA NO LA QUIEREN NI ACEPTAN.

Como en todas las crisis sociales, sobran los «análisis de coyuntura» que pretenden «arrojar luz» sobre aspectos como la «correlación de fuerzas», la «política de alianzas», el «repertorio para la lucha» y cualquier otra.

A la par, pero de una manera más discreta y relativamente desapercibida, han aparecido escritos en torno a las diferencias y similitudes entre lo que se ha dado en llamar EL ORTEGUISMO y lo que hemos conocido como EL SANDINISMO. Es más, prácticamente se ha hecho una «expresión popular» que asume por cierto que no son lo mismo. Estas expresiones populares y pocos escritos tienen como resultado, sin saberlo, sin proponérselo o sin confesarlo, el situar la crisis de gobernabilidad en la diferencia existente entre esos dos conceptos: Sandinismo y Orteguismo.

La intención de estas reflexiones, es hacer un análisis de la crisis de gobernabilidad actual desde la perspectiva de los paradigmas que aparentemente subyacen en el conflicto social actual de Nicaragua y al mismo tiempo reflexionar sobre la posibilidad de que la misma sea, además, la expresión de las diferencias y conflictos que acarrean y confrontan a dos generaciones: aquella que derrotó a la dictadura somocista a través de una revolución armada hace cuatro décadas y que abraza aún el paradigma de la contradicción y ésta que, desde el paradigma de la diferencia, enfrenta a un gobierno supuestamente surgido de aquella lucha, levantando banderas de justicia, libertad, democracia y derechos para todos por igual.

La observación, relieve y análisis de los elementos considerados aquí tienen, a nuestro criterio, una importancia epistémica que trasciende nuestro tiempo y nuestro espacio geográfico.

Nicaragua, su pueblo, en lo relativo a la solución del «problema social» ha trascendido geográfica y temporalmente por las soluciones que ha protagonizado:

Fue el primer país que se enfrentó a las nacientes intenciones imperiales de los Estados Unidos y las derrotó. El EDSN y la derrota que le infringió a la marinería norteamericana el General Sandino es ampliamente conocida.

Fue la última revolución armada triunfante del siglo veinte.

Fue la primera nación que, habiendo surgido de una confrontación violenta, inicia las transformaciones hacia otro tipo de sociedad a partir de los resultados de unos comicios electorales.

En estos momentos, estamos viendo y viviendo una «confrontación paradigmática». Es una lucha en la que los contendientes abrazan (aún sin saberlo conscientemente) uno u otro paradigma y también podríamos estar frente a las diferencias y conflictos surgidos entre dos generaciones. Por supuesto, esta confrontación no implica una «pureza» paradigmática y/o generacional. Como en toda realidad, existe una zona de intersección expresada en formas de pensar y hacer, en consignas y banderas políticas, repertorios para la lucha, etcétera.

Iniciamos con la presentación de las reflexiones

1. La generación de nicaragüenses que dio al traste por la vía armada con la dictadura somocista nació, creció y se multiplicó -ideológicamente y en lo permitido por las circunstancias- en un paradigma predominante en ese momento y cuya principal característica permite identificarlo como un «paradigma de la contradicción».
2. La esencia de dicho paradigma radica en que el «uno» considera al «otro» como un enemigo al que hay que vencer y, eventualmente destruir pues su sola existencia amenaza y se opone a lo que interesa y conviene al «uno».
3. Adicionalmente, ese «uno» se considera a sí mismo como el sector más avanzado de la sociedad y está «obligado históricamente» a triunfar sobre el “otro” para poder garantizar un mejor futuro para todos en la sociedad.
4. Por el contrario, la generación de nicaragüenses, jóvenes, que ha estado a la cabeza de la revuelta social que está estremeciendo Nicaragua a partir del 19 de Abril, ha crecido y se ha formado en otro tipo de paradigma; uno al que podríamos llamar «paradigma de la diferencia».
5. En este paradigma, lo esencial es que todos los «unos» existentes en la sociedad, reconocen y aceptan la existencia de todos los «otros». No solamente en términos de aceptación como realidad, sino también en términos de “sujetos sociales reales, con derechos iguales”.
6. Dicho paradigma, por tanto, no necesita que «desaparezca» ningún otro; antes bien, su existencia y posibilidad de reproducción y crecimiento es lo que llena de contenido y le otorga validez social al mismo.
7. Tampoco necesita el paradigma de la diferencia que ninguno de los sectores de la sociedad sea ni se convierta en «el sector más avanzado» de la misma, ni que recoja o represente en sí los «intereses objetivos» de toda la sociedad para ser válido. Antes bien, su fuerza y validez radica precisamente en esa variopinta conformación social.
8. Dejando de lado los argumentos que solo reflejan y obedecen a los intereses particulares de la pareja presidencial y a determinados «intereses creados» de sectores sociales beneficiados y, por ende, atados a ellos y su modelo de ejercicio de poder; la argumentación que se escuchan del lado del gobierno y los sectores sociales que aún creen en que esta es una continuidad de la revolución que comenzó en Julio de 1979, se enmarca en ese paradigma de hace más de cuatro décadas.
9. Así pues, es común no solamente escucharles decir que estamos frente a un «golpe suave», una conspiración de la burguesía y la derecha internacional, una obra maléfica salida de las mentes de aviesos y malvados agentes y dependencias de la CIA y el imperialismo norteamericano que usan a sectores nicaragüenses que solo conocen de traición y no les interesa la patria; sino que también llaman a rebato a la vieja militancia sandinista para que se enrolen en la defensa de la patria y la revolución e impedir así que nuevamente los sectores más retrógrados y reaccionarios de la sociedad den al traste con el proyecto revolucionario.
10. Adicionalmente, como quiera que lo que está en juego para ellos es «la continuidad de la revolución» es indispensable, por tanto, que los sectores sociales e individuos que se están «prestando a la maniobra» sean derrotados por completo.
11. Esa derrota a infringir a los conspiradores es necesaria para poder seguir adelante con la revolución. Y la violencia armada es la mejor arma que tienen para ello.
12. Del otro lado, no solamente escuchamos un rechazo formal y explícito a la violencia armada como la forma por excelencia de resolver el conflicto, sino que también vemos:

• La voluntad colectiva de integrar a TODOS los sectores a la lucha sin, aparentemente, pretensiones hegemónicas de ninguno de ellos.
• La aceptación de que la salida a la crisis debe ser tal que satisfaga, por lo menos en principio, los intereses y objetivos que cada sector tiene en la lucha. No hay pretensiones visibles de ARROGARSE la representación de todos en ninguno de los actores.
• El reconocimiento al derecho a la existencia de todos los sectores, incluyendo al hegemónico contra el que está planteado el conflicto y la lucha. Lo cual se desprende de las afirmaciones de sus representantes en torno a «el derecho que tiene el FSLN, los sandinistas, de seguir existiendo y haciendo propuestas a la nación»

13. En el sector que apoya al gobierno, vemos un predominio dirigente de «viejos sandinistas» unido a una masa juvenil que mayoritariamente presta su vigor y energía para esa lucha.
14. En el otro sector, el que propugna, plantea y lucha por un modelo de poder diferente, en el que la justicia y los valores y prácticas democráticas sean la norma y no la excepción; encontramos a un sector de vanguardia mayoritariamente juvenil que al menos simbólicamente tiene un rol si no dirigente, de gran influencia en el rumbo de los acontecimientos y las acciones de protesta.
15. Por ello, es válido suponer que estamos también ante expresiones de diferencias y conflictos generacionales, en los que las banderas que se levantan están ligadas a una «lucha de paradigmas».
16. Sin embargo, es de resaltar que la dinámica actual del conflicto reproduce con intensidad el «paradigma de la contradicción» entre los partidarios del gobierno. Esto lo vemos expresado en ese retorcido estribillo de una canción que se repite en estos días: «HABRÁ PATRIA PARA TODOS (falso espíritu de inclusión de los “otros” en el “todo”, porque supone la sumisión de los “otros” a la hegemonía del “uno”) O NO HABRÁ PARA NINGUNO (la liquidación de todos si no se admiten sus reglas)». Esta reproducción es lo que cabe esperar, si nos remitimos a la categoría de la praxis, que es unidad dialéctica de pensamiento y acción, teoría y práctica. Aquí cabría también preguntarse si esa reproducción es el resultado de un actuar y hablar consciente de la pareja presidencial y sus «viejos seguidores» que consideran que es la única manera de resolver el conflicto satisfactoriamente para ellos.
17. De una manera peligrosa, estas características del conflicto también ponen en crisis al «paradigma de la diferencia», cuando comienza a arraigarse en la conciencia de los que lo abrazan la convicción de que hay «un otro» tan excluyente que amenaza la existencia de todos “los otros” y que, por tanto, es incompatible con la democracia. Haciendo emerger praxeológicamente, de esta manera, el «paradigma de la contradicción» entre los partidarios del «paradigma de la diferencia». Los empeños por evitar esta reproducción manteniendo el carácter cívico de la lucha pueden llegar a ser insuficiente, si el «uno» se empeña en una estrategia de exterminio de los «otros», aún y cuando se puedan producir algunas transferencias y apoyos a la Alianza Cívica de anteriores partidarios del gobierno.
18. Ambos paradigmas de la praxis política no son sistemas cerrados, que no se afectan mutuamente, sino todo lo contrario, son sistemas abiertos que procuran representar la unidad cambiante de las ideas y acciones de los sujetos históricos.
19. La del ‘79 marcó el fin del paradigma de la contradicción a lomos de un sector juvenil que no se supo ver como diferente, pese a enarbolar las libertades democráticas contra Somoza, ante la suma de otros actores, como las etnias, el campesinado y las mujeres, con quienes chocó de entrada bajo la idea de un enemigo detrás de ellos.
20. La diferencia es la que derrota al FSLN en los 90, bajo las banderas de las libertades democráticas pero esta vez funcionó sólo en el arranque, más por necesidad que por virtud, por conveniencia que por convicción, del gobierno de Doña Violeta Barrios viuda de Chamorro.
21. Vuelven a cerrarse los espacios en virtud de los pactos de Alemán con Ortega que es lo que nos tiene de nuevo en una segunda vuelta de esas exigencias traicionadas y vuelven a ser los jóvenes, esta vez sin ilusiones vanguardistas, los actores centrales.
22. En la del ‘79 la contradicción venció a la diferencia no sólo porque pesaba más por arrastre que por poder de convicción, sino porque los problemas de identidad de las diferencias estaban empezando. En Europa, 1979 es el año en que aparece La Condición Postmoderna de Lyotard que registra el fin de los metarrelatos emancipatorios. Las diferencias nacientes en el Sur, no sabían, por ejemplo, si tomar el poder o no de un Estado que odiaban y que se lo cedieron al enemigo neoliberal que ocupó el vacío. Las sociedades, al menos las del sur, sufrieron una oengización, a veces con el postmodernismo como matriz, que terminó por ser funcional al neoliberalismo
23. Ahora, en la del ‘18, la diferencia ocupa todo el terreno, pero el enemigo típico del otro, existe, y es el que está a la defensiva. En ambas dimensiones, como en el ying y el yan, coexisten para cada caso, pero en pesos y magnitudes distintas. Y como en una banda de Moebius, se empuja a sí misma a base de paradojas.