Por Sebastián Chavarría Domínguez

Cuando todo parecía marchar viento en popa, de repente vino nuevamente el frenazo en la mesa de negociaciones que se había reiniciado el pasado 27 de febrero. Después de una pequeña crisis e interrupción, las negociaciones se reanudaron y se aprobó el Hoja de Ruta que contenía el protocolo de procedimientos de la negociación, fijándose como límite de tiempo el día 3 de abril, para obtener resultados globales de la negociación.

Pero no todo salido como esperaban los negociadores, en el ínterin hubo dos acuerdos: uno sobre la liberación de los presos políticos y otro sobre la vigencia de las libertades democráticas. Pero no hubo más, el segundo Dialogo Nacional fue nuevamente interrumpido por la dictadura, que se niega a discutir los temas relacionados con las reformas electorales y el adelanto de las elecciones

El frágil acuerdo sobre la liberación de los presos políticos

Existe un enorme descontento popular en relación al tema de los presos políticos. La dictadura había optado por una liberación gradual como una concesión unilateral, para evitar nuevas condenas y sanciones internacionales. El 28 de febrero fueron liberados los primeros 100 prisioneros políticos, como gesto de “buena voluntad” al momento de restablecerse las negociaciones. Pero esta pequeña concesión provocó la ira de la población. Esta liberación de presos políticos, lejos de calmar los ánimos, más bien motivó la convocatoria de nuevos plantones y marchas de protesta, como la que ocurrió el sábado 16 de marzo, la que fue brutalmente reprimida por la Policía Nacional.

Pero, en realidad, no hubo tal liberación de presos,  los juicios fraudulentos no fueron anulados ni hubo sentencias absolutorias, sino simples excarcelaciones utilizando la figura legal del beneficio del “arresto domiciliar” y  la “convivencia familiar”. En pocas palabras, los presos seguían siendo presos, aunque tuviesen la casa por cárcel.  Están obligados a presentarse semanalmente a los juzgados, sin derecho a salir de sus casas, de la propia ciudad, mucho menos del país.

La segunda excarcelación de presos políticos se produjo cuando otros 50 presos fueron liberados enviados a sus casas el viernes 15 de marzo, bajo las mismas condiciones del primer contingente. Esta excarcelación a cuentagotas tampoco calmó los ánimos, y las muestras de rechazo al proceder de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), se transformó en un hierro al rojo vivo en las manos de los negociadores, al grado tal que se vieron obligados a golpear la mesa, amenazando con levantarse de la mesa de negociaciones, exigiendo la liberación de todos los presos políticos.

El día 27 de marzo, un mes después de haberse reiniciado las negociaciones, la ACJD y la dictadura firmaron el primer acuerdo sobre la liberación de los presos políticos. La dictadura aceptó proceder “a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad, así como a la regulación de la situación jurídica de las mismas, de conformidad con la legislación vigente y las garantías constitucionales del caso. Las medidas y procedimientos jurídicos necesarios para lo anterior serán discutidos en la Mesa de Negociación”.

El lenguaje confuso no fue una casualidad, la dictadura se garantizó que todo el proceso de excarcelación fuera “de conformidad con la legislación vigente”, lo que le permite un amplio margen de maniobra en cualquier escenario en caso de fracasar o entrar en crisis las negociaciones. La dictadura se reservó el derecho de prolongar los juicios conforme a sus necesidades en la mesa de negociaciones.

Los negociadores de la ACJD no fueron categóricos en insistir la anulación de los juicios, se conformaron con promesas y la “buena fe” de la dictadura, y más bien se mostraron respetuosos de la supuesta autonomía de los jueces, cuando en realidad siguen instrucciones estrictas del partido FSLN. La ACJD actuó como si en Nicaragua se respetasen las leyes o existiese el Estado de Derecho.

Las dos líneas finales del párrafo citado, señalan claramente que los “procedimientos jurídicos” para la liberación de los presos políticos serán discutidos en la Mesa de Negociación, dejando abiertas muchas posibilidades. El fantasma de la amnistía sigue debajo de la mesa, esperando el momento oportuno para salir a luz.

El viernes 5 de abril fueron excarcelados otros 50 prisioneros, totalizando alrededor de 200 presos políticos, los que no son personas libres, ya que las causas penales montadas por la dictadura continúan vivas.

La dictadura se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días, a partir del día 27 de marzo. Este plazo fue aceptado sin protesta por la ACJD demostrando una vez la naturaleza timorata de los negociadores de los grandes empresarios. La exigencia de liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos es una consigna que no debemos abandonar nunca. El plazo de los 90 días es obsceno y debemos rechazarlo en las calles.

El CICR, la lista de prisioneros y el grave problema de los desaparecidos

La dictadura aceptó que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fuese la institución encargada de revisar la lista de prisioneros proporcionada por la ACJD y cotejarla con la presentada por la dictadura, además el CICR dará seguimiento al acuerdo sobre la liberación de presos.

A inicios de marzo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un informe, con base a las denuncias de los familiares, de un total de 647 personas detenidas. Las cantidades varían un poco, dependiendo de cada organismo, pero en general hay una coincidencia de alrededor de 800 prisioneros políticos.

El 26 de marzo, la oficialista “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz” creada por la Asamblea Nacional para investigar los hechos ocurridos en el año 2018, dio cifras aterradoras: “de la lista que entregó la CIDH al gobierno de Nicaragua con 647 detenidos. Según nuestras investigaciones preliminares determinamos que hay actualmente 261 detenidos. De los 386 restantes, 152 han sido puestas en libertad, 61 personas no están vinculadas al conflicto; 54 no hay información personal completa, lo que hace imposible verificar su estado real; 112 no se encuentran en ningún establecimiento penitenciario o policial, y 7 nombres se encuentran duplicados” (www.cvjp.org.ni)

Es la primera vez que una institución ligada al gobierno acepta que 112 personas desaparecidas, que se no encuentran en ningún centro penitenciario o policial. Sin lugar a dudas, estos desaparecidos, cuyos familiares continúan su búsqueda, son parte de las personas detenidas y desaparecidas por los grupos paramilitares.

Hasta el 1 de abril, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos (CLPP), que reúne a los familiares de los presos políticos, contabilizaba 779 de presos políticos. El problema es que todos los días hay redadas y capturas ilegales, y eso marca una tendencia cotidiana al alza de la cantidad de prisioneros políticos.

La cifra de 112 personas desaparecidas que no “se encuentran en ningún establecimiento penitenciario o policial”, al pasar los días subió hasta 200, conforme declaraciones de José Pallais, negociador de la ACDJ, quien declaró que “(…) Aún no caben en la categoría de desaparecidos, porque estamos en el proceso de actualizar su información para determinar su estatus (…) Se están haciendo las consultas, incluso con la Asociación de Madres de Abril y otros organismos, para determinar la situación de esas personas que el Gobierno dice que no están detenidas, y que son más de doscientas, para actualizar la información. Ya hemos confirmado hasta hoy que al menos cuatro personas que el Gobierno dice que no están presas, sí realmente están detenidas” (La Prensa, 09/04/2019)

Poco a poco comienza a descubrirse el resultado de la acción de los paramilitares durante los ataques militares contra los tranques y barricadas. En el campo la represión fue brutal, y la cantidad de desaparecidos es aún mayor.

El acuerdo sobre las libertades democráticas.

Este acuerdo fue una burla. Repite casi todos los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, hubiese bastado decir que seguía vigente, pero en realidad no es así. La dictadura para dar la imagen de restablecimiento de las libertades coartadas por la vía de los hechos, ha tenido que repetir en un documento los mismos derechos contenidos en la Constitución suspendida.

El artículo 7 del Acuerdo para fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas, suscrito el 30 de marzo, estableció que se garantiza “el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento con la Constitución y las Leyes de la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho. Asimismo, se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”.

El documento fue firmado, pero sigue sin cumplirse. La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) solicitó recientemente el permiso para realizar marcha, pero no solo fue negado, sino que también la marcha fue reprimida, no pudo ni reunirse la gente, por el acaso policial.

Los límites de la resistencia de la dictadura

De los cuatro temas programados a negociar hubo acuerdo solamente en dos. La dictadura se resiste a discutir el tema de las reformas electorales y fecha de elecciones adelantadas, así como el candente tema de la justicia, metiendo en crisis el segundo Dialogo Nacional. La fecha del 3 a de abril llegó, y no hubo más acuerdos.

Esta resistencia de la dictadura ha dado lugar a una serie de especulaciones sobre la posibilidad de que no se produzcan las elecciones adelantadas, lo que implica que la dictadura concluiría su periodo y las elecciones se realizarían hasta el año 2021.

El estilo de negociación de la dictadura es hacerlo en el borde del abismo, caminar en el filo de la navaja. Ya habíamos alertado sobre el hecho que la dictadura pretende alargar al máximo la negociación y con ello la vida del gobierno dinástico.

Los factores internacionales también inciden. Últimamente la administración Trump y la Unión Europea (UE) han dejado de insistir en el tema de las elecciones anticipadas. Los imperialismos aprecian el rol del sandinismo como factor de estabilidad en Nicaragua y Centroamérica. Es probable que la dictadura haya apreciado ese pequeño cambio en las políticas imperiales, y aprovecha la oportunidad para demostrar que es insustituible, y que el Estado necesita de la mano fuerte del FSLN.

No obstante, nada esta dicho. Los empresarios han dado muestras de aceptar la dictadura hasta el 2021 si se cumplen algunas condiciones mínimas. Incluso, ante el fracaso de las últimas negociaciones, la ACJD suscribió un comunicado conjunto con la delegación de la dictadura, donde dejaron abierta la posibilidad de reiniciar las negociaciones, dándose un tiempo para “reflexionar”.

El problema es si la crisis económica y el pueblo de Nicaragua aguantan ese tiempo. Entonces, es muy probable que en los próximos meses veamos nuevos intentos de negociación, una y otra vez, todo dependerá de la correlación de fuerzas, y en este plano hay una enorme debilidad de la ACJD ya que esta negociación sin tener respaldo popular en las calles. La dictadura esta en palco alto, maniobrando, luchando por sobrevivir, mientras el pueblo soporta las consecuencias de la ausencia de una dirección revolucionaria.

Por Victoriano Sánchez

El 4 de octubre del 2018 se constituyó la Unidad Azul y Blanco (UNAB) como un bloque opositor, producto de la unidad de acción de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) y la Articulación de Movimientos Sociales. La UNAB se constituyó por la necesidad de defenderse de las embestidas de la dictadura Ortega-Murillo.

La propuesta de construir la UNAB surgió de un documento de la Articulación, con fecha 10 de septiembre del 2018, que llamaba a constituir una “concertación nacional azul y blanco”. En ese periodo la ACDJ venia de soportar una dura represión que tenía presos a una parte de sus dirigentes, y en el exilio a la otra parte. La ACDJ estaba muy debilitada, después que la dictadura había logró aplastar la resistencia popular en los tranques. Igual había pasado con la Articulación.

Fue una alianza o bloque por necesidad, no necesariamente por coincidencias programáticas. No obstante, la ACDJ al firmar el “Manifiesto de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia” metió un gol: se garantizó ser la única representación que podía negociar con la dictadura ante la posible reinstalación del Dialogo Nacional. En el punto numero uno de las demandas urgentes quedó establecido la necesidad de “Un diálogo nacional para acordar los términos y condiciones de la transición democrática. Respaldamos a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadores y testigos; y a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como representante de la sociedad nicaragüense en dicha negociación (…)” (subrayado nuestro)

De esta manera, la Articulación quedó por fuera de una posible negociación, renunció a tener un papel beligerante, como lo tuvo en el corto Dialogo Nacional de Mayo del 2018.

Desde su nacimiento, la ACDJ ha librado una silenciosa pero intensa lucha interna por el control de la UNAB. Recordemos que la ACDJ la dirigen los empresarios del COSEP, AMCHAN y FUNIDES. Estos boicotearon la UNAB desde adentro, primero argumentando que estaba controlada por la “izquierda”, y después se lavaron las manos, no adquirieron ningún compromiso de lucha, argumentando que ellos participaban a través de la ACDJ.

Cada intento de organizar una marcha era contenido o mediatizado desde adentro, hasta que la dictadura logró imponer la desmovilización total. Pese a ello, la UNAB se convirtió, en momentos de retroceso de la lucha democrática y popular, en una referente para los sectores que querían seguir luchando: mas de 60 grupos que representan territorios, diversos sectores sociales, grupos de autoconvocados, hasta algunos partidos políticos, llegaron a formar parte de la UNAB, convirtiéndose en una alternativa unitaria y democrática de la resistencia popular.

Cuando los empresarios y el gobierno de Estados Unidos se pusieron de acuerdo con la dictadura, para iniciar una apertura, controlada desde las alturas del poder, entonces vino la puñalada traicionera de la ACDJ, la que reinició el Dialogo Nacional, argumentando que ella representaba al conjunto de la UNAB, aislando y menospreciando a la Articulación.

El forcejeo entre la ACDJ y la Articulación por el control de la UNAB se ha intensificado en las ultimas semanas. La ACDJ ha optado por la política de hechos consumados, mientras negocia de manera claudicante con la dictadura. Por la presión popular, la ACDJ ha tenido que retroceder ante el problema de la excarcelación gradual de los presos políticos. Incluso, los dirigentes de la ACDJ tuvieron que ir a la marcha del sábado 16 de marzo, convocado por la UNAB, para no desligarse de unas masas cada vez más críticas.

Pero las presiones y golpes bajos de la ACDJ tienen algún efecto al interior de la UNAB. La marcha de la UNAB programada para el sábado 23 de marzo fue suspendida, supuestamente por petición de una parte del Comité por la Liberación de los Presos Políticos (CLPP), --en realidad fue una parte de los familiares de presos que se identifican con la ACDJ—siendo sustituida por “piquetes”, que en realidad son la desmovilización organizada. Ni siquiera se atrevieron a convocar a un mitin público, que no necesita permiso de la Policía Nacional para su realización.

A partir del empoderamiento de la ACDJ, que ostenta el monopolio de la representación popular en la mesa de negociaciones, se ha producido una regresión política dentro de la UNAB. La escogencia del Comité Político (CP) de la UNAB fue una sórdida batalla campal entre la ACDJ y las fuerzas progresistas alrededor de la Articulación. La ACDJ mantuvo, a pesar del boicot sistemático, la mitad de los cargos del CP de la UNAB, lo que indica que solo estan esperando el resultado final de las negociaciones para utilizar el tendido territorial de los movimientos sociales de la UNAB para aupar al candidato de los empresarios en las elecciones anticipadas.

La UNAB no ha podido convertirse en el organismo de unidad de acción para la movilización. Mas bien ha servido para maniatar a los movimientos sociales. Los empresarios deben frotarse las manos del placer de lograr una nueva versión del aterrizaje suave, que los movimientos sociales lograron abortar en mayo del 2018. Las fuerzas progresistas que participan dentro de la UNAB debemos meditar sobre el destino de esta organización, y la necesidad de continuar la lucha, construyendo una nueva alternativa política de los sectores populares y movimientos sociales.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

El Dialogo Nacional que se inició el 27 de febrero del 2019 entrado temporalmente en crisis. El gobierno Ortega-Murillo se mantenía intransigente. El diputado Wilfredo Navarro, renegado liberal ahora aliado fiel del sandinismo, expresó de manera tajante la posición dura de la dictadura: “La posición del Gobierno se mantiene en el sentido de que no se pueden adelantar las elecciones presidenciales porque eso rompe el orden constitucional, esta es nuestra posición sobre ese tema” (END, 12/03/ 2019)

Crisis y regreso a las negociaciones

Y es que las negociaciones entraron en crisis por la negativa de la dictadura a liberar a los más de 700 presos políticos, y porque se negaba a incluir como punto de agenda el adelanto de las elecciones generales, con supervisión internacional.

Hubo una crisis cuando la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) dio a conocer los procedimientos para discutir la Hoja de Ruta, pero por ningún lado apareció la liberación de los presos políticos. La indignación y la presión popular por la liberación inmediata de los presos políticos era tan fuerte, que la delegación de la ACDJ, quienes habían brindado declaraciones muy conciliadoras, tuvo que retroceder y plantear que no podían continuar las negociaciones sino se liberaba a los presos políticos, se detenía la represión en las calles, y se discutía paralelamente el tema de la democratización, retirándose de las negociaciones y estableciendo condiciones para retornas a la misma

Después de varias reuniones a puertas cerradas en la sede del Concejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la ACDJ emitió un comunicado afirmando que “(…) La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retomará su asistencia a la Mesa de Negociación una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz” (END, 12/03/2019)

El gobierno Ortega-Murillo presentó su propia agenda de negociación, el día sábado 9 de marzo del 2019, provocando el retiro de la ACDJ, argumentando que “que se aleja de las demandas de la población que demanda elecciones anticipadas, cese de la represión y libertad a todos los presos políticos que el régimen tiene en condiciones inhumanas como castigo por demandar que se vayan del poder”.

Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) aterrizo discretamente en Managua, con el objetivo de reunirse con el gobierno y con la ACDJ, en un momento en que las negociaciones habían entrado en crisis, incorporándose de manera formal en la sesión de reinicio del Dialogo Nacional del día 13 de marzo, siendo aceptado por ambas partes como testigo y garante, aunque la participación oficial de la OEA en el Dialogo Nacional fue decidido hasta el día 22 de marzo.

Protesta de la Coalición Universitaria

El reinicio del Dialogo Nacional provocó malestar entre los delegados del movimiento estudiantil, agrupados en la Coalición Universitaria (CU), quienes se retiraron expresando que estaban en contra de una liberación gradual y discrecional de prisioneros políticos. En la CU participan la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), delegados de la Universidad Nacional Agraria (UNA), Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME-19) y Movimiento Universitario 19 de abril (MU-19), entre otros.

El tema de la liberación inmediata de los prisioneros políticos es muy sensible para la población, la que criticó el rol que el nuncio apostólico, Stanislaw Waldemar Sommertag, quien fue denunciado como colaboracionista del régimen, al aceptar una liberación a cuenta gotas de los prisioneros políticos

Negociaciones secretas, conversaciones francas y sinceras

Es un secreto a voces, que el reinicio del Dialogo Nacional fue el resultado de las negociaciones secretas entre Estados Unidos y el gobierno Ortega-Murillo. Todd Robinson, quien fue un embajador beligerante en Guatemala, y ahora fue ascendido a responsable de Centroamérica en el Departamento de Estado, en una entrevista brindo algunos detalles sobre el avance de la política de la administración Trump en la crisis de Nicaragua.

Todd dijo: “Estamos urgiendo al régimen de Ortega a negociar de buena fe y a tomar acciones concretas para restaurar la democracia, cesar la opresión, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y acordar la celebración de elecciones adelantadas, libres y justas (…) No vamos a hablar del contenido de esas conversaciones, excepto para decir que han sido muy directas y muy francas. No creo que Ortega o Murillo tengan ninguna duda de cuál es la posición de EE.UU. en lo que respecta a alcanzar algún tipo de acuerdo político (…) nosotros vamos a promover la idea de que en esas elecciones esperamos encontrar nuevos líderes, líderes que no incluyan a Ortega y (la vicepresidenta Rosario) Murillo (…) EE.UU. apoya todos los esfuerzos creíbles para un diálogo que resuelva la crisis”. (END 13/03/2019)

Quien tenga dudas sobre el nivel de las conversaciones secretas y los acuerdos preliminares alcanzados entre Estados Unidos y Daniel Ortega, solo debe releer con calma las declaraciones de Todd.

La represión a la marcha del sábado 16 de marzo

Debido a que la dictadura continua con su plan de liberación gradual de presos políticos, al mismo tiempo que mantenía la represión en las calles, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convocó a una marcha, desafiando las amenazas de la Policía Nacional.

A pesar de la campaña de atemorizamiento, cerca de 1000 personas se congregaron en la rotonda de la Colonia Centroamérica para iniciar la marcha, pero fueron brutamente reprimidos por la Policía Nacional, llegando a encarcelar a más de 160 personas, entre los que estaban una parte de la dirigencia de la ACDJ que participa en el Dialogo Nacional.

Pero la dictadura ya no está en condiciones de continuar reprimiendo, porque debe cumplir su parte en los acuerdos secretos firmados con Estados Unidos. En menos de 8 horas tuvo que liberar a todos los detenidos sin levantar cargos penales en su contra.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, mando una carta condicionando la participación de ese organismo en el Dialogo Nacional: “Es por ende fundamental para asegurar la presencia de la Secretaría General en el diálogo, la liberación de todas las personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado como presos políticos” (END 15/03/219)

Por su parte, la UE en un comunicado expresó: “La UE espera que el Gobierno y sus fuerzas de seguridad pongan fin a cualquier represión y garanticen el pleno respeto de los derechos constitucionales, incluida la libertad de expresión y reunión, así como la libertad de prensa”.

De igual manera se pronunció Estados Unidos. Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado, fue categórico: “Exigimos al régimen de (Daniel) Ortega la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente; respeto a la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses; y comprometerse a reformas electorales y a celebrar elecciones anticipadas libres y justas”.

Kevin K. Sullivan, nuevo embajador de Estados Unidos en Managua, declaro que "La agenda de negociación (...) marca un camino hacia el retorno a la democracia plena en Nicaragua. No hay tiempo que perder. Se necesitan soluciones reales en tiempo real" (END, 21/03/2019). No hay duda que los negociadores superaron varias crisis y todo se enrumba a acuerdos antes de finalizar marzo, los mismos acuerdos que ya fueron tomados en las negociaciones secretas con Estados Unidos.

La dictadura reculó ante la amenaza de sanciones internacionales

El Parlamento Europeo (PE) se reunió el 13 y 14 de marzo en una sesión en la que se discutieron, entre otros puntos, la crisis en Nicaragua y la constante violación de los derechos humanos. Los diputados socialdemócratas son quienes llevaron la batuta, promoviendo una resolución no vinculante que solicitaba a las autoridades de la Unión Europea (UE) aplicar sanciones económicas contra los altos funcionarios de la dictadura, tomando en consideración que muchos de ellos tienen dinero y propiedades en Europa. Otra posible sanción a aplicar sería la de excluir a Nicaragua del recién firmado tratado de Acuerdo de Asociación (ADA) entre la UE y Centroamérica. En su resolución el PE exigió “elecciones libres, justas y transparentes en un futuro próximo, con la presencia de observadores internacionales”.

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como “Magnitsky Nica” fue aprobada en diciembre del 2018, y establecido un plazo de 180 días para tomar sanciones contra el gobierno de Nicaragua. Dentro de ese plazo, en los primeros 90 días el Departamento de Estado debe enviar un informe al Congreso de Estados Unidos sobre el estado de la democracia y la violación a los derechos humanos. Ese plazo vencía el 21 de marzo, por ello, en el último día, la dictadura Ortega-Murillo aceptó discutir el tema del adelanto de las elecciones y las reformas electorales, satisfaciendo los reclamos de la ACDJ.

El plazo de los 90 días

De manera astuta, Daniel Ortega acordó liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días, es decir, los últimos 90 días de la “Magnitsky Nica”, para garantizar que el informe que el departamento de Estado debe enviar al Congreso de Estados Unidos en los próximos días, no incluya aprobar sanciones inmediatas contra altos funcionarios, como ocurre en Venezuela, sino prolongar al máximo las expectativas de una negociación, para evitar las sanciones del imperialismo, que dado el tamaño reducido de la economía nicaragüense, tendría consecuencias fatales para todos. Empresarios y gobierno Ortega-Murillo coinciden en la necesidad de evitar sanciones, que los perjudican a ambos.

Todo indica que pronto se darán a conocer acuerdos sustanciales, como el adelanto de las elecciones generales para el próximo año, y con ello comenzaría la reforma controlada de la dictadura, para instaurar un orteguismo sin Ortega. Veremos si lo logran, si se lo permitimos.

Por Diego Lynch

La crisis económica que se vive en Nicaragua ha venido deteriorando las condiciones de vida de las familias nicaragüenses. Los más afectados han sido los sectores económicos más empobrecidos, los trabajadores hemos tenido que pagar los platos rotos por el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con Daniel Ortega a la cabeza.

A pesar de las masacres y la represión constante en el año 2018, los dirigentes sandinistas manejan discursos populistas, aunque apliquen políticas económicas dirigidas a favor de los burgueses. Las ultimas políticas económicas, tanto en la Asamblea Nacional como en el Ministerio del Trabajo (MITRAB) acaban de echar la última palada de tierra contra los trabajadores.

Congelan Salario Mínimo

La legislación laboral en Nicaragua establece que la Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNSM) debe de reunirse cada seis meses para discutir el incremento al mismo. Sin embargo, desde que el FSLN llego al poder en el año 2007 esto no ha sido así, y de común acuerdo con la empresa privada han aprobado incrementos raquíticos para periodos más largos ( un año o dos, dependiendo del caso) para no afectar la bolsa de los empresarios.

 En el año 2019,  argumentando que existe una profunda crisis, los empresarios del COSEP y el gobierno han llegado a la desfachatez de acordar que no habrá incremento al salario mínimo, en clara violación a las leyes laborales, afectando aún más las criticas condiciones de vida de los trabajadores nicaragüenses: "La Comisión Nacional de Salario Mínimo en Nicaragua, presidida por Alba Luz Torres Briones, Ministra del Trabajo, acordó este jueves que no habrá aumento en el Salario Mínimo en los nueve sectores de la economía, incluida la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME)... Leonardo Torres, Presidente del CONIMIPYME manifestó que la intención es mantener el empleo actual y tratar de general nuevos empleos"(La Prensa; 7 de marzo del 2019).

Dirigentes Sindicales, los mayores traidores

Desde el 2007 hasta la fecha, los dirigentes sindicales (afines a Ortega y el Frente Sandinista) son quienes representan a los trabajadores en todas las reuniones ante la CNSM para negociar el incremento el salario mínimo. En Nicaragua se aplica anualmente una devolución del 5% del córdoba en relación al dólar, lo que afecta y acumula en el tiempo una pérdida del salario real, tomando en cuenta la dolarización de los precios y de la economía. No obstante, estos dirigentes sindicales vendidos siempre traicionan a los trabajadores, se amarran tanto con el gobierno como con los empleadores, práctica que llevan a cabo los sindicalistas tanto en la empresa privada como en el Estado. Estos dirigentes sindicales del FNT, la CST y otras centrales minoritarias son los más grandes traidores a la clase trabajadora, vendidos y serviles a la clase burguesa.

"El Frente Nacional de los trabajadores (FNT) presento la propuesta del aumento del 4 por ciento para las micro y pequeñas empresas y del 6.25 por ciento para el resto de sectores y al final termino firmando el acuerdo". (La Prensa; 7 de marzo del 2019).

Por otro lado, la Central Sandinista de Trabajadores (CST) en su momento propuso un ajuste diferenciado entre 3 y 8.25 por ciento, pero al acordarse el congelamiento del salario mínimo decidió no firmar. Sin embargo, aunque no se sumó a la política de consenso de los empresarios y el gobierno, no ha tomado una postura firme. No ha llamado a organizar la lucha por el aumento de salarios, sino que han expresado que interpondrán un Recurso de Amparo ante el Tribunal de Apelaciones, por el congelamiento del salario mínimo. La CST ha denunciado que el sector público y el gobierno central y municipal si recibieron su debido reajuste del 5%, por lo tanto, el resto de sectores merecen lo mismo. (Roberto González, Secretario General de la CST, Declaraciones para medios de comunicación. 12 de marzo del 2019).

Por un Incremento Salarial justo, conforme el costo de la vida

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos una denuncia pública por el pacto existente entre el Gobierno de Ortega,  y la burguesía empresarial de Nicaragua en torno al congelamiento del salario mínimo. El gobierno sandinista de manera brutal no solo reprime a los jóvenes y trabajadores, sino que ha aprobado leyes tributarias que suben los impuestos y gravan más productos de la canasta básica, ha incrementado la cuota del seguro social, aumentando el precio de los servicios básicos, lo que se traduce en mayor carestía de la vida.

No podemos permitir que los patrones continúen enriqueciéndose a costillas del trabajador y que los mal llamados dirigentes sindicales continúen utilizando a los trabajadores para negociar prebendas y traicionándoles para favorecer a sus aliados políticos y económicos. Es necesario iniciar un Paro Nacional de trabajadores y de esta manera obligar tanto al gobierno como a los empleadores a reformar las leyes tributarias, de seguridad social y aprobar un incremento al salario mínimo que logre cubrir cuando menos la canasta básica y que se equipare de manera porcentual a los salarios mínimos en toda Centroamérica.  La crisis económica debe recaer sobre la burguesía capitalista y la burguesía sandinista que son quienes tienen al país sumergido en la miseria.