Por Sebastián Chavarría Domínguez

El 28 de junio del 2018 los organismos “Hagamos Democracia” (HD) y el “Movimiento por Nicaragua” (MpN), encabezados por Luciano García y el jurista Gabriel Álvarez, respectivamente, hicieron pública su propuesta de plebiscito y reformas constitucionales como salida a la crisis que vive el país. Debido a la brutal represión del regimen dictatorial, dicha propuesta no ha tenido mayor trascendencia, pero muestran una tendencia que encierra algunos aspectos peligrosos que vale la pena discutir.

HD y el MpN forman parte de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ), y sus titulares forman parte del equipo de asesores de la ACDJ dentro del Dialogo Nacional, por lo que debemos analizar con mucha seriedad lo que encierra, en las condiciones actuales, la propuesta del plebiscito.

Al día siguiente, el organismo Etica y Transparencia (EyT) se pronunció en sentido similar, aceptando y avalando la propuesta de elecciones anticipadas, conforme el calendario planteado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Las piezas comienzan a coincidir en una misma dirección: aceptar que la dictadura Ortega-Murillo convoque a elecciones anticipadas.

La ruta del abandono de la consigna de renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo

Poco a poco, de manera no oficial, sin decirlo claramente, con muchos titubeos, las fuerzas que conforman a Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ), han venido abandonando gradualmente la consigna de la renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo.

El primer abandono se produjo con la “Agenda de Democratización”, presentada en el Dialogo Nacional el pasado 23 de mayo, que no incluyó como primer punto de agenda la renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo. A partir de ese momento, toda la agenda de la ACDJ comenzó a girar en torno a la exigencia de elecciones generales anticipadas. A pesar de que, en las negociaciones, Daniel Ortega insinuó la posibilidad de adelantar elecciones, hasta la fecha no existe una aceptación formal, sino más bien un estancamiento de las negociaciones porque el gobierno Ortega-Murillo trata de recuperar el control de los territorios liberados, por medio de la acción de bandas fascistas de paramilitares que siembran la muerte y el terror ante una insurrección desarmada.

El estancamiento de las negociaciones del Dialogo Nacional se debe a la tenaz resistencia que presenta la dictadura Ortega-Murillo, de no aceptar siquiera la propuesta de elecciones anticipadas, y que al contrario insiste en que de haber una “salida constitucional”, es decir, una salida negociada en el marco del sistema legal que la dictadura montó en los últimos 12 años. No obstante, observamos que la ACDJ en vez de subir el nivel de la protesta y la presión popular, llamando a intensificar los tranques, las marchas y las movilizaciones, convocando a un nuevo Paro Nacional, para doblarle el brazo a la dictadura, procede en sentido inverso: haciendo propuestas cada vez más conciliadoras y claudicantes.

La propuesta de HD y el MpN no es todavía una propuesta oficial de la ACDJ, pero proviene de sus principales asesores, y no ha sido rechazada ni desmentida oficialmente, lo que nos indica que puede ser un primer intento de filtrar ante la opinión publica la propuesta de plebiscito, como una “salida constitucional”.

Una premisa falsa

En el documento titulado “Ruta de salida a la crisis política que vive el país”, los proponentes HD y el MpN aclaran que dicha propuesta “(…) presenta parte de la solución de la crisis mediante la realización de un plebiscito. Esto significa que como resultado de un acuerdo político emanado del dialogo nacional entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se utilizaría este mecanismo de participación y decisión ciudadana, para consultarle al soberano, si está o no de acuerdo con que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo continúen en el poder”.

Como se puede observar, se ha abandonado completamente la ruta de exigencia de renuncia inmediata para convocar a elecciones anticipadas, para proceder a organizar un plebiscito, convocado por la Asamblea Nacional controlada totalmente por el gobierno Ortega-Murillo, es decir, bajo la existencia del gobierno asesino.

La propuesta de plebiscito y reformas constitucionales parte de una premisa que por el momento no existe: un supuesto acuerdo político dentro del Dialogo Nacional. Partiendo de esta realidad, la propuesta vino al mundo renqueando, completamente sorda y ciega.

Pero, para que nos los acusemos injustamente que le hacen el juego a la dictadura, los proponentes HD y MpN aclaran lo siguiente: “Está solución que se propone está completamente fundamentada en el marco legal y constitucional nicaragüense, en consecuencia, es aplicable como solución cívica y pacífica. Cabe hacer notar, que la solución aquí planteada, está indisolublemente asociada a la realización de elecciones presidenciales, de diputados, alcaldes, concejales municipales y concejales regionales, lo que implica como condición indispensable la existencia de voluntad política del presidente Daniel Ortega, sin ésta, la propuesta es inaplicable y solo quedaría como salida a la crisis la solución violenta ya sea por el aplastamiento de la rebelión de parte del gobierno o el triunfo de los insurreccionados por la fuerza social”.

Debemos de reconocer que, al menos, los proponentes son honestos, porque ellos se refieren sin ambages a una “salida cívica y pacífica”, dentro del “marco legal y constitucional nicaragüense”. No obstante, este ha sido el principal argumento de la dictadura Ortega-Murillo y que el asesor Paul Oquist repite en su gira internacional: una salida constitucional”.

También esta ha sido la petición del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, los cancilleres de la OEA, etc. Casi todos los gobiernos que se han pronunciado a favor de una salida constitucional, pacifica, cívica, mientras los Ortega-Murillo imponen más muerte y terror. Lo anterior implica que la propuesta de HD y la ACDJ comienza a repetir los mismos argumentos de estas fuerzas internacionales, separándose cada vez más de la exigencia de renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo, la consigna que mantiene vive la lucha contra la dictadura.

El Plebiscito en las condiciones actuales

Ninguna propuesta es mala per se, todo depende del momento en que se plantea. Después de las masacres cometidas en abril y mayo, la posibilidad de convocar a un plebiscito fue cerrada por la propia dictadura, que prefirió intensificar la represión y los asesinatos, antes de que el pueblo decidiera democráticamente.

Ahora, la única salida democrática posible es aquella que parte de la renuncia inmediata del gobierno asesino. Este es el problema central. En cambio, la propuesta de HD y el MpN, cierra los ojos a la realidad, y propone un plebiscito, como si estuviésemos en una situación donde reina la paz y la tranquilidad.

El problema toral no son las elecciones en sí, sino que en Nicaragua no existe un sistema electoral confiable. El control del FSLN sobre las instituciones es total, y jamás podemos descartar que, estando en el poder, el matrimonio Ortega-Murillo burlen los posibles controles y procedan a realizar otro fraude electoral.

El problema de convocar al plebiscito, en las condiciones actuales, es que no solo la convocatoria y realización del mismo se realizaría bajo la existencia del gobierno criminal, sino que también adicionalmente le da chance a que pueda legitimarse y terminar su periodo en el 2021.

Por ello la principal tarea democráticas es terminar con el gobierno Ortega-Murillo y proceder a continuación realizar los cambios necesarios para que el pueblo se exprese democráticamente.

Las reformas constitucionales: elecciones anticipadas y cambios en la Policía Nacional.

Según el cronograma planteado por HD y el MpN, en la primera quincena de julio correspondería a la Asamblea Nacional, controlada absolutamente por el FSLN y sus títeres, convocar al plebiscito mediante un decreto legislativo, ya que no requiere la firma de Daniel Ortega.

Paralelamente, debería reformarse la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para reducir el tiempo de las legislaturas de un año a seis meses, de manera tal que se cumpla con el requisito de las dos legislaturas para realizar la reforma constitucional. Todos estos son cambios en los procedimientos para aprobar la reforma al artículo 201 de la Constitución, que permita acortar el mandato de las autoridades electas en noviembre del 2016.

Pero, extrañamente, también proponen reformar el artículo 97 de la Constitución, de manera tal que el Presidente de la Republica no baje las instrucciones directamente al Jefe de la Policía Nacional, sino que lo haga por medio del Ministro de Gobernación, quien sería el supremo Jefe de la Policía Nacional. Esta propuesta es un retorno a la reforma constitucional de 1995, que le daba cierta autonomía a la Policía Nacional, la que en el fondo aceptaba o vetaba el nombramiento de Ministro de Gobernación. Es una propuesta amistosa para que los mandos de la Policía Nacional se desliguen del orteguismo en el periodo de transición.

En el mismo sentido, proponen reformar la Ley No 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, para que sea el Ministro de Gobernación quien nombre al Director, Subdirectores, al Inspector o Inspectora General de la Policía Nacional, quien otorgue grados y ascensos, disponga los retiros. En pocas palabras, esta reforma constitucional y de la Ley No 872 pretende que los altos mandos de la Policía Nacional nombren o tengan incidencia en el Ministro de Gobernación, quien no podría ejercer el cargo sin el visto bueno de la Policía Nacional.

¿Reforma o nuevo sistema electoral?

La propuesta de HD y el MpN contempla una reforma a la actual Ley Electoral. ¡Ese si es un gravísimo error! Dentro de las reformas propuestas está que se pueda impugnar los resultados electorales por la vía judicial.

La Ley Electoral fue aprobada en 1999 después de la firma del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, y fue la base de creación del nuevo sistema bipartidista que, incluso, le permitió al FSLN hacerse del control absoluto del poder. Esa Ley Electoral, que todavía está vigente, creo restricciones para la formación de partidos políticos, y elimino el sistema de representación proporcional.

No se debe reformar la Ley Electoral, sino derogarla y aprobar una nueva Ley Electoral, pero esta tarea debemos hacerla cuando caiga el gobierno asesino, y no antes.

La destitución y nombramiento de nuevas autoridades

Dentro del cronograma propuesto por HD y MpN se contempla también, durante la primea quincena de julio, la destitución y nombramiento de nuevos de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destitución y nombramiento de Fiscal General y su adjunto, los que se realizarían antes del plebiscito, y conforme la Constitución actual correspondería a la Asamblea Nacional, dominada absolutamente por los diputados del FSLN y sus aliados.

Esta propuesta conciliadora pretende convencer al gobierno Ortega-Murillo que los nuevos magistrados deben ser electos por consenso, mediante una negociación. Es el mismo guion contemplado en la Agenda de Democratización que la ACDJ presentó el 23 de mayo ante el Dialogo Nacional.

Un orteguismo sin Ortega-Murillo

La propuesta de HD y el MpN es indecente, claudicante y da margen a que el aparato represivo del orteguismo se conserve. Busca un simple cambio de poder ejecutivo, realizar unas cuantas reformas, para que todo siga igual.

Para democratizar Nicaragua se requiere, no un simple cambio de gobierno, sino el cambio total de las instituciones del Estado, y esto solo se puede lograr mediante la renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo y mediante la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente, que elija un gobierno provisional, mediante se redacta la nueva Constitución y se convoca después a elecciones generales, bajo nuevas reglas democráticas.

Por Zacarías Noguera

El país vive momentos cruciales. La lucha entre las fuerzas democráticas y la dictadura lleva dos meses de álgidos enfrentamientos. El saldo de muertos y heridos por las fuerzas criminales del dictador es enorme y cada día que pasa se incrementa envolviéndonos en un baño de sangre que parece no tener fin. Ortega ha sacado las uñas y ha presentado ante los nicaragüense s y el mundo entero su faz perversa y criminal. No le ha temblado el pulso para mandatar a sus huestes a realizar asesinatos a diestra y siniestra con el objetivo de aterrorizar a la población y mantener por ese medio un poder desgastado, ilegítimo y repudiado nacional e internacionalmente.

Por este empecinamiento de Ortega podríamos afirmar que los nicaragüenses estamos a las puertas del infierno. Nuestras aspiraciones democráticas han desatado la furia del dictador y su malévola esposan quienes han armado bandas de paramilitares para crear destrucción y muerte por todo el país. El uso del terror es tan intenso que en algunos barrios de Managua y en algunos municipios del país se pueden apreciar escenas apocalípticas.

A esto hay que sumarle el galopante deterioro económico de la nación. Fuga masiva de capitales, negocios que cierran, con la subsiguiente oleada de desempleo, escasez de productos, carestía de los mismos, dificultad para movilizarnos y transportarnos de un lugar a otro para hacerle frente a nuestras necesidades.

En caso de que esta situación se prolongue se corre el riesgo que el país colapse y con las bandas de criminales sueltos el terror se incremente a niveles inauditos e insoportables generando que los nicaragüenses soportemos en vida los horrores del infierno. Por tanto, la situación exige, demanda, una solución rápida que resuelva de una vez por todas los problemas estructurales que son la fuente de la enorme crisis de gobernabilidad que estamos viviendo.

Existen varias propuestas de solución sobre la mesa, aunque la que sostienen quienes ocupan los espacios públicos, es buscarle la salida a Ortega sin afectar el marco constitucional mediante el adelanto de elecciones. En aras de ello se han conformado mesas de trabajo donde dialogan personeros del gobierno y representantes de la empresa privada, de los estudiantes, de la sociedad civil y de los campesinos, escogidos por el dedazo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien actúa como facilitadora, mediadora y testigo de este intento de que el gobierno y los opositores se pongan de acuerdo para la salida “constitucional y suave” de Ortega del poder.

Por su parte el pueblo se moviliza en las calles, estableciendo tranques, barricadas, poniendo los muertos y gritando unánimemente “que se vaya Ortega y la chayo”. Esta es la demanda popular, la causa por la que miles de ciudadanos armados solamente con el coraje, piedras y morteros han enfrentado a las huestes asesinas del orteguismo. Pero mientras ellos levantan los tranques y los defienden con su vida, los señores obispos de la CEN, los miembros de la Alianza Cívica, el gobierno gringo grita al unísono que la solución y la ruta de la democracia pasa por el adelanto de las elecciones sin afectar el marco constitucional y preservando la estadía de Ortega en el poder hasta que se realicen estas elecciones adelantadas.

En el fondo esta posición lo que sostiene es a largo plazo preservar el orteguismo, como sistema y en el corto plazo que el dictador se mantenga intacto en su silla presidencial y desde su bunker siga emitiendo las órdenes a sus pandillas de criminales para que sigan masacrando, por nueve meses más como mínimo a los luchadores que bravíamente están demandando democracia y justicia en Nicaragua.

Pero el problema de la ruta que nos están recetando para que nos la traguemos como un purgante nuestros representantes en el diálogo, además de ser una traición a esta hermosa gesta por la democracia, es también una estupidez que no representa ninguna solución y por el contrario solamente proveerá más sufrimiento y dolor a las familias nicaragüenses. Nueve meses como mínimo de permanencia de Ortega en el poder significa lo siguiente: incremento de los asesinatos a los luchadores por la democracia, profundización de la crisis económica, con su secuela de desempleo y hambre, caos e inseguridad elevado al máximo convirtiéndonos en rehenes de pandillas de mareros fuertemente armados que asolarán en todo el territorio nacional robando nuestros bienes y masacrando a quien se le oponga.  Esa, sin duda, es la ruta hacia el infierno.

La verdadera ruta hacia la democracia pasa por lo siguiente: a) en primer lugar la salida inmediata y sin condiciones del carnicero: b) la instauración de un gobierno provisional ejercido principalmente por representantes de los luchadores; c) disolución de los poderes del Estado orteguista (asamblea nacional, CSE, CSJ, fiscalía, contraloría, etc.); d) enjuiciamiento por tribunales especiales a los criminales y corruptos; e) Convocatoria a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, que en un lapso no mayor de 3 meses redacte la nueva constitución que contenga los anhelos democráticos del pueblo nicaragüense; f) Con nueva constitución convocatoria a elecciones de autoridades nacionales, regionales y municipales; g) reconstrucción de la nueva Nicaragua. Esta es la ruta de la democracia y el desarrollo.

Esta ruta implica obligar a Ortega a rendirse, es decir, requiere una profundización y ampliación de la lucha actual utilizando todas las formas de lucha posible hasta lograr la  caída del dictador. Pero los nicaragüenses en esta encrucijada no tenemos alternativa, no asumirla solamente nos depara que marchemos rumbo al infierno.

Por Zacarías Noguera

La revolución democrática que actualmente se vive en nuestro país ha utilizado una variedad de eficaces métodos de lucha, que van desde el uso masivo de las redes sociales para informarse y establecer mecanismos de coordinación y articulación, así como gigantescas movilizaciones, marchas de madres, cacerolazos, etc. Sin embargo, la forma principal de presión y enfrentamiento a la dictadura ha sido el tranque. Barricadas de adoquines, de piedras con maderas, de promontorios de tierra han surgido a lo largo y ancho del territorio nacional para impedir la circulación de vehículos y personas afectando considerablemente la economía global y sobre todo la articulación y coordinación del Estado en los diferentes territorios que conforman nuestra geografía.

Esta forma de lucha tiene ventajas extraordinarias dado que su montaje y sostenimiento no requiere de grandes recursos y se estructura sobre todo en base a la disponibilidad de movilización de los pobladores. Un tranque no requiere mantenimiento y la logística para su sostenibilidad es mínima. Basta con que un grupo de pobladores cuente con el apoyo de la población circunvecina para que el tranque se mantenga y pueda ejercer su papel de impedir el libre tránsito de vehículos, afectando el desenvolvimiento de todas las actividades vinculadas en ese territorio. Los tranques llevan dos meses de estar instalados en casi todo el territorio nacional. Algunos han sido desmontados, otros, la mayoría, se mantienen firmes y, en algunos territorios, incluso se han incrementado.

Por su parte, Ortega sin poder contar con el apoyo abierto del Ejército y con una Policía desbordada por los acontecimientos, se ha visto obligado para mantenerse en el poder, a estructurar un ejército irregular de paramilitares recurriendo a viejos cuadros leales y a pandilla de lumpenes reclutados en los barrios de Managua y de otros municipios del país. El principal objetivo de este ejército ilegal es desmontar los tranques y aniquilar la revolución democrática. Este ejército irregular es costoso. Implica gastos extraordinarios en salarios, logística y movilización. El sostenimiento del mismo implica una hemorragia de las finanzas públicas, que es la principal, sino la única, fuente de financiamiento de Ortega en esta crisis.

Con la crisis económica que se profundiza y con algunos brotes de desobediencia civil, que influye en una disminución significativa de los ingresos del Estado, este ejército irregular es insostenible en un mediano y hasta corto plazo. Por lo que Ortega se está viendo obligado a impulsar una guerra relámpago con operaciones limpieza en los territorios donde los tranques dominan. Ortega no tiene capacidad de enfrentar una resistencia prolongada, lo que sumado a su absoluto aislamiento político, permite prever fácilmente su inevitable derrota, a menos que lograra desmontar los tranques en un plazo muy corto. Sin embargo, a pesar de tener pocas posibilidades de triunfar, la capacidad de Ortega para  hacer daño al país es inmensa y todo parece indicar que este es su cometido principal, en la víspera de su salida del poder.

En esta crisis, Ortega lo que aprecia es un gran campo de batalla, es decir una guerra, donde dos ejércitos se enfrentan, uno formado por sus bandas de criminales y otro formado por los sectores populares que montan y defienden los tranques. Por tanto, actúa en consonancia a su esquema mental, movilizando y concentrando sus fuerzas militares para doblegar y aniquilar al enemigo. A los luchadores por la democracia no nos queda otro camino que abordar de la misma manera el problema. Debemos adquirir conciencia que estamos en una batalla cuyo objetivo político (la guerra es la política por otros medios) debe ser lograr el desarme, la rendición y la salida de Ortega del gobierno.

En esta insurrección popular, las fuerzas que luchan por la democracia tienen una ventaja estratégica considerable: dominan y controlan la mayor parte del territorio, han afectado de manera considerable las fuentes de financiamiento del enemigo, han desarticulado en muchos territorios la coordinación y la movilidad de las fuerzas de la dictadura y, con la presencia de las combativas mujeres nicaragüenses  han golpeado la moral combativa de las tropas de la dictadura. Las posibilidades de un reacomodo que modifique esta correlación de fuerzas que garantizan la derrota de Ortega son casi inexistentes pero no imposibles. A medida que la lucha se profundiza,  la dictadura recurre a métodos militares tratando de  someter  a las fuerzas democráticas mediante el exterminio de sus cuadros más combativos y el terror sobre la población que los apoya. La reacción inevitable  a esta oleada criminal de represion por parte de la dictadura, es que las fuerzas insurrectas incrementen su capacidad de resistencia en ese terreno, independientemente de la dirección pacifista que tienen actualmente. Para los luchadores de los tranques asumir  la resistencia violenta,  o sea armada, es un asunto de  sobrevivencia y sostenimiento de sus posiciones. Obligados por la necesidad tienen que abandonar,  y en algunos casos ya lo han hecho, las concepciones pacifistas que simplemente los vuelve carne de cañón ante una turba de asesinos despiadados.

Si se pretende triunfar contra un enemigo despiadado, se deben de obtener los medios para lograrlo. Si se quiere mantener las posiciones, elevar la moral combativa del pueblo, eliminar el terror y contragolpear fuertemente a un enemigo despiadado es necesario que los tranques discutan las nuevas formas de lucha. La situación ha madurado a una nueva etapa. Ya no se lucha contra policías de línea antimotines que llevaban escudos y disparaban gases lacrimógenos, a los cuales las piedras y los morteros afectaban considerablemente. Ahora la lucha es contra fuerzas de choque tipicamente fascistas que usan tácticas militares portando armas de guerra de grueso calibre,  con la pretensión de eliminar sin piedad cualquier foco de resistencia. Las piedras, las huleras y los morteros tienen muy poca o nula efectividad en esta situación. La única manera de repeler y golpear al enemigo es recetarle caldo de su misma medicina.

Ha llegado la hora: ¡la revolución democrática debe armarse para desarmar al asesino!!

Por Victoriano Sánchez

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunido en Washington, conoció finalmente el informe oficial de la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) realizada a mediados de mayo, el cual fue ampliado con las ultimas atrocidades cometidas por el gobierno Ortega-Murillo. Todos los discursos de los cancilleres, salvo Nicaragua, Venezuela y Bolivia, aprobaron el informe y fueron coincidentes en condenar la evidente violación de los derechos humanos en Nicaragua. Un motivo de alegría nacional.

El medio vuelto: elecciones anticipadas

Pero esta condena simbólica al gobierno Ortega-Murillo, --porque no tomaron ni una sola acción vinculante--, no fue desinteresada. Detrás de los discursos va escondido el “medio vuelto”. Detrás de los discursos críticos, se esconde la letal política central del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ahora repiten en coro, con diferentes entonaciones, casi todos los cancilleres de la OEA: que es necesario convocar a elecciones anticipadas en Nicaragua.

Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, quien salió abruptamente de Nicaragua sin brindar declaraciones, en su discurso reiteró la política de Estados Unidos en Nicaragua: “(…) es necesario llevar a cabo reformas democráticas y tener elecciones justas e imparciales (..) queremos que la secretaria general de la OEA apoye la reforma de las instituciones democráticas en Nicaragua, especialmente las instituciones electorales (…) la violencia y la pérdida de vidas en Nicaragua, requiere de reformas democráticas (…) apoyamos el Dialogo impulsado por la Iglesia (…)” (transcripción del discurso)

Estas declaraciones confirman que Estados Unidos no está interesado en derrocar a Daniel Ortega, sino que este ponga fin a la convulsión social para realizar reformas democráticas y convocar a elecciones anticipadas. Esta es la famosa salida constitucional que prolonga la vida del gobierno Ortega-Murillo.

Luis Almagro, el controversial secretario general de la OEA, abrió la partitura, intentando convencer a Daniel Ortega que debe convocar a elecciones anticipadas. Almagro dijo: “(…) se necesita una respuesta política, esencialmente una respuesta política desde el poder.  En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular, es la voluntad popular la que debe prevalecer, hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. Las elecciones deben ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua, el paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte” (La Prensa, 22/06/2018)

Por una extraña coincidencia, ni el diario La Prensa, tampoco el Nuevo Diario, publicaron el calendario propuesto por Almagro. Las elecciones anticipadas, según Almagro, deberían realizarse “(…) en un plazo mínimo de nueve meses, dada la necesidad de rehacer el registro electoral, y en un plazo máximo de catorce meses". (Europa Press, 22/06/2018)

¿Daniel Ortega organizaría las elecciones anticipadas?

Todos estos aspectos se discutieron allá en Washington. Los cancilleres de la OEA, bajo la conducción de Estados Unidos, adoptan políticas y toman decisiones sin tomar en consideración el sentimiento general del pueblo de Nicaragua, que exige como primer paso, antes de convocar a elecciones democráticas, terminar inmediatamente con el gobierno asesino.

Esta es la manzana de la discordia. En condiciones normales, una crisis política deber resolverse por la vía democrática, por medio de elecciones, pero en el caso de Nicaragua hay una diferencia sustancial: el sistema electoral y el conjunto de las instituciones del Estado están corruptas hasta la medula.

El plazo de nueve a catorce meses, propuesto por Almagro, coincide con la propuesta de adelanto de las elecciones generales que los obispos, como mediadores del Dialogo Nacional, presentaron en su oportunidad a Daniel Ortega. Esta propuesta, de materializarse, le daría un año más de vida al gobierno Ortega-Murillo, cuando la mayoría del pueblo exige la renuncia inmediata del matrimonio presidencial.

Nadie responde la pregunta si el gobierno Ortega-Murillo sería el encargado de convocar y organizar las elecciones anticipadas. Todos cierran los ojos o vuelven a ver hacia el cielo. Evidentemente, un gobierno con antecedentes de sucesivos fraudes electorales y con las manos manchadas de sangre, no sería idóneo para un asunto tan crucial como convocar y organizar elecciones anticipadas.

El sistema electoral debe ser reformado de manera urgente, pero una verdadera reforma democrática jamás se logrará bajo el gobierno Ortega-Murillo. La principal tarea sigue siendo terminar de manera inmediata con el gobierno asesino.

Los empresarios maniobran desde la Alianza Cívica

En una conferencia de prensa el día 22 de junio, la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) se mostró contenta por la resolución de los cancilleres de la OEA en torno al implacable informe de la CIDH, pero en relación a la propuesta de Almagro, en el sentido de convocar a elecciones anticipadas, se limitaron a decir: “(…) Los temas electorales también abordados en esta sesión extraordinaria (del Concejo Permanente de la OEA) están en la agenda de la mesa electoral del Dialogo Nacional y es ahí de donde debe salir el calendario final de las elecciones y otros temas afines (…)”. (transcripción de conferencia de prensa)

No se oponen a la propuesta de elecciones anticipadas, convocadas y organizadas por Daniel Ortega, simplemente se limitaron a decir que es el Dialogo Nacional quien debe resolver sobre las fechas. ¡Nada más!

Poco a poco van acercándose a la coincidencia total con la OEA. La ACDJ es una coalición formada por grupos empresariales (COSEP, AMCHAM y FUNIDES) y grupos estudiantiles más algunas importantes organizaciones de la sociedad civil, como el movimiento campesino anticanal. A pesar que la lucha democrática la iniciaron los estudiantes, al final los empresarios son quienes llevan la voz cantante y conducen la filigrana de las negociaciones, respaldados por la Iglesia Católica. Los grupos estudiantiles y los movimientos sociales han venido perdiendo su independencia política y la beligerancia, en la medida que aceptaron que se quitara como primer punto de la agenda la renuncia inmediata de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Todavía es tiempo de corregir ese rumbo desastroso.

Por esas ironías de la historia, los empresarios han tomado el control de las negociaciones, aunque no dirijan la lucha de los tranques y las barricadas. Está contradicción, de continuar, puede resultar fatal para la lucha democrática.

Y es que no podemos auto engañarnos. Desde el inicio de la crisis, sin el menor rubor, los capos de los principales grupos empresariales (Pellas, Coen, Ramiro Ortiz, Antonio Baltodano) se pronunciaron por un adelanto de las elecciones, y nunca han dicho o insinuado que el gobierno Ortega-Murillo debe renunciar inmediatamente. Al contrario, trabajan discretamente para que en el Dialogo Nacional se adopte la decisión de convocar a elecciones anticipadas para marzo del 2019, dándole una bocanada de aire al moribundo gobierno Ortega-Murillo. Esto no se nota a simple vista porque Daniel Ortega ha estado resistiendo, matando gente, esperando una negociación global con el gobierno de Estados Unidos, con el aval de la OEA y la ONU y, por supuesto, previo acuerdo con los principales grupos económicos.

Los empresarios se inclinan por el adelanto de las elecciones porque temen profundamente al proceso de revolución democrática en curso. El miedo a los luchadores de los tranques los lleva a aceptar la prolongación de la vida del gobierno Ortega-Murillo por un año más, se niegan a exigir la renuncia inmediata del gobierno asesino.

De esta forma, las piezas de la negociación comienzan a coincidir en un solo punto: elecciones anticipadas bajo el gobierno asesino. Mientras tanto, el gobierno aprovecha para continuar su ofensiva militar para desmantelar los tranques a balazos.

Por un Paro Nacional de 72 horas

El Paro Nacional del 14 de junio fue un éxito total. Debemos escalar la presión social contra el genocidio. Para detener la ofensiva criminal contra los tranques, para obligar a Daniel Ortega a detener a sus huestes criminales, los organismos de la sociedad civil y quienes están luchando en los tranques debemos convocar a un Paro Nacional de 72 horas, única forma de parar la represión y avanzar hacia el objetivo central: la renuncia inmediata del gobierno Ortega-Murillo.