Por Victoriano Sánchez

Casi nueve meses después de la masacre del 19 de abril del 2018, después de una reunión secreta con los empresarios Alfredo Pellas, Antonio Baltodano, Enrique Zamora y Ramiro Ortiz, y con la presencia del nuncio apostólico Stanislaw Waldemar  y el Cardenal Leopoldo Brenes, el dictador Daniel Ortega dio a conocer que el Dialogo Nacional se reinstalaría el 27 de febrero del año en curso.

Ortega-Murillo: matar, encarcelar, resistir al máximo … para mejor negociar

El repudio a la masacre estudiantil del 19 de abril del 2018 dio paso a la insurrección popular y a un enfrentamiento abierto contra la dictadura Ortega-Murillo. Ante la intensidad de la protesta popular, el gobierno retrocedió, convocó a un Dialogo Nacional que fue inaugurado el 16 de mayo. Necesitaba ganar tiempo para derrotar la insurrección desarmada.

Después suspendió las negociaciones en el Dialogo Nacional y organizó una contraofensiva militar contra los tranques y barricadas, con el objetivo de aplastar la insurrección popular que, no solo no tenía armas, sino que tampoco tenía una conducción revolucionaria centralizada. Durante los meses de junio y julio del 2018, las tropas especiales de la Policía Nacional, apoyadas por un pequeño ejército de paramilitares, procedió a matar y sembrar el terror en todos aquellos municipios que se habían sublevado. Después de realzar la operación limpieza, comenzó la cacería de dirigentes estudiantiles y el inicio de procesos penales que no fueron más que una revancha contra los líderes estudiantiles que encabezaron el movimiento social de la insurrección popular.

El gobierno Ortega-Murillo logró aplastar militarmente la insurrección desarmada, obligando a las masas populares a replegarse. En el último trimestre del 2018, la dictadura también logró imponer la desmovilización, prohibiendo las manifestaciones, cerrando medios de comunicación y persiguiendo a los opositores.

Las constantes negativas de Ortega-Murillo, en el sentido de oponerse públicamente a cualquier reinicio de una negociación política, dio la falsa sensación de que la dictadura estaba fuerte y que había logrado derrotar estratégicamente al movimiento popular.

Trump aprovecha y toma la delantera

Durante el año 2018, la llamada comunidad internacional solo emitió declaraciones de condena contra las masacres ordenadas por Ortega-Murillo, la OEA no tomo una sola medida practica que significara un debilitamiento real de la dictadura.

Una vez que Ortega-Murillo hicieron la labor sucia de reprimir, masacrar y encarcelar, el gobierno de Donald Trump paso a la ofensiva política, redoblando las presiones diplomáticas, aplicando sanciones a altos funcionarios, incluida la propia Rosario Murillo.

La crítica situación económica, la estampida de capitales que sacan los dólares, y las presiones diplomáticas, al final de varios meses tuvieron el efecto de acorralar a la dictadura, empujándola hacia la mesa de negociaciones.

El problema es que a finales del 2018 se produjo un cambio profundo en la correlación de fuerzas. Ya no es el movimiento de masas quien está a lo ofensiva, sino que ahora es el gobierno de Estados Unidos quien impone la agenda y los mecanismos de negociación.

En ese sentido, el Dialogo Nacional convocado para el 27 de febrero es completamente distinto al Dialogo Nacional convocado el 16 de mayo, cuando las masas estaban en ascenso, presionando en las calles por obtener la renuncia del gobierno Ortega-Murillo.

Ortega-Murillo, por supuesto, están gozosos que su estrategia de engaños y balazos dio los resultados esperados. Con la represión y las masacres no solo lograron sobrevivir el año 2018, sino que también maniobran para alargar las negociaciones al máximo, sobrevivir el año 2019 y si es posible llegar hasta el año 2020.

La traición de la Alianza Cívica

El anuncio de reinstalación del Dialogo Nacional cayó como rayo en cielo sereno. Si bien es cierto, era una noticia esperada, porque por todos lados se oían los crujidos del aparato estatal en crisis, nadie esperaba que se hiciera tan evidente el hecho que en las semanas anteriores se había producidos negociaciones secretas con los grupos empresariales y directamente con el gobierno de Estados Unidos, cuando vino a Nicaragua una delegación de alto nivel del Departamento de Estado, poniendo un tiempo límite para el reinicio de las negociaciones políticas.

Pero lo más vergonzoso ha sido que la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) no solo estaba al tanto de las negociaciones secretas, sino que también ha aceptado el formato impuesto por la dictadura, en acuerdo con los grupos empresariales.

Después del aplastamiento militar de los tranques y barricadas, cuando decayó la movilización, la ACDJ entró en una profunda crisis. Muchos de los movimientos sociales que participaban en la misma se retiraron, algunos con fuertes críticas al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) porque siempre frenaron las movilizaciones y mantenían contactos secretos con la dictadura.

Cuando el empresario Enrique Zamora dio a conocer que el Dialogo Nacional se reiniciaría el 27 de febrero del 2019, los miembros de la ACDJ no solo guardaron silencio, no hicieron una sola critica, sino que aceptaron a pies juntillas lo que Ortega-Murillo habían negociado con los empresarios y con los delegados de Estados Unidos.

Otra estocada a la UNAB

En los momentos más intensos de la represión, en octubre del 2018 fue creada la “Unidad Nacional Azul y Blanco” entre la ACDJ y la Articulación de Movimientos Sociales, con el objetivo de superar diferencias y dar paso a la recuperación de la movilización en las calles.

No obstante, desde el inicio el COSEP boicoteó todas las actividades de la UNAB, convirtiéndola en un organismo en crisis, y sin posibilidades de luchas contra la prohibición de realizar manifestaciones en las calles.

Pero a raíz del anuncio de la reinstalación del Dialogo Nacional el 27 de febrero, la crisis en la UNAB es mucho más grande, porque la ACDJ nunca informó de la existencia de negociaciones secretas, y además porque aceptó el hecho que fueran excluidas del futuro Dialogo Nacional otras fuerzas representativas de los movimientos sociales.

Sin exigencias o precondiciones mínimas

Lo más grave de esta situación es que la ACDJ ni siquiera exigió condiciones mínimas para entrar al Dialogo Nacional. Aunque la represión ha bajado de intensidad se mantienen las capturas, secuestros y el enjuiciamiento penal contra luchadores populares.

Una de las grandes exigencias es la liberación de lo mas de 700 presos políticos, mediante la anulación de los procesos penales fraudulentos en contra de los dirigentes estudiantiles y populares. No obstante, la ACDJ se mantuvo callada, después publicó un comunicado que luchara por la libertad de los prisioneros.

Otra de las exigencias populares es la restitución de todos los derechos democráticos y garantías constitucionales, los cuales han suspendidos en los hechos, sin existir una declaratoria de Estado de Emergencia. Lo que más demanda la población es el cese de la represión y de la militarización, para poder ejercer el derecho de la libre movilización en las calles.

Otro aspecto determinante es que las futuras negociaciones serán secretas, ya no serán públicas, el pueblo no podrá conocer que se discute, y cuáles son los resultados de las discusiones, lo que conocerá son los efectos o conclusiones. En cualquier negociación, para evitar traiciones, las discusiones deben ser públicas, como lo fueron en el Dialogo Nacional pasado, aunque no le guste al dictador. No solo deben ser públicas las negociaciones, sino que debe haber un mecanismo de consulta o ratificación por parte del pueblo, y eso no existe.

La instauración de un orteguismo con Ortega o sin Ortega

Cada vez está más claro porque Estados Unidos y la OEA toleraron todas las tropelías de la dictadura Ortega-Murillo, y solo se limitaron a las condenas verbales sin tomar una sola medida practica en su contra. Lo único que demanda la administración Trump es la convocatoria de elecciones anticipadas, vigiladas internacionalmente, es decir, un simple cambio de personas en el gobierno. Los empresarios también coinciden en este punto, nunca les ha interesado la democratización real del país.

Les tiene más miedo a las masas populares que a la dictadura. No quieren que se repita, bajo ninguna circunstancia, la experiencia de 1979 cuando las masas populares derrocaron a la dictadura somocista y con ello destruyeron al Estado burgués.

Estados Unidos, por un lado, y los grandes grupos empresariales, por el otro, no quieren cambios revolucionarios, solo quieren una reforma del régimen dictatorial. Por eso se hicieron de la vista gorda mientras Ortega-Murillo imponían el orden a balazos, matando, secuestrando y obligando a miles a irse al exilio. En el fondo, lo más que aspiran es volver al estado de cosas del año 2007, antes que Ortega asumiera el poder.

Los empresarios quieren orden y disciplina, por eso quieren conservar la Policía Nacional y el Ejército Nacional (EN), como instrumentos represivos capaces de garantizar el orden social. No quieren su destrucción, solo su reorganización.

No debemos olvidar que los empresarios nicaragüenses siempre han sido una clase burguesa cobarde, que nunca ha peleado una institucionalidad que le permita resolver democráticamente sus contradicciones con otros sectores burgueses. Los grandes grupos económicos, ahora la oligarquía bancaria y financiara, son los responsables directos del nacimiento y consolidación, primero de la dictadura somocista y después de la dictadura orteguista.

Por Diego Lynch

En abril del 2018, el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional a través de un Decreto Presidencial (03-2018) reformo la Ley de Seguridad Social, en las cuales se establecía un aumento en las cotizaciones y una deducción del 5% a las pensiones, así como un incremento en el porcentaje de cotización, tanto para el trabajador como para el empleador. (El Nuevo Diario; 20 de abril del 2018)

Ante dicha decisión emanada por el Ejecutivo se dio un estallido social liderado por la comunidad estudiantil universitaria y seguido por la población en general hasta lograr la derogación de dichas reformas, dejando a su paso la muerte de muchos jóvenes y creando un sistema represivo por parte de Daniel Ortega y la Policía Nacional que hasta la fecha continúa imponiendo terror y cárcel para todo aquel que pretenda levantar su voz en contra del Gobierno.

Imponen nuevas reformas

El 28 de enero del 2019, El Frente Sandinista retomo dichas reformas y las propuso nuevamente mediante el Decreto Presidencial 06-2019, mandándolas a publicar en La Gaceta Diario Oficial y entrando en vigencia el primero de febrero del 2019.

Sin embargo, estas nuevas reformas son aún más fuertes que las publicadas y luego derogadas en el 2018, ya que anteriormente el aumento en el porcentaje de cotización que harían los trabajadores y empleadores seria de manera gradual, ahora con las nuevas reformas será inmediato. En la actualidad la economía del país se encuentra deteriorada y los trabajadores no logran subsistir con los bajos salarios que durante años el Gobierno pacto con la Empresa Privada, lo que conlleva a que sean mayor la afectación al salario con la deducción que se les hará.  Con esto el Gobierno alega que salvara al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sin embargo la hace a costillas del trabajador y pretende castigar a su eterno aliado (Los Empresarios), y no se preocupa por recuperar el dinero que ha salido a manera de préstamos para los allegados y testaferros de la familia gobernante (Ortega y Murillo), quienes usan al INSS como una banca privada y se han venido robando el dinero de los cotizantes, práctica que se ha dado desde los gobiernos Liberales hasta la actualidad con el Frente Sandinista.

Según Roger Murillo Sandoval, Experto y Consultor en Seguridad Social, estas reformas endeudaran al Estado más que las propuestas en el 2018. "Las Reformas obligan al Estado a aportar más fondos al INSS y reduce esos recursos, que bien podían destinarse a otros rubros. La cuota del Estado actual es de 0.25 por ciento por la cotización de afiliados obligatorios al régimen integral, ahora es de 1.75 por ciento. si el Estado no fue capaz de honrar su obligación con el INSS cuando debía aportar 0.25 ¿cómo va hacer ahora con 0.75 por ciento y con una economía al borde del colapso, sin financiamiento exterior seguro y con amenazas de sanciones económicas de los principales cooperadores? (La Prensa, 29 de enero del 2019).

Crisis la pagan los trabajadores

Ante esta situación, la crisis siempre la terminan pagando los trabajadores, quienes en el mejor de los casos verán reducidos sus ingresos, y en el peor de ellos quedarán sin trabajo. Ya los empresarios se han pronunciado ante dichas reformas, las que junto a las reformas tributarias que pretende imponer Ortega, expresando que será necesario realizar recortes de personal con la excusa de que las empresas no serán sostenibles.

El Gobierno piensa que esta medida es un castigo a los empresarios por haber apoyado las protestas, pero estos (empresarios) jamás pierden ya que la diferencia que pagaran la recuperan al despedir trabajadores y aumentar los precios de los productos de sus empresas o los costos de los servicios que prestan, afectando siempre a las familias nicaragüenses.

Que la crisis del INSS la paguen los ricos

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) está claro de que salvar la seguridad social es de vital importancia, no solo en Nicaragua sino en todos los países para garantizar pensiones dignas a todos los jubilados y una atención medica de calidad para toda la población; sin embargo, esta la deben asumir el Gobierno y los grandes empresarios que han sido aliados de Ortega. Es necesario quitar las pensiones vitalicias que reciben los ex-presidentes, hay que recuperar el dinero que se han robado de las arcas del INSS los Gobiernos Liberales y ahora el Gobierno Sandinista, disfrazados de préstamos para grandes inversiones y que jamás se pagan. que sean los empleadores los que asuman el porcentaje que se le está cobrando de más a los trabajadores ya que estos (empleadores) siempre recuperan la cantidad desembolsada en los precios de sus productos y/o servicios. No más abusos contra los trabajadores y las familias nicaragüenses, que la crisis la paguen los Burgueses!!!!

Por Melchor Benavente

Durante el mes de diciembre del 2018, la dictadura Ortega-Murillo intensificó los niveles de represión contra los activistas populares, llegando al extremo de cancelar la personalidad jurídica de más de 10 ONGs, cerrar el canal 100% noticias, encarcelar y procesar a sus directivos, allanar y cerrar las oficinas del semanario Confidencial, etc.

Represión y crisis económica

La dictadura ha recuperado el control total, prohibiendo marchas y manifestaciones, encarcelando a quien ose desafiar la represión. Pero la situación de normalidad es aparente. La crisis económica continúa acentuándose, y se revela de manera clara en la reducción constante del nivel de las reservas internacionales, que son el sostén de la estabilidad del córdoba. La fuga de capitales es una manifestación clara de la desconfianza de los empresarios hacia el gobierno y hacia la situación política. Los niveles de desempleo han aumentado, creando una situación potencialmente explosiva.

Erosión política de la dictadura

Aunque la dictadura ha recuperado el control de la situación política, no ha recuperado la conciencia ni las simpatías de la gente. Una reciente encuesta de CID-GALLUP, del mes de enero del 2019, nos indica que más del 60% de la población quiere elecciones anticipadas para elegir un nuevo gobierno. También reflejó una desmoralización de la militancia de base del FSLN. El voto cautivo o intención de voto siempre ha rondado cerca del 38%, ahora ha bajado a un 25%. Una caída significativa que puede tener resultados fatales si la dictadura cede la realización de elecciones anticipadas.

Aislamiento internacional

La dictadura Ortega-Murillo no solo ha sufrido una significativa erosión en su tradicional base de apoyo social, sino que se encuentra aislada a nivel internacional. La mayoría de los países miembros de la OEA han iniciado la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, de la misma manera que lo han hecho con Venezuela. Este es un mecanismo de enorme presión diplomática, que puede profundizar el aislamiento de Nicaragua, con graves consecuencias económicas.

Estrategia de resistir al máximo

Desde el estallido de la insurrección desarmada en abril del 2018, la dictadura Ortega-Murillo ha tenido una estrategia clara de resistir al máximo para poder negociar en una mejor correlación de fuerzas. Esta decisión no es una locura política de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, sino que obedece a un cálculo frio. La culpa sandinista siempre ha negociado al borde del abismo, se resiste a negociar en condiciones que considera desventajosas. Necesitaba primero sofocar la insurrección para sentarse posteriormente a negociar, después de superar el susto que le provocaron los tranques y barricadas en todo el país.

Lento giro hacia la negociación

No obstante, a pesar de la intensificación de la represión en Nicaragua, y del hecho que ya se inició el procedimiento de activación de la Carta Democrática de la OEA, ya han aparecido las primeras señales que la dictadura se prepara para iniciar una nueva negociación política.

Aunque México se ofreció como mediador, la propuesta no fue recibida con agrado por la oposición en Nicaragua. El COSEP, FUNIDES y ANCHAM, es decir, la cúpula empresarial, ya solicitó permiso a la Policía Nacional para realizar una manifestación para el día jueves 24 de enero del año en curso. Si esta es autorizada, estaríamos ante el inminente inicio de una nueva versión del Dialogo Nacional. La misión de diputados del Parlamento Europeo, cuya visita a Nicaragua había sido vetada inicialmente, fue aceptada por Daniel Ortega.

El Ejército de Nicaragua (EN), que ha mantenido un silencio cómplice con la dictadura, por primera vez se ha pronunciado en el sentido que no aceptará la presencia de grupos armados en el territorio nacional. Si juntamos estos hechos aislados, el resultado es que la crisis económica, el descontento social y la presión internacional, están obligando a la dictadura a iniciar el camino de la negociación política.

En realidad, el problema no es la negociación, sino lo que van a negociar. Todo indica, por el nivel de dispersión y atomización del movimiento social, por los efectos del aplastamiento de la insurrección desarmada, que los grupos económicos y la dictadura se preparan para instaurar un orteguismo sin ortega, pero conservando éste enormes cuotas de poder.

Por Victoriano Sanchez

El 1 de noviembre, en Miami, Richard Bolton, asesor de seguridad nacional de la administración Trump, atacó furiosamente a los países del ALBA, especialmente a Cuba y Venezuela, pero en esa ocasión, aunque amenazó, no anuncio sanciones contra Nicaragua. Con ello, la administración Trump abrió un compás de espera dando chance a que el gobierno de Daniel Ortega implemente una salida negociada a la crisis que sacude el país desde abril del corriente año.

Se cierra el compás de espera.

La administración Trump ha sido inusualmente benevolente con los desmanes de la dictadura Ortega-Murillo. En el momento de ascenso de masas (abril, mayo y junio) la administración Trump se limitó a hacer llamados a favor del Dialogo Nacional. Nunca estuvo a favor del cambio de gobierno, sino que fuera el propio Daniel Ortega quien impulsara los cambios desde arriba- El miedo a la revolución de 1979 sigue grabado en la memoria de los analistas del Departamento de Estado.

Fue a raíz de la ofensiva militar contra los tranques y las masacres realizadas por los paramilitares y la Policía Nacional que arreciaron las presiones política y diplomáticas, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). SE produjeron infinidad de condenas verbales, pero ni una sola medida efectiva que profundizara la crisis y el aislamiento de la dictadura, o que estimulara al movimiento de masas a continuar la lucha hasta lograr el derrocamiento del gobierno Ortega-Murillo.

Después, en los meses de octubre y noviembre, vino un periodo de relativo silencio, que indicaba que algún nivel de negociación secreta se estaba produciendo. Pero las señales de Ortega fueron confusas. Por un lado, intentó y sigue intentando una reconciliación con los grandes grupos empresariales, pero por otro lado siguió atacando a la Iglesia Católica y fundamentalmente a las marchas de auto convocados. El resultado final fue un mayor endurecimiento de la represión interna, al grado tal que cualquier tipo de manifestación ha sido prohibida, sin haber proclamado el Estado de Emergencia.

En los hechos, desde julio, el momento culminante del aplastamiento militar de la insurrección desarmada, hasta la fecha, Nicaragua vive un periodo en que el gobierno viene restringiendo progresivamente todas las libertades: no se garantiza el derecho a la defensa a los compañeros capturados y encarcelados ilegalmente, no se respeta la libertad de organización y de movilización, no se garantiza el derecho a la vida, etc.

Antes los evidentes atropellos de la dictadura Ortega-Murillo, la administración Trump ha perdido la paciencia y ha optado por incrementar sanciones contra altos funcionarios.

Sanciones imperialistas con la Ley Magnitsky

Hace casi un año, en diciembre de 2017, meses antes que estallara la insurrección de abril y la masacre que le siguió, la administración Trump procedió a sancionar a Roberto Rivas, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo los cargos de corrupción, utilizando la Ley Magnistky.

La sanción contra Roberto Rivas fue simbólica, pero era una señal clara de que la administración Trump estaba preocupada por impulsar reformas al sistema electoral nicaragüense que había sido acordadas en enero del 2017 entre el gobierno de Ortega y Luis Almagro, secretario general de la OEA. La insurrección de abril cambio abruptamente el panorama político, y las presiones contra el gobierno de Ortega se intensificaron.

A inicios de julio, cuando Ortega desarrollaba una ofensiva militar contra los tranques, la administración Trump envió otra señal, aplicando sanciones contra Francisco Díaz, legalmente el segundo al mando de la Policía Nacional, pero en los hechos era el jefe, y también contra Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, principal operador político de la dictadura y futuro candidato presidencial para las elecciones del 2021. Las sanciones contra Díaz y Moreno fueron por su labor de jefes de los grupos paramilitares que realizaban continuas masacres contra la población insurrecta pero desarmada.

El gobierno Ortega-Murillo guardó silencio, pero el  23 de agosto del 2018, publicó en La Gaceta, diario oficial, el Acuerdo Presidencial No 98-A-2018, firmado el día cinco de julio, el mismo día que la administración Trump dio a conocer las segundas sanciones con la Ley Magnitsky, por medio del cual nombró al “Comisionado General Francisco Javier Díaz Madriz, Director General de la Policía Nacional, a partir del cinco de septiembre del año dos mil dieciocho, quien quedará en posesión de su cargo a partir de esa fecha”.

Evidentemente, tanto la numeración del Acuerdo Presidencial como su publicación hasta en agosto, nos indica que fue publicado con efecto retroactivo.

Nicaragua: una “amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos

El 27 de noviembre, en la Casa Blanca, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva  que en su parte medular, ordenó lo siguiente: “(…) descubrí que la situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el sistemático desmantelamiento y debilitamiento del régimen de Ortega, de las instituciones democráticas y el estado de derecho, el uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua, constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. , y por la presente declaro una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza (…)

Es la primera vez, desde la época de Ronald Reagan (1981-1989), que un presidente de Estados Unidos califica al gobierno de Nicaragua, bajo el férreo control de Ortega y su esposa, como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”. Las contradicciones entre la administración Trump y el gobierno Ortega-Murillo están llegando a su clímax, por la negativa de estos de encontrar una salida negociada para adelantar elecciones generales.

La Orden Ejecutiva (OE) de Trump va más allá que cualquier efecto extraterritorial de la Ley Magnistky. Esta Ley resulta inofensiva en relación a la OE recientemente firmada por Trump, quien también afirmó que pueden entrar en la lista de personas bloqueadas, cualquier “funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento en o después de 10 de enero de 2007 (…) la prohibición de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e interés en la propiedad estén bloqueados de conformidad con esta orden” (…) y aclara que “el término "Gobierno de Nicaragua" significa el Gobierno de Nicaragua, cualquier subdivisión política, organismo o instrumento del mismo, incluido el Banco Central de Nicaragua, y cualquier persona que sea propiedad del Gobierno de Nicaragua, o que actúe en nombre del Gobierno de Nicaragua o actúe en su nombre(..)”

Las sanciones contra Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau

Habiendo agotado el compás de espera, la administración Trump acaba de dar otra vuelta de tuercas, para obligar al gobierno Ortega-Murillo a convocar a elecciones anticipadas. Esta vez los sancionados por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con la Ley Magnitsky, fueron nada menos que Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta, y Néstor Moncada Lau, secretario personal de Daniel Ortega. Dos personas del circulo de hierro del orteguismo. Las sanciones se produjeron al día siguiente de la reunión que el nuevo embajador Kevin Sullivan tuvo con la plana mayor del Ejercito de Nicaragua.

En su nota de prensa, Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, justificó las sanciones, no con la Ley Magnistky, sino con la OE firmada por Trump, afirmando que dicha administración “está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”.

Este argumento, la responsabilidad de las masacres, ha sido un constante eje de ataque de la administración Trump, que coloca a la dictadura orteguista en un callejón sin salida.

Advertencia a los empresarios

El Departamento de Estado emitió una nota de prensa, diferente a la del Departamento del Tesoro. La embajada norteamericana en Managua, también emitió otra nota de prensa, en la que advirtió sobre el amplio espectro de personas que pueden ser sancionada por la O.E. de Trump: “(..) Ahora es el momento para que los miembros del partido gobernante cambien de actitud y para que el sector privado haga oír sus voces en apoyo de las reformas democráticas y el fin de la violencia. (…) Aquellos que permanecen en silencio o son cómplices pueden enfrentar consecuencias significativas; de igual manera, todos los funcionarios del Gobierno de Nicaragua y los actores del sector privado que continúan ayudando e instigando la represión del régimen de Ortega podrían estar sujetos a las sanciones descritas en la Orden Ejecutiva”.

El gobierno Ortega-Murillo ha logrado resistir las presiones diplomáticas de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), entre otros factores, porque los prestamos acordados no fueron bloqueados, y porqué los grandes contribuyentes (grandes empresarios) continuaron pagando puntualmente los impuestos. La estrategia de Ortega ha consistido en atraer a los grandes empresarios, prometiendo una reconciliación y vuelta al corporativismo anterior. La nota de prensa de la embajada norteamericana en Managua, está dirigida a este sector que hace negocios sucios con la dictadura

Crisis y parálisis en la UNAB 

La intensificación de la represión ha provocado un reflujo de las marchas y movilizaciones. En este difícil contexto de represión generalizada fue creada, el pasado 4 de octubre, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) conformada por dos importantes organizaciones: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Articulación de movimientos sociales, que agrupa a la mayor parte de ONGs y movimientos sociales.

Pero, al parecer, la UNAB nació muerta o en estado de coma. No ha podido hacer absolutamente nada. Los empresarios del COSEP no participan directamente, por considerar que la UNAB está controlada por la “izquierda”, es decir, por los sectores más críticos, en momento en que aquellos intensificaron las negociaciones secretas con la dictadura.

ACDJ demanda nuevamente el Dialogo Nacional

Por eso no fue una casualidad, que ante el enorme impacto político que han tenido las sanciones contra Murillo y Moncada Lau, la UNAB y la ACJD se pronunciara por separado.

En su comunicado, la ACJD, expresó lo siguiente: “(…) Ante las sanciones anunciadas por los Estados Unidos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reitera que los responsables de estas acciones son Ortega y Murillo. (…) Las sanciones no son el resultado del intervencionismo extranjero, argumento que Ortega repetido por más de cuatro décadas. (…) Reiteramos que el único responsable de este conflicto y de las consecuencias futuras es el Gobierno que ha violentado la constitución, las leyes, la institucionalidad, los derechos humanos, que ha fomentado la corrupción, que ha pretendido instaurar una dinastía basada en el abuso de la autoridad, la violencia y el miedo. Creemos que la solución a la crisis está en los nicaragüenses y debe ser cívica y pacífica. Insistimos que la única vía para una solución es el Diálogo Nacional, con garantes internacionales como lo hemos dicho en repetidas ocasiones”.

La UNAB abogó por la vía dialogada y pacifica

Una demostración práctica de que la unidad no marcha bien, son los dos comunicados por separado, tanto de la ACJD y de la UNAB. Esta última, en su comunicado se refirió prácticamente a lo mismo, pero demandando aspectos más concretos: “(…) El gobierno Ortega Murillo lleva al país al borde del abismo, crisis que impacta en la vida política, económica y social del pueblo nicaragüense. El único responsable de esta situación es este gobierno totalitario (…) La Unidad Nacional Azul y Blanco llama una vez más al gobierno Ortega Murillo a resolver esta crisis por la vía dialogada y pacífica, que ponga fin a este estado de excepción, y permita encontrar la salida inmediata del régimen y establecer un calendario de elecciones adelantadas al 2019, con las reformas que garanticen el respeto al voto popular y con la debida observación electoral nacional e internacional. (…)”

¿Ayudan las sanciones a la lucha contra la dictadura?

Las sanciones de la administración Trump contra altos funcionarios de la dictadura orteguista son, efectivamente, medidas de presión imperialistas, pero con la particularidad que el gobierno Ortega-Murillo ya no representa a la nación nicaragüense, sino a una criminal camarilla gobernante que masacra a la población civil. Entonces, no estamos ante el conflicto del imperialismo norteamericano contra la nación o pueblo de Nicaragua.

En los meses anteriores el gobierno de Estados Unidos evitó tomar medidas que provocasen un colapso de la dictadura, por eso dio largas al asunto, confiando en que Daniel Ortega iba a aplicar las reformas necesarias, algo que se ha negado a impulsar. Este es el punto de conflicto entre Estados Unidos y el gobierno Ortega-Murillo. Ahora, cuando no hay movilizaciones en las calles, como un ladrón oportunista, la administración Trump aplica sanciones a Rosario Murillo y Néstor Moncada, precisamente para ver cómo se queda con el mandado, es decir, como logra tener influencia en el próximo gobierno, apareciendo ante los ojos de las masas como quienes nos liberaron de semejante infierno.

De la misma manera que los empresarios del COSEP mantuvieron los paros nacionales de un día, a cuenta gotas, como mecanismo de presión contra el gobierno Ortega-Murillo, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido la misma táctica de sanciones a cuenta gotas, pero sin que hasta el momento haya tomado medidas efectivas que arrodillasen a la dictadura. Las condenas verbales de la OEA no han tenido efecto alguno. Tampoco las sanciones contra altos funcionarios, porque sencillamente no tienen bienes ni cuentas en Estados Unidos, y en casos de emergencia ponen sus cuentas a nombre de testaferros para evitar sanciones contra los bancos nicaragüenses.

Medidas efectivas, que ayudarían a la lucha, sería la ruptura de relaciones de todos los gobiernos del mundo, para dejar completamente aislado al orteguismo; el bloqueo de todo préstamo o ayuda financiera, de igual manera el bloqueo de armas y municiones que son usadas para masacrar.

Después de más de siete meses de lucha heroica, de más de 500 muertos y más 500 prisioneros políticos y varios miles de heridos, lo peor que nos puede pasar es que las sanciones simbólicas de Trump creen la sensación que Estados Unidos nos va a liberar de la dictadura, cuando en realidad lo que busca es solamente reformarla, manteniendo el aparato represivo del orteguismo pero sin las odiadas figuras de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo