Por Orson Mojica

Después de las masacres realizadas por la Policía Nacional y los paramilitares, el gobierno Ortega-Murillo está difundiendo, en su propaganda, la idea que el "golpe de Estado" ya fue derrotado, y que la situación se está normalizando. Nada más alejado de la realidad.

El gobierno Ortega-Murillo logró capear la primera oleada de la insurrección popular desarmada. El edificio gubernamental se estremeció, pero no cayó. No obstante, los crujidos demuestran que el edificio sigue tambaleándose porque sus bases, la económia real, está a punto de caer en estado de coma.

Crisis financiera latente

Entre el 18 de abril, cuando estalló la insurrección desarmada, hasta el 27 de junio, los depósitos totales (privados y públicos) bajaron en cerca de US$750.6 millones, lo que representó una reducción del 13,7%.

Según un informe del Banco Central de Nicaragua, “los depósitos, en junio 2018, éstos disminuyeron 9,774.7 millones de córdobas respecto al mes previo. (…)   los   depósitos   en   moneda   extranjera disminuyeron en 8,179 millones de córdobas, mientras que aquellos en moneda nacional disminuyeron en 1,595.7 millones de córdobas”.

Hasta el 26 de julio de este año, los bancos tenían depósitos totales por 4,628.6 millones de dólares, inferior a los 5,210.8 millones de dólares a diciembre del año 2017. Para julio del 2018, el saldo de depósitos es similar a los 4,524.7 millones de dólares a diciembre del 2014. Entre abril y julio, los bancos perdieron un promedio de 8.9 millones de dólares por día. Los depósitos en dólares disminuyeron de US$4040 millones al 18 de marzo a US$3390 millones al 7 de agosto.

Entre mayo y junio del 2018, las Reservas Internacionales Brutas (RIB) se redujeron 2,967 millones de dólares, quedando a finales de junio en 2,658.5 millones, produciéndose una reducción de 308.5 millones de dólares, una caída de 10.40 por ciento. Al 21 de junio, las RIB aún cubrían 2.79 veces la base monetaria, pero todavía existe una situación de frágil estabilidad. Sin embargo, a partir de ese momento no hay datos oficiales, las cifras son maquilladas o no hay informacion, pero este silencio no detiene la tendencia decreciente continua.

En junio, el Banco Central de Nicaragua tuvo que recurrir a un programa suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), conocido como “Línea de Asistencia Financiera (LAF)”, solicitando los primeros 50 millones de un total de 250 millones, con el objetivo de sostener el nivel de las reservas internacionales.

Pese a la reducción de los depósitos, la liquidez de los bancos todavía se mantiene, debido a la sobre acumulación de dinero originada en los años anteriores, por el flujo de petrodolares. El problema es que la insurrección popular ha producido un enorme hueco en la economía, el que se mantiene y produce una sangría constante y creciente.

Profundización de la política monetaria expoliadora

Siguiendo el esquema de estos últimos 12 años, el gobierno de Ortega ha profundizado, en momentos de aguda crisis económica y financiera, la política monetaria neoliberal, que procura la macro estabilidad financiera, a costa incluso de la reducción de la capacidad adquisitiva de las masas populares

Para mantener la liquidez de los bancos privados, y niveles aceptables de las reservas internacionales (dólares), el Banco Central ha contraído la masa monetaria (córdobas). La base monetaria se redujo de C$33,114 millones de córdobas en diciembre del 2017 a C$27,970 millones en agosto de 2018. Al haber menos córdobas, hay menos actividad económica, las empresas y personas consumen menos, y como la mayor parte de los productos son importados, con ello el Banco Central pretende disminuir el gasto de divisas. Tambien pretende obligar, a quienes los tienen, a vender sus dolares. Para el 7 de agosto, las RIB bajaron de US$2757 millones de dólares en diciembre del 2017 a US$2472 millones de dólares.

Esta política monetaria neoliberal tiene un brutal efecto de contracción sobre la economía, afectando a las PYMES y pequeños negocios, que son los que más han sufrido la paralización económica y la reducción de los préstamos y fuentes de financiamiento.

El acelerado descenso de la actividad económica.

En los últimos 7 años, por una combinación de factores, como la apertura de la economía al capital transnacional, el flujo de petrodólares del convenio con Venezuela, el pacto con los empresarios del COSEP, etc, el PIB de Nicaragua había crecido un promedio del 5,2%.

Estas cifras pueden resultar impactantes, pero lo que no se dice es que la estructura económica de Nicaragua sigue siendo la más pequeña de Centroamérica, con bajísimos índices de productividad, y exportando esencialmente los mismos productos de hace un siglo: una economía basada en la agro exportación (café, azúcar, carnes), en la intensa actividad minera (principalmente oro y plata), con nuevos rubros como la pesca, las maquilas y el sector turismo, los cuales no aportan nada al desarrollo de la economia nacional.

Antes del estallido de la insurrección popular en abril del 2018, el Banco Central de Nicaragua había previsto un crecimiento del PIB entre el 4,5% y el 5% para el año 2018. Estos pronósticos se han venido al suelo. La proyección actual es que el PIB crecerá apenas un 1% en este año.

Los datos publicados por el Banco Central de Nicaragua no pueden ocultar la realidad. La construcción registró una disminución del 4.5 por ciento (-10.1% en el acumulado de enero a mayo). La   actividad comercial disminuyó el 10.3 por ciento. Los servicios   de hoteles y restaurantes disminuyeron 35.9 por ciento, por la reducción del ingreso de turistas. La pesca y acuicultura registraron una disminución de 1.1 por ciento. La actividad pecuaria disminuyó 9 por ciento. Solamente el sector electricidad experimento un leve crecimiento del 1,3%, también la agricultura registró un crecimiento de 2.5 por ciento, debido a la terminación de las principales cosechas: café, caña de azúcar, etc.

Mayo y junio son los meses del inicio del ciclo agrícola 2018-2019. Fue en estos meses que se produjo el pico más alto de la movilización y de la insurrección popular, afectando con ello las actividades preparatorias del ciclo agrícola. El futuro de la agroexportacion es incierto.

Los efectos de la contrarrevolución en la economía

A mediados de junio y durante la primera quincena de julio, la nueva dictadura desarrolló una macabra ofensiva militar contra la insurrección desarmada, provocando centenares de muertos, heridos, secuestrados y desaparecidos. Ortega-Murillo lograron restaurar el orden a balazos, pero no lograron restaurar el funcionamiento anterior de la economía.

A mediados de Julio, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, se mostró “optimista”: “Se prevé que a partir de julio y agosto se normalice la situación y que algunos sectores que habían estado deprimidos logren repuntar, compensándose de esta manera las pérdidas (…) “No va a ser lo mismo que era antes, pero creemos que si sentamos las bases de la estabilidad y la Mesa de Diálogo funciona a cómo debe ocurrir, entonces la economía puede retornar a una senda de crecimiento que tal vez no alcance al 5 por ciento, pero sí podría ubicarse en la tasa promedio de crecimiento económico de Centroamérica de 3.5 a 4 por ciento”. (La Prensa, 26/07/2018)

Pero el optimismo del Banco Central no corresponde a la realidad. La ruptura de la alianza con los empresarios, en una economia capitalista, ha tenido consecuencias en la reducción abrupta de las anteriormente altas tasas de inversión extranjera. Los capitalistas, nacionales y extranjeros, le temen a las masas populares, pero ahora le temen al gobierno que ordena la invasión de sus propiedades. La “confianza”, un elemento clave en la economía capitalista, fue rota y no será fácil su restauración. La dictadura orteguista se ha vuelto en su contrario: en el origen de las desconfianzas de los capitalistas.

Dos proyectos de ley: reforma presupuestaria y Ley de Bonos

La rebelión popular, por un lado, y la profundización de la crisis económica, ha tenido una consecuencia negativa en los ingresos fiscales de la dictadura. La represión de los paramilitares no puede restaurar el anterior funcionamiento de la economía, ni mejorar los ingresos fiscales.

Por esta razón, el gobierno Ortega-Murillo envió con carácter de urgencia una reforma al presupuesto nacional, donde plantea una disminución de ingresos por 7,462.3 millones de córdobas y una reducción de gasto total por 5,912.5 millones de córdobas. En su proyecto de ley, Ortega-Murillo reconocen que hay una reducción del financiamiento neto externo por 4,035.2 millones de córdobas, lo que agrava más la crisis fiscal.

Al reducirse los ingresos, por la baja recaudación de impuestos, y por la reducción del financiamiento externo, el gobierno no tiene otro camino que reformar el presupuesto nacional, para reducir el gasto público.

Antes del estallido insurreccional en abril, las metas de recaudación eran de 80,773.2 millones de córdobas (unos 2600 millones de dólares), la propuesta de reforma presupuestaria la reduce a 73,310.9 millones de córdobas, lo que implica una reducción de aproximadamente el 10%.

El Programa de Inversión Pública sufrirá una reducción por los 4,018.3 millones de córdobas, en pocas palabras, casi cero inversiones. También habrá una reducción proporcional de las asignaciones establecidas en la Constitución.

El otro proyecto de Ley, pretende crear Bonos de Estabilidad Financiera, para recolectar unos 250 millones de dólares. En las actuales circunstancias de inestabilidad política, ¿quién comprara bonos a un gobierno que puede caer en cualquier momento? Los bancos se han distanciado del gobierno. Solo existe una entidad, que tiene muchos petrodolares, y que probablemente sea quien compre esos bonos: el Banco Corporativo (BANCORP), que es el banco privado de la familia Ortega-Murillo. Si esto llegase a ocurrir, no es descartable, tendriamos una masiva operacion de lavado de dinero proveniente de ALBANISA, que compraria bonos que refrescarian las finanzas del gobierno, y al mismo tiempo ese capital de origen dudoso se legalizaria en valores de deuda publica. Negocio redondo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial ya negaron la solicitud del gobierno de Nicaragua, de conseguir un préstamo de emergencia. Ambas instituciones, dominadas por Estados Unidos, respondieron lo mismo: que el problema no es económico, sino político.

Ola de despidos y reducción del empleo

Otra consecuencia trágica de la crisis económica y el déficit fiscal es la aplicación de un plan de ajuste que tiene el objetivo central de disminuir los gastos de la planilla de empleados públicos. Este plan de iba a iniciar lentamente durante el año 2018, pero la insurrección de abril aceleró los acontecimientos.

Al agravarse la crisis económica y el déficit fiscal, la dictadura está despidiendo no solo a médicos y maestros, sino que ha organizado una barrida en todas las instituciones del Estado, incluidas las alcaldías. El pretexto que han utilizado es que el gobierno sandinista necesita librarse de los empleados públicos “golpistas”, pero la raíz la oleada de despidos se debe fundamentalmente a los factores económicos anteriormente enumerados.

Se calcula que, producto de la crisis económica, unas 200,000 personas han perdidos sus empleos, fundamentalmente en el sector servicios y pequeños y medianos negocios. La economía lejos de mejorar, tiende a empeorar.

Condiciones para una nueva insurrección popular

De manera acelerada, la crisis económica está generando condiciones favorables para una nueva explosión social. Ahora ya no estaría de por medio solamente el rechazo político a la nueva dictadura, sino que las condiciones de crisis económica van a empujar a decenas de miles a salir a las calles, reclamando no solo libertad, sino las condiciones mínimas para el sustento de sus familias.