Por Diego Lynch

Desde el 2007 hasta el 2017, el Gobierno y los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) por acuerdo mutuo habían incrementado el salario mínimo en digito, con el objetivo que jamás trastocaron la bolsa de los capitalistas. Estos “aumentos” solo servían para engañar a los trabajadores, que eran representados por dirigentes sindicales traidores y afines al FSLN. Algunos de estos dirigentes son dueños de empresas farmacéuticas, como es el caso de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, fundador e histórico dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT.)

Fue hasta el año 2018, cuando se rompió la alianza estratégica con el COSEP, que el gobierno sandinista decidió realizar un incremento de salarios sin importar la opinión de los empleadores. Pero esta decisión unilateral no perjudicó a los empresarios. El gobierno sandinista enfrenta el problema que ya no cuenta con la ayuda venezolana para continuar impulsando los proyectos sociales que le permiten mantener engañada a las familias que viven en situaciones precarias.

Esta ruptura de la alianza con los empresarios en relación al aumento unilateral del salario mínimo, ocurrió antes del estallido de la insurrección de abril. “Ante la falta de consenso entre los integrantes de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, el Ministerio del Trabajo (Mitrab) ordenó este viernes un ajuste del 10.40 por ciento a la paga mínima de nueve sectores de la economía, incluida la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), que en años anteriores tenía un incremento diferenciado…El ajuste se aplicará a los salarios mínimos vigentes de nueve sectores de la economía en dos partes: la primera de 5.20 por ciento a partir del 1 de marzo y el restante 5.20 por ciento a partir del 1 de septiembre…Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), señaló que el ajuste planteado por el Mitrab es “desproporcionado y no es equitativo” y lamentó que hayan pasado dos meses convenciendo a la mesa de que el ajuste había que hacerlo diferenciado y “ la ministra del Trabajo hizo oídos sordos a eso y aplicó el mismo tratamiento que le están dando a la gran empresa”…Torres adelantó que todas las cámaras de Conimipyme harán un reclamo generalizado, “pues hay sectores que se van a ver muy golpeados”. (La Prensa, 9 de marzo del 2018).

La nueva crisis: la insurrección popular

El nuevo obstáculo, entre la Empresa Privada y el Gobierno, ocurrirá con el cumplimiento de la segunda cuota al incremento del salario mínimo. Antes de la insurrección de abril, la economía ya estaba en crisis, después de los acontecimientos de abril, mayo, junio y julio, el desempleo va en aumento y los empresarios se quejan de los malos tiempos.

La preocupación de los empresarios quedo reflejada en la siguiente nota periodística: “En medio de la crisis sociopolítica que enfrenta el país, el 1 de septiembre deberá entrar en vigencia el segundo incremento en el salario mínimo, el cual fue acordado a inicios de año, pero que en los próximos días deberá ser ratificado por el Gobierno, sindicato y empresa privada siguiendo el procedimiento por Ley. El ajuste será de 5.2 por ciento en 9 de los 10 sectores que rige la Ley del Salario Mínimo…El problema es que desde que se aprobó el ajuste del salario mínimo el contexto económico actual ha cambiado…El 16 de abril estalló una de las peores crisis sociopolíticas de la última década, que ha semiparalizado la economía. Eso ha provocado la pérdida de 119,567 empleos y el cierre de 8,708 empresas, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. (La Prensa, 16 de agosto del 2018).

Que la crisis la asuman los burgueses

No podemos permitir que continúen los despidos y el cierre de empresas. Es necesario crear un plan económico de emergencia que permita conservar el empleo y evitar un deterioro de los salarios. Los empresarios del COSEP deben asumir los costos de la crisis económica que ellos mismos han creado, porque esta crisis refleja el derrumbe del modelo neoliberal de alianzas entre los empresarios y el gobierno sandinista. La insurrección de abril lo que hizo fue destapar la crisis que estaba latente.

En todas las empresas están recortando beneficios y despidiendo trabajadores. La lucha ya no es solo por un justo aumento del salario mínimo, sino por defender también el empleo de los trabajadores. Los sindicatos actuales son burocráticos e inoperantes, se requiere formar nuevos sindicatos para luchan por la defensa del empleo, planteando la reducción de los horarios de trabajo para que todos podamos trabajar, y también por defender la capacidad de compra de los deteriorados salarios.

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