Por Sebastian Chavarria Dominguez

El pasado 17 de octubre, en una reunión solemne en un lujoso hotel de Managua, Arturo Cruz Sequeira, brindó una conferencia ante la presencia del sector exportador de la burguesía nicaragüense agrupada en la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), en donde señaló cual debe ser la estrategia del conjunto de la burguesía, para solucionar la crisis generada con la rebelión de abril del 2018.

La incapacidad política de la burguesía nicaragüense

La burguesía nicaragüense durante el siglo XX se acomodó la existencia de dictaduras y regímenes totalitarios. Por incapacidad o conveniencia, cedió su lugar en la política a otros sectores sociales, provenientes de la clase media, los que tomaron el  poder ejerciendo gobiernos dictatoriales que garantizaron la buena marcha de la economía. Se castró políticamente para engordar económicamente. Así, en el ultimo siglo, hemos tenido tres dictaduras: la somocista (1936-1979), la de la revolución sandinista (1979-1990) y la orteguista (2007-2019), con un leve interregno de democracia enclenque en el periodo 1990-2006.

Bajo la dictadura somocista, durante cuatro décadas, el conjunto de la burguesía nicaragüense se acostumbró al bipartidismo entre el Partido Liberal Nacionalista (PLN) y el opositor Partido Conservador (PC), que permitían compartir los cargos en el Estado, siendo la familia Somoza el gran arbitro. En 1974, la manzana de la discordia fue el jugoso negocio de la reconstrucción de Managua. Se inició un conflicto porque Anastasio Somoza Debayle estaba montando una “competencia desleal” contra los negocios tradicionales de la burguesía opositora. Acostumbrada a los pactos del bipartidismo, la burguesía nicaragüense no formó lideres políticos, los cuales solo se pueden formar en las luchas políticas. Pedro Joaquin Chamorro Cardenal (PJCH) era la excepción a la regla anteriormente descrita, porque denunció la traición de Fernando Agüero y los pactos de este contra la dictadura. Pero fue asesinado en enero de 1978, y con ello la burguesía opositora perdió a su posible gran líder político. El surgimiento del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) y el liderazgo de Alfonso Robelo fue una improvisación y un intento de llenar el vacío dejado por PJCH, pero no corrió largo.

Ante la ausencia de liderazgos e instituciones políticas de la burguesía opositora, el liderazgo de lucha contra la dictadura somocista lo ocupó la clase media radicalizada, cuya expresión orgánica mas importante fue la corriente tercerista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la que terminó imponiendo su hegemonía a las otras corrientes. El resultado final fue que el FSLN se convirtió en la principal fuerza política, que dirigió la insurrección popular triunfante en 1979.

Como era de esperarse, teniendo todo el poder en sus manos, el FSLN no entregó el poder a la burguesía opositora, sino que mas bien la confiscó parcialmente, imponiendo su dictadura “revolucionaria”. La historia se repitió. Fue una situación similar al triunfo de la revolución de 1893, que al inicio fue una alianza de diversos sectores, pero terminó en la dictadura “liberal” de Jose Santos Zelaya.

La necesidad de los “gurús

El Partido Conservador fue la expresión política de esta burguesía acostumbrada a negocial con el poder, hasta 1979. En el periodo 1974-1979 surgieron corrientes burguesas que intentaron crear instrumentos políticos, pero fracasaron. Por eso tuvieron la necesidad de recurrir a los “notables” o “gurus”, que les aconsejaran políticamente.

En 1974, el intelectual conservador José Coronel Urtecho dictó tres conferencias al sector privado, alertando sobre los efectos de la dictadura somocista en la vida intelectual y cultura política del país. Decepcionado, Coronel Urtecho apoyaría años mas tarde a la tendencia tercerista del FSLN. PJCH y Pablo Antonio Cuadra (PAC), atrincherados en el diario La Prensa, formaban una corriente radical contra la dictadura, que por cierto no era del agrado del conjunto de la burguesía.

Bajo la revolución sandinista (1979-1990), habiendo desaparecido PJCH, el discurso de PAC fue cada vez mas reaccionario y clerical, y prefirió vivir en el exilio. El único “notable” que quedaba era Emilio Alvarez Montalvan, quien se transformó en el único “gurú” de la burguesía opositora, orientándola desde los editoriales del diario La Prensa.

Pero Alvarez Montalvan no pudo resistir la tentación y aceptó ser canciller (1998-1999) del gobierno de Arnoldo Aleman. Con su muerte, en 2014, la burguesía nicaragüense perdió a su último gran consejero o “gurú”.

Ese lugar lo ocupa ahora Arturo Cruz Sequeira, quien, ante el vacío anteriormente descrito, pretende orientar y aconsejar a la burguesía nicaragüense en momentos de gran convulsión política.

Históricas conferencias en AMCHAM

La incapacidad política de la burguesía nicaragüense fue descrita por la embajadora norteamericana Laura Dogu, a manera de regaño en su discurso de despedida ante los empresarios de AMCHAM, en octubre del 2018, de la siguiente manera: “(…) el futuro de Nicaragua   es incierto debido a la falta de un estado de derecho, la falta de democracia, y la elección de ciertos socios internacionales. Antes de abril, cuando hablaba de estos temas, la comunidad empresarial me decía con frecuencia que podían sacrificar algunos de estos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría la violencia de los países del triángulo norte. (…) La comunidad empresarial valoraban más la estabilidad que la sostenibilidad. Creían que el crecimiento económico traería oportunidades (..)”

Un año después, el nuevo “gurú” Arturo Cruz Sequeira, el teórico de la búsqueda de un “aterrizaje suave”, pronunció un discurso que pretende reorientar políticamente a la burguesía nicaragüense, pero que va en sentido inverso de los reproches de la embajadora Dogu.

La “transición dilatada”

Cruz admitió que el “(…) concepto de aterrizaje suave se volvió repugnante para algunos de mis compatriotas, puesto que lo entendían como aterrizaje suave para el régimen y no para Nicaragua”.

Este planteamiento de la búsqueda de un “aterrizaje suave” en abril-mayo del 2018, mediante el Dialogo Nacional con la dictadura, fue lo que adormeció y distrajo a las masas de la tarea central de preparar un Paro General indefinido para derrocar a la dictadura, mientras Ortega planificaba meticulosamente su ofensiva militar contra los tranques y barricadas, cambiando la correlación de fuerzas a su favor.

Arturo Cruz se quejó de que no se comprendido su planteamiento del “aterrizaje suave” y volvió a insistir en una salida negociada con la dictadura, advirtiendo que la prioridad debe ser el cuido de la economía, y que por ello vamos a una “transición dilatada”.

Arturo Cruz dijo. “(…) no cabe duda de que habrá costos de toda índole, y es por esto por lo que, ante una transición dilatada, los nicaragüenses debemos tener cuidado de no poner en riesgo los avances económicos del país, pensando en las necesidades inmediatas de nuestros compatriotas de menores ingresos (que son los que sufren más las consecuencias de los desaciertos de nuestra política), y en los desafíos que enfrentaran los gobiernos democráticos del mañana (…)”

Esta preocupación por los pobres mas bien parece una burla, porque quienes están pagando el precio del aplastamiento de la insurrección de abril-mayo del 2018, son las masas populares, con mas represión, desempleo y carestía de la vida. Los empresarios siempre trasladan los costos hacia los consumidores, nunca pierden.

Oponerse a sanciones y cuidar el CAFTA-DR

Cruz no se refirió directamente al tema de posibles sanciones internacionales contra la dictadura, pero lo tocó de manera indirecta al referirse al peligro de que Nicaragua fuese sancionada por Estados Unidos y se anulase el tratado CAFTA-DR.

Esto fue lo que dijo: “(…) Si al régimen, con su comportamiento interno y externo, no le importa exponer la membrecía de Nicaragua en CAFTA, el resto de los nicaragüenses la debemos cuidar (…) ¿Nuestra membrecía en CAFTA, la deberíamos valorar como parte de nuestro interés nacional?  Si la respuesta es sí, entonces, no nos podemos exponer a perderla, aún en momentos como el actual, cuando hay urgencia de salir del régimen político que sofoca las aspiraciones democráticas de la mayoría de los nicaragüenses. (…)”

En pocas palabras, Cruz llamó a los empresarios a que no pidan sanciones, porque la economía saldría perjudicada, debido a que “(…) a partir de abril del 2018, el sector privado como un todo, optó por favorecer la aprobación del Nica Act. Si perdemos nuestra membrecía en CAFTA, los ganadores serán nuestros vecinos del Triángulo Norte, como fue el caso de República Dominicana con Haití”.

Y se lamentó que “en medio de la lucha por salir del régimen dictatorial del momento, no nos hemos preocupado por conservar lo bueno, que toda sociedad es capaz de producir, particularmente en lo económico (…)”.

Entonces el mensaje es claro: los empresarios deben conservar el ambiente de crecimiento económico de la ultima década, es decir, deben defender este aspecto positivos de la dictadura.

El transito prolongado a una salida electoral

En su alocución hizo una ardorosa justificación de la gradualidad de la democracia en Nicaragua, debido a que “las “condiciones objetivas” de 1990 no eran las más propicias para que en Nicaragua se pudiese consolidar el tipo de modelo de sociedad de “lo que debe ser”, es decir: una democracia representativa, acompañada de una economía mayoritariamente de iniciativa privada, pero con un estado preocupado, por medio de su política fiscal, de procurar una mejor distribución del ingreso entre los nicaragüenses”.

Como la pobreza creada por el capitalismo no permite la instauración de un Estado de derecho, Cruz está preocupado porque “los peligros de un tránsito prolongado a una salida electoral, es el deterioro de la economía, la cual decreció dramáticamente el año pasado, continuará decreciendo este año, y seguramente el próximo, y también en el 2021".

Ortega cambió la correlación de fuerzas

Cruz reconoció que “(…) Ortega, pretendiendo llegar hasta noviembre del 2021, independientemente de los costos de su permanencia para el país, con la diferencia de que su régimen tiene una correlación de fuerzas más favorable para sostenerse en lo inmediato”.

Poco a poco Arturo Cruz fue reuniendo los ladrillos de la justificación teórica de una transición prolongada.

Primero, sentó las bases: defender la economía, oponerse a sanciones internacionales, para no ser excluidos del tratado CAFTA-DR.

Segundo, Ortega tiene una correlación de fuerzas favorable, sin explicar por qué fue así.

Y para asustar a los empresarios descontentos, Cruz reafirmó que “a estas alturas, con su aparato coercitivo fortalecido, Ortega no le teme a un desenlace como el de julio de 1979, y más bien su expectativa es de prolongar los comicios hasta noviembre de 2021 con el fin de que la oposición, durante este trayecto, se fragmente, abrumada por sus pleitos, algunos de los cuales son de vieja data, ya que se remontan a los años ochenta (…) el cálculo de Ortega, es que la oposición, además de fragmentarse, radicalice su discurso, atemorizando a la sociedad económica, y que cualquier reforma en el tema electoral, negociada -- por ejemplo -- con la Secretaria General de la OEA, independientemente de su seriedad, sea rechazada por la oposición “más vertical”.

Y para asustar aún más a los empresarios, Cruz dijo que si “(…) los Estados Unidos y la comunidad internacional sancionan a los miembros de su familia, a sus asociados más cercanos y a sus conglomerados empresariales, inclusive, Ortega está dispuesto como he dicho en otra ocasión, a llevar al país, a la economía más básica, la del arroz y la de los frijoles”.

La oposición no se está radicalizando sino todo lo contrario, cada vez mas tiene una actitud conciliadora que se manifiesta en las omisiones, en lo que no hace para luchar contra la dictadura. El mismo Cruz reconoce que “lo notable de lo que está ocurriendo en nuestra patria a partir de la explosión social de abril del 2018, es que la oposición nicaragüense como universo amplio, en vez de polarizarse y radicalizarse, tal como anticipa Ortega y como suele ocurrir en momentos de grandes cambios sociales, más bien tiende a la moderación y a buscar puntos de encuentro entre sus diferentes fuerzas. Y en vez de frustrarse porque el régimen todavía se conserva, la oposición tiende a ser más realista y pragmática en sus reivindicaciones”.

¿Hacia un nuevo bipartidismo?

Incluso, hubo una especie de burla a las posturas de la oposición burguesa en la crisis del 2018, al señalar que no aceptaron la propuesta de elecciones anticipadas que proponía Ortega ante el enviado norteamericano Caleb McCarry.

Con tristeza Cruz reconoció que “el escenario más probable no es el de elecciones adelantadas, aunque hay que insistir en ellas”

Y para finalizar, vino la tercera parte de su construcción teórica y de sus recomendaciones practicas: el pragmatismo electoral.

Es fundamental “bajarse de los pedestales para un mejor entendimiento entre los miembros de la sociedad civil organizada y los dirigentes de un partido político del talante de Ciudadanos por la Libertad. Es comprensible que algunas de las organizaciones de la sociedad civil estén deseosas de conformarse como corporaciones partidarias, pero tal vez este no es el mejor momento para hacerlo, puesto que se puede prestar a la desunión, y, también, porque estarían a la merced de las manipulaciones y las trampas del gobierno”.

En pocas palabras, la democracia política para mas adelante, ahora lo que se requiere es que el gran capital tenga una casilla electoral que reúna al descontento ciudadano, porque es muy importante no dividir el voto.

Para desanimar a aquellos que quieren organizarse de manera independiente, ni siquiera planteo la necesidad de una profunda reforma electoral, sino que se limitó a insistir en que “la formación de un partido político requiere de un tendido territorial, lo que no es fácil de organizar, como le pueden preguntar a Kitty Monterrey quien, junto con los militantes de su partido, con el amparo de la OEA, lograron superar tantos obstáculos para obtener la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad. Y hoy, precisamente por ese esfuerzo tan vilipendiado en su momento, la oposición tiene un vehículo electoral confiable, alrededor del cual se puede conformar la UNO del futuro (…) El reto del universo opositor consiste ahora en coincidir en el vehículo electoral, en unificar voces, en forjar un radio de confianza entre los actores más relevantes de la oposición (…)”

Por si alguien tiene dudas: el gran gurú Arturo Cruz recomienda que el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) sea el vehículo electoral, no quiere una agrupación de partidos y grupos como fue la UNO en su momento, por una posible división posterior, sino que quieren mantener unidos a los diputados del futuro en la camisa de fuerza del partido CxL.

La estrategia es la unidad con los actores “más relevantes”, indudablemente se refiere al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Aleman, a CxL y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

Este discurso de Cruz fue un balde de agua fría sobre los grupos de oposición que intentan consensuar criterios para una profunda reforma electoral. También chocó con las pretensiones de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que ha engatusado a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en la incierta estrategia de construir una “gran coalición” con los mismos “actores relevantes” que propone Arturo Cruz. En un punto determinado, la propuesta de Cruz parece fusionarse con la estrategia de la “gran coalición” con los partidos tradicionales y las fuerzas del pasado. Si es así, los autoconvocados y todos los grupos y fuerzas que se metieron de lleno a la lucha democrática que se inició en abril del 2018, quedarían fuera de la jugada

Todo parece indicar que el discurso de Arturo Cruz es apenas la punta del iceberg de una negociación secreta entre los grandes grupos económicos y la dictadura orteguista, con el objetivo de establecer en las próximas elecciones un nuevo sistema bipartidista, entre el FSLN y el partido CxL.

Las próximas semanas y meses serán decisivos para la lucha democrática en Nicaragua. Un nuevo bipartidismo, más remozado, sería fatal para todos, porque en el corto plazo reiniciaría el ciclo de una nueva dictadura.

 


Por Sebastián Chavarría Domínguez

La situación política en Nicaragua parece haber llegado nuevamente a un punto de estancamiento. La dictadura Ortega-Murillo no ha cumplido los acuerdos firmados en abril de este año con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), relacionados con la liberación de todos los presos políticos (están pendientes 130) y el libre ejercicio de las libertades y derechos constitucionales. Además, desde el mes de mayo se niega a discutir o negociar los temas pendientes sobre democratización y justicia, rompiendo el segundo Dialogo Nacional e interrumpiendo nuevamente las negociaciones políticas.

Estrategia de prolongación del conflicto

No cabe la menor duda que la estrategia de la dictadura es no solo ganar tiempo, sino prolongar el conflicto en el tiempo, para terminar, cansando a las masas populares y también a los empresarios.

Mientras instalaba la segunda versión del Dialogo Nacional, con una delegación de la ACJD mucho más reducida y bajo el control político de los empresarios, aprobó una reforma fiscal que obligaba a los empresarios a pagar mas impuestos. Al final quien termina pagando los impuestos es el pueblo consumidor.

Los economistas cuestionaron el efecto recesivo de cobrar mas impuestos en un momento de crisis de la economía y de reducción del consumo popular, producto de la perdida masiva de empleos. El efecto es devastador. La reducción del crédito incide sobre el ciclo agrícola, y esto genera más crisis económica y desempleo.

La estrategia de la dictadura contempla obtener recursos financieros por lo menos un año más, que permitan la sostenibilidad de las instituciones del Estado, sobre todo el pago de la planilla de los órganos represivos como el Ejercito Nacional (EN) y la Policía Nacional (PN)

Dentro de esta estrategia, la dictadura trabaja afanosamente para aterrorizar a los empresarios. A los sectores más radicales, como Mike Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC),-- por cierto el sector mas castigado con las confiscaciones de los años 80— les invaden sus propiedades, y el gobierno amenaza con entregar títulos de propiedad a los paramilitares que participan.

El otro componente de esta estrategia de prolongación del conflicto, es mantener el terror a través de la Policía Nacional y los grupos paramilitares, evitando cualquier manifestación callejera. El terror se mantiene, el descontento social también. Las diferentes marchas convocadas por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) no logran su objetivo, terminan replegadas a los parqueos privados del edificio del BAC o de banco LAFISE, o de Movistar o del restaurante Rostipollos

Aunque los activistas de la UNAB se mantienen con una alta moral combativa, desafiando a la dictadura y desnudando la represión, la realidad es que la dictadura ha logrado, por el momento, evitar que la población se vuelque nuevamente a las calles, como en el año 2018. Pero la tensión social continúa acumulándose. La recesión económica afecta a todos los sectores sociales.

Pequeños pero interesantes cambios

Con la represión indiscriminada, la llama de la rebeldía se ha debilitado, pero no se ha apagado. Ante la imposibilidad de realizar marchas de protesta, la resistencia de los activistas de la UNAB ha tenido la creatividad de trasladar las pequeñas protestas al interior de las marchas religiosas (San Jerónimo en Masaya y Virgen de la Merced en Matagalpa) donde encuentran el manto protector de la población en las calles. La dictadura se ha abstenido de reprimir o de apresar a los activistas

Sin embargo, los éxitos relativos de la imposición del terror en las calles, comienzan a agotarse. La crisis económica se profundiza y puede convertirse en un nuevo estallido social. La dictadura ha publicado encuestas amañadas que intentan pintar una recomposición social del FSLN. Pero estos pequeños datos (nuevos mecanismos de protestas, agudización de la crisis económica y desesperación por aparentar que todo está normal) nos indican que el ciclo de sobrevivencia de la dictadura está finalizando aceleradamente.

El rechazo a la comisión de la OEA

Durante el año 2018, la dictadura no permitió que el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) ingresara a Nicaragua. Ahora en el 2019, después de una seria de vaivenes diplomáticos, la 49 Asamblea General de la OEA votó el 28 de junio la conformación de una nueva Comisión para que hiciera gestiones diplomáticas ante el gobierno de Nicaragua, y rindiera un informe en un plazo de 75 días.

La OEA, de manera complaciente, creó esta Comisión dos meses después. Y cuando ya estuvo conformada a finales de agosto, la dictadura nuevamente le cerró las puertas.

¿Pero que reflejan están bravuconadas de la dictadura? ¿Acaso la dictadura esta fuerte, como afirman sus propagandistas? Las apariencias engañan. Daniel Ortega sabe perfectamente que, desde el aplastamiento de los tranques a finales de julio del 2018, mantiene el control del país con mano de hierro y eso es un factor que la llamada “comunidad internacional” toma en cuenta, a pesar de las constantes condenas en los foros internacionales. Por eso la cautela de la OEA y el silencio cómplice del gobierno de Estados Unidos.

Esperando cambios en la situación internacional

La estrategia de prolongación del conflicto persigue, no solo mejorar la correlación de fuerzas a favor de la dictadura a lo interno, sino, sobre todo, resistiendo y enseñando los dientes, la dictadura Ortega-Murillo espero que desfavorable situación internacional cambie un poco más.

Daniel Ortega sabe que la correlación de fuerzas a nivel internacional puede cambiar en cualquier momento, y por eso resiste y contiene la respiración, aunque arrastre al país entero a la debacle.

Las relaciones económicas entre Nicaragua y Venezuela se estrecharon profundamente en la ultima década. El intercambio comercial, el subsidio petrolero de Venezuela, etc, han creado solidos lazos entre las cupulas sandinista y chavista. Por eso la estrategia que armó la administración Trump, con el ahora caído en desgracia John Bolton, era golpear sobre Venezuela por ser el país que subsidiada las economías de Cuba y Nicaragua.

Por eso, si recordamos bien, durante el primer trimestre del 2019 cuando la dictadura de Nicolas Maduro estaba acorralada por las presiones yanqui, la dictadura Ortega-Murillo tuvo un comportamiento más moderado y mostró interés por las negociaciones políticas. Pero cuando la dictadura de Maduro logró sortear las presiones, aplastando dentro de las fuerzas armadas a quienes se le oponían, la dictadura orteguista sintió mas flojos los mecates, y endureció nuevamente sus posiciones.

El Plan de Bolton fracasó porque la cúpula militar en Venezuela, que usufructúa la renta petrolera, cerró filas con Maduro por ser el gobierno que garantiza sus enormes beneficios económicos. Trump le da la patada a Bolton, porque no logra el objetivo planteado. Es un chivo expiatorio de las políticas del imperialismo.

Pero hay otro factor clave de la situación internacional: el inicio de la crisis económica en Estados Unidos (toda la economía mundial comienza a tambalearse) y la campaña por la reelección de Donald Trump en el año 2020. Igual que el 2008, la crisis económica obligará al imperialismo norteamericano a concentrar sus esfuerzos en poner en orden su propia causa, descuidando su patio trasero. Y la campaña electoral del 2020 en cierta medida paralizará políticamente a la administración Trump.

Estos son los factores que Daniel Ortega ha estado esperando, y que dentro de su lógica le permitirán una negociación favorable más adelante. Sabe que Centroamérica comienza a convulsionar, y que en medio del caos los Estados Unidos necesitan una mano fuerte que imponga el orden. Por eso no lo liquidan, por eso lo aguantan. Definitivamente, en rio revuelto, ganancia de dictadores.

Las ilusiones en las sanciones internacionales

En el ultimo siglo, los empresarios han sido los principales sostenes de la dictadura somocista y la orteguista. La burguesía nicaragüense prefiere negociar con el poder antes que luchar por instaurar un Estado donde funcionen las instituciones, y donde haya juego y lucha de partidos políticos. Por eso la derecha no tiene líderes políticos destacados, no los necesita, tampoco necesita un sistema de partidos políticos, basta negociar con la dictadura de turno, para que los negocios marchen bien, y ¡felices todos!

Al fracasar el Dialogo Nacional en mayo del 2018 y abril del 2019, y ante la constante negativa para desarrollar la movilización popular o apoyar los paros nacionales, los empresarios atemorizados recurren, como siempre lo han hecho, al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que por la vía de las sanciones obliguen a la dictadura a negociar una salida electoral, sea en el 2020 o en el 2021.

Por ello promueven campañas reaccionarias de “paros de consumo”, y alientan ilusiones en las sanciones internacionales, que por cierto nunca llegan, o cuando llegan son simbólicas.

Fortalecer la organización territorial

La resistencia contra la dictadura no puede depender de sanciones internacionales simbólicas, sino de la independencia y autonomía de las fuerzas populares. La ACJD ha demostrado ser un aparato político de los empresarios, que se les quieren robar el mandado a los sectores populares, que son quienes en realidad estuvieron luchando en las calles y en los tranques en el año 2018.

Una de las grandes debilidades de este proceso de revolución democrática, que fue cortado a balazos por los paramilitares de la dictadura, ha sido la ausencia de una dirección genuinamente revolucionaria, que orientara correctamente al pueblo en el momento de la lucha. Esa es la dirección que debemos construir, y eso pasa por el momento por organizar comités en los barrios. Esta labor de organización es una tarea dura, silenciosa, discreta, pero debemos hacerla, no hay otro camino.


Por Victoriano Sánchez

Desde el aplastamiento de los tranques en junio-julio del año 2018 la dictadura Ortega-Murillo ha mantenido una sistemática represión contra la oposición, para evitar que se repitan las manifestaciones masivas en su contra.

Ciclos de la represión

La represión se manifiesta de diferentes formas. Va desde las capturas ilegales contra los jóvenes activistas, el secuestro, hasta las amenazas contra sus familiares. Casi todos los capturados terminan siendo procesados penalmente, en juicios amañados, con pruebas falsas, que persiguen una condena a cualquier costo. Algunos de los ex presos políticos fueron nuevamente capturados, bajo cargos de delitos comunes (tenencia ilegal de armas, drogas, robo, asaltos, etc).

Otro mecanismo de represión ha sido el acoso y la persecución contra los ex presos, las unidades de la Policía Nacional se parquean frente a la casa de los opositores, toman fotos y videos, atemorizan a todo el vecindario. El resultado es que no hay movilizaciones en las calles, hasta los “piquetes express” han casi desaparecido, ante el terror que ha logrado imponer la dictadura.

No obstante, ante el anuncio de diversos organismos, de convertir el mes de septiembre en un mes de marchas y acciones contra la dictadura, esta ha respondido redoblando la represión a niveles nunca antes visto.

¿Represión contra el COSEP?

Desde que comenzó la rebelión de abril del 2018, no ha habido un solo empresario encarcelado o secuestrado. Esto se debe a que ellos no arriesgan el pellejo en las marchas o en los tranques, y que tampoco luchan por el derrocamiento de la dictadura. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) mantuvo una alianza estratégica con el gobierno de Ortega, desde el 2007 hasta el 2018, fue la llamada política de diálogos y consensos, que fue rota por la insurrección de abril.

En ese momento, los empresarios dieron un bandazo y se pasaron a la oposición, pero debemos ser claros en afirmar que les tienen más miedo a las manifestaciones y los tranques, que a la dictadura. Por eso han tenido una posición timorata, de no apoyar los paros nacionales.

Ortega-Murillo castigaron estas veleidades democráticas de los empresarios del COSEP, tomándose las haciendas de algunos terratenientes, como Mike Healy, como mecanismo de presión para obligarlos a negociar por separado. Incluso, Ortega-Murillo castigaron a los empresarios donde más le duele: subieron los impuestos, para compensar el desfinanciamiento del presupuesto general de la república.

La crisis económica tiene desesperados a los empresarios. El malestar en las cámaras del COSEP contra el sempiterno presidente José Adán Aguerri, se ha manifestado públicamente. En las recientes elecciones, otros empresarios ascendieron al liderazgo nacional del COSEP. En esta ocasión, no estuvo en juego la presidencia del COSEP. Fuertes rumores indican que la mayoría de las cámaras solicitan cambiar a José Adán Aguerri en las elecciones del próximo año.

Incluso, este año no se produjo la tradicional celebración del día del empresario, contemplada para cada 8 de septiembre. ¿El motivo? El enorme descontento de las cámaras empresariales contra la dictadura, a pesar de la actitud conciliadora y pactista de la oligarquía financiera-bancaria, y de los principales grupos económicos.

En este contexto se produjo el reciente atentado contra José Adán Aguerri, en la entrada de la ciudad de León, cuando fue interceptado por turbas motorizadas que tiraron piedras y balines contra su vehículo. ¿El ataque contra Aguerri pretendía atemorizarlo o levantarle el perfil como opositor, para que sea nuevamente reelecto como presidente del COSEP? Pronto lo sabremos.

Estudiantes de la UCA no pudieron marchar

En cambio, la represión contra los movimientos sociales se ha intensificado. Los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) una universidad privada en manos de los jesuitas, anunciaron una marcha en el centro de Managua, para el día 9 de septiembre, con el objetivo de protestar por el recorte del presupuesto del 6% para las universidades, recortes que castigaron a la UCA por la actitud asumida por los jesuitas contra de la dictadura.

Muchos estudiantes de bajos recursos son becados con fondos del 6%. El resultado es que cerca de 2.000 estudiantes han perdido el derecho a la beca. Estos son los estudiantes que querían movilizarse, convirtiéndose en el primer intento de marcha para resolver asuntos puramente estudiantiles.

La marcha no se pudo realizar, las instalaciones de la UCA fueron rodeada por los cuatro costados por patrullas de la Policía Nacional, con tropas que usaban perros para atemorizar a los estudiantes.


Por Diego Lynch

Este 29 de agosto del año 2019, se abrieron nuevamente las negociaciones para discutir el incremento al salario mínimo. En un país en que la crisis económica y el desempleo son el pan diario de cada día, la clase social obrera y trabajadora tenía una esperanza de lograr una gota de sangre para el paupérrimo salario con el que viven las familias nicaragüenses.

No obstante, dicho incremento siempre ha estado en manos del Gobierno del frente sandinista y la empresa privada (COSEP) quienes desde el 2007 hasta a la actualidad, han pactado unos míseros incrementos no apegados a la realidad del país sino a los intereses de la burguesía y del capital, del cual son parte la familia gobernante y su círculo más allegado. Sin embargo, con la supuesta ruptura que ha existido entre el gobierno y la empresa privada, había quienes pensaban esta vez sería distinto.

Tras defender las medidas económicas que el régimen de Daniel Ortega aplico en el primer semestre para hacer frente a la caída de sus ingresos, que incluyo quitar exoneraciones a productos de la canasta básica y aumentar el aporte de los trabajadores a la Seguridad Social, la Central Sandinista de Trabajadores (CST) pedirá hoy un ajuste de entre tres y cinco por ciento en el salario mínimo, cuyas negociaciones comenzaran este jueves en el Ministerio del Trabajo. (La Prensa; 28 de agosto del 2019).

Este incremento que sugerían era de manera diferenciada, es decir un tres por ciento para las micro, pequeñas y medianas empresas; y para los trabajadores del Estado y demás sectores restantes, un incremento del cinco por ciento.

Propuesta es cortina de humo

La Central Sandinista de los Trabajadores es Pro Daniel Ortega, estas propuestas que hacen ante los medios y ante sus bases y afiliados a quienes representan son falsas, son cortinas de humo con las cuales engañan a los trabajadores para mantener su clientelismo político, por ende, su estatus quo y sus cargos importantes dentro del frente sandinista y el gobierno, tales como diputaciones. Si realmente les interesara un verdadero incremento hace años hubiesen salido a las calles a protestar a como lo hacían en contra de los gobiernos liberales.

Obviando el impacto de las duras medidas económicas que aplico Ortega en el primer semestre y sin presentar números que validen su tesis, Roberto González, Secretario General de la CST, dijo que la decisión que se tomó en el primer semestre de mantener congelado el salario mínimo significo para las empresas, sin importar su tamaño, “acumulación de ganancias” …” algunos dicen que se mantiene el precio (de la cesta) y hasta descabelladamente dicen más bien bajo el precio de la canasta básica. Con datos oficiales del Banco Central yo quiero contestarles a esos que le están mintiendo al país, a los trabajadores y al pueblo en general”, dijo González, al mencionar que hasta julio la canasta se ubicaba en 14,159.79 córdobas, rompiendo la barrera de los 13 mil córdobas. (La Prensa; 28 de agosto del 2019).

Sindicatos, COSEP y Gobierno cierran filas

No obstante, los discursos populistas y demagogos que año con año vienen haciendo los mal llamados representantes de los trabajadores o supuestos dirigentes sindicales, a la hora de la verdad a todos se les caen las máscaras. La discusión por el incremento al salario mínimo fue resuelta de inmediato y de manera unánime, a como el matrimonio entre el Frente Sandinista y la burguesía empresarial del país estaban recién casados y en luna de miel.

Los empresarios como es costumbre alegaron que existían dos vías; hacer un incremento y mandar al desempleo a miles de trabajadores o congelar el salario mínimo y que continúen generando ingresos a sus hogares, sin embargo, el mayor ingreso se lo generan a los burgueses y capitalistas, a los empresarios y jefes sandinistas afines a Ortega y Murillo, no así a los hogares de todos y cada uno de los trabajadores.

Defender el salario

Para el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), el salario mínimo en Nicaragua debe ser incrementado de manera porcentual al salario mínimo de todo el sector centroamericano; es urgente destituir y desaparecer esas centrales sindicales afines al frente que año con año venden el salario de los trabajadores para satisfacer las necesidades de la Burguesía Sandinista y Empresarial del país. Si ni el COSEP ni las centrales sindicales han sido capaces de llamar a un paro general para resolver la crisis política, económica y salarial del país, es necesario que los obreros y trabajadores nos organicemos y llevemos a cabo un paro general que obligue al gran capital a resolver la crisis que existe por las cuotas de poder que se discuten para gobernar.

El Gobierno utiliza el presupuesto y dinero del Estado para actividades partidarias, para reprimir a la población, para crear empresas familiares y enriquecerse cada más y jugar a ser el nuevo burgués de Centroamérica, y ante todo esto los más golpeados somos la población, quien paga los platos rotos de los conflictos de intereses entre el gran capital.

Incremento justo y digno; apegado al de toda Centroamérica y que cubra como mínimo la canasta básica.


Por Victoriano Sánchez

Últimamente, en la medida que las movilizaciones de protesta han prácticamente desaparecido, por la terrible represión en las calles, estamos siendo bombardeados en las redes sociales con una idea central: es necesaria la unidad para derrotar a la dictadura. La consigna de la unidad se ha transformado, otra vez, en la panacea que va a resolver los graves problemas de la oposición en su lucha contra la dictadura.

Dos ejemplos fallidos

Veamos un primer ejemplo. Después del año 2007, cuando Daniel Ortega recuperó el gobierno (el FSLN siempre tuvo cuotas de poder en todos los gobiernos) oímos a los liberales (arnoldistas y montealegristas) desgañitarse, clamando por la unidad. Esta se dio en las elecciones municipales del año 2008, pero el resultado fue que Arnoldo se reconcilió con el FSLN y el PLC no protestó contra el primer fraude electoral.  O sea que la unidad, por si misma, no garantiza nada, mucho menos derrotar a la dictadura.

Ahora veamos un segundo ejemplo. A finales de febrero del 2019, cuando la dictadura ya había impuesto el terror en las calles, los empresarios del COSEP, AMCHAM y FUNIDES, se pusieron de acuerdo con la dictadura en reiniciar el Dialogo Nacional. Esta vez la delegación negociadora de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), no fue elegida por los obispos de la Iglesia Católica, sino por los propios empresarios, con la venia o aceptación de Daniel Ortega.

La nueva ACJD actuó de manera unilateral, sin consultar para nada a las fuerzas que conforman la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). En estas negociaciones se firmaron dos acuerdos que la dictadura nunca cumplió. La excarcelación de la mayoría de presos políticos (hay más de 120 en las cárceles todavía) fue producto, no de las gestiones de la ACJD, sino por la presión nacional e internacional.

La ACJD rompió la unidad dentro de la recién creada UNAB, pero ahora reclama unidad. ¿Saben por qué? Por la ACJD no obtuvo los resultados esperados en el segundo Dialogo Nacional, y al no presentar resultados concretos a la ciudadanía, ha caído en el desprestigio político. La mayoría del pueblo ve correctamente a la ACJD como una organización controlada por los empresarios, y con una política muy tímida de buscar negociaciones a cualquier costo.

Debido al desgaste político de la ACJD, ahora también sus voceros se aferran la tabla de salvación de la unidad, creyendo que de esta manera pueden superar los errores políticos cometidos en la negociación. Dicen que todos los problemas se solucionarán si conseguimos la unidad. Esto es una gran mentira, porque la unidad por si sola no soluciona absolutamente nada.

¿Que provoca la división?

Pero lo extraño es que, a pesar de los discursos a favor de la unidad, una buena parte de las organizaciones que participaron en las jornadas revolucionarias del 2018, están en crisis o sufren divisiones. La represión de la dictadura ha sido tan brutal, ha vuelto la lucha tan difícil, que crea diferencias sobre cuál es el camino más rápido para retomar la lucha por el derrocamiento de la dictadura.

Y de esa necesidad salta la fórmula de la unidad, como una ilusión para solucionar los problemas. Y la división provoca desmoralización y conflictos que pueden llegar hasta los golpes, como ocurrió recientemente en una asamblea de exilados en Costa Rica.

El movimiento campesino, por ejemplo, está dividido en al menos cuatro corrientes. La UNAB fue creada como proyecto unitario de la oposición, pero últimamente han surgido varias organizaciones nuevas, que se distancian de la UNAB y de la ACJD, aunque también hablan de unidad.

Debemos preguntarnos si es posible la unidad con los empresarios, que fueron duramente más de una década los aliados de la dictadura, y que tiene pánico ante las protestas populares en las calles, o si es posible la unidad con el PLC o con el mismo CxL que ha manifestado claramente su proyecto político a favor de los empresarios.

Paro y disparo

Recientemente, un grupo conformado por ex presos, familiares, un sector del movimiento campesino y también una parte de los grupos estudiantiles, ha convocado a un paro nacional de tres días (22, 23 y 34 de agosto) bajo el lema “es mejor un paro que un disparo”, pero el llamado en realidad es un emplazamiento a las cámaras empresariales, que por cierto no van a mover un dedo.

Este llamado a “paro nacional” puede caer en el vacío, sino hay una labor previa de organización y agitación. La unidad es posible solo entre quienes luchamos de verdad para derrocar a la dictadura, pero la clave para lograrlo es la independencia política en relación a los empresarios y otros grupos de poder, que tienen agendas contrarias a los intereses populares. La unidad no es posible con los empresarios y sus agentes, que quieren instaurar un orteguismo sin Ortega

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