Por Sebastián Chavarría Domínguez

Finalmente, después de largas negociaciones, el pasado 4 de octubre, se dio a conocer al público la constitución de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) conformada por dos importantes organizaciones: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Articulación de movimientos sociales, que agrupa a la mayor parte de ONGs y movimientos sociales.

De manera un poco extraña, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), no aparecen entre los firmantes del Manifiesto de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia. No obstante, estas cámaras empresariales siguen participando en la ACJD, siendo en los hechos quienes imponen la línea política.

Divisiones y miedo de los empresarios

En las últimas semanas ha sido notoria el decaimiento y la crisis de la ACJD, debido a las vacilaciones de los empresarios. La ofensiva militar de la dictadura, y las invasiones de propiedades, han dividido a los empresarios en dos corrientes: una que quiere una negociación a cualquier costo con la dictadura, y otra que sigue forcejeando para lograr el adelanto de las elecciones, y de esta manera lograr el cambio de gobierno. A pesar de sus diferencias tácticas, ambos sectores empresariales coinciden en tenerle miedo a la dinámica revolucionaria de la movilización de masas. No duermen pensando en la posibilidad que los acontecimientos terminen en otra revolución, como en 1979.

La crisis de la ACJD no ha sido por la falta de empuje del movimiento de masas, sino porque los temores de los empresarios han terminado paralizándola. No obstante, a pesar de la enorme represión contra la dirigencia estudiantil agrupada en la Articulación (hay más de 300 presos políticos), las movilizaciones y marchas han continuado, en la mayoría de los casos pese al solapado boicot del COSEP. La crisis de la ACJD se ha manifestado en rupturas y denuncias públicas de algunos de sus dirigentes, todas ellas repudiando las maniobras y vacilaciones del COSEP.

Presiones por la unidad contra la dictadura

Bajo las difíciles circunstancias de la represión, crece la presión popular por la unidad contra la dictadura. A mediados de septiembre, la Articulación lanzó la propuesta publica de crear una Concertación Nacional Azul y Blanco contra la dictadura, una especia de alianza amplia con el objetivo de juntar fuerzas para derrotar al gobierno Ortega-Murillo.

Presionada por la realidad y por su propia crisis interna, la ACJD abandono la soberbia que le caracterizaba, de creer que era la única organización que luchaba contra la dictadura, y aceptó la propuesta de crear un nuevo organismo, la UNAB, que en el fondo es una alianza con la Articulación, la coordinara de movimientos sociales sobre los cuales ha recaído el peso de la movilización social en los últimos meses, marcados por una dura represión por parte de la dictadura

En cierta medida, podemos concluir que la propuesta de la Articulación se hizo realidad con la conformación de la UNAB. El jueves 4 de octubre, en una improvisada conferencia de prensa, se dio a conocer la UNAB, conformada por 43 organizaciones, siendo movimientos sociales en su mayoría. El anuncio desencadenó una ola de simpatías por parte de la población, que siente la necesidad de pasar a acciones de mayor envergadura contra la dictadura.

El Manifiesto de la UNAB

Al constituirse la UNAB, se dio a conocer el Manifiesto de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia, una proclama política que contiene una especie de programa o plan de acción de la nueva organización. Entre los documentos anteriores de la Articulación y de la ACJD existen muchos puntos en común, pero también hay diferencias importantes, que vale la pena analizar.

Los portillos de la “justicia transicional”

El primero cambio o concepto nuevo que se introdujo en el Manifiesto fue el de “justicia transicional”. En el punto número uno de los Compromisos, el Manifiesto expone. “Que no haya impunidad ante los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo y que se aplique la justicia transicional, basado en la verdad, justicia reparación y garantía de no repetición (…)”.

La “Justicia Transicional” no está incorporada a ningún tratado internacional especifico, sino que forma parte de las continuas declaraciones aprobadas en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En un famoso informe del año 2004, sobre “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, manifestó lo siguiente:

“(…) 25.- En otros casos, la comunidad internacional se ha lanzado a prescribir una fórmula específica de justicia de transición, haciendo hincapié bien en los juicios penales o en la búsqueda de la verdad, sin dar la oportunidad a las víctimas y los grupos del país a que consideren y decidan cuál es el punto de equilibrio adecuado. La comunidad internacional debe ver en la justicia de transición algo que va más allá de los juzgados y tribunales. Los problemas que se plantean después de los conflictos hacen necesario optar por un planteamiento que equilibre múltiples objetivos, entre los que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la verdad y la reparación, la preservación de la paz y la construcción de la democracia y el Estado de derecho”.

El informe detalla los objetivos centrales de la “justicia transicional”: “8.- (…) que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por complejo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos”.

Y en otra parte del extenso informe aclara que “39.- (…) Ahora bien, no resulta sencillo alcanzar y equilibrar los objetivos de la justicia penal y en los períodos de transición hay numerosas limitaciones que reducen su alcance, ya se trate de los recursos, el volumen de casos o el equilibrio del poder político”.

El concepto de “justicia transicional” se ha puesto de moda en aquellos países que han sido desgarrados por graves conflictos sociales, guerras civiles, dictaduras militares que cometen masivas violaciones de derechos humanos, etc. En América Latina destacan los casos de Argentina después de la dictadura militar, Chile después del régimen fascista de Pinochet, Perú después de la liquidación de la guerrilla de Sendero Luminoso, y el caso más notable es el de Colombia, con los recientes acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. En todos ellos se ha aplicado la llamada “justicia transicional”.

En Centroamérica, al terminar los conflictos armados y guerra civiles de Nicaragua, (1982-1990), El Salvador (1980-1992) y Guatemala (1954-1996) no se aplicó la “justicia transicional”, sino que el otorgamiento de amnistías generales en todos los países promovió la impunidad. Las heridas siguen sangrando todavía.

Por ello es que, a raíz de las masacres cometidas por la dictadura orteguista, la propuesta de “justicia transicional” aparece atractiva, aunque en realidad no lo sea. Ya hemos visto cuales son los principales objetivos de la “justicia transicional”: la reconciliación y el equilibrio del poder político.

En Nicaragua existe un rechazo masivo a una posible negociación que implique conceder una amnistía general que beneficie a Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a todos los altos mandos de la Policía Nacional y el Ejercito Nacional. Más de 500 muertos en las protestas sociales han creado una conciencia favorable al enjuiciamiento de la camarilla gobernante. Precisamente este punto de la amnistía general es lo que ha paralizado las negociaciones del Dialogo Nacional. El tema de la justicia se ha vuelto toral.

¿Hasta dónde puede llegar la “justicia transicional” en el caso de Nicaragua? El modelo de justicia transicional propuesto por la UNAB no implica el desmantelamiento del aparato represivo y de las instituciones del Estado, actualmente controladas por la dictadura orteguista, sino la simple depuración o reforma de las mismas. Lo anterior implica algún grado de acuerdo mínimo entre las fuerzas políticas existentes, para acordar hasta donde llegará esa “justicia transicional”. Este modelo de justicia de la ONU contempla tomar en consideración a las víctimas, lo que es importante, pero victimas hay de los dos lados, no dicen ni menciona donde está la mayoría de las víctimas.

En pocas palabras, con algunos grados de castigo que es difícil prever, la “justicia transicional” abre un pequeño portillo por donde se puede colar el respeto a la familia dinástica.

La supervivencia del modelo económico neoliberal

En los puntos número nueve y once del Manifiesto, se colaron de contrabando unas líneas que representan un duro golpe para los movimientos sociales de la Articulación, que siempre han luchado contra las políticas neoliberales de los diferentes gobiernos:

“9.- Un modelo de desarrollo socioeconómico que promueva el libre mercado y el bienestar social (…) 11.- Respeto a la propiedad privada.”

Esta es una formulación de la economía neoliberal que defienden a capa y espada los empresarios del COSEP y de ANCHAM, y que lograron fuera aprobado en la UNAB. No se trata de le defensa de la propiedad de los pequeños y medianos productores, sino de una defensa cerrada del derecho de propiedad en general, que beneficia a los banqueros y grandes grupos económicos.

Entonces, la gran duda en el ambiente, es: ¿si la UNAB es una alianza para la lucha inmediata contra la dictadura, mediante la unidad de acción y de movilización de los diferentes sectores sociales, o si estamos frente a la ante sala de una alianza electoral de cara a las posibles elecciones anticipadas?