Por Diego Lynch

Tras varios meses después de haber iniciado la insurrección popular en Nicaragua, la cual fue liderada en su mayoría por la comunidad de estudiantes universitarios, el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha obligado a las autoridades de las Universidades públicas y algunas privadas (subvencionadas por el Estado) a reiniciar el año académico, queriendo aparentar que el país “ha vuelto a la normalidad”.

Pero la “normalidad” es solo en apariencias. Es una cortina de humo para aplastar las movilizaciones independientes, y en el plano de la educación superior tratar de retomar el control de las universidades a través de la burocrática y corrupta Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), totalmente controlada por el FSLN. Recordemos que desde abril se produjo una insurrección y una masiva rebelión estudiantil contra UNEN y las autoridades sandinistas dentro de las universidades públicas.

Restricción, Asedio y Autoritarismo

El retorno a clases ha sido obedecido solo por una parte de los estudiantes. La otra parte considera que existe un enorme peligro por la presencia de policías y guardias privados al interior de las universidades públicas, como la UNAN. El gobierno dictatorial tiene un juego en torno al retorno a clases: llama a reanudar clases, pero en el fondo no quiere que los estudiantes se reagrupen para volver a la lucha, y quiere evitar nuevas tomas y movilizaciones por la liberta de los presos políticos.

Por eso se hace necesario evaluar la situación. Es necesario discutir que tan viable y seguro es para los estudiantes, ya que con el regreso parcial a clases se ha mantenido el asedio por parte de las autoridades universitarias. Los cabecillas de UNEN presionan, agreden y amenazas a compañeros y compañeras de denunciarlos como “terroristas”. Los paramilitares merodean los alrededores de los recintos.

En cumplimiento a las orientaciones de Ortega, las autoridades universitarias han restringido el ingreso a estudiantes que participaron en las diferentes protestas contra del Gobierno, de igual forma han agredido a algunos compañeros y compañeras, y hasta han secuestrado y apresado a otros para enjuiciarlos.

Esta situación ha quedado reflejado en las notas informativas de los periódicos: “Durante el pasado fin de semana, los estudiantes inscritos bajo la modalidad por encuentros reiniciaron sus clases, no sin antes haber tenido que pasar por una engorrosa revisión por parte de personal de seguridad, docentes y trabajadores administrativos de la UNAN…. Este nuevo protocolo de ingreso, como ha sido denominado por las autoridades, incluye la revisión de bolsos y mochilas, la presentación de carné estudiantil o cédula de identidad, así como el arribo únicamente por los portones peatonales 1, 2 o 4…. Pese a esta planificación de las autoridades, un grupo de estudiantes de diversas carreras, entre ellas Humanidades, Ciencias Jurídicas, Educación e Idiomas, Ciencias e Ingeniería y Ciencias Médicas, llamaron a implementar de manera indefinida, lo que han denominado una “desobediencia estudiantil”, como una medida de salvaguardar su integridad física, ya que consideran que “no es posible regresar a las aulas cuando sus compañeros de clases y maestros están presos o fueron expulsados injustamente”. (El Nuevo Diario; 1 de Octubre del 2018).

Durante el regreso a clases en la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, varios simpatizantes sandinistas se apostaron esta mañana en los alrededores de esta alma mater, además un fuerte contingente de antimotines se encontraba desplegado en la zona... El regreso de clases en la Upoli se da bajo fuertes medidas administrativas de la universidad, quienes informaron a los estudiantes que para ingresar al recinto se le tendrá que revisar sus mochilas o bolsos y tienen prohibido circular por ciertas áreas de la universidad. (100% noticias; 6 de Noviembre del 2018)

Autonomía Universitaria y Libertad para los estudiantes

Ante todas estas injusticias y métodos represivos utilizados para intimidar a los estudiantes, no podemos callar y quedarnos de brazos cruzados. Esta intimidación pretende evitar que los estudiantes se reagrupen nuevamente y pasen a la lucha. Por eso es importante discutir cómo enfrentar este tipo de represión. Lo ideal sería retornar a las clases en las mismas condiciones que estaban antes del 18 de abril, realizar asambleas y expulsar a los cabecillas de UNEN de todas las universidades, pero si no es posible retornar en condiciones de garantías mínimas para los estudiantes, entonces debemos discutir otras formas sobre como reagrupar a los estudiantes, realizando reuniones clandestinas que orienten a los estudiantes que pudieron regresar a clases, para iniciar procesos de resistencia y de reorganización del movimiento estudiantil.

Por Victoriano Sanchez

El pasado 29 de octubre, en una emotiva reunión con empresarios de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM), la embajadora norteamericana en Managua, Laura Dogu, se despidió de los empresarios, después de haber permanecido tres años al frente de la delegación diplomática.

A la señora Dogu le tocó impulsar la política del gobierno de Estados Unidos en relación a la crisis que se generó con la insurrección de abril, la posteriores masacres y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, perpetradas por la dictadura orteguista. En un sentido, es una persona lo suficientemente informada de lo que ocurre en Nicaragua y como se mueven las conspiraciones del poder y las contradicciones ente los diferentes grupos económicos.

Este último discurso de la embajadora Dogu reviste cierta importancia, no solo porque refleja la visión de la administración Trump en relación a la dictadura orteguista, sino por los reclamos implícitos a la clase empresarial nicaragüense.

“Valoraban más la estabilidad que la sostenibilidad”

Dogu comenzó el discurso con una crítica, en lenguaje diplomático pero despiadado, a la política de alianzas con el gobierno de Ortega, que por más de una década impulsaron los empresarios. Les recriminó que “En marzo, di un discurso sobre el “Camino al 2030″ en el que dije que el futuro de Nicaragua   es incierto debido a la falta de un estado de derecho, la falta de democracia, y la elección de ciertos socios internacionales. Antes de abril, cuando hablaba de estos temas, la comunidad empresarial me decía con frecuencia que podían sacrificar algunos de estos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría la violencia de los países del triángulo norte. (…) La comunidad empresarial valoraban más la estabilidad que la sostenibilidad. Creían que el crecimiento económico traería oportunidades. (…) Ahora está claro que la gran mayoría de los nicaragüenses ya no aceptarán más la corrupción de los funcionarios gubernamentales o de las empresas privadas y que ya no confían en las instituciones del gobierno. Quieren un país que proteja sus derechos y quieren elecciones libres, justas y transparentes (…)”

El párrafo anterior no admite doble interpretación, es una crítica directa a los empresarios por sacrificar la “sostenibilidad” democrática por la estabilidad coyuntural, que ha permitido el surgimiento de una nueva dictadura.

Sobre la situación actual

El discurso fue descarnado, directo. Sobre la situación actual, dijo: “(…) Contrariamente a lo que la propaganda del gobierno quiere que se crea, Nicaragua no ha regresado a la normalidad. (…) No habrá un retorno a la normalidad sin un cambio transformador que incluya elecciones libres, la separación de poderes, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos”.

Las últimas tres líneas resumen la política de Estados Unidos en relación a Nicaragua, y cuáles son las exigencias al gobierno Ortega-Murillo. Por eso insiste, en que la situación, efectivamente, no es normal.

El fracaso de las negociaciones

Hay muchos rumores de negociaciones secretas entre Ortega y los Estados Unidos. La embajadora Dogu las desmintió, al afirmar que “(…) Lamentablemente, no veo señales de que el Presidente Ortega o la Vicepresidenta Murillo estén dispuestos a considerar una solución negociada. Esto significa que es muy probable que la comunidad internacional continúe implementando medidas aún más fuertes, contra el gobierno”.

La embajadora Dogu no mencionó cuales son los temas que han impedido una negociación y por el tono de su discurso debe inferirse que el gobierno Ortega-Murillo pretende terminar su periodo hasta el 2021. Sin embargo, esto es pura especulación, porque mantuvo un discreto lenguaje diplomático en ese punto, sin proporcionar ningún detalle.

¿Vienen más sanciones?

En su discurso, no solo negó la voluntad negociadora del gobierno Ortega-Murillo sino que, al mismo tiempo, develó las posibles sanciones a implementar para ablandar la terquedad de la pareja presidencial.

En tono amenazante, dijo que las sanciones de la Ley Magnitsky eran apenas una pequeña parte de las sanciones que Estados Unidos puede aplicar: “(…) Una vez que terminen las elecciones en Estados Unidos a principios de noviembre, es muy probable que veamos la decisión final del Congreso en lo que respecta a esta legislación. (…) A través de estas sanciones, Estados Unidos está demostrando que responsabilizará de sus acciones a los funcionarios que autorizan el uso de violencia y abusos. Como dijo la Casa Blanca en julio, esto es solo un comienzo a posibles sanciones, no el fin”.

En casi todos los pronunciamientos oficiales del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que los responsables de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, deben rendir cuentas ante la justicia. No sabemos si Estados Unidos ira hasta el fondo en este tema, pero probablemente este es uno de los puntos de mayor fricción con el gobierno de Ortega-Murillo.

La corrupción abarca a funcionarios y particulares

Al tocar el tema de las denuncias de corrupción generalizada en Nicaragua, la embajadora puso el dedo en la llaga, porque este es un tema que no solo involucra a funcionarios del gobierno, sino también a particulares, es decir, a empresarios que hacen negocios con la corrupción del gobierno.

Sobre el tema, la embajadora Dogu dijo que Estados Unidos lucha globalmente contra el problema de la corrupción: “(…) hay un enfoque en todas las personas que estén involucradas en la corrupción, no solo los funcionarios públicos. Cualquier persona que se vea comprometida en la corrupción o se beneficie de ella puede ser blanco de esta campaña. De nuevo, este es sólo el comienzo, no es el final. (…) tenemos en la mira no solo a los funcionarios del gobierno sino también a aquellos que no forman parte del gobierno y que se han beneficiado, facilitado o participado en la corrupción”.

Las posibles sanciones que podría aprobar el Congreso de Estados Unidos, abarcarían no solo a funcionarios del gobierno, sino también a sus socios particulares: los empresarios corruptos. Fue una amenaza más que velada, bastante directa, de que si sectores empresariales se confabulan con el gobierno, también podrían sufrir las consecuencias.

Y les habló en un lenguaje comprensible para los empresarios: “(…) Los inversionistas deben estar conscientes de los riesgos físicos, financieros y de reputación empresarial de hacer negocios en Nicaragua y deben tener mucho cuidado. Con nicaragüenses enfrentando sanciones, los inversionistas también deberán ejercer mucha diligencia para evitar participar en transacciones comerciales o financieras prohibidas”.

En esta parte les alertó que los negocios de lavado de activos, provenientes de la corrupción, serian investigados. Las referencias a la “reputación empresarial” es una amenaza directa a aquellos empresarios que han hecho negocios turbios con la dictadura, sobre todo en el último periodo.

La negociación que quiere Estados Unidos

En esta parte del discurso, la embajadora Dogu pareció levantarse por encima del bien y del mal, guardó distancias, pareció criticar la aparente intransigencia de ambas partes, tanto al gobierno de Ortega como a los empresarios que se le oponen.

Veamos porque: “(…) Estados Unidos entiende que la solución a la crisis actual de Nicaragua solo puede venir de los nicaragüenses, empezando por el Presidente. Una negociación exitosa solo requiere de dos partes dispuestas a negociar de buena fe y hasta ahora solo ha habido una parte dispuesta a negociar. El problema no es la estructura   del proceso, sino la falta de buena fe por parte del gobierno. El pueblo de Nicaragua tendrá que ser persistente y paciente, porque no hay una solución rápida. Un nuevo liderazgo por sí solo no resolverá los problemas de Nicaragua”.

Aunque critico abiertamente “la falta de buna fe” del gobierno de Ortega, alertó que simple cambio de gobierno, “el nuevo liderazgo”, no resolverá los problemas. Por ello, Estados Unidos se inclina por una negociación con reconciliación.

¿Crítica y autocrítica?

La historia de Nicaragua, registra el rol determinante de Estados Unidos para imponer o derrocar gobiernos. Estas imposiciones siempre fueron a favor de algunas elites, en detrimento de otras.

En su discurso, la embajadora Dogu dijo lo siguiente: “(…) Con demasiada frecuencia en el pasado, las élites han establecido reglas que ignoran los intereses   del resto de la población. Se podría argumentar que en el pasado, Estados Unidos también fue parte del problema. Esta vez es diferente para todos nosotros. La Casa Blanca ha dicho que “Estados Unidos está con el pueblo de Nicaragua, incluido los miembros del partido sandinista que están pidiendo reformas democráticas y el fin de la violencia (…) El modelo de Caudillo debe terminar ahora y el poder y las oportunidades deben compartirse con todos. Eso puede sonar aterrador para algunos de ustedes, pero será la clave para construir un futuro sostenible para el país”.

El discurso parece una crítica a las elites antidemocráticas actuales y al mismo tiempo pareciera una autocrítica de Estados Unidos en relación a su comportamiento de antaño en Nicaragua, en el sentido que ya no va apoyar un caudillo contra otro, sino que quiere cambios más profundos. Por eso les advirtió a los empresarios, que les podía “sonar aterrador a algunos” de los empresarios presentes, pero que las reglas del juego deben político deben cambiar.

Resulta chocante que la embajadora norteamericana tenga que darle clases de democracia política a una clase empresarial, que ha sido históricamente ha sido la principal culpable de la instauración de las dos últimas dictaduras. La burguesía nicaragüense no peleo una institucionalidad democrática para resolver sus propias contradicciones, sino que se conformaron con medrar y enriquecerse a la sombra del poder de las dictaduras de turno.

Tomemos nota del discurso de la embajadora porque refleja cual es la política y los objetivos de Estados Unidos en Nicaragua, y al mismo tiempo refleja la desconfianza en una clase empresarial que ha sido el soporte de las dos últimas dictaduras (somocismo y orteguismo). Históricamente la burguesía nicaragüense ha sido incapaz de pelear la institucionalidad democrática que tanto necesita para resolver sus propias contradicciones, por eso debe recurrir siempre a Estados Unidos, por eso la embajadora Dogu, antes de marcharse, quiso darles una útil conferencia sobre el funcionamiento y algunas ventajas de la democracia burguesa.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

En las últimas semanas, la dictadura de Daniel Ortega parece haber consolidado su victoria, a partir de la ofensiva militar con los tranques y barricadas (en los meses de junio y julio), que obligaron a los luchadores a replegarse. Los paramilitares ya no están en las calles, ya cumplieron su principal misión de aniquilar a los principales luchadores, pero la represión no ha finalizado.

La dictadura orteguista ha centrado la represión en la dirigencia estudiantil universitaria, que ha sido la vanguardia de la lucha democrática. Como ya hemos explicado, una parte de esta dirigencia fue encarcelada, está siendo procesada penalmente sin posibilidades de defensa real; otra parte se encuentra clandestina y otra parte en el exilio.

La subordinación a los empresarios

¿Cómo llegamos a esta situación tan calamitosa? Después de la insurrección de abril, que fue masacrada sin piedad, provocando centenares de muertos y desaparecidos, se produjo un auge revolucionario: marchas multitudinarias, las masas estaban a la ofensiva y la dictadura estaba a la defensiva, maniobrando con la convocatoria del Dialogo Nacional, para ganar tiempo.

Esta coyuntura fue desaprovechada. Si bien es cierto que la insurrección desarmada fue un fenómeno espontaneo, surgió una dirección denominada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), una coalición de movimientos sociales (grupos estudiantiles, feministas, movimiento campesino, ongs, etc) con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y social (FUNIDES).

Esta alianza con los empresarios resulto funesta, porque la mayoría de estos movimientos sociales se supeditaron a las directrices de los grupos empresariales. Los empresarios, antiguos aliados estratégicos del régimen, siempre defienden sus intereses económicos, por eso se opusieron a una insurrección general. Nunca dijeron abiertamente que se oponían, pero en los hechos boicotearon cualquier medida tendiente a generalizar el proceso insurreccional.

Cuando la presión social era insoportable para ellos, convocaron a paros nacionales de un día, solo para posicionarse, pero no con el objetivo de tumbar a la dictadura. En total hubo 3 paros nacionales de un día cada uno, que hemos denominado a cuenta gotas. Los empresarios nunca iban a convocar a un paro nacional indefinido, esta tarea solo podía ser asumida por los movimientos sociales, ante la grave ausencia de la clase trabajadora, que ha estado ausente en todas las jornadas de lucha.

Durante los meses de auge del movimiento revolucionario de las masas era necesario convocar al paro nacional indefinido para convertirlo en un proceso de insurrección general contra la dictadura, hasta lograr su derrocamiento.

Pero la mayoría de los movimientos sociales se supeditaron a los empresarios, nunca mantuvieron su propia independencia política. De esta manera dejaron que la conducción de la ACJD estuviera en manos de los grupos económicos, que miraban la lucha de masas solo como un controlado mecanismo de presión para obligar a Daniel Ortega a negociar reformas democráticas. A eso es lo más que aspiran los grupos empresariales.

Espontaneismo contra dirección centralizada

Uno de los fenómenos más relevantes de la lucha contra la dictadura orteguista fue que, a pesar del estricto control que esta mantenía sobre la sociedad, la masacre de abril generó un proceso de auto organización espontanea de las masas. La sociedad entro en efervescencia política. Surgieron centenares de nuevas organizaciones de autoconvocados, pero desligadas unas de otras.

Esto fue una gran ventaja, surgieron nuevos liderazgos, pero al mismo tiempo encerraba una enorme debilidad: no había una organización centralizada que dirigiera la lucha a nivel nacional. Entonces tuvimos una paradoja: un masivo movimiento espontaneo de las masas se enfrentaba a una dirección extremadamente centralizada, y con alta experiencia, como es la conducción del FSLN.

Daniel Ortega comprendió muy bien que la ACJD era una conducción vacilante, y que en muchos casos la lucha de las masas estaba por fuera de las directrices de la ACJD. Por eso, Ortega mantuvo entretenida a la cúpula de la ACJD durante un mes en el Dialogo Nacional, mientras reunía fuerzas para conformar los grupos paramilitares encargados de hacer la labor sucia de la masacre y asalto a los tranques. Después procedió a atacar militarmente a las masas en lucha, sin piedad. En este combate desigual, morteros contra fusiles de francotiradores, espontaneismo de las masas contra una dirección centralizada, se impuso la dictadura. Es muy importante sacar las enseñanzas de esta parte de la lucha.

Cuando se produjo el asalto militar sobre los tranques, la ACJD no emitió una sola directriz para derrotar la ofensiva militar de la dictadura. En sus pocos comunicados de ese periodo, se limitaba siempre a apoyar a la Iglesia Católica y exigir la reanudación del Dialogo Nacional.

Entonces, al no tener directrices de la ACJD para luchar contra los paramilitares, las masas se defendieron como pudieron y fueron obligadas a retroceder anta la lluvia de balazos. Se impuso la capacidad de fuego de una dirección centralizada por encima de la lucha espontanea, armada de piedras y palos. Aquí es donde la falta de una conducción centralizada de las masas en lucha resultó fatal. La única manera de derrotar la ofensiva militar de Ortega era convocar a un paro nacional desde abajo, pero este no fue convocado por los movimientos sociales y, por lo tanto, no se produjo.

No se conformó la Junta de Gobierno Provisional

El proceso de autoorganizacion creó organismos de doble poder, gobiernos locales en territorios liberados como en Masaya, Carazo, Nagarote, una parte de León, y en la zona norte. No se comprendió nuestro llamado de que estos gobiernos locales o zonas liberadas creasen la Junta de Gobierno Provisional.

LA ACJD se negó a llamar a formar el gobierno provisional, se limitó a exigir la reanudación del Dialogo Nacional con los puntos de la Agenda de Democratización, que por cierto ya había abandonado el punto de la exigencia de la renuncia del gobierno Ortega-Murillo. Solamente los movimientos sociales de la Articulación, propusieron la necesidad de formar este gobierno provisional y de convocar a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, pero tampoco la Articulación tuvo la organización centralizada para convencer a las masas de retomar su agenda.

Los movimientos sociales surgieron en Nicaragua como una alternativa ante el desgaste de los partidos políticos tradicionales. Tienen como uno de sus principios básicos la participación ciudadana y la horizontalidad, lo que se convirtió en otra gran debilidad al momento de enfrentar al aparato represivo de la dictadura orteguista, centralizado a la máxima potencia.

La condescendencia de los Estados Unidos y la UE

Si bien es cierto que la masiva violación de derechos humanos en Nicaragua ha provocado el aislamiento internacional de la dictadura, debemos detenernos un poco a analizar el rol de Estados Unidos y la Unión Europea en la crisis.

Desde el inicio, las potencias imperialistas se inclinaron por el dialogo y la negociación, es decir, porque fuera el propio Ortega quien impulsara las reformas democráticas. Cuando se produjo la etapa de ascenso revolucionario, los llamados de Estados Unidos y la UE fueron a la calma, llamaron al Dialogo Nacional. Después de las masacres y del asalto militar a los tranques, Estados Unidos y la UE endurecieron el discurso (Incluso Estado Unidos aplico algunas sanciones a funcionarios orteguistas), hubo resoluciones simbólicas en la OEA, pero ni una sola medida que ayuda a detener las masacres.

Una vez que Ortega se impuso a balazos, vino el silencio sepulcral. Pareciera que existe un acuerdo secreto que permita poner el orden como condición previa a cualquier negociación. Después de colocarse la dictadura en una mejor posición, el gobierno de Estados Unidos ha suavizado su posición. No le interesa el triunfo de una nueva revolución democrática, como en 1979, sino que quiere una transición democrática. Y Daniel Ortega apuesta y juega ser indispensable en esa transición.

Recientemente, España ha promovido en el seno de la UE una posición más conciliadora con los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Poco a poco se impone la “sensatez” y se están revitalizando las negociaciones diplomáticas, y las salidas políticas.

Cambio en la correlación de fuerzas y nueva negociación

De esta manera, masacrando, enseñando los dientes ensangrentados, gruñendo, el gobierno Ortega-Murillo ha cambiado la correlación de fuerzas, y está creando escenarios para una nueva negociación, en mucho mejores condiciones que las de mayo-junio, es decir, bajo sus condiciones. Ataca furiosamente al obispo Báez porque representa el ala dura de la Iglesia, pero no puede prescindir de ella, por el momento. El estilo de Ortega ha sido que primero presiona al máximo antes de sentarse a negociar

En estos seis meses de lucha democrática, la estrategia de Ortega ha sido resistir, golpear para cambiar la correlación de fuerzas, y prepararse para la inevitable negociación política, procurando defender al máximo las cuotas de poder y la integridad del aparato represivo que ha creado en los últimos años.

Contradictoriamente, en este punto coincide con la política de Estados Unidos que aprecia el rol que ha jugado la Policía Nacional y el Ejército Nacional en imponer, en los años anteriores, el orden y la tranquilidad social que tanto necesitan los inversionistas extranjeros

Crisis en el FSLN

Para elevar la moral de la militancia del FSLN, les obligan a estar en las rotondas agitando banderas para dar la sensación que Ortega tiene apoyo popular. Pero el desgaste del FSLN se aprecia en esos pequeños actos: cada vez más le es más difícil al aparato del FSLN movilizar a sus simpatizantes, a pesar de contar con los recursos del Estado. Las masacres y el enriquecimiento de la cúpula del FSLN tienen en crisis a la militancia de base del sandinismo. Cada vez más, se ve a la dictadura orteguista como una degeneración de las tradiciones revolucionarias del sandinismo.

Prohibición de manifestaciones: agotamiento e inamovilidad

En aras de la inminente negociación, para consolidar los avances obtenidos, en el mes de octubre la dictadura prohibió cualquier tipo de manifestación pública. Las personas que en solitario marchan con banderas de Nicaragua para desafiar a la dictadura, son encarcelada y procesadas penalmente bajo la acusación de terrorismo.

Pareciera que la dictadura finalmente se impuso, pero en realidad no es así. El descontento popular es inmenso, pero ya no puede expresarse en las calles. Este es el punto donde quería llegar Ortega, para poder negociar las elecciones anticipadas. No obstante, al frenar y contener la más mínima expresión de descontento popular, está acumulándose la presión social en la caldera y en cualquier momento tendremos una nueva explosión social. La parálisis de la economía alienta las tendencias a una nueva rebelión.

Nuevas formas de lucha

La ACJD y la Articulación constituyeron a inicios de Octubre la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), pero esta unidad no ha avanzado hacia acciones concretas de lucha, más bien se ha quedado paralizada ante el ultimátum de la dictadura de prohibir cualquier manifestación callejera.

La lucha democrática debe adaptarse a las condiciones reales. Nunca podemos dejar de luchar, porque de lo contrario la dictadura ganaría la pelea. Si prohíben las manifestaciones, pues debemos convocar a concentraciones en lugares cerrados (iglesias, cines, colegios, universidades privadas, ect). Este tipo de actos de protesta no requiere permiso policial (todas las marchas se hicieron sin permiso).

También podemos organizar pequeños mítines en los barrios que, dependiendo de la asistencia, pueden ser marchas barriales. Las brigadas de agitación deben movilizarse constantemente

Debido a la inclemente represión, estos mítines o concentraciones, deben realizarse simultáneamente, creando una especie de guerrilla política: pequeños actos de resistencia, nunca quedarse en un solo punto, para mantener el nivel de agitación social. Todo esto es posible. De hecho, en Rivas, se han hecho tranques móviles, es decir, tranques por un corto periodo, y después los activistas desaparecen.

Lo que no debemos hacer, como pretenden los empresarios, es reducir la lucha a campañas en Twitter (pico rojo), publicando memes y noticias falsas. Esa campaña pretende convertir la resistencia contra la dictadura en actos individuales y no en masivos actos colectivos. El paro de consumo es parte de esa propaganda reaccionaria que pretende sustituir la lucha en las calles, o los actos de resistencia, a actos individuales en nuestras casas.

Toda forma de lucha que ayude a la movilización es bienvenida, pero lo que más nos debe interesar es como recupera las calles para iniciar una nueva ofensiva contra la dictadura. Aceptar cualquier dialogo bajo las condiciones que ha logrado imponer la dictadura, significaría aceptar un orteguismo sin Daniel Ortega, lo que equivale a la rendición política.

Nuevas formas de lucha surgirán del ingenio popular. La discusión colectiva ayudara a sacar ese Gueguense que llevamos dentro

Por Melchor Benavente

En los más de seis de meses de lucha contra la dictadura orteguista, las masas populares han utilizado todos los mecanismos de lucha: marchas, plantones, manifestaciones, barricadas, tranques, se han defendido a pedradas contra las balas asesinas. Han desplegado un heroísmo sin límites, aunque el costo ha sido enorme: más de 500 muertos, más de 300 prisioneros políticos, más de 2,000 heridos, y decenas de miles de personas forzadas al exilio, para escapar de la represión.

Los paros nacionales a cuenta gotas

Los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), antiguos aliados del régimen dictatorial, dieron un bandazo después del inicio de la insurrección, en abril de este año, pasando a la oposición, creando la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia (ACJD) como un mecanismo de presión social, para obligar a Ortega a negociar el adelanto de las elecciones.

Como parte de esas presiones, los empresarios han realizado tres paros nacionales de un día cada uno. El primero paro nacional fue convocado para el jueves 14 de junio, el segundo paro fue convocado para el viernes 13 de julio, y el tercer y último paro fue convocado para el viernes 7 de septiembre.

Estos paros nacionales fueron convocados por el COSEP bajo una enorme presión popular, que demandaba medidas contundentes para derrocar a la dictadura. En los meses de ascenso revolucionario, abril, mayo y junio, el COSEP maniobró para disipar la energía revolucionaria de las masas en paros nacionales simbólicos de un dia, a cuenta gotas.

Un nuevo invento: el paro de consumo

La represión desatada por la dictadura tiene en la cárcel a los más destacados dirigentes del movimiento estudiantil, en el clandestinaje a otra parte, y en el exilio a la parte restante. Pero el clamor popular a favor del paro nacional no ha desaparecido, más bien ha crecido la desconfianza hacia los empresarios, por sus vacilaciones y negociaciones secretas con la dictadura.

Entonces, para no quedar descolgados ante la mayoría de la población, en las últimas semanas los ideólogos a sueldo del COSEP, han inventado la teoría del “paro de consumo” en sustitución de los paros nacionales de un día. Y algunos medios de comunicación le dieron una gran cobertura a la novedosa idea del paro de consumo.

¿En qué consiste? En apagar las luces por las noches, durante una hora, para que el medidor marque menos, y de esta manera la familia Ortega-Murillo, que maneja el negocio de la energía eléctrica, no recibe más ingresos. De la misma forma, no se debe consumir combustible en determinados días, ni hacer comprar en ningún negocio, porque de esta manera el gobierno de Ortega recibe menos impuestos.

Esta loca idea del paro de consumo tuvo algún grado de aceptación en las redes sociales, pero es difícil medir su real impacto. Decimos que es una loca idea, porque en Nicaragua, por los altos niveles de pobres y de desempleo, el consumo es muy bajo. En realidad, la mayoría de los nicaragüenses vivimos en paro de consumo forzado permanente, a duras penas consumimos las calorías necesarias pare mantenernos con vida.

Esta ideología reaccionaria del paro de consumo, fue rescatada por el COSEP de experiencias de otros países, en donde el boicot acordado por una ciudadanía culta y bien alimentada, puede llegar a tener algún impacto económico, pero que no es aplicable a nuestro país, por los enormes índices de pobreza y desempleo. En realidad, la teoría del paro de consumo es para tapar la cobardía y las vacilaciones del COSEP, que cuida más su bolsa que el futuro de las instituciones del Estado.

La CUDJ demanda un paro nacional de 72 horas

Pero los luchadores aprenden de los trucos del COSEP. La represión de la dictadura ha sido tan intensa, que una buena parte de la dirigencia estudiantil esta presa. Todos reclamamos acciones reales contra la dictadura, y ya no sacar solo comunicados. Pues bien, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), más otros movimientos sociales, han emplazado al COSEP y AMCHAM a que se pronuncien sobre la necesidad de convocar a un paro nacional de 72 horas, como inicio del paro nacional indefinido.

Pero lo más importante, no solo es desenmascarar a los cobardes empresarios, sino estar claros que el futuro paro nacional solo será una realidad, si lo convocamos desde los barrios, colegios, y centros de trabajo, nosotros mismos, trabajadores y estudiantes.