Por Sebastián Chavarría Domínguez

Hace algunas semanas, advertimos que con la destrucción de los tranques y barricadas, a mediados de julio del año 2018, se iniciaba una fase de retroceso de la lucha popular, y probablemente se abriría otra fase de “negociaciones y traiciones”. Parace que ya entramos en esta ultima.

Afortunadamente, a pesar de las incesantes masacres el retroceso no fue total. La resistencia se mantuvo en las calles, las marchas continuaron. Algunas fueron multitudinarias a pesar de las continuas redadas contra los activistas populares.

Brutal ofensiva represiva contra la Articulación

En los medios de comunicación, a nivel nacional e internacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), --una coordinación de movimientos sociales influenciada por los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)—aparece como si fuera la conducción de la lucha. Una parte de los movimientos sociales que participan en la ACJD (feministas, movimientos campesinos y grupos estudiantiles) también forman parte de la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua. Un nombre tan largo que es mejor conocido simplemente como “Articulación”. Por ello, sin lugar a dudas, que podemos afirmar que ante la ausencia de sindicatos y organizaciones de trabajadores, el peso de la lucha real de la lucha en las calles contra la nueva dictadura orteguista, tanto en la fase de ascenso revolucionario como en la fase de resistencia, ha recaído en los fundamental en las organizaciones de bases de la Articulación.

Una vez que la ofensiva militar de la dictadura logró destruir los tranques y barricadas, todo el peso del aparato represivo del Estado ha sido dirigido a quebrar, capturar y procesar penalmente, bajo la acusación de “terrorismo” a los liderazgos locales, vinculados a la Articulación. Una parte de estos líderes están clandestinos, otros prisioneros y otros se marcharon al exilio, huyendo de la brutal represión. Doña Francisca Ramírez, lideresa del movimiento campesino anticanal tuvo que cruzar la frontera y solicitar refugio en Costa Rica. Casi todos los líderes estudiantiles que fueron delegados de la ACJD ante el Dialogo Nacional están presos, y otra parte como Lester Alemán y Víctor Cuadras, están en el exilio

Actualmente, según la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyo principal dirigente Álvaro Leiva está en el exilio, la Policía Nacional y paramilitares han secuestrado (capturas sin orden judicial) a 1,428 personas, de ese total solamente 125 han sido dejadas en libertad, y el resto permanece prisionera o desaparecida. Se reportan 512 personas asesinados y más de cuatro mil heridos. (La Prensa 24/09/2018)

Aumenta la cantidad de presos políticos

Para finales de julio, la cantidad de activas procesados penalmente eran 135, actualmente la cantidad ha aumentado considerablemente, porque diariamente se reportan capturas, pero no hay cifras oficiales fiables.

Los presos políticos se ha vuelto un tema sensible, que obliga a miles a salir a las calles, reclamando su liberación y desafiando con ello la represión sofisticada de la nueva dictadura. En su mayoría son jóvenes de ambos sexos, sometidos a proceso penales amañados, con jueces que obedecen ciegamente a la dictadura. Son juicios copiados de la época de la inquisición. Condenados de antemano, estos presos políticos son rehenes que la dictadura quiere canjear más adelante, con una amnistía general que proteja a quienes dieron las ordenes y ejecutaron las masacres.

Ortega quiere “paz social”, para negociar con el COSEP

Esta represión brutal pretende no solo quebrar la columna vertebral de la Articulación, sino evitar que continúe el ritmo ascendente de marchas de protestas en las calles, para crear un clima de negociación confortable para la dictadura.

El gobierno Ortega-Murillo se aferra desesperadamente al poder, o al menos a conservar una parte considerable de su absoluto poder. Y ha tenido una estrategia para lograrlo. Primero evitando, con el uso de francotiradores, las manifestaciones multitudinarias de abril, mayo y junio, después destruyendo los tranques y barricadas, masacrando a los activistas populares en los meses de junio y julio, y ahora en la fase resistencia necesita con urgencia contener las incesantes marchas de protesta, por ello se ha centrado en golpear a los movimientos sociales alrededor de la Articulación.

La marcha del pasado domingo 23 de septiembre en Managua fue atacada a balazos, fue asesinado el estudiante Matt Romero y cuatro personas fueron heridas. Ante el auge de las marchas de protesta, la dictadura vuelve a reprimir a balazos, para reimponer el terror y el miedo. Esta situación obliga al movimiento auto convocado a replantearse la organización de las marchas tal como las hemos conocido en estas semanas. Necesitamos retomar aquella táctica usada contra la dictadura de Somoza, de desarrollar pequeñas marchas en los barrios, donde la población es nuestro escudo de protección. La actividad iniciaba con un mitin de agitación, y la población se sumaba, vigilando los puntos de reunión, y de esta manera se tiene una mejor protección contra represión brutal del orteguismo. Lo importante es mantener la llama viva de la resistencia popular hasta que se produzca un nuevo estallido social.

Presiones y amenazas de Ortega: ¿Qué busca?

Otra parte de su estrategia de sostener en el poder es fomentar la división del COSEP, que a inicios de abril cerró filas contra la dictadura, pero que, después de cinco meses de revuelta popular y masacres, ya comienza a mostrar fracturas en su seno. La ofensiva de Ortega contra los empresarios que se le oponen ha sido especial: movilizando a sectores en extrema pobreza, fomentó la invasión de tierras, especialmente de los terratenientes reunidos en la Unión Nacional de Productores Agropecuarios (UPANIC), jefeados por Michel Healy, con el objetivo de atemorizarlos.

Pero, fiel a su estilo, de gritar, amenazar y patear primero la mesa de negociaciones, Ortega ha comenzado a retroceder, desalojando con la Policía Nacional a los “desgraciados” que movilizó para ocupar las tierras de los empresarios opositores. Las escenas han sido dramáticas: estos sectores sociales en miseria han denunciado la traición de Ortega, que les había prometido tierras.

Con una política conocida como “una de cal y otra de arena”, Ortega ha comenzado a mostrarse conciliador con los empresarios del COSEP, al desalojar a los ocupantes de tierras que el mismo movilizó, pero sin dejar de amenazar.

Para mostrar que tiene apoyó popular, desarrolla a diario marchas y mítines, utilizando a los empleados públicos que fueron afiliados forzosa y masivamente al FSLN, casi en los mismos puntos donde la resistencia popular desarrolla las suyas, para demostrar una fuerza o capacidad de convocatoria que se le extingue rápidamente.

Posibles sanciones de Estados Unidos

Ante el fracaso de las negociaciones del Dialogo Nacional, y ante el hecho que las victorias relativas de Daniel Ortega conduzcan a la consolidación de una dictadura familiar, como fue el somocismo, lo que provocará luchas de masas en su contra que amenazan el frágil equilibrio existente en Centroamérica, la administración Trump está usando al máximo el arma de las presiones diplomáticas y las sanciones económicas.

A finales de septiembre el Senado de los Estados Unidos volverá a discutir un proyecto de sanciones económicas contra el gobierno Ortega-Murillo. En todas sus últimas declaraciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha insistido en que los responsables de las masacres en Nicaragua deben rendir cuentas. Al parecer, este es el punto que, por el momento, mantiene trabadas las negociaciones en Nicaragua. Ortega-Murillo y su camarilla necesitan una amnistía general que los proteja de posibles juicios en su contra.

Y en el marco de presiones y contrapresiones, la situación en Nicaragua es cada vez más tensa.

“Economía popular” ante inminentes sanciones de Estados Unidos

En una de estas movilizaciones “portátiles”, adelantándose a posibles sanciones por parte del Congreso de Estados Unidos, las que se discutirían en el senado a finales de septiembre.

Por ello Ortega pronunció un discurso a favor de la “economía popular”. Ante sus partidarios, Ortega dijo: “(…) Nicaragua va a asegurar el alimento para los nicaragüenses, porque gracias a Dios somos productores de alimentos, no tenemos que importar los frijoles, ni tenemos que importar el maíz, ni tenemos que importar los plátanos, ni tenemos que importar el arroz, lo producimos aquí en Nicaragua, las naranjas, los limones, la fruta, lo producimos en nuestro país”. (El 19 Digital, 22/09/2018)

En pocas palabras, reivindicó la economía basada en pequeños productores ante el inminente deterioro de la economía en manos de los grandes empresarios. Pero este optimismo no corresponde a la realidad, porque el desplome de la economía golpeará también a su base social histórica, y provocará una mayor erosión política.

En uno de sus giros característicos, Ortega blandió la zanahoria y el garrote ante los empresarios del COSEP. Amenazante, afirmó que: “(…) Ahora, si el empresario quiere apoyar un partido político, si quiere formar un partido político, están en su derecho (…)  Tiene que cumplir con su deber como empresarios. Y luego llegará el momento de las elecciones, y las elecciones son en el mes de noviembre del 2021”. (op cit)

Ante el anuncio de la posibilidad de un nuevo Paro Nacional de 72 horas, para los días 26 al 28 de septiembre del año en curso, Ortega amenazó al COSEP: “(…) Y salen con el cuento algunos de estos empresarios, dueños de grandes empresas, que se tiene que ir al paro porque los están amenazando que les van a quemar el negocio sino van al paro. Pues la próxima vez que llamen al paro vamos a llamar a la policía que se mantengan las puertas abiertas y que eso, eso les dé entonces la seguridad de que nadie les va a quemar el negocio (…)”

Por queda alguna duda, Ortega desaloja a los ocupantes de tierras, pero al mismo tiempo mantiene las amenazas, con ello pretende crear una nueva mesa de negociaciones, otro Dialogo Nacional, más cerrado, para negociar posibles reformas democráticas.

El recule del COSEP y las tímidas protestas del FUNIDES

Es un secreto a voces que el COSEP está dividido entre quienes quieren negociar a cualquier costo con Ortega, y entre quienes presionan por un cambio de régimen político a través de elecciones anticipadas, vigiladas por la OEA y la ONU.

Las presiones de Ortega, dieron resultado. El COSEP no llamó al Paro Nacional de 72 horas, como lo exige la mayoría de la población. En cambio, emitió una declaración nostálgica del periodo en que prevalecieron el dialogo y el consenso con el gobierno, para concluir que: “(…) resulta prioritario que se reinstale a la mayor brevedad el diálogo con la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediador y testigo, e incorpore a garantes internacionales para garantizar que sus acuerdos sean cumplidos.

(…) Por lo que depende hoy más que nunca, de la voluntad política del Presidente de la República que el país retome el camino del diálogo y que en el seno de este se alcance el acuerdo político que permita pacificar y reconstruir nuestro país bajo principios de democracia y justicia (…) reiteramos que solo el diálogo efectivo, amplio, inclusivo y confiable es el camino para encontrar la solución a la grave situación que vivimos los nicaragüenses”. (COSEP, 24/09/2018)

En el último periodo, especialmente después de la destrucción de los tranques y barricadas, el COSEP ha bajado el tono de los ataques contra Ortega y se ha mostrado más conciliador. La traición del COSEP es más que evidente.

A diferencia del COSEP, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), un centro de pensamiento empresarial, levantó una tímida voz de protesta, al expresar que “las declaraciones del Presidente de la República del día 22 de septiembre no aportan hacia la búsqueda conjunta de una solución cívica y pacífica a la crisis política, sino que exacerban y profundizan la fractura social que actualmente vive el país. Las acusaciones de “terrorismo económico” contra el sector privado es una forma de criminalización de la protesta (…) Hacemos un llamado a las autoridades a detener las constantes amenazas y asedios a la ciudadanía y abrir las puertas hacia un diálogo que cuente con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (…)” (FUNIDES, 25/09/2017)

A pesar de los matices, ambas instituciones coinciden en demandar la reinstalación del Dialogo Nacional, con presencia de la Iglesia Católica. Sobre el clamor popular que exige la convocatoria a un Paro Nacional, ni siquiera lo mencionaron.

La crisis de la ACJD

Desde el inicio de la insurrección en abril del 2018, insistimos en nuestra caracterización que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), era una coalición influenciada por el COSEP. Y también dijimos que si bien es cierto se requería la unidad de acción con aquellos sectores empresariales que se oponían a la nueva dictadura, también dijimos que los movimientos sociales debían mantener la independencia política absoluta en relación a los empresarios del COSEP, porque estos fueron aliados de Ortega y tienen intereses económicos distintos a la mayoría del pueblo.

Nuestros temores se han confirmado. El COSEP reclutó para su propio proyecto de negociación por separado con la dictadura, a una parte de los líderes estudiantiles, los cuales incluso fueron desconocidos por sus bases. Las vacilaciones de una parte de los empresarios, ha provocado divisiones y rencillas entre los líderes y las organizaciones estudiantiles y populares. Una parte de estos ha reflexionado y ha denunciado públicamente las manipulaciones de los operadores políticos de los grandes empresarios.

Los relativos éxitos de la represión orteguista, y la disminución de la presión popular e las calles, han incidido en que una parte de los empresarios del COSEP comienzan a guiñarle el ojo a Daniel Ortega. Este viraje o claudicación ha incidido gravemente al interior de la ACJD, las divisiones al interior del COSEP se refractan dentro de la primera. El resultado final ha sido la parálisis de la ACJD, lo que se comprueba en el hecho que las ultimas marchas exigiendo la libertad de los presos políticos no fueron convocadas por la ACJD, la que ha perdido capacidad de convocatoria, sino por los movimientos sociales ligados a la Articulación. Esto explica la furia de la represión orteguista para desarticular a las bases sociales de la Articulación.

La propuesta de Concertación Nacional “Azul y Blanco”.

En este preciso contexto, el pasado 10 de septiembre, la Articulación dio a conocer públicamente un documento titulado “Propuesta para una Concertación Nacional “Azul y Blanco” contra la dictadura y por la democratización de Nicaragua”.

No hay duda que para derrotar a la dictadura asesina se requiere la más amplia unidad de acción de todos los sectores sociales que se muestren dispuestos a luchar por la democratización de Nicaragua. La unidad de acción es necesaria, el problema es con quien la hacemos, que sectores sociales están dispuestos.

En su documento, la Articulación plantea que la Concertación Nacional debe estar conformada por “(…) Todos los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, gremiales, sindicales, profesionales, empresariales, académicas, culturales, feministas, campesinas, indígenas, de mujeres, de pueblos afrodescendientes, de la diversidad sexual, partidos políticos no orteguistas, etcétera, pueden ser parte de esta iniciativa de integración de todos los sectores que adversan al régimen Ortega-Murillo”.

Hasta donde sabemos, todos los movimientos sociales actualmente existentes y en lucha contra la dictadura, excepto los empresarios del COSEP, están organizados alrededor de la Articulación.

A veces tenemos la impresión que la propuesta de Concertación Nacional estaba dirigida fundamentalmente a la ACJD, la cual como hemos visto está en una profunda crisis. El panorama es muy complejo, porque todo indica que la Articulación ha girado un poco hacia la ACJD (dirigida por el COSEP) en momentos en que los empresarios comienzan a recular, y buscan desesperadamente un acuerdo con la dictadura, el cual no necesariamente implica la democratización del régimen.

En este proceso observamos que la Articulación, en aras de lograr la más amplia unidad de acción (lo cual es correcto) también, paralelamente, ha comenzado a abandonar (lo cual no es correcto) algunos de sus postulados esenciales: ha abandonada la consigna de renuncia inmediata del matrimonio Ortega-Murillo, ha abandonado la necesidad de instaurar un gobierno provisional revolucionaria que se encargue de organizar y convocar a elecciones democráticas, y también ha abandonado como eje central la consigna de Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana.

Paro Nacional Indefinido desde abajo

A como hemos visto, debido a las posiciones cada vez más tibias y conciliadoras del COSEP y FUNIDES, existe el peligro real que los luchadores sociales de la Articulación no encuentren a ese aliado con el cual buscan concertar, y más bien tengamos que seguir peleando en cierta soledad al lado de las masas populares, como lo hemos hecho desde abril de este año.

En estas duras condiciones, lo unico que puede tumbar a la dictadura es organizar un Paro Nacional Indefinido, pero desde abajo, desde los barrios, mercados, empresas y fabricas. No depender nunca de la voluntad de los empresarios, ya que en cualquier momento vuelven al regazo de Daniel Ortega. La unica manera de ganar esta pelea es atraves de la lucha independiente, como lo hemos venido haciendo.

Esta es una discusión muy importante para el futuro de la lucha democrática.