Por Victoriano Sánchez

La segunda versión del Dialogo Nacional, que inicio en marzo del 2019, entre la dictadura Ortega-Murillo y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), después de varias crisis y oscilaciones produjo apenas dos acuerdos: uno sobre la excarcelación de presos en un plazo de 90 días (fecha tope el 18 de junio) y un documento por medio del cual la dictadura se compromete a restablecer la plena vigencia de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, algo que es una verdadera tautología jurídica.

La excarcelación de los presos políticos (casi un centenar de activistas permanecen presos todavía) se hizo mediante la aprobación de una ley de amnistía que beneficia a los asesinos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, mientras que a los presos políticos se les otorgó una libertad condicionada.

¿Viene una tercer Dialogo Nacional?

La estrategia de la dictadura ha sido llevar una lenta negociación en etapas, procurando retrasar al máximo la toma de decisiones importantes, y cuando estas se toman las aplica parcialmente.

El canciller Moncada, como la propia Rosario Murillo, han sido categóricos al afirmar que no habrá adelanto de elecciones, y que cualquier salida a la crisis actual debe ser en el marco constitucional, es decir, que Daniel Ortega debe terminar su periodo presidencial.

El triunfo militar de la dictadura sobre la insurrección desarmada ha envalentonado a los dirigentes sandinista, pero las cosas no andan muy bien. Aunque han logrado mantener la estabilidad macroeconómica, el país continúan deslizándose hacia el abismo de la depresión económica.

La “normalidad” es aparente, debajo de esa calma social impuesta por la represión policial, reverbera la crisis económica y social. Todas las presiones de Estados Unidos y Europa se concentran en forzar una nueva negociación sobre los temas pendientes: democratización y reformas electorales, y el complicado tema de la justicia.

Asi que, lo más probable, es que se imponga una nueva ronda de negociaciones, a partir de las ultimas sanciones del departamento del Tesoro de Estados Unidos contra altos funcionarios de la dictadura, y de una posible resolución de condena en la próxima asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Represión y reformas electorales

Al no haber triunfado la insurrección popular, en su objetivo de expulsar del poder a la pareja Ortega-Murillo, obviamente lo único que queda es la reforma de la dictadura. Y la reforma pasa por implementar un conjunto de reformas al sistema electoral viciado, que ha permitido continuos fraudes electorales que burlan la voluntad popular.

Mientras la dictadura resiste a pronunciarse sobre la convocatoria a elecciones anticipadas, la llamada comunidad internacional se concentra en presionar por la implementación de reformas electorales, dejando una gran incógnita sobre si las elecciones serán en el 2020 y en el 2021.

La dictadura ha logrado imponer el criterio que unas elecciones anticipadas podrían traer caos o la instauración de un gobierno muy débil. Es aceptado el criterio que la oposición burguesa está dividida, fragmentada y que no posee un sistema de partidos que arrastre a la población. En realidad, estos argumentos solo son utilizados para justificar una continuidad del statu quo, con la alta posibilidad de aceptar que Daniel Ortega termine su mandato presidencial.

Mientras se instala nuevamente el Dialogo Nacional, la dictadura mantiene altísimos niveles de represión y presencia policial intimidante en las calles, para evitar una nueva dinámica de movilizaciones populares de protesta, esta vez mezcladas no solo con consignas políticas a favor de la democratización, sino también con posibles reivindicaciones sociales.

Va a ser muy difícil desmantelar el aparato represivo de la dictadura con reformas. Estas tendrían que ser muy profundas, para iniciar el tránsito hacia la democratización.

El talón de Aquiles

Una profunda reforma al sistema electoral podría iniciar el desmantelamiento gradual de la dictadura. Este será el tema a debatir en las próximas semanas y meses. De nada servirá una convocatoria a elecciones anticipadas sino se garantiza la posibilidad de crear nuevos partidos políticos, y que se respete el voto de los electores. Esta crucial reforma electoral puede llegar a ser el motivo de una nueva crisis, pero también podría significar el reciclamiento de la dictadura y la conservación de altas cuotas de poder por parte de la burguesía sandinista, ante un posible cambio de gobierno.

El futuro político de Nicaragua podría decidirse en el periodo próximo inmediato

Por Victoriano Sánchez

Finalmente, el telón ha caído. Tal como habíamos alertado, el pasado viernes 7 de junio, la Asamblea Nacional aprobó apresuradamente con el mismo “trámite de urgencia”, la Ley No 996, Ley de Amnistía, que envió el dictador Daniel Ortega, la cual fue publicada con la misma rapidez en La Gaceta No 108 el día lunes 10 de junio del año en curso.

Desde el aplastamiento de los tranques, a finales de julio del 2018, la dictadura Ortega-Murillo capturó y procesó penalmente a más de 800 personas, entre dirigentes y luchadores democráticos, convirtiéndoles en rehenes o en “monedas de cambio” de una planificada amnistía general. El objetivo real de semejante represión era, no solo contener la dinámica de ascenso revolucionario, sino crear condiciones para otorgar una amnistía que cubriera a los altos jefes policiales y paramilitares, responsables de las masacres cometidas. En ese sentido, la dictadura ha cumplido su objetivo.

Amnistía general para los asesinos

Ante la ola de críticas, los diputados títeres sustituyeron el término “amnistía general” por “amplia amnistía”.  El articulo uno de la Ley No 996, estableció: “concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley”.

De esta manera, la dictadura estaría cumpliendo formalmente con su compromiso de liberar a los presos políticos antes de la fecha fatal del 18 de junio, días antes que el Congreso de Estados Unidos y que la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúnan y deliberen sobre la situación de masiva violación de los derechos humanos en Nicaragua. No cabe la menor duda que esta decisión política de última hora tiene el objetivo de evitar posibles e inminentes sanciones internacionales contra la dictadura.

Una concesión a la OEA y la ONU

Debido a que tanto la OEA como la Organización de Nacionales Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la aprobación de una ley de amnistía que permitiera la impunidad, el texto del proyecto original fue cambiado, quedando el articulo dos quedó de la siguiente manera: “La presente Ley de Amnistía cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos con éstos que son tipificados por el ordenamiento jurídico penal vigente en Nicaragua, se exceptúan aquellos regulados en Tratados Internacionales que Nicaragua es Estado Parte”.

¿Cuáles son esos tratados? Es evidente el sumo cuidado de la dictadura por vender su “amnistía amplia” para que sea aceptada por la comunidad internacional. Al no especificar cuáles son esos tratados internacionales, la interpretación queda en manos del poder judicial absolutamente controlado por la dictadura. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia siempre han sostenido que el ordenamiento jurídico nacional prevalece sobre los tratados internacionales Esto les da un amplio margen de maniobra a los asesinos ante una posible transición o cambio de gobierno.

Amnistía parcial y condicionada para los luchadores

El articulo tres, muestra la verdadera naturaleza de la “amnistía amplia”, al establecer: “Las personas beneficiadas por la presente Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de No Repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esta Ley”.

Los juristas de la dictadura hicieron una amalgama con la clara intención de crear confusión y proteger a los asesinos. En el derecho internacional se contempla la posibilidad de otorgar amnistía condicionada con la condición sine que non que existan comisiones de la verdad y mecanismos de reparación a favor de las víctimas. El antecedente mas cercano es la Ley No ley 1820 de Colombia, aprobada en el 2016, que incluso ha sido muy cuestionada.

De esta manera, sin existir un marco de “justicia transicional” pactado, concedieron de manera unilateral una amnistía general a su plana mayor, pero dejaron la soga al cuello a los luchadores democráticos que acaban de salir de la prisión. Como no ha sido procesado un solo jefe policial o paramilitar, el articulo tres solo es aplicable a los presos políticos que acaban de recuperar su libertad de manera condicional.

Si los presos políticos recién liberados (faltan 80 prisioneros para liberar) quieren ir a una marcha, u organizarse para luchar contra la dictadura, pueden ser nuevamente encarcelados bajo los mismos delitos cuyos expedientes ya fueron cerrados, por efectos de la misma ley de amnistía.

La liberación de una parte de los presos políticos no fue una dadiva de la dictadura, sino producto de la enorme presión nacional e internacional. Ya conquistamos un pedazo de libertad (manchado por la amnistia a los asesinos), la lucha y la movilización deben continuar para lograr la liberación plena de todos los presos políticos, la presentación de los desaparecidos, y exigir investigación, enjuiciamiento y castigo para los crímenes de lesa humanidad.

Por Victoriano Sánchez

Las negociaciones entre la dictadura orteguista y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) parece un sube y baja, un carrusel. En momentos hay ciclos de optimismo, pareciera que en una mesa de negociaciones se van a resolver los problemas, pero después viene el frenazo y las decepciones.

No hay duda que después del aplastamiento militar de la protesta popular en los tranques y barricadas, la dictadura recuperó el control y con ello el timón de las negociaciones, decidiendo junto a los grandes grupos económicos, el momento y la conformación de los equipos negociadores.

Incumplimiento de la dictadura

A pesar de haber firmado dos acuerdos, uno relacionado con la liberación de los presos políticos (estableciendo un plazo de 90 días) y otro sobre el reconocimiento de los derechos constitucionales (albarda sobre aparejo), ninguno de estos se ha cumplido. Seguimos bajo un Estado de sitio o Estado de Emergencia en donde las libertades democráticas han sido conculcadas en los hechos, sin que se haya aprobado ley o decreto que legalice esa situación excepcional.

La solicitud de no aplicar sanciones

Pero, ¿Por qué se produjo el frenazo o crisis en las negociaciones? Aparentemente la crisis de las negociaciones se debe a que el gobierno ha hecho la petición formal que la delegación de la ACJD firme una declaración conjunta, dirigida a la comunidad internacional, solicitando que no se apliquen mas sanciones contra altos funcionarios de la dictadura.

Hasta el momento, debido a que la represión de la dictadura ha logrado imponer la desmovilización casi total, las sanciones internacionales son el único instrumento de presión contra la dictadura, y por ello hace todas las maniobras políticas para desmontar las posibles sanciones que pueden ser aprobadas después del 18 de junio, cuando vence el plazo aprobado por el Congreso de los Estados Unidos.

Al no tener presiones a lo interno, el orteguismo intenta desmontar las presiones externas, las únicas que pueden hacerle mella en la actual situación. Por eso arremete, mete crisis en las negociaciones, para ver si doblega nuevamente a la ACJD.

Una situación similar se vivió durante el Dialogo Nacional de mayo del 2018, cuando el gobierno solicitó a la ACJD que exigiese el levantamiento de los tranques, una poderosa presión interna que lo tenía de rodillas. En esa oportunidad, la ACJD cometió el grave error político de aceptar que una comisión de seguridad, conformada de manera conjunta con el gobierno, supervisase el desmontaje de los tranques. Obviamente, en esa oportunidad la gente en los tranques se negó a desmovilizarse. Ahora intenta a hacer lo mismo, pero en una situación mucho mas critica.

Nuevo ciclo de negociaciones

Mientras intenta arrodillar a la ACJD, la dictadura ha iniciado un nuevo ciclo de negociaciones. Esta vez con el objetivo de firmas “preacuerdos para la implementación de los temas consensuados”, es decir, acuerdos para el cumplimiento de dos acuerdos ya firmados.

Para aclarar las dudas, José Pallais, miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), dijo que “estos acuerdos de implementación no estarán siendo firmados hasta que se concluya con toda la negociación". En declaraciones a Radio Corporación, Pallais insinuó que la ACJD firmaría esa petición cuando se firmen los acuerdos finales, relacionados con las elecciones anticipadas y el tema de la justicia

Cocinando una ley de amnistía general

Los medios oficialistas siempre insisten en que la liberación de los presos políticos solo puede producirse en el marco de la Constitución y las leyes. Así, mientras se reanudaban las negociaciones, también ha salido el tema de la amnistía general. Todo indica que la dictadura orteguista está presionando a la ACJD para que acepte que los presos políticos deben salir de la cárcel por medio de la aprobación de una ley de amnistía general.

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la ACJD, destapó el tema al afirmar recientemente que: “Se ha planteado (una ley de amnistía) en sus medios de comunicación. Nosotros como Alianza Cívica hemos dicho que ese tipo de solución no va a contar con el acompañamiento del punto de vista de la Alianza Cívica (…) Si se insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica. Nosotros decimos que la solución al tema de justicia es más complicado, no es a través de un plumazo, o de un decreto que se puede traer reparación y justicia para las familias (..)” (END 13/05/2019)

Las anteriores declaraciones confirman que el frenazo en las negociaciones, no solo se debió a la solicitud de frenar las sanciones internacionales, sino por el tema de la amnistía general. No cabe la menor duda que la dictadura presiona por obtener el visto bueno de la ACJD. El control total sobre la Asamblea Nacional convierte la inminente aprobación unilateral de una ley de amnistía general en una posibilidad real, contra la cual debemos luchar. Liberación para nuestros presos políticos, pero también debemos exigir juicio y castigo para los responsables de las masacres.

Por Ildefonso Portobanco

El nuevo estancamiento de las negociaciones entre la dictadura orteguista y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que se llevaban a cabo en las instalaciones del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), ha provocado diversas repuestas, a veces encontradas.

No negociar hasta que se arrodille

Unos sectores se rasgan las vestiduras, y afirman que se debe romper cualquier tipo de negociaciones, hasta que se liberen todos los presos políticos, y solo hasta que se restablezcan todos los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Esta posición gusta a muchos, porque refleja el rechazo total a la trampa de las negociaciones, tal como fueron acordadas entre los empresarios y el propio Daniel Ortega, pero en el fondo se quedan a medio camino.

La crítica correcta se transforma en una especie de auto realización, niegan las negociaciones y con ello la realidad tal como existe. El problema de este tipo de criticas es que antepone un esquema abstracto, ideal, pero irreal e inexistente, a la dura realidad que ha provocado el aplastamiento de los tranques y las subsiguientes oleadas represivas de la dictadura.

Bajar el tono y suavizar posiciones

Otros sectores, especialmente los empresarios, y el propio nuncio apostólico, consideran que se debe bajar el tono de las críticas, que se debe ser mas conciliador, y no realizar marchas ni ningún tipo de protesta, para no provocar reacciones duras por parte de la dictadura. Esta es la posición predominante en la ACJD y en muchos medios de comunicación.

No es una causalidad que los voceros de la ACJD hayan declarado que las negociaciones estaban rotas, y días después dijeran que estaban meditando y, poco a poco, de manera intermitente, a veces con declaraciones altisonantes que desconciertan, se han sentado nuevamente en la mesa de negociaciones en el INCAE. Lo que si es claro es la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), una organización amplia en la que la mitad de sus componentes forman parte u obedecen a la ACJD, ya no impulsan mas movilizaciones. Hasta los plantones, las sentadas, y la tirada de globos azul y blanco en las calles, han finalizado. Esta es la posición que se ha impuesto en los hechos, aunque la mayoría del pueblo la rechace.

Negociaciones y correlación de fuerzas

Cuando se instaló el primer Dialogo Nacional en mayo del 2018, la dictadura estaba en aprietos, por eso dio largas hasta que logró montar la ofensiva militar contra los tranques. Pero aun bajo esa situación favorable para la lucha democrática, la ACJD había firmado un acuerdo para desmontar los tranques, aunque después se echó para atrás.

Después del aplastamiento militar de los tranques en julio del 2018, y de instaurar el terror, la dictadura cambió la correlación de fuerzas a lo interno a su favor. La dictadura logró desarticular, a punta de balazos, la resistencia del movimiento campesino y del movimiento estudiantil, dos sectores sociales de vanguardia en la lucha democrática.

Al reanudarse las negociaciones en el INCAE, en marzo del 2019, en realidad la ACJD está negociando con los pies en el aire, no tiene nada a su favor, ya no hay manifestaciones ni protestas ni nada. Por eso las negociaciones se estancan cuando Ortega-Murillo dan la orden, y solo gemidos y llantos se escuchan por parte de la ACJD. Mientras no se comprenda que para negociar se debe tener fuerzas sociales en movimiento, para doblarle el brazo a la dictadura, estaremos solo oyendo lamentos por todos lados.

Retomar los mecanismos de presión social

¿Cómo podemos cambiar la actual correlación de fuerzas? ¿Cómo se puede doblegar a la dictadura? Muy sencillo, retomando los mecanismos que ejercen real presión sobre la dictadura en crisis. Uno de ellos, el más odiado por los empresarios, es la convocatoria a un Paro Nacional Indefinido, pero convocado desde los territorios, desde las comunidades, llamando a los trabajadores que todavía tienen empleo, a sumarse al mismo. Los paros nacionales a cuentagotas, convocados por los empresarios, fueron y siguen siendo ineficaces.

Otro mecanismo de presión real, en momentos en que la dictadura hace maromas para conseguir fondos, es una campaña nacional por la desobediencia fiscal. Los paros de consumo son también ineficaces. Debemos emplazar a los empresarios del COSEP y AMCHAN, que hablan tonterías sobre la democracia, que sean consecuentes y que dejen de pagar impuestos, porque con ese dinero se financia la dictadura.

Sin presión social en las calles, cualquier negociación se vuelve una trampa, y la ACJD lo sabe y aceptado voluntariamente colocarse la soga al cuello.