Por Victoriano Sanchez

El pasado 29 de octubre, en una emotiva reunión con empresarios de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM), la embajadora norteamericana en Managua, Laura Dogu, se despidió de los empresarios, después de haber permanecido tres años al frente de la delegación diplomática.

A la señora Dogu le tocó impulsar la política del gobierno de Estados Unidos en relación a la crisis que se generó con la insurrección de abril, la posteriores masacres y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, perpetradas por la dictadura orteguista. En un sentido, es una persona lo suficientemente informada de lo que ocurre en Nicaragua y como se mueven las conspiraciones del poder y las contradicciones ente los diferentes grupos económicos.

Este último discurso de la embajadora Dogu reviste cierta importancia, no solo porque refleja la visión de la administración Trump en relación a la dictadura orteguista, sino por los reclamos implícitos a la clase empresarial nicaragüense.

“Valoraban más la estabilidad que la sostenibilidad”

Dogu comenzó el discurso con una crítica, en lenguaje diplomático pero despiadado, a la política de alianzas con el gobierno de Ortega, que por más de una década impulsaron los empresarios. Les recriminó que “En marzo, di un discurso sobre el “Camino al 2030″ en el que dije que el futuro de Nicaragua   es incierto debido a la falta de un estado de derecho, la falta de democracia, y la elección de ciertos socios internacionales. Antes de abril, cuando hablaba de estos temas, la comunidad empresarial me decía con frecuencia que podían sacrificar algunos de estos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría la violencia de los países del triángulo norte. (…) La comunidad empresarial valoraban más la estabilidad que la sostenibilidad. Creían que el crecimiento económico traería oportunidades. (…) Ahora está claro que la gran mayoría de los nicaragüenses ya no aceptarán más la corrupción de los funcionarios gubernamentales o de las empresas privadas y que ya no confían en las instituciones del gobierno. Quieren un país que proteja sus derechos y quieren elecciones libres, justas y transparentes (…)”

El párrafo anterior no admite doble interpretación, es una crítica directa a los empresarios por sacrificar la “sostenibilidad” democrática por la estabilidad coyuntural, que ha permitido el surgimiento de una nueva dictadura.

Sobre la situación actual

El discurso fue descarnado, directo. Sobre la situación actual, dijo: “(…) Contrariamente a lo que la propaganda del gobierno quiere que se crea, Nicaragua no ha regresado a la normalidad. (…) No habrá un retorno a la normalidad sin un cambio transformador que incluya elecciones libres, la separación de poderes, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos”.

Las últimas tres líneas resumen la política de Estados Unidos en relación a Nicaragua, y cuáles son las exigencias al gobierno Ortega-Murillo. Por eso insiste, en que la situación, efectivamente, no es normal.

El fracaso de las negociaciones

Hay muchos rumores de negociaciones secretas entre Ortega y los Estados Unidos. La embajadora Dogu las desmintió, al afirmar que “(…) Lamentablemente, no veo señales de que el Presidente Ortega o la Vicepresidenta Murillo estén dispuestos a considerar una solución negociada. Esto significa que es muy probable que la comunidad internacional continúe implementando medidas aún más fuertes, contra el gobierno”.

La embajadora Dogu no mencionó cuales son los temas que han impedido una negociación y por el tono de su discurso debe inferirse que el gobierno Ortega-Murillo pretende terminar su periodo hasta el 2021. Sin embargo, esto es pura especulación, porque mantuvo un discreto lenguaje diplomático en ese punto, sin proporcionar ningún detalle.

¿Vienen más sanciones?

En su discurso, no solo negó la voluntad negociadora del gobierno Ortega-Murillo sino que, al mismo tiempo, develó las posibles sanciones a implementar para ablandar la terquedad de la pareja presidencial.

En tono amenazante, dijo que las sanciones de la Ley Magnitsky eran apenas una pequeña parte de las sanciones que Estados Unidos puede aplicar: “(…) Una vez que terminen las elecciones en Estados Unidos a principios de noviembre, es muy probable que veamos la decisión final del Congreso en lo que respecta a esta legislación. (…) A través de estas sanciones, Estados Unidos está demostrando que responsabilizará de sus acciones a los funcionarios que autorizan el uso de violencia y abusos. Como dijo la Casa Blanca en julio, esto es solo un comienzo a posibles sanciones, no el fin”.

En casi todos los pronunciamientos oficiales del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que los responsables de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, deben rendir cuentas ante la justicia. No sabemos si Estados Unidos ira hasta el fondo en este tema, pero probablemente este es uno de los puntos de mayor fricción con el gobierno de Ortega-Murillo.

La corrupción abarca a funcionarios y particulares

Al tocar el tema de las denuncias de corrupción generalizada en Nicaragua, la embajadora puso el dedo en la llaga, porque este es un tema que no solo involucra a funcionarios del gobierno, sino también a particulares, es decir, a empresarios que hacen negocios con la corrupción del gobierno.

Sobre el tema, la embajadora Dogu dijo que Estados Unidos lucha globalmente contra el problema de la corrupción: “(…) hay un enfoque en todas las personas que estén involucradas en la corrupción, no solo los funcionarios públicos. Cualquier persona que se vea comprometida en la corrupción o se beneficie de ella puede ser blanco de esta campaña. De nuevo, este es sólo el comienzo, no es el final. (…) tenemos en la mira no solo a los funcionarios del gobierno sino también a aquellos que no forman parte del gobierno y que se han beneficiado, facilitado o participado en la corrupción”.

Las posibles sanciones que podría aprobar el Congreso de Estados Unidos, abarcarían no solo a funcionarios del gobierno, sino también a sus socios particulares: los empresarios corruptos. Fue una amenaza más que velada, bastante directa, de que si sectores empresariales se confabulan con el gobierno, también podrían sufrir las consecuencias.

Y les habló en un lenguaje comprensible para los empresarios: “(…) Los inversionistas deben estar conscientes de los riesgos físicos, financieros y de reputación empresarial de hacer negocios en Nicaragua y deben tener mucho cuidado. Con nicaragüenses enfrentando sanciones, los inversionistas también deberán ejercer mucha diligencia para evitar participar en transacciones comerciales o financieras prohibidas”.

En esta parte les alertó que los negocios de lavado de activos, provenientes de la corrupción, serian investigados. Las referencias a la “reputación empresarial” es una amenaza directa a aquellos empresarios que han hecho negocios turbios con la dictadura, sobre todo en el último periodo.

La negociación que quiere Estados Unidos

En esta parte del discurso, la embajadora Dogu pareció levantarse por encima del bien y del mal, guardó distancias, pareció criticar la aparente intransigencia de ambas partes, tanto al gobierno de Ortega como a los empresarios que se le oponen.

Veamos porque: “(…) Estados Unidos entiende que la solución a la crisis actual de Nicaragua solo puede venir de los nicaragüenses, empezando por el Presidente. Una negociación exitosa solo requiere de dos partes dispuestas a negociar de buena fe y hasta ahora solo ha habido una parte dispuesta a negociar. El problema no es la estructura   del proceso, sino la falta de buena fe por parte del gobierno. El pueblo de Nicaragua tendrá que ser persistente y paciente, porque no hay una solución rápida. Un nuevo liderazgo por sí solo no resolverá los problemas de Nicaragua”.

Aunque critico abiertamente “la falta de buna fe” del gobierno de Ortega, alertó que simple cambio de gobierno, “el nuevo liderazgo”, no resolverá los problemas. Por ello, Estados Unidos se inclina por una negociación con reconciliación.

¿Crítica y autocrítica?

La historia de Nicaragua, registra el rol determinante de Estados Unidos para imponer o derrocar gobiernos. Estas imposiciones siempre fueron a favor de algunas elites, en detrimento de otras.

En su discurso, la embajadora Dogu dijo lo siguiente: “(…) Con demasiada frecuencia en el pasado, las élites han establecido reglas que ignoran los intereses   del resto de la población. Se podría argumentar que en el pasado, Estados Unidos también fue parte del problema. Esta vez es diferente para todos nosotros. La Casa Blanca ha dicho que “Estados Unidos está con el pueblo de Nicaragua, incluido los miembros del partido sandinista que están pidiendo reformas democráticas y el fin de la violencia (…) El modelo de Caudillo debe terminar ahora y el poder y las oportunidades deben compartirse con todos. Eso puede sonar aterrador para algunos de ustedes, pero será la clave para construir un futuro sostenible para el país”.

El discurso parece una crítica a las elites antidemocráticas actuales y al mismo tiempo pareciera una autocrítica de Estados Unidos en relación a su comportamiento de antaño en Nicaragua, en el sentido que ya no va apoyar un caudillo contra otro, sino que quiere cambios más profundos. Por eso les advirtió a los empresarios, que les podía “sonar aterrador a algunos” de los empresarios presentes, pero que las reglas del juego deben político deben cambiar.

Resulta chocante que la embajadora norteamericana tenga que darle clases de democracia política a una clase empresarial, que ha sido históricamente ha sido la principal culpable de la instauración de las dos últimas dictaduras. La burguesía nicaragüense no peleo una institucionalidad democrática para resolver sus propias contradicciones, sino que se conformaron con medrar y enriquecerse a la sombra del poder de las dictaduras de turno.

Tomemos nota del discurso de la embajadora porque refleja cual es la política y los objetivos de Estados Unidos en Nicaragua, y al mismo tiempo refleja la desconfianza en una clase empresarial que ha sido el soporte de las dos últimas dictaduras (somocismo y orteguismo). Históricamente la burguesía nicaragüense ha sido incapaz de pelear la institucionalidad democrática que tanto necesita para resolver sus propias contradicciones, por eso debe recurrir siempre a Estados Unidos, por eso la embajadora Dogu, antes de marcharse, quiso darles una útil conferencia sobre el funcionamiento y algunas ventajas de la democracia burguesa.