Por "Netzahuatl"
Antecedentes
El FSLN fue fundado como organización político militar marxista en los años 60 del siglo XX. En algún momento de la lucha contra Somoza, el dictador al servicio del imperio norteamericano en Nicaragua, la organización se dividió en tendencias, atendiendo a la estrategia planteada para la toma del poder. Por un lado estaba la tendencia “Guerra Popular Prolongada” que planteaba el trabajo de la guerrilla en el campo y el desarrollo de la organización campesina. Por otro lado estaba la tendencia “Proletaria” que planteaba el desarrollo de la organización obrera y la guerrilla urbana.
Finalmente se agregó la tendencia “tercerista”, dirigida por los hermanos Humberto y Daniel Ortega, la cual planteaba la tesis insurreccional, a mi juicio y visto en retrospectiva, sin una justificación ideológica, simplemente buscaban la toma del poder para ellos por la toma del poder.
Al triunfo de la Revolución en 1979 se mantuvo el discurso marxista y se insertó a Nicaragua dentro de la órbita soviética, pero las políticas económicas concretas fueron más bien social demócratas y se persiguió a los “radicales de izquierda”. En el plano político se mantuvo la fachada de la democracia representativa, con un partido político dominante, el FSLN.
En 1990 el FSLN perdió las elecciones como consecuencia de la guerra de agresión imperialista y las desviaciones económicas, políticas y morales de la dirigencia. Ante esa pérdida el FSLN abandonó cualquier apariencia de organización revolucionaria y perpetró el mayor robo de bienes públicos en la historia de Nicaragua, lo que se conoce como “La Piñata”, con el supuesto fin de “asegurar los recursos para que el partido pudiera enfrentar la nueva etapa”. En realidad, los bienes robados fueron la base de un nuevo grupo económico, la burguesía “sandinista”.
De 1990 al 2006 el FSLN, bajo la dirección de Daniel Ortega, se fue convirtiendo en una organización electorera, bajo la mano férrea de su secretario general y en la que las estructuras democráticas de decisión, como la Asamblea o el Congreso del partido, desaparecieron en la práctica, concentrándose el poder efectivo en el caudillo, Daniel Ortega.
Ortega se presentó de candidato a la presidencia y perdió en las elecciones de 1990, 1996 y 2001. En ese período entró en negociaciones mafiosas con la burguesía de Nicaragua y fue entregando a pedazos la organización popular de la Revolución y las empresas del Estado (permitiendo su privatización) a cambio de que se le reconociera a la cúpula del FSLN la propiedad de los bienes robados en 1990 y de mejorar su situación política, negociando el acceso a algunos cargos en el Estado.
En el año 2006 volvió Ortega a la presidencia de Nicaragua, tras un pacto con el caudillo del partido liberal, Arnoldo Alemán, uno de los políticos más corruptos de la historia de Nicaragua, sólo superado por el mismo Ortega. Ortega ganó las elecciones del 2006 sin aumentar su caudal de votos. Su triunfo estuvo basado en dos pilares: la disminución del porcentaje de votos necesarios para ganar gracias a una reforma de la ley electoral y el asegurar a los EEUU, la burguesía e iglesia católica locales que no tenían nada que temer, que su gobierno aseguraría los intereses de esos 3 actores.
Las Presidencias de Ortega (2006 – 2018)
Los últimos 12 años de gobierno de Ortega han tenido como objetivo principal asegurar la continuidad del caudillo en el poder. Para ello Ortega tomó las siguientes medidas:
Asegurar los intereses del capital transnacional permitiendo las inversiones extranjeras sin impuestos, con la mano de obra más barata y más dócil de Centroamérica (gracias a los sindicatos blancos) y permitiendo la repatriación irrestricta de capitales y ganancias.
Entregar a compañías mineras transnacionales concesiones de exploración y explotación de minerales sobre un alto porcentaje del territorio nacional.
Promover una alianza con los sectores más reaccionarios de las iglesias católica y evangélicas con medidas como la criminalización del aborto en cualquier circunstancia (el aborto terapéutico era legal en Nicaragua desde 1891).
Alquilar el Ejército Nacional de Nicaragua y la Policía Nacional de Nicaragua al gobierno de Estados Unidos para trabajar deteniendo los flujos de la droga hacia ese país, así como el flujo de migrantes “ilegales” con el mismo destino.
Someter los poderes del Estado al Ejecutivo (Legislativo, Judicial y Electoral, según la Constitución en Nicaragua). Usar el Poder Judicial para interpretar la ley (declarar “inconstitucional” el artículo de la Constitución que prohibía la reelección), someter a sus enemigos con juicios criminales y liberar a sus amigos con sentencias absolutorias. Usar el Poder Legislativo para cambiar la Constitución (eliminando el artículo que prohibía la reelección) y las leyes a su medida. Usar el Poder Electoral para “ganar” todas las elecciones con el margen que Ortega decida.
Reprimir violentamente a los partidos políticos cuando protestaran por los fraudes electorales, haciendo uso, principalmente, de pandillas de delincuentes juveniles y, de ser necesario, de los simpatizantes de su partido y de la policía.
Promover una alianza estratégica con el capital nacional, a través de la incorporación del Consejo Superior de la Empresa Privada a la instancia nacional de toma de decisiones económicas y permitiéndoles, en la práctica, la iniciativa del ley en materia económica, al tiempo que los incorporaba a los consejos de dirección de todas las instituciones del Estado cuya tarea fuera de interés económico.
Someter de forma absoluta al país a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Los daños sociales, económicos y políticos de esas acciones fueron prevenidos por los programas sociales clientelares financiados con un pequeño porcentaje de la ayuda económica de Venezuela. Según el Banco Central de Nicaragua, entre 2007 y 2017, Ortega recibió $3.852,600.000,00 (Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Dos millones, Seiscientos Mil dólares).
Ese dinero ingresó a Nicaragua como donación privada y, por lo tanto, no formó parte del presupuesto de la Nación ni su uso estuvo sujeto al escrutinio público.
Como puede verse en el cuadro, a partir del 2014 el flujo de petrodólares comenzó a declinar. Ortega venía trabajando en una fuente de financiamiento alterna desde unos años antes y en 2013 vendió la soberanía y una franja no especificada del territorio nacional a un inversionista chino para que construyera el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, el cual se suponía haría la competencia al de Panamá.
La ley del canal habla de expropiación de las tierras que la compañía concesionaria considere necesarias para la obra y habla de compensaciones monetarias en base al valor catastral de las mismas (siempre menor que el de mercado).
La ley del canal provocó que un sector importante de los campesinos que viven en la zona potencialmente afectada por el canal se organizaran y se declararan en rebeldía contra el gobierno de Ortega, en “Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía”. La organización campesina, a pesar de la represión, cárcel y asesinatos desatados por Ortega, no ha parado de combatir al gobierno de forma pacífica, uniéndose a las feministas que desde el 2006, cuando Ortega criminalizó el aborto terapéutico, lo combaten también.
La construcción del malhadado canal nunca se ejecutó y al carecer de recursos frescos, Ortega tuvo que comenzar a disminuir los programas sociales clientelares, lo cual hizo que la gente beneficiaria de los mismo comenzara a preocuparse por su futuro. En esas circunstancias estábamos al iniciar el año 2018.
La Chispa se enciende
En el primer tercio del mes de abril se produjo un incendio forestal en la Reserva Biológica Indio Maíz, al sur-este de Nicaragua.
Tres días después de iniciado el incendio, el gobierno de Ortega no había movido un dedo para apagarlo. Se sabe que uno de los negocios de la burguesía orteguista ha sido el de la venta de madera preciosa y los grupos ambientalistas tienen años de estar preocupados por el constante asedio a las selvas del país.
El incendio despertó el temor en los movimientos ambientalistas y aún en sectores no vinculados a la lucha ecológica. El 10 de abril movimientos ecológicos y sociales realizaron en la Universidad Centroamericana de Managua (jesuita) una conferencia de prensa para denunciar la indolencia del gobierno ante el incendio. Los estudiantes anunciaron para el día 12 de abril una marcha que terminaría en la sede de la Asamblea Nacional (Congreso) para exigir al gobierno se moviera a apagarlo.
Es en este momento, a mi juicio, que el gobierno de Ortega decidió un cambio de fondo en sus métodos de control social y político, cambio que nos llevó a donde estamos hoy. Hasta ese momento Ortega manejó las protestas sociales mediante la represión a golpes y la ocupación del espacio público con gente contratada para los efectos (Al estar ya ocupadas calles y plazas por sus empleados, la protesta no tenía un escenario en el cual desarrollarse).
Esta vez Ortega recurrió a sus tácticas tradicionales, pero agregó una nueva: Un notable despliegue de policías con escopetas y bandoleras cruzadas (estilo Pancho Villa) a todo lo largo de la ruta que los estudiantes deberían seguir para llegar a la Asamblea Nacional (Congreso), además piquetes de motocicletas al alcance de los policías ¿Para perseguir a los estudiantes?.
Los estudiantes no pudieron marchar en Managua y fueron reprimidos en todo el país. La situación no desembocó en violencia generalizada porque una lluvia providencial apagó el incendio. 55 millones de metros cuadrados de selva fueron incinerados. Se desconoce la cantidad de animales que perecieron.
En abril explotó Nicaragua
Los estudiantes fueron reprimidos, pero aún el 15 de abril, en la ciudad de Matagalpa, un grupo de jóvenes intentó hacer labores de limpieza en el río del mismo nombre, fueron interceptados por la policía y se les impidió la limpieza del río. A esos niveles del absurdo estaba llegando la represión orteguista.
El 18 de abril Ortega publicó el decreto 03-2018 por el cual se incrementaba la cuota mensual de empleados y empleadores al seguro social y se disminuían las pensiones de los jubilados.
Los gobiernos de los últimos 29 años han usado al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) como su caja chica. Los sucesivos gobiernos de Ortega no han sido la excepción. Además ha habido una mala política de inversión del dinero de los trabajadores y varios de los préstamos realizados a amigos y empleados de Ortega permanecen impagados o hubo que ejecutar la garantía. Por otro lado, Ortega incrementó la planilla de trabajadores de manera exponencial, con muchos cargos innecesarios pero que dan réditos políticos.
El INSS está al borde de la quiebra por los fraudes y el mal manejo del dinero de los trabajadores por parte de los gobiernos, el de Ortega el principal. En lugar de recuperar la cartera morosa y el dinero robado, de analizar la estructura de cargos, de mejorar la administración, Ortega decidió que trabajadores, empresarios y jubilados pagáramos la factura.
Ese mismo día las asociaciones de jubilados salieron en pequeñas manifestaciones contra la medida, en León (la segunda ciudad de país), Chinandega (Nor-Oeste), Managua (la capital), Matagalpa (Norte) y Boaco (Centro). Ortega vapuleó a los ancianos y ancianas con sus grupos de choque formados por pandilleros juveniles y matones de las estructuras profesionales del partido. La policía anti-motines fue desplegada para disolver las manifestaciones y proteger a los matones.
Los estudiantes salieron a apoyar a los ancianos y a protestar contra el gobierno. Hay historia de que el seguro de los jubilados es un tema delicado que genera la acción inmediata de los estudiantes. Ya en 2013 hubo represión contra adultos mayores y eso dio lugar al movimiento #OcuapINSS (ver http://www.ocupainss.com/). El gobierno vapuleó a los viejitos, a los estudiantes que los apoyaron, les robó vehículos, cámaras, celulares, pero, en esa oportunidad, al final cedió.
A pesar de esa historia reciente, el gobierno decidió el 18 de abril del 2018, que debía reprimir de manera ejemplar para cortar de raíz el brote de protesta. A mi juicio, Ortega y Murillo, consideraron que los recursos de los que disponen son cada vez menores y decidieron que había que cortar por lo sano y dar un ejemplo para desanimar posteriores intentos de rebelión.
Comenzaron a golpear con tubos, bates, piedras a todo el que se les ponía enfrente. A robar a protestantes y periodistas. Eras las 9 de la noche de ese día y la represión continuaba. Los muchachos y muchachas se refugiaron en los recintos universitarios y se los tomaron.
El día 19 las muchachas y los muchachos amanecieron protestando desde sus universidades. Ortega continuó reprimiendo indiscriminadamente y en una reunión con los principales cuadros del partido del gobierno y los territorios, al medio día, les transmitió sus órdenes, a través de unos de sus principales operadores, “vamos con todo” (contra los que protestan).
Ese día hubo varios heridos por la represión y los primeros 3 muertos. Los estudiantes, lejos de retroceder se tomaron sus recintos y llamaron a la población en todo el país a apoyarlos. La población respondió y aparecieron las primeras barricadas en los barrios cercanos a las universidades. En una acción de un simbolismo tremendo, en Masaya, el legendario barrio indígena de Monimbó, bastión sandinista, levantó barricadas en apoyo a los estudiantes y contra Ortega y comenzó a batirse contra la policía y las fuerzas de choque del partido.
En los siguientes días Ortega sacó a la calle a sus pandilleros a sueldo y saquearon negocios, quemaron casas y oficinas, bajo la mirada complaciente de la policía. El aparato de propaganda de Ortega decía que los saqueadores e incendiarios eran los estudiantes.
Ortega se arrastra ante sus amos del capital transnacional
El domingo 22 de abril, el capital transnacional que opera en el país obligó a Ortega a leer una carta de ellos en TV nacional (https://www.youtube.com/watch?v=T9bQeDFiBIY), a derogar el decreto que modificaba las cotizaciones y pensiones y a convocar a un diálogo nacional. En la carta las empresas extranjeras le decían a Ortega: Ud. nos dijo que podíamos venir a ganar dinero, pero esto es un desorden. Es necesario que se pacifique esto y a la mayor brevedad posible. Derogue el decreto, llame a los que protestan a un diálogo y haga que podamos producir en paz. Ortega se arrastró a los pies de sus amos extranjeros, les agradeció y asintió a todo, pero advirtió de que no iba a permitir “desórdenes ni actividades ilegales”. Una cosa era su deber de someterse a la voluntad de sus amos y otra muy diferente permitir que los ciudadanos nicaragüenses, a quienes considera su ganado personal, se le levante y desafíe su poder.
Al momento de la conferencia de tv de Ortega ya había 30 muertos por la represión. Los protestantes expresaron que su objetivo ya no era el decreto del INSS, sino el derrocamiento de Ortega Y una gran mayoría de nicaragüenses coincidíamos en que era una meta justa. Había que salir de Ortega. Luego de esa represión no podía seguir gobernando.
La tiranía maniobra para atornillarse en el trono
El decreto provocó protestas en varias ciudades del país, pero la desmedida represión dio lugar a una verdadera insurrección popular que fue respondida a sangre y fuego por Ortega y sus secuaces. Al momento del estallido popular Ortega se encontró paralizado. Jamás lo hubiera esperado. Pasó por varias explicaciones a cual más descabellada, para terminar con que el problema era “un fallido golpe de estado financiado por el narcotráfico, la burguesía local y políticos norteamericanos de La Florida en venganza por haber sido Ortega el dirigente de la oposición a EEUU en los 80’s”. ¡¿?!
En Nicaragua no hay oposición de partidos políticos que valga la pena señalar. Los partidos políticos son de las instituciones de la democracia liberal más despreciadas en el país. No tienen arrastre popular alguno. El orteguismo tiene copada la organización estudiantil en los colegios de secundaria y las universidades públicas. Pero esa organización juvenil orteguista está tan desprestigiada como los partidos políticos. Los estudiantes fueron formando sus organizaciones nuevas al calor de la lucha en las barricadas.
Ortega infiltró las barricadas en todo el país, en ciudades y carreteras, lo cual no le resultó difícil, considerando que el levantamiento no fue planificado, ni había mando central, ni medidas de seguridad dignas de notar. Una vez infiltrados, comenzaron a tomar acciones contra la población con el fin de desprestigiar al movimiento de protesta.
Ortega pidió al arzobispo de Managua le organizara el diálogo nacional y le pidió que la conferencia episcopal sirviera de mediadora y garante. Los curas aceptaron lo primero, mediar. Los primeros que el Cardenal Arzobispo de Managua invitó a la mesa de negociación, en representación de las fuerzas insurreccionadas, fueron los empresarios ¡Los mismos que fueron socios de Ortega por los últimos 11 años y que, a partir del decreto que les aumentaba su carga del seguro social, según las apariencias, se divorciaron de él de forma unilateral!
En la primera edición del diálogo nacional Ortega tuvo que aguantar la presencia de los estudiantes, los campesinos anti-canal y las feministas. No había forma de marginarlos. Precisamente por eso el diálogo no avanzó: el pueblo pedía su renuncia y él pedía el sometimiento del pueblo. Estos planteamientos básicos no han variado de mayo 2018 para acá: el pueblo sigue pidiendo la renuncia de Ortega y éste sigue haciendo todo lo que puede para evitarlo.
De la misma forma, en la primera semana del diálogo, Ortega aceptó el ingreso de la CIDH a Nicaragua y la formación de un Grupo Internacional de Expertos Independientes para colaborar con las investigaciones del gobierno de Ortega sobre los sucesos de abril y mayo. La CIDH creó un Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua que se instaló en Managua el 24 de mayo.
Contrario a lo que podría esperarse de instancias de la OEA cuyo Secretario General, Almagro, se ha mostrado favorable a Ortega, tanto la CIDH como el GIEI emitieron informes que reportan las graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la tiranía y hasta lo que podrían ser crímenes de lesa humanidad.
A poco de iniciado, el diálogo se rompe. Ortega usó ese tiempo para acercarse a los excombatientes de la guerra de los 80’s a quienes ha abandonado desde 1990. La mayoría lo rechazó, pero encontró algunos oídos receptivos y los usó pata formar un cuerpo de paramilitares mercenarios. Con ese cuerpo de paramilitares dio inicio a la operación limpieza.
Las fuerzas populares tienen barricadas en las principales ciudades y en las principales carreteras del país. El país está paralizado. Ortega envía a las fuerzas especiales de la policía y a sus paramilitares con armamento militar que incluyó hasta granadas anti-blindados, pasando por ametralladoras pesadas y AKAs, para demoler, una a una, las barricadas en todo el país.
Usando francotiradores asesinaron a los principales dirigentes surgidos de la lucha. Buena parte de la gente asesinada tiene disparos en la cabeza o el torso. La intención era matarlos. La inmensa mayoría de ellos estaban desarmados o tenían armamento casero.
Una vez terminada la operación limpieza, las víctimas mortales alcanzan 300+ personas. La represión ha enviado al exilio a más de 70.000 personas. La mayoría de los líderes surgidos al calor de la insurrección están muertos, presos, en el exilio o en la clandestinidad.
En plena operación limpieza Ortega reanuda el diálogo. No hay cese de hostilidades. El “diálogo” se realiza con el canto de las ametralladoras y los fusiles disparándole al pueblo. Cosa que no parece molestar a los delegados de uno u otro lado.
Inicialmente la OEA, a través de su Secretario general, apoya a Ortega. No es sino hasta que el gobierno de EEUU anuncia la necesidad de adelantar elecciones que Almagro comienza a seguir esa línea. EEUU parece haber llegado a la conclusión de que Ortega ya no es viable como gerente de país en Nicaragua y le ofrece un aterrizaje suave.
Los representantes de los empresarios en la organización que negocia a nombre de la “oposición” se unen al coro de EEUU y la OEA y plantean que la solución al conflicto es reformas electorales que garanticen “elecciones competitivas” y adelanto de elecciones. El clamor popular por el derrocamiento de la tiranía se pierde entre el vocerío de los poderosos.
Pronto la Unión Europea se une al coro. Elecciones con Ortega de candidato a un 4 período consecutivo. Mientras tanto lo represión, ahora selectiva, se sigue aplicando y los campesinos opositores aparecen muertos tirados por las montañas de Nicaragua.
Ortega tuvo que soltar a muchos de los más de 700 presos políticos. A los “liberados” les hace la vida imposible, los acusa de nuevos delitos comunes. La idea es aterrorizarlos e inmovilizarlos o enviarlos al exilio. Varios de esos 700 presos políticos sufrieron torturas y violaciones mientras estuvieron en manos de las fuerzas represivas. Al momento de escribir esto más de 150 presos políticos sufren en las mazmorras del orteguismo.
Ortega pretende gobernar por los siglos de los siglos, sobre montañas de cadáveres si es necesario, en una especia de “Reich de los mil años” tropical.
Los EEUU y sus vasallos y aliados buscan sacarlo por elecciones en el 2021, de tal manera que el status quo quede intacto. Buscan orteguismo sin ortega (o con Ortega, porque los posibles candidatos “democráticos” son capaces de perder la votación).
Los sectores populares exigimos que la tiranía sea derrocada por medio de la desobediencia civil pacífica y el clamor popular parece querer comenzar a ser la voz dominante.
Las características del conflicto han determinado que una gran cantidad de gente haya tenido tiempo y sufrimiento de sobra para reflexionar y llegar a la conclusión de que la única salida es la organización y el poder popular. Planteamientos y enfoques anarquistas han florecido en las redes sociales. Aunque hoy estemos en tinieblas, el futuro es promisorio.
