Por Diego Lynch

En abril del 2018, el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional a través de un Decreto Presidencial (03-2018) reformo la Ley de Seguridad Social, en las cuales se establecía un aumento en las cotizaciones y una deducción del 5% a las pensiones, así como un incremento en el porcentaje de cotización, tanto para el trabajador como para el empleador. (El Nuevo Diario; 20 de abril del 2018)

Ante dicha decisión emanada por el Ejecutivo se dio un estallido social liderado por la comunidad estudiantil universitaria y seguido por la población en general hasta lograr la derogación de dichas reformas, dejando a su paso la muerte de muchos jóvenes y creando un sistema represivo por parte de Daniel Ortega y la Policía Nacional que hasta la fecha continúa imponiendo terror y cárcel para todo aquel que pretenda levantar su voz en contra del Gobierno.

Imponen nuevas reformas

El 28 de enero del 2019, El Frente Sandinista retomo dichas reformas y las propuso nuevamente mediante el Decreto Presidencial 06-2019, mandándolas a publicar en La Gaceta Diario Oficial y entrando en vigencia el primero de febrero del 2019.

Sin embargo, estas nuevas reformas son aún más fuertes que las publicadas y luego derogadas en el 2018, ya que anteriormente el aumento en el porcentaje de cotización que harían los trabajadores y empleadores seria de manera gradual, ahora con las nuevas reformas será inmediato. En la actualidad la economía del país se encuentra deteriorada y los trabajadores no logran subsistir con los bajos salarios que durante años el Gobierno pacto con la Empresa Privada, lo que conlleva a que sean mayor la afectación al salario con la deducción que se les hará.  Con esto el Gobierno alega que salvara al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sin embargo la hace a costillas del trabajador y pretende castigar a su eterno aliado (Los Empresarios), y no se preocupa por recuperar el dinero que ha salido a manera de préstamos para los allegados y testaferros de la familia gobernante (Ortega y Murillo), quienes usan al INSS como una banca privada y se han venido robando el dinero de los cotizantes, práctica que se ha dado desde los gobiernos Liberales hasta la actualidad con el Frente Sandinista.

Según Roger Murillo Sandoval, Experto y Consultor en Seguridad Social, estas reformas endeudaran al Estado más que las propuestas en el 2018. "Las Reformas obligan al Estado a aportar más fondos al INSS y reduce esos recursos, que bien podían destinarse a otros rubros. La cuota del Estado actual es de 0.25 por ciento por la cotización de afiliados obligatorios al régimen integral, ahora es de 1.75 por ciento. si el Estado no fue capaz de honrar su obligación con el INSS cuando debía aportar 0.25 ¿cómo va hacer ahora con 0.75 por ciento y con una economía al borde del colapso, sin financiamiento exterior seguro y con amenazas de sanciones económicas de los principales cooperadores? (La Prensa, 29 de enero del 2019).

Crisis la pagan los trabajadores

Ante esta situación, la crisis siempre la terminan pagando los trabajadores, quienes en el mejor de los casos verán reducidos sus ingresos, y en el peor de ellos quedarán sin trabajo. Ya los empresarios se han pronunciado ante dichas reformas, las que junto a las reformas tributarias que pretende imponer Ortega, expresando que será necesario realizar recortes de personal con la excusa de que las empresas no serán sostenibles.

El Gobierno piensa que esta medida es un castigo a los empresarios por haber apoyado las protestas, pero estos (empresarios) jamás pierden ya que la diferencia que pagaran la recuperan al despedir trabajadores y aumentar los precios de los productos de sus empresas o los costos de los servicios que prestan, afectando siempre a las familias nicaragüenses.

Que la crisis del INSS la paguen los ricos

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) está claro de que salvar la seguridad social es de vital importancia, no solo en Nicaragua sino en todos los países para garantizar pensiones dignas a todos los jubilados y una atención medica de calidad para toda la población; sin embargo, esta la deben asumir el Gobierno y los grandes empresarios que han sido aliados de Ortega. Es necesario quitar las pensiones vitalicias que reciben los ex-presidentes, hay que recuperar el dinero que se han robado de las arcas del INSS los Gobiernos Liberales y ahora el Gobierno Sandinista, disfrazados de préstamos para grandes inversiones y que jamás se pagan. que sean los empleadores los que asuman el porcentaje que se le está cobrando de más a los trabajadores ya que estos (empleadores) siempre recuperan la cantidad desembolsada en los precios de sus productos y/o servicios. No más abusos contra los trabajadores y las familias nicaragüenses, que la crisis la paguen los Burgueses!!!!