Por Victoriano Sanchez

El 1 de noviembre, en Miami, Richard Bolton, asesor de seguridad nacional de la administración Trump, atacó furiosamente a los países del ALBA, especialmente a Cuba y Venezuela, pero en esa ocasión, aunque amenazó, no anuncio sanciones contra Nicaragua. Con ello, la administración Trump abrió un compás de espera dando chance a que el gobierno de Daniel Ortega implemente una salida negociada a la crisis que sacude el país desde abril del corriente año.

Se cierra el compás de espera.

La administración Trump ha sido inusualmente benevolente con los desmanes de la dictadura Ortega-Murillo. En el momento de ascenso de masas (abril, mayo y junio) la administración Trump se limitó a hacer llamados a favor del Dialogo Nacional. Nunca estuvo a favor del cambio de gobierno, sino que fuera el propio Daniel Ortega quien impulsara los cambios desde arriba- El miedo a la revolución de 1979 sigue grabado en la memoria de los analistas del Departamento de Estado.

Fue a raíz de la ofensiva militar contra los tranques y las masacres realizadas por los paramilitares y la Policía Nacional que arreciaron las presiones política y diplomáticas, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). SE produjeron infinidad de condenas verbales, pero ni una sola medida efectiva que profundizara la crisis y el aislamiento de la dictadura, o que estimulara al movimiento de masas a continuar la lucha hasta lograr el derrocamiento del gobierno Ortega-Murillo.

Después, en los meses de octubre y noviembre, vino un periodo de relativo silencio, que indicaba que algún nivel de negociación secreta se estaba produciendo. Pero las señales de Ortega fueron confusas. Por un lado, intentó y sigue intentando una reconciliación con los grandes grupos empresariales, pero por otro lado siguió atacando a la Iglesia Católica y fundamentalmente a las marchas de auto convocados. El resultado final fue un mayor endurecimiento de la represión interna, al grado tal que cualquier tipo de manifestación ha sido prohibida, sin haber proclamado el Estado de Emergencia.

En los hechos, desde julio, el momento culminante del aplastamiento militar de la insurrección desarmada, hasta la fecha, Nicaragua vive un periodo en que el gobierno viene restringiendo progresivamente todas las libertades: no se garantiza el derecho a la defensa a los compañeros capturados y encarcelados ilegalmente, no se respeta la libertad de organización y de movilización, no se garantiza el derecho a la vida, etc.

Antes los evidentes atropellos de la dictadura Ortega-Murillo, la administración Trump ha perdido la paciencia y ha optado por incrementar sanciones contra altos funcionarios.

Sanciones imperialistas con la Ley Magnitsky

Hace casi un año, en diciembre de 2017, meses antes que estallara la insurrección de abril y la masacre que le siguió, la administración Trump procedió a sancionar a Roberto Rivas, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo los cargos de corrupción, utilizando la Ley Magnistky.

La sanción contra Roberto Rivas fue simbólica, pero era una señal clara de que la administración Trump estaba preocupada por impulsar reformas al sistema electoral nicaragüense que había sido acordadas en enero del 2017 entre el gobierno de Ortega y Luis Almagro, secretario general de la OEA. La insurrección de abril cambio abruptamente el panorama político, y las presiones contra el gobierno de Ortega se intensificaron.

A inicios de julio, cuando Ortega desarrollaba una ofensiva militar contra los tranques, la administración Trump envió otra señal, aplicando sanciones contra Francisco Díaz, legalmente el segundo al mando de la Policía Nacional, pero en los hechos era el jefe, y también contra Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, principal operador político de la dictadura y futuro candidato presidencial para las elecciones del 2021. Las sanciones contra Díaz y Moreno fueron por su labor de jefes de los grupos paramilitares que realizaban continuas masacres contra la población insurrecta pero desarmada.

El gobierno Ortega-Murillo guardó silencio, pero el  23 de agosto del 2018, publicó en La Gaceta, diario oficial, el Acuerdo Presidencial No 98-A-2018, firmado el día cinco de julio, el mismo día que la administración Trump dio a conocer las segundas sanciones con la Ley Magnitsky, por medio del cual nombró al “Comisionado General Francisco Javier Díaz Madriz, Director General de la Policía Nacional, a partir del cinco de septiembre del año dos mil dieciocho, quien quedará en posesión de su cargo a partir de esa fecha”.

Evidentemente, tanto la numeración del Acuerdo Presidencial como su publicación hasta en agosto, nos indica que fue publicado con efecto retroactivo.

Nicaragua: una “amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos

El 27 de noviembre, en la Casa Blanca, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva  que en su parte medular, ordenó lo siguiente: “(…) descubrí que la situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el sistemático desmantelamiento y debilitamiento del régimen de Ortega, de las instituciones democráticas y el estado de derecho, el uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra los civiles, así como su corrupción que lleva a la desestabilización de la economía de Nicaragua, constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. , y por la presente declaro una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza (…)

Es la primera vez, desde la época de Ronald Reagan (1981-1989), que un presidente de Estados Unidos califica al gobierno de Nicaragua, bajo el férreo control de Ortega y su esposa, como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”. Las contradicciones entre la administración Trump y el gobierno Ortega-Murillo están llegando a su clímax, por la negativa de estos de encontrar una salida negociada para adelantar elecciones generales.

La Orden Ejecutiva (OE) de Trump va más allá que cualquier efecto extraterritorial de la Ley Magnistky. Esta Ley resulta inofensiva en relación a la OE recientemente firmada por Trump, quien también afirmó que pueden entrar en la lista de personas bloqueadas, cualquier “funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento en o después de 10 de enero de 2007 (…) la prohibición de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e interés en la propiedad estén bloqueados de conformidad con esta orden” (…) y aclara que “el término "Gobierno de Nicaragua" significa el Gobierno de Nicaragua, cualquier subdivisión política, organismo o instrumento del mismo, incluido el Banco Central de Nicaragua, y cualquier persona que sea propiedad del Gobierno de Nicaragua, o que actúe en nombre del Gobierno de Nicaragua o actúe en su nombre(..)”

Las sanciones contra Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau

Habiendo agotado el compás de espera, la administración Trump acaba de dar otra vuelta de tuercas, para obligar al gobierno Ortega-Murillo a convocar a elecciones anticipadas. Esta vez los sancionados por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con la Ley Magnitsky, fueron nada menos que Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta, y Néstor Moncada Lau, secretario personal de Daniel Ortega. Dos personas del circulo de hierro del orteguismo. Las sanciones se produjeron al día siguiente de la reunión que el nuevo embajador Kevin Sullivan tuvo con la plana mayor del Ejercito de Nicaragua.

En su nota de prensa, Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro de Estados Unidos, justificó las sanciones, no con la Ley Magnistky, sino con la OE firmada por Trump, afirmando que dicha administración “está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”.

Este argumento, la responsabilidad de las masacres, ha sido un constante eje de ataque de la administración Trump, que coloca a la dictadura orteguista en un callejón sin salida.

Advertencia a los empresarios

El Departamento de Estado emitió una nota de prensa, diferente a la del Departamento del Tesoro. La embajada norteamericana en Managua, también emitió otra nota de prensa, en la que advirtió sobre el amplio espectro de personas que pueden ser sancionada por la O.E. de Trump: “(..) Ahora es el momento para que los miembros del partido gobernante cambien de actitud y para que el sector privado haga oír sus voces en apoyo de las reformas democráticas y el fin de la violencia. (…) Aquellos que permanecen en silencio o son cómplices pueden enfrentar consecuencias significativas; de igual manera, todos los funcionarios del Gobierno de Nicaragua y los actores del sector privado que continúan ayudando e instigando la represión del régimen de Ortega podrían estar sujetos a las sanciones descritas en la Orden Ejecutiva”.

El gobierno Ortega-Murillo ha logrado resistir las presiones diplomáticas de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), entre otros factores, porque los prestamos acordados no fueron bloqueados, y porqué los grandes contribuyentes (grandes empresarios) continuaron pagando puntualmente los impuestos. La estrategia de Ortega ha consistido en atraer a los grandes empresarios, prometiendo una reconciliación y vuelta al corporativismo anterior. La nota de prensa de la embajada norteamericana en Managua, está dirigida a este sector que hace negocios sucios con la dictadura

Crisis y parálisis en la UNAB 

La intensificación de la represión ha provocado un reflujo de las marchas y movilizaciones. En este difícil contexto de represión generalizada fue creada, el pasado 4 de octubre, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) conformada por dos importantes organizaciones: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Articulación de movimientos sociales, que agrupa a la mayor parte de ONGs y movimientos sociales.

Pero, al parecer, la UNAB nació muerta o en estado de coma. No ha podido hacer absolutamente nada. Los empresarios del COSEP no participan directamente, por considerar que la UNAB está controlada por la “izquierda”, es decir, por los sectores más críticos, en momento en que aquellos intensificaron las negociaciones secretas con la dictadura.

ACDJ demanda nuevamente el Dialogo Nacional

Por eso no fue una casualidad, que ante el enorme impacto político que han tenido las sanciones contra Murillo y Moncada Lau, la UNAB y la ACJD se pronunciara por separado.

En su comunicado, la ACJD, expresó lo siguiente: “(…) Ante las sanciones anunciadas por los Estados Unidos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reitera que los responsables de estas acciones son Ortega y Murillo. (…) Las sanciones no son el resultado del intervencionismo extranjero, argumento que Ortega repetido por más de cuatro décadas. (…) Reiteramos que el único responsable de este conflicto y de las consecuencias futuras es el Gobierno que ha violentado la constitución, las leyes, la institucionalidad, los derechos humanos, que ha fomentado la corrupción, que ha pretendido instaurar una dinastía basada en el abuso de la autoridad, la violencia y el miedo. Creemos que la solución a la crisis está en los nicaragüenses y debe ser cívica y pacífica. Insistimos que la única vía para una solución es el Diálogo Nacional, con garantes internacionales como lo hemos dicho en repetidas ocasiones”.

La UNAB abogó por la vía dialogada y pacifica

Una demostración práctica de que la unidad no marcha bien, son los dos comunicados por separado, tanto de la ACJD y de la UNAB. Esta última, en su comunicado se refirió prácticamente a lo mismo, pero demandando aspectos más concretos: “(…) El gobierno Ortega Murillo lleva al país al borde del abismo, crisis que impacta en la vida política, económica y social del pueblo nicaragüense. El único responsable de esta situación es este gobierno totalitario (…) La Unidad Nacional Azul y Blanco llama una vez más al gobierno Ortega Murillo a resolver esta crisis por la vía dialogada y pacífica, que ponga fin a este estado de excepción, y permita encontrar la salida inmediata del régimen y establecer un calendario de elecciones adelantadas al 2019, con las reformas que garanticen el respeto al voto popular y con la debida observación electoral nacional e internacional. (…)”

¿Ayudan las sanciones a la lucha contra la dictadura?

Las sanciones de la administración Trump contra altos funcionarios de la dictadura orteguista son, efectivamente, medidas de presión imperialistas, pero con la particularidad que el gobierno Ortega-Murillo ya no representa a la nación nicaragüense, sino a una criminal camarilla gobernante que masacra a la población civil. Entonces, no estamos ante el conflicto del imperialismo norteamericano contra la nación o pueblo de Nicaragua.

En los meses anteriores el gobierno de Estados Unidos evitó tomar medidas que provocasen un colapso de la dictadura, por eso dio largas al asunto, confiando en que Daniel Ortega iba a aplicar las reformas necesarias, algo que se ha negado a impulsar. Este es el punto de conflicto entre Estados Unidos y el gobierno Ortega-Murillo. Ahora, cuando no hay movilizaciones en las calles, como un ladrón oportunista, la administración Trump aplica sanciones a Rosario Murillo y Néstor Moncada, precisamente para ver cómo se queda con el mandado, es decir, como logra tener influencia en el próximo gobierno, apareciendo ante los ojos de las masas como quienes nos liberaron de semejante infierno.

De la misma manera que los empresarios del COSEP mantuvieron los paros nacionales de un día, a cuenta gotas, como mecanismo de presión contra el gobierno Ortega-Murillo, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido la misma táctica de sanciones a cuenta gotas, pero sin que hasta el momento haya tomado medidas efectivas que arrodillasen a la dictadura. Las condenas verbales de la OEA no han tenido efecto alguno. Tampoco las sanciones contra altos funcionarios, porque sencillamente no tienen bienes ni cuentas en Estados Unidos, y en casos de emergencia ponen sus cuentas a nombre de testaferros para evitar sanciones contra los bancos nicaragüenses.

Medidas efectivas, que ayudarían a la lucha, sería la ruptura de relaciones de todos los gobiernos del mundo, para dejar completamente aislado al orteguismo; el bloqueo de todo préstamo o ayuda financiera, de igual manera el bloqueo de armas y municiones que son usadas para masacrar.

Después de más de siete meses de lucha heroica, de más de 500 muertos y más 500 prisioneros políticos y varios miles de heridos, lo peor que nos puede pasar es que las sanciones simbólicas de Trump creen la sensación que Estados Unidos nos va a liberar de la dictadura, cuando en realidad lo que busca es solamente reformarla, manteniendo el aparato represivo del orteguismo pero sin las odiadas figuras de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo