Por Victoriano Sanchez

Nicaragua continua bajo un Estado de Sitio y Ley Marcial en los hechos. Toda protesta o manifestación popular es violentamente reprimida por la Policía Nacional o los grupos paramilitares que ayudaron a desbaratar los tranques en junio-julio del 2018. Los ex presos políticos son constantemente asediados y a veces recapturados bajo acusaciones falsas de haber cometido delitos comunes. Mas de 60 presos políticos continúan retenidos en las cárceles de la dictadura.

La huelga de los obreros de la construcción

Por décadas, los trabajadores de la construcción han sido la vanguardia de la clase trabajadora nicaragüense. Fue después de 1990, con una serie de maniobras burocráticas que la Central Sandinista de Trabajadores (CST), dirigida por Roberto Gonzalez, logró imponer su control sobre el histórico el Sindicato de Carpinteros, Armadores, Albañiles y Similares (SCAAS), apoderándose del membrete. De esta manera, el gremio de la construcción quedó dividido en dos corrientes: la Federación de la Industria de trabajadores de la construcción y la Madera de Nicaragua (FITCM-N), y el SCAAS ahora controlado por la burocracia sindical sandinista.

En medio del retroceso, a inicios de febrero se produjo un hecho hasta ahora inédito: la primera huelga obrera desee abril del 2018, aun bajo esas terribles condiciones de represión.

Unos 520 trabajadores organizados en la FITCM-N, dirigida por Nilo Salazar, iniciaron la huelga el lunes 3 de febrero del 2020. La protesta se inició en los planteles de construcción que levantan el nuevo hospital de la ciudad de Chinandega, al occidente del país, un departamento fronterizo con Honduras.

Inmediatamente, el Ministerio del Trabajo (MITRAB) declaró ilegal la huelga. No obstante, a diferencia del ensañamiento contra los grupos estudiantiles o de autoconvocados, en esta ocasión la dictadura Ortega-Murillo no utilizó la Policía Nacional, ni uso las turbas ni los grupos paramilitares para reprimir a los huelguistas, los que incluso hicieron varias pequeñas marchas de protesta alrededor de los planteles. Obviamente, en este caso la dictadura fue muy cuidadosa, caminó de puntitas, porque no quiso despertar o fomentar la solidaridad de un gigante dormido: la clase trabajadora.

Las demandas obreras

La huelga duro dos semanas. Los obreros se mantuvieron firmes a pesar de las amenazas de la dictadura. Los reclamos no se centraron en la consigna de aumento de salarios, sino en defender las conquistas del convenio colectivo: el pago de 10 meses de viáticos que los obreros no habían recibido, gastos de transporte, recorrido y traslado de los trabajadores que viven fuera del municipio de Chinandega, pago de vacaciones, aguinaldo, hospedaje y bonificación que tampoco habían sido cancelados.

La crisis económica, agravada por la renuencia de la dictadura Ortega-Murillo a sostenerse a cualquier precio en el poder, ha sido utilizada por muchas empresas para despedir empleados o recortar conquistas laborales a los trabajadores, al grado que el año pasado no hubo aumento del salario mínimo, y este año se acordó un miserable 2,63% que no compensa el deterioro del nivel de vida, acumulado con los años.

Otra traición de la CST

Lo menos que podía esperarse de los directivos del SCAAS era que organizaran la solidaridad con sus hermanos en huelga, pero no hicieron absolutamente nada. Roberto González, secretario general de la CST, declaró que “(…) en la búsqueda de solución a los conflictos, siempre recomendamos se agoten los procedimientos establecidos por la ley y se agote el proceso de diálogo (…) no nos tiembla el pulso, somos solidarios con la lucha de los trabajadores sobre sus reclamos de sus derechos fundamentales (…) Quiero hacer un llamado tanto a los trabajadores como la empresa que se depongan posiciones confrontativas y busquen la mesa del diálogo para rápidamente buscar como resolver esta situación porque hay una afectación a los trabajadores, a sus familias, pero también está de por medio un importante proyecto para la población, que es un hospital de referencia nacional” (La Prensa, 13/02/2020)

La huelga triunfó

A pesar de la negativa de la cúpula de la CST a brindar solidaridad, convocando a un paro nacional del sector construcción, para apoyar las demandas de los trabajadores de Chinandega, el viernes 14 se firmó un acuerdo que permitió que los trabajadores volvieran a sus puestos de trabajo el lunes 17. No hubo despidos, fue una victoria total

Saquemos las lecciones

Mientras en la cúpula de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) se preocupan más por organizar la Coalición Nacional, o se discute como cambiar la actual correlación de fuerza, y se convocan a imaginarias jornadas de desobediencia civil, no se le dio importancia a la huelga de obreros de la construcción de Chinandega, ni se le brindó solidaridad a los mismos.

Sin embargo, ellos nos señalaron el camino para luchar y triunfar sobre la dictadura: debemos levantar y enarbolar las reivindicaciones de los sectores sociales que están soportando el peso de la crisis económica. Es el único camino para derrotar a la dictadura.

Por Diego Lynch

El jueves veintitrés de enero del año 2020, se instaló la mesa de la Comisión Nacional del Salario Mínimo; esto con el fin de analizar si existen las condiciones para ajustar la paga mínima del salario, el cual se encuentra congelado a favor de los empresarios y Gobierno desde el mes de marzo del año 2019.

“La mesa fue instalada formalmente por la ministra del Trabajo, Alba Luz Briones, donde participaron 32 miembros, entre representantes del sector público, sindicatos y MIPYMES, pero con la ausencia del COSEP”. (La Prensa; 23 de enero del 2020).

Desde el año 2007 la empresa privada, incluyendo el COSEP y el Gobierno del Frente Sandinista han pactado como burgueses y empresarios, incrementos raquíticos que evidencian el poco interés que tienen por la clase obrera y trabajadora de Nicaragua, resguardando sus negocios y economías; esto con la venia de los Sindicatos los que son manejados y manipulados por Ortega y su cúpula de burócratas oportunistas que viven del trabajo de sus afiliados, pactando y firmando a cambio de pagos y prebendas.

¿Existen o no condiciones?

El Frente Sandinista y sus Sindicatos manejan un doble discurso, dicen defender los derechos de los trabajadores y que se debe de garantizar un salario justo y digno, sin embargo, congelan los salarios y les dicen a los trabajadores del Estado que deben ser disciplinados y agradecer al Gobierno que tienen trabajo, mientras ellos se recetan grandes salarios, se consumen los presupuestos y mal gastan en actividades partidarias para decir que “todo está normal”.

El Ministerio del Trabajo a través de una nota de prensa señalo que: “Se espera que a través del dialogo se llegue a acuerdos satisfactorios que beneficiaran a miles de trabajadores, todo ello como parte de la voluntad política del Gobierno de garantizar la estabilidad laboral y de las familias nicaragüenses, así como de la economía nacional”.

Por su parte, el Economista Luis Murillo expreso que al no haber ningún ajuste en el presupuesto general de la Republica, es un indicador negativo que lo que demuestra es que los salarios podrían continuar congelados. (La Prensa; 23 de enero del 2020).

Miserable incremento de mutuo acuerdo

Para quienes piensan que los empresarios y el Gobierno están divorciados, una vez más se acordó un incremento en donde todas las partes están de acuerdo, y en donde se evidencia que aun no estando presente el COSEP, el Frente Sandinista vela por sus intereses ya que ellos son empresarios y todos comen en la misma mesa.

A partir del 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021, entrará en vigencia el nuevo reajuste del 2.63% del salario mínimo acordado en la mesa de negociación integrada por sindicatos, empresas y el Gobierno de Nicaragua.(TN8.tv; 6 de febrero del 2020)

“Hicimos una reconsideración para aportar a la estabilidad y la recuperación económica, se propuso el 2.63 para todos los sectores, no hay diferencia y para todo el año, no hay partido ni por la mitad ni nada por el estilo”. (Declaraciones de Roberto González, Dirigente Sindical, a medios de comunicación- 6 de febrero del 2020).

Estas declaraciones solo dejan en evidencia el servilismo que los dirigentes sindicales tienen para el frente sandinistas y la burguesía empresarial del país, quienes les han comprado todos estos años (2007-2020), siendo el único perdedor el trabajador.

Un salario mínimo para vivir

Si bien es cierto la economía en Nicaragua no está pasando por su mejor momento, la crisis no es a como la expresan en las mesas de negociación. Las grandes empresas quienes han sido los mayores contribuyentes jamás han dejado de pagar sus impuestos; los bancos continúan inyectando dinero y el estado a través de las reformas tributarias capta hasta el último centavo de las familias nicaragüenses; sin embargo, este dinero es utilizado para pagar los grupos parapoliciales que se encargaron de desmontar la insurrección cívica de abril 2018, así como repartirse el mismo entre la cúpula más cercana a Ortega y Murillo.

Es por ello que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denunciamos públicamente al Gobierno de Ortega y el Frente Sandinista, de pactar nuevamente con la burguesía empresarial y los Sindicatos Blancos pro gobierno y empleador de traicionar a la clase obrera y trabajadora; exigimos un incremento al salario mínimo justo, que como mínimo cubra la Canasta Básica Nacional; que la crisis económica la paguen los Banqueros y Burgueses y no los trabajadores.

Hacemos un llamado a una huelga general y paro de labores, mientras el trabajador continúe permitiendo que se le pisotee no lograremos demostrar el poder que tenemos como fuerza de producción. Los sindicatos blancos deben desaparecer, es necesario crear sindicatos desligados al partido de gobierno y que sean los trabajadores mediante asambleas y a mano alzada que elijan a sus representantes.

Por Victor Trejos

El pasado domingo 26 de enero se realizó el examen de admisión en la UNAN-Managua, donde más de 18 mil bachilleres de todo el país aspiran clasificar en una de las carreras que ofrece esta alma mater para poder profesionalizarse, y que de este modo pueda aportar con sus capacidades tanto al sector público del país, al sector privado, en el exterior, o bien dentro de su mismo entorno, las aspiraciones son muchas. No obstante, el sueño universitario no se hará realidad para todos, ya que esta universidad ofrece una matrícula, para este año, de 10,360 cupos distribuidos en sus diferentes recintos, tanto regionales como en la capital. Esto último según su página web oficial.

El sistema de ingreso a esta universidad se caracteriza por ponderar el promedio de los estudiantes, obtenido en sus dos últimos años de secundaria, en conjunto con los resultados de las pruebas de literatura y matemáticas, mismas que la UNAN se encarga de diseñar. Esto representa el promedio de entrada a la universidad con el cual los estudiantes compiten dentro de sus primeras, segundas y hasta tercera opciones de carrera. Quienes no hayan obtenido el promedio suficiente para la obtención de un cupo en cualquiera de sus opciones quedarán, lamentablemente, fuera de la clasificación, con la opción de intentarlo una vez más al siguiente año.

Históricamente, el talón de Aquiles de los procesos de admisión en las universidades públicas es la prueba de matemática. Esta prueba aborda contenidos tales como: Aritmética, Álgebra, Geometría Euclidiana y lo que se conoce como "Pre Cálculo", el cual incluye contenidos como Trigonometría, Funciones y Geometría Analítica. A todo este conjunto en particular se le conoce como "Matemática Básica" dentro del entorno académico y universitario. Es entonces que esta prueba busca establecer el nivel mínimo de conocimientos que demanda la universidad para sus estudiantes de nuevo ingreso.

Pero la realidad es otra, la universidad no evalúa realmente los métodos de desarrollo usados en la resolución de cada punto, sino que son las respuestas, marcadas en una hoja anexa específica, las que se revisan directamente a través de la digitalización de las mismas, y estas a su vez son calificadas automáticamente por el sistema. Al final, este método permite al estudiante responder al azar y esperar que la suerte juegue su rol.

Si revisamos los datos oficiales de los resultados de exámenes de años anteriores, podemos encontrar que entre 2010 y 2014 el porcentaje de exámenes aprobados (notas iguales o superiores a los 60 puntos) oscilaban por debajo del 5 % del total de exámenes calificados. Esto quiere decir que entre 100 y 200 bachilleres superaban el puntaje mínimo y alrededor de 2 o 4 estudiantes lograban la nota máxima de 100 puntos.

A partir de 2015 se logra percibir un cambio en los resultados, año con año el porcentaje de aprobados incrementó de manera constante e incluso más bachilleres lograron obtener el puntaje máximo. El problema está cuando tomamos este incremento de aprobados como un indicador de desarrollo en la calidad de la educación, sin tener en cuenta que las universidades, paralelamente, disminuyen el nivel de desempeño mínimo que demanda al estudiante para su ingreso.

En la prueba de matemática esto último se ve reflejado a través de la reducción de su complejidad en los últimos años. Y es que esta complejidad se determina a través de ciertos criterios como, por ejemplo: la cantidad de datos que el problema te proporciona; los conocimientos teóricos aplicados para el desarrollo del problema; y la cantidad de operaciones o fórmulas necesarias para llegar a la resolución del mismo.

Los últimos exámenes aplicados por la UNAN-Managua reúnen las deficiencias en cada uno de estos criterios. Existen ejercicios en los que se aplica un único procedimiento o una única fórmula en todo el desarrollo, por ejemplo, el uso de la regla de tres una sola vez, y nada más. O bien, estos contienen extractos de ejercicios provenientes de los libros de Baldor, sin exagerar, los mismos que se plantean a modo de ejemplos en la explicación de cada teorema.

Este proceso de descomplejización en la admisión es la respuesta ante las evidentes deficiencias presentes en el decadente modelo educativo ejecutado por el Ministerio de Educación (MINED), en donde la enseñanza ha sido sustituida por adoctrinamiento partidario y los conocimientos académicos dejados a un lado por el culto hacia la figura presidencial. Bachilleres hoy en día se gradúan con notas no correspondientes a su desempeño en las aulas de clases, exceptuando casos particulares, siendo esta una de las políticas asistencialistas ya su vez clientelistas aplicadas por el gobierno de Ortega y Murillo.

Pero el problema de fondo en sí mismo es la desigualdad, en materia de educación, presente a nivel nacional, donde las zonas rurales y de difícil acceso son las más perjudicadas. No todos poseemos el mismo nivel de educación al bachillerarnos y esa es una realidad que las universidades no han superado. Ante un sistema de educación superior excluyente, la solución no está en la reducción de estas barreras, sino en fortalecer la educación inicial, la educación media; invertir en proyectos reales que lleven la educación hacia aquellos a quienes no llega; apostar a modelos de educación comunitaria.

Recordemos que la educación es un derecho, y el Estado tiene una responsabilidad directa como garante de su gratuidad y al mismo tiempo de su calidad. Las brechas existentes entre la educación media y la educación superior no representan más que el retroceso de un país en vías de desarrollo. Las desigualdades sociales no se superan generando más desigualdad.

Por Victoriano Sánchez

El panorama político en Nicaragua sigue siendo incierto. El compás de espera que la dictadura logró con el aplastamiento de la insurrección cívica en 2018, se le está agotando rápidamente. Por ello, a pesar que la represión se mantiene en las calles, observamos contradictorios mensajes de una posible apertura política que, por cierto, todavía no arranca.

Reforma constitucional en curso

Con las fraudulentas elecciones del 2016, el FSLN se asignó 60 diputados de los 91 que conforma la Asamblea Nacional. O sea que tiene mayoría absoluta de dos tercios y solo el FSLN tiene los 30 votos mínimos que se requieren para impulsar cualquier reforma parcial a la Constitución. Se quedó con los candados y se tragó las llaves.

No obstante, en noviembre del 2018, con el subterfugio de introducir dos nombres de dos próceres en el preámbulo de la Constitución de 1987, la dictadura Murillo inició una reforma constitucional cuya verdadera finalidad es otra: ante una posible e inminente derrota electoral, está maniobrando para debilitar la institución del presidente de la república, pretende trasladar más poderes a la Asamblea Nacional, contemplando incluso que el parlamento pueda nombrar al gobierno, para diferir los efectos de una casi segura derrota electoral.

Ya fue aprobada el proyecto de reforma constitucional en primera legislatura, pero es casi seguro que los aspectos sustanciales mencionados anterioremente se introduzcan en la segunda legislatura, en el transcurso del año 2020.

La reforma electoral

Después del aplastamiento de la insurrección cívica, al no lograrse la renuncia de la pareja dictatorial en abril-mayo del 2018, al no producirse el paro nacional indefinido en esa coyuntura, cambió drásticamente la correlación de fuerzas a favor de la dictadura. En esas circunstancias lo único que queda, por el momento, mientras no haya un repunte de la movilización popular, es una salida electoral, un terreno que sigue controlado totalmente por la dictadura.

Bajo esas condiciones, la demanda de una profunda reforma constitucional y electoral, adquiere una enorme importancia política. Las presiones internacionales, especialmente las sanciones aplicadas por Estados Unidos, están encaminadas a forzar esa apertura política.

El año pasado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), presentaron por separado sus respectivas propuestas de reformas electorales, las que fueron fusionadas posteriormente en una sola propuesta que se dio a conocer el pasado 12 de diciembre del 2018.

En torno al tema de las reformas electorales, hay dos posiciones dentro de la oposición. Un sector de ella considera que, debido al control absoluto de la dictadura sobre la Asamblea Nacional y demás instituciones del Estado, no es posible lograr una reforma electoral democrática, y que por ello debemos ir a las elecciones bajo cualquier condición. El mejor representante de esta posición fue Mikel Heay, presidente de UPANIC.

Otro sector, sobre todo dentro de la UNAB, plantea que las reformas al sistema electoral deben ser profundas, para devolver credibilidad a la población que en los últimos procesos electorales optó por abstenerse como forma de protesta ante la prostitución del sistema electoral.

Rechazo a elecciones bajo Ortega

Aparte de estos sectores, existe una posición mucho mas radical en un segmento importante de la población, compartida por la mayoría de los exiliados, en el sentido que no se debe ir a un proceso electoral si Daniel Ortega permanece en el gobierno. Una demanda legitima pero que, dada la correlacion de fuerzas actuales, es poco probable que se realice.

Las prioridades al revés

Abstrayéndose de esta importante discusión, recientemente la ACJD ha logrado arrastrar a la dirigencia de la UNAB para anunciar la iniciativa de crear una gran coalición nacional. Así como se lee: “anunciar la iniciativa de creación”, porque todavía no se conocen los documentos bases que permitirían la creación de esa coalición.

No se conoce el programa politico, no se conoce el esquema organizativo ni el funcionamiento interno, tampoco se conoce el procedimiento para la elección de candidatos. Un aspecto esencial en cualquier coalicion electoral. Y lo que es peor: no se conoce la fecha de elecciones, no se conoce bajo cual Ley Electoral y con qué autoridades se realizará las próximas elecciones.

Al proclamar la idea de la gran coalición nacional, sin haberla realmente constituido, la alianza ACJD-UNAB ha colocado la carreta delante de los bueyes, es decir, han invertido el orden de prioridades, porque lo mas importante es crear una gran alianza nacional de diversos sectores sociales, incluidos los partidos políticos que quieran reivindicarse, para forzar una profunda reforma electoral, para democratizar el sistema electoral, y hasta entonces que las diversas fuerzas políticas decidan como organizarse de cara a la batalla electoral.