Por Victoriano Sánchez

Casi nueve meses después de la masacre del 19 de abril del 2018, después de una reunión secreta con los empresarios Alfredo Pellas, Antonio Baltodano, Enrique Zamora y Ramiro Ortiz, y con la presencia del nuncio apostólico Stanislaw Waldemar  y el Cardenal Leopoldo Brenes, el dictador Daniel Ortega dio a conocer que el Dialogo Nacional se reinstalaría el 27 de febrero del año en curso.

Ortega-Murillo: matar, encarcelar, resistir al máximo … para mejor negociar

El repudio a la masacre estudiantil del 19 de abril del 2018 dio paso a la insurrección popular y a un enfrentamiento abierto contra la dictadura Ortega-Murillo. Ante la intensidad de la protesta popular, el gobierno retrocedió, convocó a un Dialogo Nacional que fue inaugurado el 16 de mayo. Necesitaba ganar tiempo para derrotar la insurrección desarmada.

Después suspendió las negociaciones en el Dialogo Nacional y organizó una contraofensiva militar contra los tranques y barricadas, con el objetivo de aplastar la insurrección popular que, no solo no tenía armas, sino que tampoco tenía una conducción revolucionaria centralizada. Durante los meses de junio y julio del 2018, las tropas especiales de la Policía Nacional, apoyadas por un pequeño ejército de paramilitares, procedió a matar y sembrar el terror en todos aquellos municipios que se habían sublevado. Después de realzar la operación limpieza, comenzó la cacería de dirigentes estudiantiles y el inicio de procesos penales que no fueron más que una revancha contra los líderes estudiantiles que encabezaron el movimiento social de la insurrección popular.

El gobierno Ortega-Murillo logró aplastar militarmente la insurrección desarmada, obligando a las masas populares a replegarse. En el último trimestre del 2018, la dictadura también logró imponer la desmovilización, prohibiendo las manifestaciones, cerrando medios de comunicación y persiguiendo a los opositores.

Las constantes negativas de Ortega-Murillo, en el sentido de oponerse públicamente a cualquier reinicio de una negociación política, dio la falsa sensación de que la dictadura estaba fuerte y que había logrado derrotar estratégicamente al movimiento popular.

Trump aprovecha y toma la delantera

Durante el año 2018, la llamada comunidad internacional solo emitió declaraciones de condena contra las masacres ordenadas por Ortega-Murillo, la OEA no tomo una sola medida practica que significara un debilitamiento real de la dictadura.

Una vez que Ortega-Murillo hicieron la labor sucia de reprimir, masacrar y encarcelar, el gobierno de Donald Trump paso a la ofensiva política, redoblando las presiones diplomáticas, aplicando sanciones a altos funcionarios, incluida la propia Rosario Murillo.

La crítica situación económica, la estampida de capitales que sacan los dólares, y las presiones diplomáticas, al final de varios meses tuvieron el efecto de acorralar a la dictadura, empujándola hacia la mesa de negociaciones.

El problema es que a finales del 2018 se produjo un cambio profundo en la correlación de fuerzas. Ya no es el movimiento de masas quien está a lo ofensiva, sino que ahora es el gobierno de Estados Unidos quien impone la agenda y los mecanismos de negociación.

En ese sentido, el Dialogo Nacional convocado para el 27 de febrero es completamente distinto al Dialogo Nacional convocado el 16 de mayo, cuando las masas estaban en ascenso, presionando en las calles por obtener la renuncia del gobierno Ortega-Murillo.

Ortega-Murillo, por supuesto, están gozosos que su estrategia de engaños y balazos dio los resultados esperados. Con la represión y las masacres no solo lograron sobrevivir el año 2018, sino que también maniobran para alargar las negociaciones al máximo, sobrevivir el año 2019 y si es posible llegar hasta el año 2020.

La traición de la Alianza Cívica

El anuncio de reinstalación del Dialogo Nacional cayó como rayo en cielo sereno. Si bien es cierto, era una noticia esperada, porque por todos lados se oían los crujidos del aparato estatal en crisis, nadie esperaba que se hiciera tan evidente el hecho que en las semanas anteriores se había producidos negociaciones secretas con los grupos empresariales y directamente con el gobierno de Estados Unidos, cuando vino a Nicaragua una delegación de alto nivel del Departamento de Estado, poniendo un tiempo límite para el reinicio de las negociaciones políticas.

Pero lo más vergonzoso ha sido que la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia (ACDJ) no solo estaba al tanto de las negociaciones secretas, sino que también ha aceptado el formato impuesto por la dictadura, en acuerdo con los grupos empresariales.

Después del aplastamiento militar de los tranques y barricadas, cuando decayó la movilización, la ACDJ entró en una profunda crisis. Muchos de los movimientos sociales que participaban en la misma se retiraron, algunos con fuertes críticas al Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) porque siempre frenaron las movilizaciones y mantenían contactos secretos con la dictadura.

Cuando el empresario Enrique Zamora dio a conocer que el Dialogo Nacional se reiniciaría el 27 de febrero del 2019, los miembros de la ACDJ no solo guardaron silencio, no hicieron una sola critica, sino que aceptaron a pies juntillas lo que Ortega-Murillo habían negociado con los empresarios y con los delegados de Estados Unidos.

Otra estocada a la UNAB

En los momentos más intensos de la represión, en octubre del 2018 fue creada la “Unidad Nacional Azul y Blanco” entre la ACDJ y la Articulación de Movimientos Sociales, con el objetivo de superar diferencias y dar paso a la recuperación de la movilización en las calles.

No obstante, desde el inicio el COSEP boicoteó todas las actividades de la UNAB, convirtiéndola en un organismo en crisis, y sin posibilidades de luchas contra la prohibición de realizar manifestaciones en las calles.

Pero a raíz del anuncio de la reinstalación del Dialogo Nacional el 27 de febrero, la crisis en la UNAB es mucho más grande, porque la ACDJ nunca informó de la existencia de negociaciones secretas, y además porque aceptó el hecho que fueran excluidas del futuro Dialogo Nacional otras fuerzas representativas de los movimientos sociales.

Sin exigencias o precondiciones mínimas

Lo más grave de esta situación es que la ACDJ ni siquiera exigió condiciones mínimas para entrar al Dialogo Nacional. Aunque la represión ha bajado de intensidad se mantienen las capturas, secuestros y el enjuiciamiento penal contra luchadores populares.

Una de las grandes exigencias es la liberación de lo mas de 700 presos políticos, mediante la anulación de los procesos penales fraudulentos en contra de los dirigentes estudiantiles y populares. No obstante, la ACDJ se mantuvo callada, después publicó un comunicado que luchara por la libertad de los prisioneros.

Otra de las exigencias populares es la restitución de todos los derechos democráticos y garantías constitucionales, los cuales han suspendidos en los hechos, sin existir una declaratoria de Estado de Emergencia. Lo que más demanda la población es el cese de la represión y de la militarización, para poder ejercer el derecho de la libre movilización en las calles.

Otro aspecto determinante es que las futuras negociaciones serán secretas, ya no serán públicas, el pueblo no podrá conocer que se discute, y cuáles son los resultados de las discusiones, lo que conocerá son los efectos o conclusiones. En cualquier negociación, para evitar traiciones, las discusiones deben ser públicas, como lo fueron en el Dialogo Nacional pasado, aunque no le guste al dictador. No solo deben ser públicas las negociaciones, sino que debe haber un mecanismo de consulta o ratificación por parte del pueblo, y eso no existe.

La instauración de un orteguismo con Ortega o sin Ortega

Cada vez está más claro porque Estados Unidos y la OEA toleraron todas las tropelías de la dictadura Ortega-Murillo, y solo se limitaron a las condenas verbales sin tomar una sola medida practica en su contra. Lo único que demanda la administración Trump es la convocatoria de elecciones anticipadas, vigiladas internacionalmente, es decir, un simple cambio de personas en el gobierno. Los empresarios también coinciden en este punto, nunca les ha interesado la democratización real del país.

Les tiene más miedo a las masas populares que a la dictadura. No quieren que se repita, bajo ninguna circunstancia, la experiencia de 1979 cuando las masas populares derrocaron a la dictadura somocista y con ello destruyeron al Estado burgués.

Estados Unidos, por un lado, y los grandes grupos empresariales, por el otro, no quieren cambios revolucionarios, solo quieren una reforma del régimen dictatorial. Por eso se hicieron de la vista gorda mientras Ortega-Murillo imponían el orden a balazos, matando, secuestrando y obligando a miles a irse al exilio. En el fondo, lo más que aspiran es volver al estado de cosas del año 2007, antes que Ortega asumiera el poder.

Los empresarios quieren orden y disciplina, por eso quieren conservar la Policía Nacional y el Ejército Nacional (EN), como instrumentos represivos capaces de garantizar el orden social. No quieren su destrucción, solo su reorganización.

No debemos olvidar que los empresarios nicaragüenses siempre han sido una clase burguesa cobarde, que nunca ha peleado una institucionalidad que le permita resolver democráticamente sus contradicciones con otros sectores burgueses. Los grandes grupos económicos, ahora la oligarquía bancaria y financiara, son los responsables directos del nacimiento y consolidación, primero de la dictadura somocista y después de la dictadura orteguista.