Por Justo Severo Izquierdo

La semana anterior el presidente Juan Orlando Hernández determinó cerrar de manera abrupta la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), evidenciando una vez más el abuso de poder y las prácticas despóticas en contra de la clase trabajadora. La DEI pasó a la historia (en apariencia) después de 21 años de actividad desde su creación en diciembre de 1994. La estatal fue establecida para cumplir con las funciones de recaudar, fiscalizar y cobrar los impuestos tributarios y aduaneros en el país.

1,500 empleados despedidos

Luego que el presidente Juan Orlando Hernández anunciara en diciembre de 2015 la creación de un nuevo sistema tributario novedoso, moderno y tecnológico, con personal altamente calificado que ayudaría a eficientar el cobro de impuestos, jamás pensaron los empleados de la DEI que se trataría de un golpe más a la clase trabajadora. A todos les tomó por sorpresa ingresar a las instalaciones y verse obstaculizados por un fuerte contingente de efectivos del Ejército y de la Policía Militar, quienes irrumpieron en las oficinas para desalojar a todo el personal de la institución. La medida creó desconcierto, angustia y tristeza, pero sobre todo indignación por parte de los trabajadores, quienes criticaron fuertemente al presidente Hernández y a la directora ejecutiva Mirian Guzmán por tan vil acción.

Según los afectados, el cierre y liquidación de la DEI fueron notificados por cuadrillas de limpieza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), no así por las máximas autoridades. El despido por donde se mire es totalmente arbitrario, muchas personas quedaron sin empleo y con sus sueños y proyectos truncados, incluso fueron despedidas hasta mujeres en estado de embarazo, personas en edad para jubilarse; Por consiguiente, el despido de estos empleados crea un fuerte impacto en la clase trabajadora del país, son mil 500 personas que engrosarán las estadísticas de los desempleados, mil 500 familias que quedarán sin sustento.

Gobierno continúa privatizando las instituciones del Estado

El cierre de la DEI no es más que el cumplimiento firme del gobierno de JOH a las determinaciones que impone los Organismos financieros internacionales. El país siempre ha estado supeditado al sistema económico impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el golpe de Estado del 2009, la dependencia fue mayor, Honduras entró en una profunda crisis económica, la necesidad de salir del aprieto obligó a los gobiernos de Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández a pactar y aceptar las condiciones de estos entes financieros, con tal de ser financiados y fortalecidos económicamente.

Dentro de esta dinámica, el FMI dirige las políticas del gobierno e impone las políticas neoliberales que asfixian cada vez más al país. Muchas empresas estatales han sido afectadas por las recomendaciones de estos organismos, todas manejan un mismo patrón: reducir a través de despidos el número de trabajadores públicos, destruir las organizaciones sindicales y apostarles a las inversiones público privadas, todo eso a cambio de financiar al Estado. Así han caído empresas emblemáticas como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional Portuaria (ENP), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), todas ellas han pasado por la depuración y actualmente se encuentra en procesos de transición a través de inversiones público-privadas. Estas acciones han causado el despido de miles de trabajadores sin que el gobierno se interese en el impacto que ocasiona esta medida a la clase trabajadora.

Lo ocurrido en la DEI es exactamente lo mismo que ocurrió con las empresas anteriormente mencionadas, el fin es el mismo, privatizar los servicios públicos. Por otro lado, existe la sospecha que el cierre repentino de la DEI ha sido aprovechado por algunos grupos empresariales pro-gobierno que le adeudan al Estado hondureño cantidades enormes, el fin es borrar algunos datos para desaparecer montos y sustituirlo por otros, todo a cambio de apoyo político durante la próxima campaña electoral de Hernández.

Ante la deplorable situación en que se encuentra la clase trabajadora hondureña, exigimos el reintegro inmediato de cada uno de los empleados despedidos de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y las demás empresas estatales, llamar a todos los sectores para frenar los planes entreguistas de JOH que causan hambre y miseria en el país.

Por Sebastián Ernesto González

En un claro ataque a la libertad de expresión, los jueces de la sala cuarta del Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, impusieron al periodista David Romero Ellner una pena de 10 años de reclusión luego de encontrársele culpable de seis delitos de injurias por difamación. El periodista fue acusado por la abogada Sonia Gálvez. Quedándole al periodista como último recurso él derecho a casación, que de ser confirmada la sentencia, ineludiblemente deberá ir a la cárcel.

El régimen no perdona la denuncia contra los saqueadores del IHSS

Para contextualizar el hecho, todo se remonta a la denuncia que realizó el periodista desde la Radio Globo y Globo TV, del latrocinio hecho al Instituto Hondureño de Seguridad Social en el 2014 (se menciona más de 330 millones de dólares), las evidencias y documentos fueron facilitados a David Ellner de alguna forma, información que iniciaron a hacer pública a inicios del 2015, esta información dio origen al repudio de un fuerte sector de la población contra el gobierno de JOH y paulatinamente se volcó a las calles realizando las ya famosas “marchas de las antorchas”, el gigantesco saqueo contra el IHSS fue ejecutado por Mario Zelaya y sus afines, muy ligados al Partido Nacional, al que pertenece Juan Orlando Hernández, actual Presidente. Pero en el gran escándalo de corrupción, además del partido gobernante, también se menciona dirigentes del Partido Liberal como Benjamín Bográn que anda prófugo y del Fiscal Adjunto, Rigoberto Cuéllar, también se señalan dirigentes sindicales.

La población volcada a las calles durante casi todo el año, pasó diversas etapas que fueron controladas por los líderes de los partidos de oposición, aunque hubo un momento entre mayo y junio que fueron muy numerosas, estas fueron mermando en el transcurso del año, aun así, se mantuvieron y se siguen realizando en el presente. Las consignas iniciales fueron fuera JOH y luego la exigencia de una CICIH, la cual con la presión del imperialismo y utilizando a la OEA y la ONU terminó en una Maccih.

Dentro de toda la documentación hecha pública por el periodista, sobresalió el pago de “coimas” a diversos funcionarios, algunos se encuentran presos pero la mayoría anda en libertad, fue de mayor notoriedad el involucramiento del Fiscal Adjunto Rigoberto Cuellar, de filiación liberal y esposo de Sonia Gálvez quien querelló a Romero el 20 de agosto de 2014 por 22 delitos en contra de la imagen y la honra. Durante el juicio, el tribunal absolvió al periodista de 16 delitos de injurias y calumnias por difamación.

Sin duda alguna, que el régimen de JOH utilizó todo su poder para dar un mensaje muy claro a los que aun hacen derecho a la Libertad de Expresión y se atreven a denunciar los casos de corrupción del partido gobernante y sus máximos dirigentes como JOH. Con el control que ejerce JOH sobre los 3 poderes del estado, demuestra que puede enviar a la cárcel a los que se le opongan.

Después de conocer el fallo David Ellner manifestó “no nos vamos a cansar mientras tengamos el poder de la palabra. Lo vamos a seguir haciendo. Vamos a denunciar a los pícaros y corruptos con su nombre y apellido. No estamos solos, hay muchos ojos observadores, especialmente de la comunidad internacional… lo que han hecho es aberrante”. LP (15/03/2016).

La Libertad de Expresión debe ser defendida por el pueblo

Hasta ahora, el régimen ha logrado controlar a la mayoría de los periodistas que no siguen la línea oficial del gobierno, uno de los últimos casos fue el del Periodista Esdras Amado López, quien también es diputado por el Partido Libre y en la elección de la recientemente nombrada Corte Suprema de Justicia se alineó completamente del lado oficialista, apoyando la nómina inicial propuesta por el Partido Nacional y el Partido Liberal, pero el diputado fue aún más allá del apoyo en la elección y la arremetió contra dirigentes del Partido Libre.

Ningún periodista podrá enfrentarse al régimen solo, debe ser la población la que debe salir a las calles a defender la Libertad de Expresión y apoyar a los periodistas que hagan denuncia pública de los casos de corrupción hechos por los gobernantes de turno y anteriores. Pero también se debe hacer la condena a los periodistas ligados al gobierno y que contribuyen a profundizar y esconder a los ladrones de cuello blanco.

A movilizarnos todos en defensa de la Libertad de expresión y a exigir cárcel para los verdaderos saqueadores del IHSS.

Por Sebastián Ernesto González

Juan Orlando Hernández ha iniciado un diálogo con la oposición; hasta ahora se supone que solo es para establecer una agenda con puntos a discutir. El representante del Partido Liberal manifestó que no acudirá a dicho encuentro mientras no se efectúe la convención del Partido Nacional, según él, esperando si el tema de la reelección es la propuesta del nacionalismo.

Salvador Nasralla, máximo dirigente del Partido Anticorrupción (Pac), ha manifestado en reiteradas ocasiones que se opone al diálogo y exige representación en el Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas. Por otro lado, el Partido Libertad y Refundación (Libre), acudió a una primera reunión, pero aún no ha trascendido lo tratado en ese encuentro. Aparentemente solo fue para decidir temas a discutir, pero para nadie duda que el ex presidente Manuel Zelaya Rosales tiene la certeza de que si se aprueba la reelección el sería el único capaz de derrotar a JOH. Esto que significa un apoyo disfrazado a su aprobación. Aunque a raíz el asesinato de Bertha Cáceres el día jueves 3 de marzo, Libre publicó un comunicado exigiendo el esclarecimiento del asesinato y poniéndolo como requisito para proseguir el diálogo.

La fuerza de la oposición más significativa radica en el Pac y Libre; aunque en esta ocasión aparezca el Partido Liberal como más reacio, para nadie es desconocido que ha sido el mismo PL el que ha mantenido la estabilidad y fuerza de JOH con todo el apoyo brindado en el Congreso Nacional desde el golpe de Estado del 2009. De hecho, ha sido el mismo PL el que entregó el poder en bandeja de plata al PN y lo siguen manteniendo, tal y como lo dejaron demostrado en la reciente elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

¿Diálogo para qué?

Después del golpe de Estado del 2009, y tomando las riendas del poder el Partido Nacional con Porfirio Lobo a la cabeza, éste inició un proceso de reconciliación exigido por la Comunidad Internacional que culminó con el Acuerdo de Cartagena en 2011, aceptado a pie juntillas por el zelayismo e ignorado por el sector golpista que sigue gobernando.

Todo lo dialogado desde entonces no ha sido más que para golpear al pueblo trabajador y a los sectores populares, en muchas de estas ocasiones con la complicidad de diputados de la misma oposición que no sabe en qué punto coincidir para ejercer una verdadera oposición a JOH que lo frene en su afán continuista o en su empeño en sangrar a los trabajadores.

El papel que jugó la dirigencia sindical fue nefasto para los trabajadores, dado que en la supuesta reconciliación entregaron las banderas de lucha para que el nuevo gobierno post golpista le cobrara la factura del golpe de estado a los trabajadores. De esa forma se terminaron los aumentos salariales e inició una escalada de aumentos en la canasta básica, servicios públicos y andanada de impuestos para reducir el déficit fiscal, que hasta hoy mantiene a muchas familias en o por debajo de la línea de pobreza. La mejora de los índices macroeconómicos en el país, de los que tanto se ufana JOH ha sido a costa de sangre del pueblo trabajador.

¿Y los salarios?

Nuevamente, tenemos la palabra “Diálogo” en boga, pero hasta ahora no hemos escuchado en ningún momento la exigencia de un aumento general de salarios, la anulación de aquellos decretos que ponen en venta el territorio hondureño o que lo concesionan por periodos largos de tiempo; ninguno de los partidos de la oposición ha puesto como condición el encarcelamiento de los verdaderos saqueadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, o el esclarecimiento de los centenares de asesinatos de activistas políticos de izquierda o defensores de derechos humanos.

Cada vez que un gobierno llama a diálogo, no se trata más que de una trampa caza bobos, para canalizar el clamor popular por una vía de la democracia burguesa donde se estampará con una firma el propio suicidio de los trabajadores. Hasta ahora, lo objetivo es que JOH controla los tres poderes del Estado y todas las instituciones ligadas al proceso electoral, pero no puede reelegirse sin el visto bueno de la oposición, por lo tanto, les ha llamado al diálogo para seguir en su proceso reeleccionista, mientras los trabajadores seguirán cargando con el peso de la miseria.

Los sectores populares, gremiales, sindicales, campesinos y feministas deben ser los verdaderos protagonistas para exigir en primera instancia las condiciones previas que satisfagan una mejora significativa en el nivel de vida.

Por Maximiliano Fuentes

Recientemente, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y demás operadores de justicia emprendieron una serie de acciones para desarticular el enorme negocio de la extorsión y de empresas vinculadas al crimen organizado, fundamentalmente aquellas que en apariencia son administrados por la Mara Salvatrucha (MS-13).

En este proceso, se capturó al alcalde de Talanga Jorge Neptalí Romero y el Ex Subcomisario de la Policía Nacional Álvaro García. Lo que evidencia la participación de funcionarios de gobierno vinculados a la extorsión y otros ilícitos.

¿Qué hay detrás de la operación Avalancha?

La aparente efectividad de los órganos operadores de justicia se debe a la enorme presión e injerencia del imperialismo norteamericano, quien por medio de la Embajada ha insistido en el proceso de depuración del Estado. Por otro lado, la operación Avalancha se da en el marco de la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el cual, es un organismo impuesto desde la Organización de Estados Americanos para vigilar e investigar los crimines de corrupción que el Estado de Honduras ha mantenido en la impunidad, y que sin lugar a dudas mantiene la presión de iniciar el proceso de depuración ante la enorme vinculación del crimen organizado en la institucionalidad del Estado.

La creación de la MACCIH obedece a una política para la región centroamericana de los Estados Unidos para depurar los Estados nacionales, sobre todo la institucionalidad de los países del Triángulo Norte. Resulta evidente la vinculación de los gobiernos de estos países con el crimen organizado para la distribución de drogas y otros negocios ilícitos. El gobierno de Juan Orlando Hernández se ve obligado a justificar su política de lucha contra el narcotráfico en la palestra pública, sin embargo, también lo pone en evidencia ante la opinión pública el peso que tienen las dudas que tiene la población acerca de las acciones emprendidas por el Estado. Entre estas dudas está la sospecha de que el gobierno esté protegiendo a sectores del ejército y de la policía vinculados a un determinado cartel, mientras intenta eliminar a los demás.

Como parte de las políticas de reducción del Estado, unos sinnúmeros de instituciones públicas han sido reducidas y su presupuesto recortado, además se ha dado el crecimiento desproporcionado de las desigualdades sociales producto de la aplicación de planes de hambre y de miseria por parte de los diferentes gobiernos de turno; pero también la excesiva influencia de la globalización de consumo. Estos han sido factores determinantes para que miembros de la policía y del ejército, así como otros funcionarios de gobierno, se vinculen a negocios lucrativos como el secuestro, la extorsión, sicariato y el narcotráfico.

Pero es tan lucrativo el negocio del narco, que sectores de la oligarquía hondureña se han vinculado de forma directa a realizar transacciones y negocios con los propios carteles, el caso concreto de los Rosenthal es el ejemplo más significativo. La excesiva violencia producto de los enfrentamientos entre los grupos y carteles han hecho de Honduras y de la región una de las zonas más violentas del mundo, perdiendo en muchos casos la gobernabilidad del Estado burgués y el control político. Razón por la cual, el imperialismo ha tenido que intervenir para frenar la expansiva ola de violencia y de calamidades sociales bajo la sospecha de posibles movilizaciones o estallidos sociales.

El congelamiento de cuentas y las incautaciones realizadas por el Estado burgués por medio de la operación Avalancha han tenido repercusiones directas en los cuantiosos negocios que manejan los grupos del crimen organizado en Honduras. Sin embargo, las medidas no han sido lo suficientemente efectivas, dado que otros sectores se apoderan de los lucrativos negocios por medio de horrendas masacres. En el transcurso del 2016, de acuerdo a las Autoridades del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el país han ocurrido trece homicidios múltiples que han dejado al menos 57 personas muertas.

A pesar de los discursos falaces de Juan Orlando Hernández, quien el fin de semana anunciaba la reelección en la convención nacional del Partido Nacional, desde el PSOCA sostenemos que la única vía de eliminar la violencia y la criminalidad es por medio de la revolución socialista. Solo eliminando la pobreza y las desigualdades sociales y teniendo control   por parte los trabajadores y campesinos de las instituciones de Estado se asegura un funcionamiento efectivo para los intereses populares.