Por Maximiliano Fuentes

Recientemente, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y demás operadores de justicia emprendieron una serie de acciones para desarticular el enorme negocio de la extorsión y de empresas vinculadas al crimen organizado, fundamentalmente aquellas que en apariencia son administrados por la Mara Salvatrucha (MS-13).

En este proceso, se capturó al alcalde de Talanga Jorge Neptalí Romero y el Ex Subcomisario de la Policía Nacional Álvaro García. Lo que evidencia la participación de funcionarios de gobierno vinculados a la extorsión y otros ilícitos.

¿Qué hay detrás de la operación Avalancha?

La aparente efectividad de los órganos operadores de justicia se debe a la enorme presión e injerencia del imperialismo norteamericano, quien por medio de la Embajada ha insistido en el proceso de depuración del Estado. Por otro lado, la operación Avalancha se da en el marco de la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), el cual, es un organismo impuesto desde la Organización de Estados Americanos para vigilar e investigar los crimines de corrupción que el Estado de Honduras ha mantenido en la impunidad, y que sin lugar a dudas mantiene la presión de iniciar el proceso de depuración ante la enorme vinculación del crimen organizado en la institucionalidad del Estado.

La creación de la MACCIH obedece a una política para la región centroamericana de los Estados Unidos para depurar los Estados nacionales, sobre todo la institucionalidad de los países del Triángulo Norte. Resulta evidente la vinculación de los gobiernos de estos países con el crimen organizado para la distribución de drogas y otros negocios ilícitos. El gobierno de Juan Orlando Hernández se ve obligado a justificar su política de lucha contra el narcotráfico en la palestra pública, sin embargo, también lo pone en evidencia ante la opinión pública el peso que tienen las dudas que tiene la población acerca de las acciones emprendidas por el Estado. Entre estas dudas está la sospecha de que el gobierno esté protegiendo a sectores del ejército y de la policía vinculados a un determinado cartel, mientras intenta eliminar a los demás.

Como parte de las políticas de reducción del Estado, unos sinnúmeros de instituciones públicas han sido reducidas y su presupuesto recortado, además se ha dado el crecimiento desproporcionado de las desigualdades sociales producto de la aplicación de planes de hambre y de miseria por parte de los diferentes gobiernos de turno; pero también la excesiva influencia de la globalización de consumo. Estos han sido factores determinantes para que miembros de la policía y del ejército, así como otros funcionarios de gobierno, se vinculen a negocios lucrativos como el secuestro, la extorsión, sicariato y el narcotráfico.

Pero es tan lucrativo el negocio del narco, que sectores de la oligarquía hondureña se han vinculado de forma directa a realizar transacciones y negocios con los propios carteles, el caso concreto de los Rosenthal es el ejemplo más significativo. La excesiva violencia producto de los enfrentamientos entre los grupos y carteles han hecho de Honduras y de la región una de las zonas más violentas del mundo, perdiendo en muchos casos la gobernabilidad del Estado burgués y el control político. Razón por la cual, el imperialismo ha tenido que intervenir para frenar la expansiva ola de violencia y de calamidades sociales bajo la sospecha de posibles movilizaciones o estallidos sociales.

El congelamiento de cuentas y las incautaciones realizadas por el Estado burgués por medio de la operación Avalancha han tenido repercusiones directas en los cuantiosos negocios que manejan los grupos del crimen organizado en Honduras. Sin embargo, las medidas no han sido lo suficientemente efectivas, dado que otros sectores se apoderan de los lucrativos negocios por medio de horrendas masacres. En el transcurso del 2016, de acuerdo a las Autoridades del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el país han ocurrido trece homicidios múltiples que han dejado al menos 57 personas muertas.

A pesar de los discursos falaces de Juan Orlando Hernández, quien el fin de semana anunciaba la reelección en la convención nacional del Partido Nacional, desde el PSOCA sostenemos que la única vía de eliminar la violencia y la criminalidad es por medio de la revolución socialista. Solo eliminando la pobreza y las desigualdades sociales y teniendo control   por parte los trabajadores y campesinos de las instituciones de Estado se asegura un funcionamiento efectivo para los intereses populares.