Por Justo Severo Izquierdo

Luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), acusara a Jaime Rosenthal Oliva, así como su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, como proveedores de los servicios de lavado de dinero y de apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos, el hecho ha repercutido de manera nefasta en la clase trabajadora hondureña, a tal punto de condenar a la miseria a 11 mil empleados directos que laboraban en todas las empresas del Grupo Continental y 25 mil personas que laboraban de manera indirecta para el mismo, al congelar todos los bienes propiedad de los Rosenthal.

La acusación contra la familia Rosenthal se ampara en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). Esta ley contempla en uno de sus artículos que “todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses están generalmente prohibidas de realizar transacciones con ellos.” (La tribuna 8/10/2015).

Lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta, refiere un dicho popular

Los Rosenthal son una familia acaudalada, cuyo jerarca Jaime Rosenthal Oliva tiene una fortuna familiar estimada en 690 millones de dólares (15 mil millones de lempiras), que incluye, además de sus empresas y banco, 11,000 cabezas de ganado y diez mil cocodrilos, todo bajo el conglomerado de Inversiones Continental, S.A. El Grupo Continental tiene intereses en sectores como producción de cemento, bienes raíces, artículos de cuero, seguros, ganadería, proyectos agroindustriales, pieles de cocodrilo, turismo, televisión por cable y medios de comunicación.

A partir de la detención de Yankel Rosenthal y el congelamiento de los bienes en Estados Unidos, el gobierno de Juan Orlando Hernández se empeñó en hacer lo mismo en Honduras; con ello agudizó más la crisis para la clase trabajadora y fortaleció a los empresarios financieros ligados a su gobierno, que vieron con buenos ojos la liquidación forzosa del Banco Continental a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y con ello aprovechar la oportunidad de enriquecerse con los bienes ajenos y quedarse con la clientela y empresas de los Rosenthal. El gobierno confiscó 69 bienes entre los que sobresalen sociedades mercantiles, edificios y lujosas residencias. Para una muestra, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras adjudicó al Banco de Desarrollo Rural (Banrural) la cartera de Banco Continental financiada con los fondos de Banhprovi (Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda) que asciende a un valor de L 2,400 millones (La Prensa, 23/10/2015).

Las autoridades de Honduras contabilizaron este jueves más de mil cabezas de ganado asegurado a la familia Rosenthal en La Lima, departamento de Cortés. El vocero de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), José Coello, informó que se trata de un procedimiento normal tras los aseguramientos de bienes. “Lo que está elaborando el persona de la OABI es el conteo total de mil 200 cabezas de ganado”, para luego decidir el futuro de las mismas (La Tribuna, 29/10/2015).

Despidos masivos de los empleados del grupo Continental

El drama humano que viven los trabajadores del Grupo Continental es conmovedor. Los primeros despidos se dieron en la Empacadora Continental ubicada en La Lima Cortés; 320 empleados de la empacadora Alimentos Continental fueron despedidos, ante el rechazo y protesta de los trabajadores. Luego se suman los empleados de Banco Continental en todas las sucursales del país y los trabajadores de Diario Tiempo, que cerró operaciones el martes 27 de octubre del 2015. Hay otros empleados que se encuentran en la incertidumbre, como los trabajadores que se encargan de manejar la empresa cocodrilera y algunas haciendas que le dan mantenimiento al ganado; hasta el momento el gobierno los mantiene con una enorme inseguridad. Ante estos atropellos contra los trabajadores de todas las empresas de los Rosenthal, el Partido Socialista Centroamericano considera que ellos no tienen que pagar los platos rotos. Llamamos a los trabajadores de las empresas relacionadas con el Grupo Continental a luchar por la nacionalización de éstas, para garantizar los puestos de trabajo y los salarios.

El calvario de los trabajadores

En los últimos seis años, que coinciden con los años de gobierno del Partido Nacional, no se ha realizado ningún aumento salarial a los trabajadores estatales. Lo anterior, ha sido una firme política de los jefes de gobierno Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), y Juan Orlando Hernández (2014-2018). Esta iniciativa responde a factores objetivos y subjetivos; por un lado las orientaciones del Fondo Monetario Internacional quien ha demandado una serie de iniciativas por parte del Estado de Honduras (Carta de Intenciones) como requisito fundamental para acceder a recursos por vía de préstamos, pero también al alto endeudamiento del Estado con la banca privada producto del alto déficit fiscal que se recrudece por los actos de corrupción de los altos funcionarios del Estado.

Pero no se puede dejar a un lado la actitud servil y contrarrevolucionaria de los dirigentes de las Centrales Obreras que en los últimos años han aceptado sin ningún tipo de oposición las políticas de ajuste y de miseria de los gobiernos nacionalistas; mismas que se traducen en la introducción de nuevos impuestos y congelamiento de salarios para el sector público.

Sin embargo, asfixiados por el alto costo de la vida los trabajadores estatales han empezado a manifestarse en contra de las direcciones burocráticas de las centrales obreras, y desde luego al represor gobierno de Juan Orlando Hernández.

Sin embargo, hace falta unificar esfuerzos y emprender una jornada de movilizaciones y paro de labores para exigir un aumento en los deteriorados salarios de los trabajadores.

Por Gerson de la Rosa

Desde hace algunas décadas en Honduras, el crimen organizado ligado a las actividades del narcotráfico, así como el tráfico de armas, el secuestro y la extorsión, ha experimentado un crecimiento estrepitoso que lo ha conducido a tener una presencia muy significativa en la vida económica, política, social y hasta cultural del país. Es tan profunda la vinculación del narcotráfico en la vida social del país, que los sectores que lo dirigen se encuentran insertos en el deporte, las instituciones del Estado y la banca privada nacional. Tal es el caso de la familia Rosenthal, una de las más poderosas económicamente hablando, y otras, vinculadas a los Valle y a los Cachiros.

Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, obedece a una serie de factores tanto internos como externos. Por un lado, a la profunda crisis del sistema capitalista, pero también se suman factores derivados de la aplicación de las cruentas políticas neoliberales implementadas por los gobiernos de turno.

Esta combinación de factores ha conducido a Honduras hacia una profunda crisis, constituida por un alto déficit fiscal y un crecimiento económico insuficiente, lo que ha conducido a un exagerado aumento de la pobreza y de las desigualdades sociales. Lo anterior ha desembocado en niveles de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia contemporánea del país, y en una creciente militarización del Estado.

El modelo económico neoliberal vigente, basado en la apertura externa, ha constituido un terreno propicio para el surgimiento de una economía, sociedad y gobiernos con una creciente penetración y control por parte del narcotráfico y de las distintas agrupaciones del crimen organizado (Smith, 1997).

Esto ha llevado a que ciertos sectores de la opinión hayan caracterizado al Estado hondureño como un "Estado fallido”.

En los últimos años, se ha presenciado la constitución de una nueva forma del Estado burgués hondureño; además de ser un Estado periférico ampliamente explotado por el imperialismo norteamericano, se ha convertido en un narco Estado, muy similar a México. Es decir, en el Estado de Honduras se ha instaurado un régimen político neoliberal tecnocrático (Rodríguez Araujo, 2009) con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en sus distintos gobiernos, en la economía y las finanzas. Este fenómeno está vinculado a las políticas implementadas en los años noventa, durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, cuando se desmanteló el modelo de Estado benefactor y se crearon las condiciones para impulsar un nuevo régimen de acumulación, fuertemente trasnacionalizado y volcado hacia el exterior, con una participación creciente del narcotráfico como una de las fracciones más dinámicas y rentables del capital.

A nivel del régimen político, esto ha conducido a los distintos gobiernos de turno a agravar la contradicción entre las exigencias derivadas de la reproducción del capital y las relativas a la credibilidad de las instituciones. Sobre todo porque se han reducido presupuestos y liberalizado los distintos servicios, que en décadas anteriores, tan solo el Estado ofertaba.

Esta contradicción ha conducido a profundizar una tendencia de crisis a nivel de la economía y a la militarización del aparato de Estado, cuyo subproducto más visible e inmediato ha sido una guerra fallida contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Por otro lado, la corrupción y la impunidad, males endémicos en Honduras a lo largo de su historia, han alcanzado niveles sin precedente, debilitando aún más el tejido social e institucional del país. Es tan profunda la corrupción en Honduras, que ha logrado interiorizarse y ser parte la vida social y de las prácticas culturales más habituales.

La fallida transición a la democracia formal burguesa, por cierto instaurada con la constituyente de 1982 y sus continuas reformas, sumado a la crisis de representatividad que vive el sistema político acrecentado con el golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya Rosales, han ocasionado en la población la pérdida de credibilidad en las instituciones y el desencanto con los partidos políticos. El famoso "Estado de derecho" tan solo llega a ser una expresión sin ningún tipo de contenido. Lo cierto es que el Estado de Honduras se expresa por medio de un régimen político autoritario, represivo y sin legitimidad.

Por lo anterior, desde el PSOCA hacemos un llamado a la población en resistencia e indignada a expresarse en contra de la articulación de redes del narcotráfico al interior del Estado de Honduras, la mejor manera de combatirlas es por medio de la movilización permanente y la constitución de un nuevo Estado. De lo contrario, seguirán perpetuando la miseria y el hambre a los trabajadores, que al final de todo son los únicos perjudicados con las incautaciones y la perdida de dominio de las empresas que se orientan para lavar activos y blanquear capitales.

Por Maximiliano Fuentes

En el actual gobierno se ha cesanteado a cientos de trabajadores de diversas instituciones y secretarías de Estado. Juan Orlando Hernández inició su gestión como presidente de la República desestructurando un conjunto de Secretarías de Estado; por ejemplo, el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes pasó a ser una Dirección dependiendo de una mega secretaría; de la misma manera, la Secretaría de Turismo.

Con esta serie de cambios, el gobierno desarticulaba varias instituciones y reducía de forma cuantiosa sus costos de operación. Esto era coherente con las orientaciones políticas de los organismos internacionales de crédito, al mismo tiempo que introducía por medio de decreto legislativo la ampliación del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y una serie de gravámenes que han contribuido a reducir la calidad de vida del pueblo trabajador.

El nuevo gobierno de Honduras descansa en nueve funcionarios que tienen bajo su mando hasta 24 instituciones del Estado, agrupadas en gabinetes sectoriales, entre ellos el propio Juan Orlando Hernández que se reservó para sí la coordinación del sector de Defensa y Seguridad.

Los 15 funcionarios con rango de ministro, perfilan los cuadros con mayor influencia del gobierno, después del mandatario. Entre estas personas hay una mujer que por su influencia no puede pasarse por alto: Hilda Hernández, hermana del mandatario y ministra de Desarrollo Social en el gobierno anterior, hoy Ministra en Comunicaciones y Estrategias.

Esta nueva estructuración del Estado no solo ha reducido la burocracia estatal, sino que también ha permitido concentrar casi de forma absoluta el poder del Estado en las manos de Juan Orlando Hernández y sus hombres de confianza. Esta concentración de poder evidencia el bonapartismo del gobernante y las prácticas de nepotismo al emplear y delegar funciones de Estado a sus familiares.

Pero también, es una expresión clara de la concentración de los distintos negocios que se tejen con el Estado por parte de los sectores que representa Juan Orlando Hernández. Esta dialéctica de enriquecimiento y empobrecimiento ha afectado de forma profunda a los trabajadores del país, quienes hemos soportado vía trancazos los planes de ajuste y miseria del gobierno. Mientras los sectores vinculados a Juan Orlando Hernández han acrecentado de forma cuantiosa sus fortunas.

El derecho al trabajo

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos años se ha aumentado la Tasa de Desempleo Abierto (TDA), y desde luego, una de las razones son las políticas de despidos masivos del actual gobierno. Sumándose los distintos recortes por menor asignación presupuestaria, crisis económica mundial, débil aparato productivo, escasez de inversiones y algunos problemas ambientales como el fenómeno de calentamiento global.

Sin embargo, al gobierno no le interesa en lo absoluto el problema de desempleo, sino únicamente cumplir a cabalidad con las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) y demás organismos financieros. León Trotsky manifestaba que en una sociedad de explotados y explotadores el derecho más elemental era el trabajo, sin embargo la crisis estructural del sistema capitalista ha orillado a la miseria extrema y despojado de los derechos fundamentales a miles de trabajadores.

El Estado de Honduras tiene la capacidad instalada y de inversión para mantener bajo sus nóminas a los trabajadores despedidos, quienes son los únicos sacrificados en los procesos de restructuración, dado que los altos funcionarios o sus familiares se mantienen ostentando obscenos salarios.

Llama poderosamente la atención que la ENEE durante la semana pasada entregó dos mil notificaciones de suspensión De acuerdo a las declaraciones de sus funcionarios, la empresa no tiene capacidad financiera para poder mantener a estas personas sobre todo porque no realizan ninguna función productiva. Las mismas políticas han sido implementadas en el SANAA y la casi extinta HONDUTEL.

El descalabro de las empresas estatales se debe en gran medida a su mala administración, al amplio clientelismo de que han sido objeto, y a las intenciones claras de las cúpulas gubernamentales de enriquecerse por medio de la privatización y concesión de contratos. Basta mencionar el caso de las empresas generadoras de energía térmica, quienes mantienen contratos leoninos con el Estado, aun cuando la ENEE por medio de las plantas de energía eólica y la represa Francisco Morazán podían generar la energía requerida a nivel local a un menor costo e impacto ambiental.

Jornada de Movilizaciones para detener los despidos

Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández hemos presenciado los más amplios atropellos contra el pueblo trabajador. No solo a nivel de lo económico con la imposición de planes de hambre y de miseria, sino con el despido masivo de trabajadores, y también a nivel de la salud con el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la reducción del presupuesto de las instituciones encargadas de proporcionar asistencia médica.

Esta embestida neoliberal puede detenerse con la más amplia unidad y por medio de la movilización nacional. Es en ese sentido, que desde el PSOCA hacemos un llamado y un emplazamiento a las centrales obreras, federaciones sindicales, gremios y sindicatos a realizar una jornada de lucha y de movilizaciones a nivel nacional para frenar la contraofensiva de los planes de hambre y miseria de Juan Orlando Hernández.

Por Max Luján

Los periodistas y los medios de comunicación opositores al gobierno de Juan Orlando Hernández día a día son víctimas de amenazas, hostigamiento judicial, agresiones y cierre de medios de comunicación. Todo periodista que se atreva a investigar temas relacionados con la inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, el crimen organizado y su infiltración en las instituciones públicas, corre el riesgo de sufrir represalias.

Denunciar los actos de corrupción perpetrados por Juan Orlando Hernández y su familia, le ha costado a Esdras Amado López, dueño de Cholusat Sur, canal 36, una persecución constante y cierre de su medio de comunicación. Esto último por la denuncia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, quien acusa a canal 36 de crear pánico financiero en relación a lo sucedido con Banco Continental. Lo que ha pretendido mantener escondido la familia Hernández, el periodista lo hizo trascender a la opinión pública, casos como: el saqueo de 7 mil millones de lempiras en el IHSS, en el que participaron dirigentes del Partido Nacional y familiares cercanos, la participación de su hermano, Tony Hernández, actual diputado, en la defensa y liberación de narcotraficantes colombianos, la construcción de una casa valorada en 50 millones de lempiras construida por su hermana y actual ministra de estrategia y comunicaciones, Hilda Hernández.

Otro periodista, David Romero Ellner, director de Radio y Globo TV, ha sido atacado por la denuncia documentada que hizo de los escandalosos casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la desviación de gran cantidad de recursos de los derechohabientes utilizando empresas de maletín creadas al efecto para entregar "donativos" hacia cuentas del Partido Nacional en el gobierno, según copia de cheques y registros bancarios mostrados en transmisiones. En el caso de Romero, el hostigamiento judicial, persecución, agresiones y amenazas a muerte, han sido permanentes. El mismo periodista reveló un escandaloso acto que culpa al presidente de la república en el juicio que se le ventila al periodista por una querella privada, promovida por la abogada Sonia Gálvez, esposa del fiscal general adjunto Rigoberto Cuellar. El presidente Juan Orlando ordenó al vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial Teodoro Bonilla, presionar al juez Dimas Agüero Echenique para condenar y meter a la cárcel al periodista; puesto allá, se ejecutaría un complot para asesinarlo dentro de la celda. Al juez Echenique, maliciosamente le dieron un traslado que él ya había solicitado mucho antes y se lo dieron cuando David Romero tenía el inicio del juicio. El juez Echenique reveló que todo el poder judicial está controlado por “El Señor”, refiriéndose a Juan Orlando Hernández y que impera la corrupción a gran escala en este poder del Estado.

Muchos otros periodistas que pertenecen a estas casas de radio y televisión como Cholusat sur, Radio y Globo TV, Radio Progreso, Radio Uno y todas aquellas radios comunitarias que denuncian y revelan actos de corrupción de todas las entidades gubernamentales, son perseguidas y criminalizadas; en casos extremos hasta la muerte de periodistas.

En diciembre de 2013 se le prohibió al periodista Julio Ernesto Alvarado de Globo TV ejercer cualquier actividad relacionada con la difusión de información durante 16 meses tras un proceso por difamación –se le acusó de haber difamado a una ex decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por permitir una denuncia contra ella.                                                                                      

Por 15 delitos de difamación, injurias y calumnias se interpuso una querella por la abogada Sonia Inés Gálvez Ferrari en contra de los periodistas de Radio y TV Globo David Romero Ellner, Ivis Alvarado, César Silva y Rony Martínez (La prensa, 21/8/14).

Ely Vallejo, corresponsal de Canal 36 en San Pedro Sula, abandonó el país por amenazas a muerte, vigilancia y seguimiento por parte de un motociclista, después que el periodista le preguntó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre un supuesto escándalo de corrupción que la televisora denominó el “Palacio de Hilda”, alusión a la vivienda de 50 millones que construyó su hermana Hilda Hernández. El canal 36 fue denunciado recientemente ante la COMISION NACIONAL DE BANCA Y SEGUROS (CNBS) y ante CONATEL, supuestamente por crear pánico financiero en relación a la liquidación forzosa del Banco Continental, siendo en realidad un preámbulo para cerrarlo o para mantenerlo amenazado.

El motivo es porque parte de la política de JOH, es aterrorizar a sus oponentes y cumplir con la estrategia de limitar el derecho del pueblo a la libre información. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denuncia la criminalización en contra de los medios de comunicación, cuyo papel es informar y denunciar el pus que destila este gobierno. Llamamos a todos los sectores organizados y no organizados para defender las libertades democráticas y el derecho a la libre información.