Por Justo Severo Izquierdo

La elección del pleno de magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras se realizó tras un largo y extenuante proceso que mantuvo tensas a las cúpulas del bipartidismo; luego de cinco intentos infructuosos, al final, en un sexto intento, se logró conformar la nómina impuesta por el gobierno de los 15 magistrados que conformarán el Poder Judicial hasta el 2023. A partir de allí el camino se encuentra listo y servido para que el proyecto reeleccionista de Juan Orlando Hernández se ejecute sin obstáculo alguno.

Así lo pregona la gente más cercana y colaboradora del mandatario, aunque JOH no lo diga públicamente y otros nacionalistas lo suavicen con frases sutiles, es el punto de agenda en este año. “Lo que queremos dejar claro para que no haya duda y es que en el Partido Nacional vamos por la reelección del Presidente Juan Orlando Hernández y en eso enfocaremos nuestro trabajo” (Francisco Rivera, diputado por el departamento de Olancho). Mientras que el diputado por el departamento de Santa Bárbara, Rolando Dubón Bueso, expuso que como la reelección está permitida y por tanto hay “luz verde” para ello (La tribuna 9 de febrero 2016).

Injerencia norteamericana

El proyecto reeleccionista de JOH marcha viento en popa, así lo demuestra el control que ejerce el mandatario sobre los tres poderes del Estado. La elección de esta nueva corte es lo que le faltaba para estructurar todo un aparato que lo consolide como un gobierno bonapartista. Este proceso reeleccionista ha contado con el empuje del gobierno de Los Estados Unidos a través de la Embajada Americana. El imperialismo ha reconocido la tremenda crisis institucional que atraviesa el Estado de Honduras desde hace mucho tiempo. La clase política hondureña ha contribuido a elevar los niveles de descrédito y desconfianza en la ciudadanía y comunidad internacional; el país tocó fondo con los últimos actos de corrupción de políticos y empresarios ligados al bipartidismo que llevaron al país a la calamidad.                                                                                                            

Con el ánimo de poner orden, el imperialismo ejerce un enorme nivel de intervencionismo, a tal grado que todas las decisiones de JOH y los diversos entes del Estado pasan subordinadas a lo que diga la embajada gringa. Esto ha llevado a Estados Unidos a emplear alianzas con sectores tradicionales y poner las cartas sobre la mesa para imponer sus políticas. No es casual la desarticulación de grupos de narcotraficantes como los Cachiros y los Valle, políticos de gran envergadura que en Honduras eran intocables, y el caso de Rafael Leonardo callejas y tres miembros de la familia Rosenthal, todos extraditados para rendir cuentas ante las leyes norteamericanas. Esta intervención le ha permitido a JOH subordinarse y cumplir al pie de la letra el mandato del amo.

Reelección presidencial depende de los Estados Unidos

Juan Orlando Hernández, desde que fungió como presidente del Congreso Nacional, creó un proyecto reeleccionista que se fue consolidando cada vez más hasta llegar al punto actual, ganar los tres poderes del Estado. El último logro y el más codiciado es haber ganado la presidencia y el control de la Corte Suprema de Justicia; antes había derogado las figuras jurídicas aprobadas en el 2013, frenó las reformas electorales como la segunda vuelta y la emisión de una nueva tarjeta de identidad al igual que el control del Registro Nacional de las Personas; logró reformar la Ley de Funcionamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la instancia desde donde alcanza control legal de todos los poderes del Estado.

La reelección de JOH solo espera la venia del gobierno norteamericano, éste es el que decidirá qué figura dentro de la reelección conviene más: la reelección continua, la alterna o indefinida. La estrategia de la embajada americana, de obligar a JOH a promover un diálogo abierto con las demás fuerzas políticas, le da en apariencia un tono de alto espíritu democrático. Todas las fuerzas políticas, de alguna manera coinciden con el tema de la reelección, después que ésta fue la manzana de la discordia en el conflicto que se suscitó en el 2009. El partido Libre con Manuel Zelaya Rosales y el Partido Nacional con figuras como Porfirio Lobo, Rafael Leonardo Callejas y el propio Juan Orlando Hernández están completamente de acuerdo con la reelección, el tan esperado diálogo no es otra cosa que ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas políticas sobre la alternancia en el poder.


Por Maximiliano Fuentes

La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia evidenció la debilidad de los partidos de oposición, pues a pesar de haber postergado el nombramiento de los quince magistrados por un espacio de tres semanas, logró imponerse la orientación política del Partido Nacional y su homólogo el Partido Liberal de Honduras. El primero, logró afianzar el control en la institucionalidad del Estado, en alguna medida por el resquebrajamiento en el voto de las bancadas del   Partido Anticorrupción (PAC) y del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Debilitamiento de LIBRE

El zelayismo se ha caracterizado, entre otras cosas, por ejercer presión por medio de las movilizaciones o acciones parlamentarias como aspectos tácticos para luego emprender las negociaciones y establecer acuerdos a espaldas de sus bases y del pueblo en general. Este comportamiento oscilante, fue decisivo en la derrota de la lucha contra el golpe de Estado. De acuerdo a declaraciones del Sub-Coordinador General de LIBRE, hasta antes de ser expulsado, Esdras Amado López, Zelaya y otros diputados habían establecido un proceso de negociación con Juan Orlando Hernández para llegar a un acuerdo para el nombramiento de los magistrados restantes. Sin embargo, Zelaya le sacó ventaja a Amado López, quien evidenció su avaricia y compromiso con la política de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional. No obstante, el mismo Esdras Amado López mostró en un programa televisivo un grupo de cheques emitidos desde la casa de gobierno a nombre de diputados de la bancada de LIBRE.

Elevación de Nasralla

Es tan evidente la ausencia de una dirección beligerante y comprometida con los procesos de cambio del país, que Salvador Nasrralla ha logrado convertirse en un referente, sobre todo en los sectores de la clase media y con algún grado de escolaridad. El presentador de televisión ha logrado impulsar mediante sus críticas y posicionamientos su candidatura política por encima de LIBRE, de los Partidos Nacional y Liberal, al menos así lo demuestran las últimas encuestas de opinión.

Lamentamos de forma profunda el papel de las corrientes internas de LIBRE, sobre todo de aquellas que se autoproclaman de izquierda, dado que la lucha es desde la institucionalidad de los golpistas y corruptos y se dejó a un lado el proyecto refundacional por medio de una constituyente del pueblo trabajador.

De la misma forma que LIBRE, el Partido Anticorrupción ha empezado a demostrar enormes fisuras producto de la composición social de sus integrantes. Eso por un lado, pero también por el control caudillezco de Nasrralla, razón de su distanciamiento con Luis Redondo diputado por el departamento de Cortés. Pero, tanto PAC como LIBRE no son partidos centralistas y democráticos, se imponen las decisiones de sus principales dirigentes y no se discuten las posiciones partidarias en sus organismos de dirección, por tal razón las acciones de sus diputados terminan contradiciendo las líneas o programas de sus partidos, precisamente porque existen intereses individuales.

Las debilidades de los partidos oposición con mayor cantidad de diputados se reproducen en los otros organismos políticos. Lo ocurrido en el Partido Democracia Cristiana de Honduras (PDCH), bastión del Partido Nacional de Honduras y de los sectores de poder, tiene consecuencias importantes en la estructuración del nuevo escenario político electoral. La defenestración del poder de Cruz Ascencio y la conformación de VAMOS no puede entenderse en un contexto político donde el Partido Nacional no pretenda la reelección del Presidente de la República. La intención sigue siendo la misma, habilitar la mayor cantidad de fuerzas políticas para arrebatarle la mayor cantidad de votos a LIBRE o a PAC.

Zelaya y Nasrralla, líderes de la oposición, no logran establecer puntos de acuerdo y mucho menos impulsar una candidatura única, sobre todo, porque ambos aspiran al poder y no necesariamente a la transformación de Honduras al servicio de lo más pobres.

Las negociaciones para una constituyente

Juan Orlando Hernández ha hecho el llamado a todas las fuerzas políticas para establecer un proceso de negociación y reformar la constitución. Llamado que han respondido de forma favorable, siempre y cuando se cumplan los requisitos preestablecidos por la oposición. Todo apunta a que las reformas o la instalación de una constituyente será una realidad. Desde el PSOCA no nos oponemos al cambio, sin embargo alertamos sobre los peligros de instalar una constituyente desde las alturas, dado que no se considerarán los intereses reales del pueblo trabajador.


Por Sebastián Ernesto González

El bonapartismo de Juan Orlando Hernández se ha terminado de consolidar con la recién electa Corte Suprema de Justicia. Lo que en enero del 2015 pareció la apertura de una brecha de esperanza en la población que se opone a una probable dictadura de JOH, se ha disipado con el papel nefasto del Partido Liberal, que se ha plegado completamente a los intereses continuistas de JOH y el nacionalismo. Tal y como lo dijimos en su momento, tarde o temprano se eligieron los 15 magistrados que originalmente componían la nómina de 15 candidatos que impuso JOH al legislativo, obviamente negociando con el Partido Liberal y con el contubernio del diputado de la D.C., el de la U.D. y los tránsfugas de Libre y los diputados del PAC que no siguieron la línea decidida por la bancada.

Mayor centralización del poder

Controlar la CSJ significa 7 años más de impunidad para los involucrados en escándalos de corrupción o para interpretar la ley a su gusto. Esto ya quedó demostrado cuando una de las primeras resoluciones de la nueva Corte ha sido declarar sobreseimiento definitivo a Mario Zelaya en uno de los delitos: malversación de caudales públicos. Mario Zelaya fue el artífice principal del criminal desfalco hecho al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de donde se saquearon más de 300 millones de dólares (más de 7000 lempiras). Otra de las involucradas en bochornosos escándalos de corrupción es Lena Gutiérrez, quien goza de arresto domiciliario, pero hasta ahora no se ven indicios de que se le quiera culpar. Todos los principales involucrados en estos actos de corrupción pertenecen a la dirigencia del Partido Nacional, y seguramente controlando la CSJ podrán maniobrar por dos lados: chantajeando y amenazando a los opositores por un lado o bien, dejando libre a los culpables y borrando todas las huellas.

Pero el control de la CSJ también le significa a JOH una probable reelección, ya que la Corte saliente dejó una puerta abierta que seguramente esta nueva Corte terminará de abrir. JOH y su Partido Nacional ya empezaron a enfilar baterías para trabajar por la reelección, de hecho la Convención del Partido Nacional se llamará “Todos por la Reelección”. Dentro del PN no se ve algún dirigente con el ánimo impregnado para disputarle la candidatura a JOH. Por otro lado, la reelección también significa la candidatura del ex presidente Manuel Zelaya por el Partido Libre, quien sin lugar a dudas sería el ganador en las elecciones internas que se realizarán en Marzo del 2017. El Partido Liberal se la juega a seguirle apostando al bipartidismo y obtener las cuotas de poder que JOH les otorgue. Sin importarles ya llegar nuevamente a la presidencia del ejecutivo o a controlar el Congreso Nacional.

La nueva Corte quedó integrada por 7 magistrados liberales y 8 nacionalistas; esto en la formalidad solo es repartición del pastel, porque ya en la realidad ha quedado demostrado que nacionalistas y liberales se hacen un nudo para protegerse y bañarse en impunidad.

Solo la movilización y lucha detendrá la dictadura de JOH

Aparentemente, tanto Manuel Zelaya (LIBRE) como Salvador Nasralla (PAC) tienen la certeza de que mediante elecciones limpias serían ganadores en las elecciones generales del 2017, esto les hace apoyar de alguna u otra forma la institucionalidad burguesa. Así lo demostró el Pac apoyando algunas candidaturas de los últimos 45 nominados a integrar a la CSJ, incluyendo algunos que integraban la nómina original. Estos dos máximos dirigentes de los partidos LIBRE y PAC también vienen exigiendo un representante ante el Tribunal Nacional de Elecciones y uno ante el Registro Nacional de las Personas. De hecho, si JOH les otorga estas exigencias, seguramente estarían integrándose al “Gran Diálogo Nacional” que convocaría JOH, en el caso de que convoque.

El llamado a un “Diálogo Nacional” tiene un único propósito: canalizar el descontento popular por la severa crisis económica que arrastra el país. El temor de JOH y su gobierno es que llegue un momento en que los ánimos se caldeen en la población y que nuevamente las masas salgan a la calle. Por otro lado, se sigue ocupando de los partidos PAC y LIBRE para hacerse ver como estadista y darle vuelo a la reelección con el visto bueno de la CSJ y el Congreso Nacional.

Mientras todo esto sucede, a la clase trabajadora lo único que le queda es movilizarse para detener la dictadura de JOH, para exigir el castigo a los corruptos y para exigir medidas que mermen el efecto de la gran crisis económica en que han sucumbido todas las familias hondureñas que viven de un salario.

 

Por Maximiliano Fuentes

La elección de los siete magistrados restantes para la Corte Suprema de Justicia se encuentra empantanada desde el pasado 25 de enero. El acuerdo partidario entre los nacionalistas y liberales no fue lo suficiente para establecer un acuerdo y distribuir la corte como históricamente se había realizado. La presencia de PAC y LIBRE ha logrado frenar la distribución bipartidista, generando un vacío de poder en el Estado burgués, controlado, casi en su totalidad por Juan Orlando Hernández.

El forcejeo interno

A pesar de los múltiples intentos y a la presión ejercida por el bipartidismo por medio de la iglesia y los distintos medios de comunicación, no se ha logrado establecer un acuerdo para obtener mayoría simple y elegir a los magistrados restantes. A pesar de que el papel de la oposición ha sido positivo para nombrar una corte a servicio del sistema de gobierno que impulsa planes de hambre y miseria, no se realiza sin condiciones de por medio.

Tanto la bancada de PAC como de LIBRE intentan imponer sus propios candidatos o simplemente negociar para establecer cuotas de poder al interior de la nueva corte. Lograr un cambio en la distribución del poder asegura tener cierto control y frenar el proyecto reeleccionista de Juan Orlando Hernández y de esa manera fortalecer las aspiraciones presidenciables de Salvador Nasrrala y Manuel Zelaya Rosales. Eso por un lado, pero también se trata de controlar la corte penal para sepultar las acusaciones de corrupción y de enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios de gobierno y militantes de los diferentes partidos, de la misma manera, que se hizo con los ex funcionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que se les dictó sobreseimiento definitivo por los casos de corrupción en su gestión administrativa, o la acción por parte de la corte penal que ha logrado frenar el proceso de extradición contra el banquero Jaime Rosenthal Oliva.

Sin lugar a dudas, el tema de los extraditables por parte del gobierno de los Estados Unidos ocupa un peldaño muy significativo en el forcejeo político al interior del Congreso Nacional.

Juan Orlando Hernández en su gestión como Presidente del Congreso Nacional logró obtener el control de la actual Corte, para ello, debió expulsar mediante la asamblea legislativa, aquellos magistrados que se oponían a las políticas y acciones impulsadas desde el poder legislativo. Semejante injerencia, fue calificada como un golpe técnico. No obstante, la acción emprendida significó la aprobación de las ciudades modelos y las reformas constitucionales para despenalizar las aspiraciones reeleccionistas de Juan Orlando Hernández.

Los resquebrajamientos

El proceso de nombramiento de la nueva corte suprema de justicia ha evidenciado los resquebrajamientos internos de los partidos de oposición. En los últimos procesos los miembros de las bancadas de (LIBRE) y de (PAC) no han logrado cerrar sus filas de forma hegemónica, al contrario, han empezado a tejerse rupturas con las línea de los jefes de partido y de bancadas, que por cierto, no han logrado establecerse a partir de mecanismos democráticos. Los ejemplos concretos son el de Esdras Amado López y Dennis Sánchez, quienes han actuado de forma contraria a la línea política de partido.

Desafortunadamente, la oposición solo logra vincularse alrededor de la reelección de Juan Orlando Hernández, sin lugar a dudas, por el temor que genera en sus aspiraciones presidenciables, pero no a detener por medio de la movilización el saqueo del Estado y la aplicación de los planes de hambre y miseria en contra del pueblo trabajador.

La Corte Suprema debe ser electa directamente por el pueblo trabajador

Sin lugar a dudas, los aspirantes a la corte suprema de justicia fueron seleccionados a partir de los intereses del bipartidismo, tal y como lo contempla la actual constitución, que por cierto, fue diseñada para favorecer al Partido Liberal y Nacional, estableciendo una alternabilidad en el ejercicio del poder y mecanismos de cogobierno. En los últimos 34 años la Corte Suprema ha representado los intereses de ambos partidos, de hecho, ha sido integrada por miembros del partido liberal y nacional. Por tal razón, la justicia ha sido organizada en función de los intereses partidarios que necesariamente obedecen a los intereses de grupos.

Por lo anterior, desde el PSOCA cuestionamos el actual proceso de nombramiento, incluso de los candidatos propuestos desde la institucionalidad sin considerar los intereses y necesidades del pueblo trabajador. Por ello proponemos, que la Corte Suprema sea organizada por medio de un amplio debate y consenso por las organizaciones campesinas, gremiales, sindicales y patronales.

 

Por Justo Severo Izquierdo

Tremendo revuelo han causado en el país las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández, al manifestar que ya es tiempo de revisar la Constitución de la República y establecer un nuevo pacto social en Honduras.

En una entrevista exclusiva con el noticiero dominical de TN5, el mandatario dijo que: “Yo por primera vez voy a decir algo que creo que es el sentimiento de muchos hondureños, y particularmente en mi caso como ciudadano y como servidor público, creo que ha llegado el momento de que revisemos todo el contrato social del país y que lo hagamos de una forma seria, transparente y altamente participativa, y que si vamos a revisar todo el estamento constitucional hagámoslo para contar con una nueva Constitución.” (El heraldo.hn, 31 de enero, 2016).

Lo anterior coincide también con la propuesta de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-UNAH, Julieta Castellanos, que en el marco de divulgar la creación de la primera maestría en Derecho Constitucional en el país, sostuvo que era necesario reformar la actual Carta Magna, ya que “el ambiente para que eso suceda está dado con la ruptura del bipartidismo, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y la falta de claridad en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).” (Criterio.hn, 31 de enero, 2016)

Otro sector, que es de entero crédito en el país como el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de La compañía de Jesús-ERIC, en el reciente Sondeo de Opinión Pública, dejó mal parado al gobierno, la gente está clara que Honduras se sumerge en una crisis. La ciudadanía cree que el camino para salir a la actual situación del país es convocar a un diálogo nacional con la participación de todos los sectores.

En la encuesta, el 72 por ciento de la población cree que una Asamblea Nacional Constituyente es una opción para salir de la crisis. Además la encuesta arrojó otros datos interesantes como: el 75 por ciento de la población cree que la elección de la Corte Suprema de Justicia es un proceso manipulado; 8 de cada 10 hondureños y hondureñas no conocen el programa Alianza Para la Prosperidad; 7 de cada 10 afirma que JOH es responsable del saqueo del IHSS y la población lo reprobó con 4.2 en su segundo año de gestión (ver el boletín en el siguiente enlace: http://www.jamolandia.com/wp-content/uploads/2016/02/Boleti%CC%81n-SOP2015.pdf )

Juan Orlando Hernández y su grupo aprovecharon esta coyuntura para manifestar de manera demagógica la necesidad de crear una nueva constitución, donde participen todos los sectores, sin exclusión alguna, para subsanar la corrupción y acabar con la impunidad. Consideramos que el verdadero trasfondo de promover una nueva constitución en este momento, por parte de JOH, es la de maniobrar para llevar a la negociación a Mel Zelaya como líder de la tercera fuerza política, junto al PAC, que conforma la cuarta fuerza y por tanto los dos grupos de oposición que entorpecen el proyecto reeleccionista de JOH. En este caso, la estrategia de los nacionalistas es que Zelaya termine negociando y se le cumpla lo de tener un representante en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, a cambio de que Manuel Zelaya apruebe a través de toda su bancada la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Consideramos como Partido Socialista Centroamericano, que en el caso que se diese el proyecto de una nueva Constitución, esta se amarraría desde las altas cúpulas, se redactaría desde ahí, ya que hay un proceso de reorganización del Estado desde arriba, impulsado por el imperialismo norteamericano, con mucho forcejeo allá abajo con la burguesía. Al gobierno lo que le interesa en este momento es elegir la Corte Suprema de Justicia para manejarla a su antojo, y crear una constitución que cambie y consolide el régimen al hacerlo más autoritario, más centralizado. La actual constitución urge cambiarla, ya que presenta dificultades en el marco institucional, ya no obedece a los intereses de los Liberales y Nacionalistas, porque se rompió el bipartidismo, ahora hay cuatro fuerzas que luchan por el control político; la constitución que está vigente ya no permite el consenso para elegir la Corte, en ese sentido, toda propuesta de constituyente que venga de las cúpulas, sería una constituyente desvirtuada desde el inicio, no representaría la voluntad del pueblo, los sectores poderosos se pondrían de acuerdo en cómo redactar la misma para su propio beneficio. ¡No más demagogia!

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