Por Maximiliano Fuentes

La elección de los siete magistrados restantes para la Corte Suprema de Justicia se encuentra empantanada desde el pasado 25 de enero. El acuerdo partidario entre los nacionalistas y liberales no fue lo suficiente para establecer un acuerdo y distribuir la corte como históricamente se había realizado. La presencia de PAC y LIBRE ha logrado frenar la distribución bipartidista, generando un vacío de poder en el Estado burgués, controlado, casi en su totalidad por Juan Orlando Hernández.

El forcejeo interno

A pesar de los múltiples intentos y a la presión ejercida por el bipartidismo por medio de la iglesia y los distintos medios de comunicación, no se ha logrado establecer un acuerdo para obtener mayoría simple y elegir a los magistrados restantes. A pesar de que el papel de la oposición ha sido positivo para nombrar una corte a servicio del sistema de gobierno que impulsa planes de hambre y miseria, no se realiza sin condiciones de por medio.

Tanto la bancada de PAC como de LIBRE intentan imponer sus propios candidatos o simplemente negociar para establecer cuotas de poder al interior de la nueva corte. Lograr un cambio en la distribución del poder asegura tener cierto control y frenar el proyecto reeleccionista de Juan Orlando Hernández y de esa manera fortalecer las aspiraciones presidenciables de Salvador Nasrrala y Manuel Zelaya Rosales. Eso por un lado, pero también se trata de controlar la corte penal para sepultar las acusaciones de corrupción y de enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios de gobierno y militantes de los diferentes partidos, de la misma manera, que se hizo con los ex funcionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que se les dictó sobreseimiento definitivo por los casos de corrupción en su gestión administrativa, o la acción por parte de la corte penal que ha logrado frenar el proceso de extradición contra el banquero Jaime Rosenthal Oliva.

Sin lugar a dudas, el tema de los extraditables por parte del gobierno de los Estados Unidos ocupa un peldaño muy significativo en el forcejeo político al interior del Congreso Nacional.

Juan Orlando Hernández en su gestión como Presidente del Congreso Nacional logró obtener el control de la actual Corte, para ello, debió expulsar mediante la asamblea legislativa, aquellos magistrados que se oponían a las políticas y acciones impulsadas desde el poder legislativo. Semejante injerencia, fue calificada como un golpe técnico. No obstante, la acción emprendida significó la aprobación de las ciudades modelos y las reformas constitucionales para despenalizar las aspiraciones reeleccionistas de Juan Orlando Hernández.

Los resquebrajamientos

El proceso de nombramiento de la nueva corte suprema de justicia ha evidenciado los resquebrajamientos internos de los partidos de oposición. En los últimos procesos los miembros de las bancadas de (LIBRE) y de (PAC) no han logrado cerrar sus filas de forma hegemónica, al contrario, han empezado a tejerse rupturas con las línea de los jefes de partido y de bancadas, que por cierto, no han logrado establecerse a partir de mecanismos democráticos. Los ejemplos concretos son el de Esdras Amado López y Dennis Sánchez, quienes han actuado de forma contraria a la línea política de partido.

Desafortunadamente, la oposición solo logra vincularse alrededor de la reelección de Juan Orlando Hernández, sin lugar a dudas, por el temor que genera en sus aspiraciones presidenciables, pero no a detener por medio de la movilización el saqueo del Estado y la aplicación de los planes de hambre y miseria en contra del pueblo trabajador.

La Corte Suprema debe ser electa directamente por el pueblo trabajador

Sin lugar a dudas, los aspirantes a la corte suprema de justicia fueron seleccionados a partir de los intereses del bipartidismo, tal y como lo contempla la actual constitución, que por cierto, fue diseñada para favorecer al Partido Liberal y Nacional, estableciendo una alternabilidad en el ejercicio del poder y mecanismos de cogobierno. En los últimos 34 años la Corte Suprema ha representado los intereses de ambos partidos, de hecho, ha sido integrada por miembros del partido liberal y nacional. Por tal razón, la justicia ha sido organizada en función de los intereses partidarios que necesariamente obedecen a los intereses de grupos.

Por lo anterior, desde el PSOCA cuestionamos el actual proceso de nombramiento, incluso de los candidatos propuestos desde la institucionalidad sin considerar los intereses y necesidades del pueblo trabajador. Por ello proponemos, que la Corte Suprema sea organizada por medio de un amplio debate y consenso por las organizaciones campesinas, gremiales, sindicales y patronales.