Por Ricardo Velásquez

A seis años de los sucesivos gobiernos nacionalistas con el ciego apoyo del Partido Liberal, la crisis económica la siguen pagando los trabajadores del país. Tanto Porfirio Lobo como Juan Orlando Hernández no han escatimado oportunidad para orillar a los trabajadores y sus familias a la línea de miseria. Y sin duda alguna, que el sector más golpeado han sido los docentes, a quienes no se les ha dado un aumento desde hace 7 años.

A los empleados públicos se les aprobó un miserable aumento en el presupuesto del 2016, al igual que todos los años se han dado miserables aumentos al salario mínimo, estos trabajadores principalmente laboran con la empresa privada. Sin embargo, al magisterio se le dejó por fuera de los aumentos en el presupuesto de este año, dejando exclusivamente la decisión a criterio de Juan Orlando Hernández. Hay que señalar que en esta represión en contra de los docentes, también son cómplices el resto de partidos que han apoyado todas las leyes aprobadas por JOH en el Congreso Nacional, como son los liberales, D.C., los de la U.D., algunos PAC e incluso algunos de Libre.

Juan Orlando Hernández reiteradamente ha manifestado demagógicamente que se revisarán los índices macroeconómicos y que si estos siguen mejorando se podría hacer el análisis de un aumento salarial. Lo que sí ofrece a los docentes es la facilidad de consolidar la deuda a aquellos maestros sobre endeudados, así como ofrece un bono de 60,000 lempiras para la compra de vivienda o mejoras a la casa, siempre y cuando el maestro haga la solicitud correspondiente.

Es evidente que el interés de JOH es manipular el hambre de los maestros. Por un lado, en vez de otorgar un aumento ofrece una consolidación de deuda donde el gobierno sería el aval y un bono que seguro será manejado políticamente. Mientras un posible aumento sigue siendo un espejismo.

Mientras tanto, la canasta básica sigue aumentando

Contradictoriamente, el índice de inflación sigue orillando a las familias hondureñas, que ven reducida la capacidad de adquisición de sus salarios: “…aseguraron ayer autoridades del organismo rector de la política cambiaria y monetaria, en los últimos tres meses la moneda presentó una depreciación mayor a 40 centavos”. “Sin incorporar lo que es combustible, miramos un déficit en la balanza de bienes y servicios de alrededor del 35 por ciento. Ese déficit, sin combustibles en el 2014 era del 10 por ciento, ahora se muestra en 35 por ciento. Eso nos da una presión”, razonó (LT 7/2/16).

Por otro lado, “El índice de precios al consumidor (IPC) presentó una variación de 0.31% durante el mes de enero, informó ayer el Banco Central de Honduras (BCH). De los 282 productos que conforman la canasta básica, el 67.02% (189 productos) experimentó un incremento, 6.74% (19) disminuyó, entre los que destacan los combustibles y el suministro de electricidad. La inflación registrada se explica por alzas en el precio de granos básicos como frijoles rojos, maíz y arroz, y aumento en las carnes de res, cerdo, pollo y pescado.” (EH 7/2/16).

Lo anterior nos indica que mientras los salarios reciben raquíticos aumentos o no reciben ninguno como el caso de los docentes, la moneda se devalúa y los precios de los principales productos de la canasta básica aumentan, volviendo insoportable el diario vivir de los trabajadores.

Solo movilización y lucha logrará aumentos más justos

El gobierno de JOH y sus comparsas no hubieran aplicado las políticas neoliberales tan efectivamente de no ser por la desmovilización de los trabajadores. Por un lado, JOH ha coaptado a la dirigencia sindical o en todo caso los ha manejado muy a su favor, y en el caso de que las dirigencias no cayeran en las fauces de JOH, éste ha reprimido aun violentando la ley y manipulando el sistema judicial a su antojo. No es casual que tanto nacionalistas como sus compinches se empecinen en elegir magistrados que les garanticen legislar a conveniencia del gobierno, sin importar si se violenta la ley.

Por todo lo anterior se vuelve una necesidad impostergable que los trabajadores rebasen a las dirigencias y se movilicen para exigir un aumento general de salarios de acorde al índice de inflación. Corresponde al magisterio mismo levantar la bandera de lucha para obtener un aumento salarial, la misma población ya está consciente de que el gobierno debe otorgarlo. Pero este régimen no regalará nada, así que corresponde a los mismos sectores salir a pelearlo y exigirlo.

Por Maximiliano Fuentes

Este 27 de enero, el gobierno de Juan Orlando Hernández cumplirá dos años de su gestión presidencial, los cuales se han caracterizado por la aplicación de una política contrarrevolucionaria en materia económica, la centralización del poder político al estilo de los regímenes bonapartistas, fortalecimiento de los aparatos represivos y enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios debido a los grandes negocios que se tejen desde la cúpula gubernamental.

La estabilidad de JOH

El gobierno de Juan Orlando Hernández logró imponerse sobre sus adversarios con un 34% en el pasado proceso electoral. Sin lograr una ventaja arrolladora sobre su adversario más próximo (LIBRE), logró los votos necesarios para obtener una mayoría simple y así garantizar la continuidad del Partido Nacional al frente del ejecutivo. Sin lugar a dudas, durante este tiempo ha logrado gobernar sin mayores complicaciones, a pesar de haber estado salpicado por escandalosos casos de corrupción y una filiación de varios funcionarios de gobierno al crimen organizado y al narcotráfico. Por otro lado, durante este espacio de tiempo han sido desarticuladas grandes conquistas sociales y laborales de la clase trabajadora, desmantelados los institutos de previsión y jubilaciones, acrecentados los porcentajes de la población que viven en extrema pobreza y se ha deteriorado su calidad de vida por la aplicación de planes de ajuste y de miseria.

A pesar del aparato propagandístico del gobierno, que por cierto, destina millones de dólares para impulsar los logros en materia de seguridad y los distintos programas de asistencialismo, los altos índices de crímenes violentos, las extorsiones y otros delitos continúan siendo, desde la percepción de las personas, el principal problema de la sociedad hondureña.

Por otra parte, la política económica de JOH se ha orientado bajo el mandato de los organismos internacionales de crédito. Por ello, se ha recortado el aparato estatal, lo que ha conllevado al despido de miles de trabajadores por el desmantelamiento de varias instituciones de Estado como SANAA, ENEE, HONDUTEL y algunas secretarias de Estado. Consecuentemente a estas orientaciones, se han mantenido congelados los salarios de los trabajadores con la complicidad de los dirigentes sindicales y de la Centrales Obreras, acrecentado el índice de inflación y modificado la política cambiaria respecto al dólar, lo que ha contribuido a una reducción de los ingresos.

La estabilidad política del gobierno ha sido el resultado de una combinación de factores, por un lado la militarización y la creación de los organismos represivos del Estado, así como el control absoluto de la institucionalidad (Ministerio público, Corte Suprema de Justicia, entre otras). Por otro lado, el papel de la oposición del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Anticorrupción (PAC), que por sus contradicciones y divisiones internas no han logrado impulsar una oposición férrea en el Congreso Nacional. Pero lo más grave de su política conciliadora, el caso de LIBRE, es haber sepultado el Frente Nacional de Resistencia popular y dejado a un lado los métodos de lucha como la movilización.

El proyecto de continuidad o la reelección

Desde su comienzo, JOH logró controlar los organismos de dirección del Partido Nacional y desmantelar las corrientes de oposición interna, considerando que desde su gestión como Presidente del Congreso Nacional controlaba la institucionalidad del Estado. Esta situación le permitió plantear su reelección presidencial. Para ello, era necesario reformar la constitución por medio de acciones de inconstitucionalidad, lo que logró sin mayores oposiciones.

En el escenario electoral, la reelección de Juan Orlando Hernández se visualiza como una realidad concreta. No obstante, la misma no podrá concretizarse si no establece alianzas con las corrientes internas y los candidatos de oposición. La denuncia realizada por Esdras Amado López y Rassel Tome del partido Libertad y Refundación, evidencia las aspiraciones de Zelaya y su vinculación con el gobernante de turno; a pesar de mostrarse como su principal contendiente, se puede afirmar sin temor a equivocarse, que el proyecto de continuidad encaja muy bien con los intereses de grupo que ellos representan.

Desde el PSOCA, llamamos a las organizaciones independientes, sindicatos, organizaciones gremiales a organizarse para crear un frente común de oposición a las aspiraciones de reelección, pero sobre todo a las crueles intenciones de JOH de seguir asfixiando a los trabajadores del campo y la ciudad con sus planes de ajuste y de miseria.

Por Sebastián Ernesto González

La Corte Suprema de Justicia, que avaló y legalizó el Golpe de Estado del 2009, finalizó su periodo legal el día lunes 25 de enero, después de 7 años de estar al servicio de los grupos fácticos que han hundido a la familia hondureña en una crisis económica nunca antes experimentada en el país. Con el Partido Nacional al frente con dos gobiernos consecutivos, el de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández y con el apoyo casi absoluto del Partido Liberal, esta CSJ se mantuvo en primera línea violentando los derechos laborales de innumerables trabajadores que fueron despedidos, han puesto en venta al país o han permitido la impunidad a los asesinos que campean a diestra y siniestra.

JOH por el control total del Estado

Juan Orlando Hernández en su proyecto bonapartista, pretende controlar a la CSJ encajándosela como anillo al dedo. En su interés de buscar la reelección dentro de un año, ha puesto todo su empeño y el aparato estatal al servicio de lograr su objetivo; la elección de 15 magistrados con mayoría nacionalista y que la presidencia de la corte sea afín a sus intereses.

Pero el Partido Nacional y su timonel JOH, serían insignificantes si no tuvieran a su eterno aliado en la administración del país, el Partido Liberal. Para nadie es desconocido que desde el Golpe de Estado en el país en el 2009, el PN y el PL se enfrascaron en una alianza matrimonial que hasta ahora ha sido muy fiel, con algunas pequeñas diferencias por la repartición del pastel pero que al final terminan solventando a la danza de los millones.

El Partido Nacional con apenas 48 diputados de 128, se ha salido con las suyas en la aprobación de leyes y elección de cargos del engranaje público que requieren de mayoría calificada (86 votos), o bien con la aprobación del presupuesto nacional como el aprobado recientemente para el 2016, en el que se dejó al magisterio nacional sin un aumento salarial. Para lograr sus objetivos, JOH ha maniobrado maquiavélicamente dentro de las diferentes bancadas, obteniendo el apoyo a veces del Partido Anticorrupción y a veces del mismo Partido Libre.

Pero ha seguido avanzando en su propósito y hasta ahora, pareciera que no hay un movimiento fuerte que le detenga. En esta ocasión la votación quedó 82 a favor, 44 en contra y dos abstenciones. Votaron a favor 48 nacionalistas, 26 liberales, 6 tránsfugas de Libre, 1 de la UD y 1 de la DC.

En contra lo hicieron 29 de Libre, 13 del Pac, 1 del Pinu y el diputado liberal Darío Banegas. Esto obliga al Congreso a proceder a una nueva votación mediante el mecanismo de voto individual y secreto (EH 26/01/2016).

El Partido Liberal juega con Dios y con el Diablo

En el año 2015 se dieron las enormes movilizaciones de los indignados, condenando y repudiando los actos de corrupción del Partido Nacional. La dirigencia del Partido Liberal, encabezada por Mauricio Villeda, inmediatamente se puso al lado de la oposición, aparentando ir con todo en contra de JOH. Sin embargo la realidad nos demuestra lo contrario y ha sido el mismo Mauricio Villeda que ha exigido la repartición del pastel pidiendo 8 magistrados para el PL más la presidencia de la CSJ y que fueran 7 para el PN; aparentemente esta negociación no prosperó y terminaron aceptando la tajada que JOH les obsequiaba.

Solo la movilización y lucha detendrán a JOH en su proyecto continuista

La unidad de la oposición hasta ahora solo es un fantasma, las posiciones son diferentes y penden de hilos muy frágiles, que si JOH no estuviera tan ensoberbecido fácilmente los rompe. Por ejemplo la selección de los 45 nominados a ser magistrados fue un proceso viciado desde el inicio. La posición del Pac es no apoyar una nómina impuesta de 15, lo que significa que si apoyan la elección de 15 se va a la elección de 1 a 1. En cambio la posición de Libre es no apoyar ninguna forma de elección, esto en vista de que JOH no cedió a dar aperturas democráticas.

Lamentablemente, quien le ha puesto la correa a Juan Orlando ha sido la embajada estadounidense. Nuevamente ha sido evidente la injerencia norteamericana en las decisiones del país, reuniéndose con las diferentes bancadas, descalificando nominados y solicitando (exigiendo) la elección de la nueva corte. Es seguro que de una u otra forma elegirán la nueva CSJ, quizás queden rasguños y rencores pero con voto secreto o sin él, elegirán los nuevos 15 magistrados.

Hoy más que nunca debemos darnos cuenta que solo la movilización y lucha del pueblo pueden detener a JOH en sus propósitos continuistas, y ninguna corte electa con negociaciones bajo la mesa podrá impartir justicia para los desposeídos. El pueblo debe ser el que elija a los magistrados con derecho a voto revocatorio.

 

Por Justo Severo Izquierdo

El 19 de enero del presente año, en la ciudad de Washington D.C., se firmó el acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el fin de dar luz verde al establecimiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La firma la realizó el propio presidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el Secretario General de la OEA Luis Almagro.

El destape del acto de corrupción más grande de la historia de Honduras, el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por funcionarios y grupos ligados a los gobiernos de Lobo Sosa y al de Juan Orlando Hernández, fue el detonante que dio pie a la lucha contra la corrupción en Honduras por parte del pueblo, convirtiéndose en un fenómeno espontáneo de Indignación Nacional.

El descontento de la población se vio reflejado en las enormes marchas que se realizaron a nivel nacional y que preocuparon enormemente al gobierno, marchas que fueron convocadas por el movimiento de los indignados, un movimiento salido espontáneamente de la clase media, que cansados de ser la clase asfixiada dentro de los planes de ajuste del actual gobierno y anterior, exigían el cese a los actos de corrupción y castigo para todos aquellos que han saqueado el país. Poco a poco la dirigencia del Movimiento de los Indignados fue absorbida a través de la injerencia, por una parte del gobierno ,y por otra de los partidos políticos opositores al régimen de Hernández, que vieron con buenos ojos la oportunidad de negociar reformas al régimen político, así como paralizar el proyecto reeleccionista y la instauración de una dictadura. Por otro lado, las marchas contaron con la venia de los Estados Unidos, cuyo propósito es enviar un mensaje claro a los gobiernos del área para impulsar reformas políticas que eviten el estallido de un conflicto popular y dañe sus intereses en la zona.

Para eludir el clamor popular, de instalar en Honduras una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), similar a la de Guatemala, Juan Orlando Hernández buscó una salida estratégica: un Diálogo Nacional por sectores, y la conformación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción, conformado por una unidad de supervisión y apoyo al Ministerio Público, integrada por fiscales hondureños e internacionales de prestigio y comprobada experiencia. Es así que surge la MACCIH, respaldada y apoyada por representantes de la sociedad afines al régimen, de la OEA y de la ONU.

Originalmente el proyecto MACCIH fue concebido como un instrumento para taparle el ojo al macho, o sea tocar solamente la superficie del sistema de corrupción y dejar intacto el núcleo configurado por la élite pública-privada, principalmente la encajada en la cúpula gubernamental.

La MACCIH pretende desarrollar cinco áreas o acciones:

1. Establecimiento de un grupo de juristas que asesorarán y supervisarán el sistema judicial y el Ministerio Público.

2. Elaboración de diagnóstico del poder judicial a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

3. Apoyar la implementación de las recomendaciones formuladas por el mecanismo Anticorrupción (Mesicic) de la OEA.

4. Asistir en la implementación de las recomendaciones identificadas por el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SNSC) realizado por la OEA.

5. La creación de un observatorio de justicia integrado por la academia y la sociedad civil para dar seguimiento y evaluar el progreso de la reforma en el sistema de justicia.

La MACCIH – a pesar de ser una propuesta del gobierno central- es una imposición del imperialismo norteamericano, que ante la inestabilidad de los países que conforman el Triángulo Norte en América Central, por la vinculación de las burguesías nacionales con el crimen organizado y el narcotráfico, se ha visto en la necesidad de estabilizar y dejar a un lado a los funcionarios corruptos por medio de una política de extradiciones e incautaciones de los bienes acumulados. Al mismo tiempo que instala una comisión que vigila y supervisa los actos de corrupción e impunidad del país, en una palabra, la MACCIH es un organismo que legitima nuevas formas de injerencia política por parte del imperialismo.

Pese a la negativa del gobierno de Juan Orlando de instalar una comisión internacional contra la impunidad, por mandato del imperialismo norteamericano deberá hacerlo, por lo contrario el Estado de Honduras no podrá acceder a los fondos provenientes de los diferentes programas del imperialismo para la región centroamericana.


Por Maximiliano Fuentes

La semana pasada fueron arrestados en Suiza varios dirigentes deportivos de las distintas confederaciones de fútbol, entre ellos destacan el hondureño Alfredo Hawit, Presidente de la CONCACAF y Ángel Napout dirigente paraguayo de la CONMEBOL y Vice-Presidente de la FIFA.

En los meses anteriores, habían sido giradas varias órdenes de captura por varios organismos de justicia de los Estados Unidos contra varios dirigentes por estar implicados con casos de corrupción y soborno. También, se le había suspendido de la presidencia a Josep Blater de la FIFA y a Michel Platini de la UEFA de forma temporal.

Todo este proceso de acusaciones contra los dirigentes deportivos de la Federación deportiva más rentable del mundo ha sido llamado FIFAGATE, haciendo una clara alusión al polémico caso que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de 1970.

Para esa ocasión, se saqueó de las oficinas de Watergate –Sede del Comité Nacional del Partido Demócrata- varios documentos. Las acciones fueron encubiertas por la administración de Richard Nixon. Sin embargo, el Congreso inició una investigación, en el que el gobierno de Nixon no quiso colaborar, lo que condujo a una crisis institucional.

Desde entonces, varios opositores políticos y funcionarios fueron considerados sospechosos. Nixon ordenó el acoso a grupos de activistas y figuras políticas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia -FBI, CIA y otros-. El escándalo destapó múltiples abusos de poder y concluyó en la renuncia de Nixon el 9 de agosto de 1974.

La magnitud del caso Watergate fue tan significativa que se empezó a usar dicho sufijo (gate) para referirse a actividades clandestinas e ilegales. Son varios los casos que han sido catalogados como tal: Reutergate -el fotógrafo Adnan Hajj fue acusado de manipular imágenes- o los famosos Petroaudios, los cuales fueron conocidos en el mundo entero como 'Petrogate'.

Debido a las acusaciones libradas contra los funcionarios de la FIFA, es un tema que compromete a varios países del mundo y que, según parece, va a desmantelar a una serie de delegados y ejecutivos que habrían recibido cuantiosos sobornos para su beneficio.

La reproducción de la corrupción

Las prácticas y hábitos inadecuados de los administradores del Estado se evidencian en la clara participación de los funcionarios en crímenes por blanqueo de capitales y distribución de drogas en los Estados Unidos. Sin dejar de mencionar el descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y otras instituciones del Estado. Son cientos de personas que han acrecentado de forma desproporcionada sus fortunas, y por la forma en que se conducen el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, los casos permanecen impunes, y en algunos casos se absuelven los procesos, tal y como ocurrió con el Ex Presidente de la República Rafael Leonardo Callejas, quien recibió más de siete cartas de libertad por las acusaciones recibidas durante su gestión como Presidente de la República. Por cierto, acusado de forma reciente por haber recibido sobornos por los funcionarios de la FIFA durante su gestión como Presidente de la FENAFUTH.

El Presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (Fenafuth) y vicepresidente de la FIFA, Juan Ángel Napout a quienes se les implica de los delitos de fraude, soborno, lavado de activos, entre otras acusaciones. Paradójicamente, son las instituciones del imperialismo norteamericano las que ha librado el proceso de captura contra varios funcionarios de las federaciones de la CONCACAF, dado que los gobiernos locales son incapaces de impartir justicia. En ese sentido, el gobierno de los Estados Unidos ha girado la orden de extradición contra Rafael Leonardo Callejas, Ex Presidente de la República, que por cierto, pretendía participar como candidato a la presidencia en el próximo proceso electoral.

La política del imperialismo norteamericano

Sin lugar a dudas, los Estados Unidos de América tiene una política muy clara para la región la centroamericana, y consiste en iniciar procesos de extradición y de arresto contra todos los funcionarios corruptos o implicados con el crimen organizado y el narcotráfico. El arresto de Otto Pérez Molina –Ex Presidente de Guatemala- y varios de sus funcionarios se da en este marco. Evidentemente, lo anterior responde a un enorme temor de perder el control y la estabilidad de un territorio estratégico y de su propio control, lo que pretenden evitar en un enorme estallido social que concluya con una guerra civil o una revolución. Sin embargo, hace falta iniciar un proceso de movilizaciones para exigir el verdadero castigo para aquellos que han extorsionado e enriquecido de forma ilícita con el dinero del Estado de Honduras.

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