Por Ricardo Velásquez

Los resultados de la política económica, para complacer al Fondo Monetario Internacional e impuestas por los dos últimos gobiernos nacionalistas; el de Porfirio Lobo y el de Juan Orlando Hernández, han sido funestas para la clase trabajadora, a tal grado que la economía nacional se encuentra totalmente contraída.

La capacidad de consumo de la población, principalmente de los empleados públicos y docentes prácticamente ha desaparecido, se recibe salarios solo para pagar deudas, alimentación, medicina y educación. Es así que un sector de la empresa privada se encuentra fuertemente afectada al no poder vender porque no hay capacidad de consumo.

Otro indicador económico que preocupa al gobierno y la empresa privada es la cantidad de deudores que han entrado a la central de riesgo, por no pagar en su debida forma las cuotas o los saldos pendientes. Esto ha hecho que analicen y ejecuten algunas disposiciones económicas para dar un respiradero engañoso a los trabajadores, con el fin de dar un margen a los que reciben salarios para que puedan consumir.

Llega el FMI a pasar el rasador económico a JOH

Nuevamente una misión del FMI arribará al país para revisar el comportamiento de la economía. El coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdeth lo ha explicado bien claro “… el fondo va a encontrar satisfacción en los indicadores macroeconómicos del gobierno, no va a encontrar satisfacción, aunque no la va a buscar tampoco, en los indicadores microeconómicos de las familias… la salud macro financiera no se ha trasladado a la economía real o el consumo de la población hondureña, porque las políticas estatales están diseñadas para resolver “necesidades de efectivo que tiene el gobierno y no las necesidades de inversión” que demanda la población para acceder a fuentes de trabajo. LT (14/05/2016).

Lo anterior se reduce a que no importa la disminución del nivel de calidad de vida de los asalariados mientras el gobierno de JOH controle los Indicadores básicos como la inflación, el déficit fiscal, la deuda pública, el nivel de reservas y la devaluación. Al FMI no le importa como hacen los hondureños para sobrevivir.

Medidas engañosas e hipócritas

En un afán de crearse una imagen positiva, con miras a las elecciones del próximo año y con la pretensión de seguir en el poder, Juan Orlando Hernández demagógicamente y con el afán de incentivar el consumo, pretende aplicar medidas tendientes a crearle un oasis de luz a los trabajadores, para ello manifestó “ el Estado de Honduras intervendrá en defensa de los consumidores en el caso de que se comprueben excesos en las tasas de interés que aplican a sus clientes, las empresas emisoras de tarjetas de crédito”. “El mercado debe ser libre, pero si hay excesos el Estado tiene que intervenir para evitar que se cometan esos excesos y hacer justicia para los usuarios”. Esto en alusión a los cobros exagerados e injustificables que hacen en las tarjetas de crédito. Solución momentánea a la que recurren las tarjetas habientes al no tener aumentos de salarios, la moneda devaluada y el índice inflacionario exorbitante.

Otra de las medidas que están implementando el gobierno de JOH, es facilitar a través de las Instituciones de pensiones y jubilaciones, el refinanciamiento de préstamos a mayor plazo y con menos intereses, de hecho, ya lo están haciendo con los préstamos que otorga el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) a los docentes. JOH manifestó “Vamos a trabajar en un esquema para que la gente que está muy endeudada en este momento pueda respirar; no es un tema fácil, pero creo que, si alguien tiene un trabajo y se le paga por planilla, podemos encontrar soluciones con el apoyo de esa persona”. LT (14/05/2016).

Movilización por un aumento general de salarios y por la defensa de los contratos colectivos    

Una vez inmovilizados los sindicatos y trabajadores, ahora la pretensión del gobierno es eliminar los contratos colectivos, así lo anunció el dirigente Juan Almendárez el 1 de mayo. La única forma de que los trabajadores inicien el rescate de vivir dignamente, es mediante una movilización general de empleados públicos y de la empresa privada, las medidas demagógicas implementadas por JOH son un falso espejismo en el desierto, que solo pretende reactivar el consumo en la población.

¡Movilicémonos por un aumento general de salarios acorde con el índice de inflación!

Por Justo Severo Izquierdo

El proyecto de alfabetización “Honduras Aprende por una Vida Mejor”, es un programa que ha generado inconformidad entre los estudiantes y padres de familia. Varios institutos han sido tomados por la comunidad estudiantil a nivel nacional, en protesta por las decisiones del Ministro Marlon Escoto, de imponer un proyecto sin la previa participación y discusión de estudiantes, padres de familia, maestros y gobierno. Los colegiales le exigen al ministro de Educación derogar o revisar la Ley de alfabetización, ya que se considera perjudicial para los intereses de los padres de familia y alumnado.

Las autoridades educativas han instruido que para que un estudiante de último año pueda optar a la graduación, como parte de su Trabajo Educativo Social (TES), debe alfabetizar a por lo menos dos personas que no sepan leer ni escribir. El estudiante o padre de familia se ve en la obligación de buscar a éstas personas, luego durante 20 sábados o domingos los alfabetizandos y alfabetizadores impartirán un promedio de cinco horas de clases por día, para hacer un total de cien horas, que son las que establece el requisito del Trabajo Educativo Social.

Dificultades que atraviesan estudiantes y padres de familia con esta ley

Entre las causas que impide realizar este programa es el factor económico y de seguridad ciudadana. El hecho de alfabetizar a dos personas, incurre en un gasto enorme, implica traslado de los alfabetizados, merienda, en algunos casos pago del día de trabajo; hay otros que aceptan formar parte del proyecto, siempre y cuando se les pague por ser alfabetizados; todo esto sale de los bolsillos de los padres de familia, agrandando más los costos de su precaria economía. El otro factor es el de la seguridad, muchos estudiantes tienen que desplazarse a zonas de alto riesgo, barrios y colonias sitiadas por maras y pandillas, todo esto, a cambio de la búsqueda de personas a quienes enseñarles a leer y escribir. Pero no todo termina acá, existen otras causas, estas tienen que ver con la parte pedagógica, el estudiante no está capacitado o formado para enfrentarse al reto de alfabetizar a una persona mayor, el alumno no cuenta con la madurez suficiente, partiendo del hecho que los alfabetizadores son menores de 14-15 y 16 años.

Otro punto por el cual reclaman los estudiantes, es la dificultad de encontrar personas analfabetas, si encontrar una los mete en tremendos aprietos, no digamos dos. Para el ministro Escoto, según el último censo, son 220,000 personas que no saben leer ni escribir, quien de manera sarcástica respondió “ajusta para todos” al momento que los estudiantes denunciaban la dificultad de hallar personas que no saben leer ni escribir. La pregunta para el señor Escoto es si ¿esas cifras están infladas para justificar la ayuda que recibe de las ONG. para el combate del analfabetismo? La verdad que no define si estas personas analfabetas la mayoría se encuentra en el área rural o urbana.

Medidas represivas

Escoto, ante las protestas, marchas y tomas de instalaciones, se ha volcado a reprimir y castigar a la comunidad estudiantil; el seis de mayo un fuerte grupo de estudiantes de los distintos centros educativos tomados de la zona norte, fueron reprimidos con gases cuando protestaban en el peaje salida a Puerto Cortés, algunos estudiantes fueron capturados por la policía. De igual manera, se ha encargado de acusar al Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh) y su dirigente Jaime Rodríguez, de promover las protestas de los estudiantes, acusación que no tiene ningún fundamento, en vista que las protestas surgieron de manera espontánea, de hecho, se refleja que no hay una sola línea de parte de los estudiantes, algunos exigen derogación de la ley, otros revisión o consideraciones. En represalia, Escoto decidió castigar a los directores de los centros educativos que han permanecido tomados con audiencias de descargo, también el cierre temporal de tres colegios en la zona norte, además amenazó con impedir que se ejecuten las clausuras en estos centros educativos.

Hay que dejar en claro que nadie se opone al proceso de alfabetización. El problema consiste en la medida impositiva que ejecuta el Ministerio de Educación, como una política del gobierno de Juan Orlando Hernández, de lavarse la cara ante los organismos internacionales. Como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), planteamos que cualquier proceso de alfabetización debe ser impulsado por sectores que actúan en él, es decir: maestros, las personas que desean ser alfabetizadas, y, en todo caso, el Estado que impulsa el proyecto, pero no puede darse de manera impositiva.

Por Sebastián Ernesto González

La movilización del 1° de mayo pasó sin pena ni gloria, un día del año más en el que se olvidó la enseñanza de la huelga de 1954. Cada dirigencia sindical hace presencia con su manta y grupos de afiliados para al terminar la movilización ir a celebrar. No existe una planificación real por el sindicalismo que tenga como objetivo movilizar a los afiliados como un preámbulo a una lucha mayor: la defensa del trabajo.

Movilización espontanea

La movilización se caracterizó por la ausencia de propaganda política, o de líderes políticos con sus seguidores. Probablemente para evitar la estigmatización de la prensa burguesa, que inmediatamente acusan al Partido Libre de copar estas movilizaciones.

Las Centrales Obreras se pusieron de acuerdo en publicar un discurso único, pero esto no impidió que el ex Presidente Manuel Zelaya arengara a los trabajadores en la Plaza Morazán, lugar donde terminaba la movilización.

La arremetida neoliberal del régimen post golpe y los planes de miseria impuestos por Juan Orlando Hernández, no han sido suficientes para estremecer la conciencia de la clase trabajadora y su dirigencia sindical, a pesar de que ya se perdieron muchas conquistas y se amenaza con eliminar los contratos colectivos.

Ningún contrato colectivo se ha firmado desde hace 7 años; es evidente que con el golpe de Estado del 2009, quien ha pagado muy caro las consecuencias ha sido la clase trabajadora. Fueron golpeando por partes y muy letales, sin importar si violentaban la ley al reprimir a los sectores de vanguardia que se levantaban en lucha.

El ejemplo más claro es la derrota sufrida por el magisterio. Al derrotar al gran gigante y referente de la lucha de los últimos 30 años, el régimen daba el gran paso para su ofensiva inhumana con los trabajadores, todos los demás sindicatos fueron cayendo como baraja de naipes.

Actualmente los sectores laborales ya no tienen como prioridad las mejoras de sus condiciones de trabajo o la pelea por un salario digno. Todo se ha reducido a agachar la cabeza para poder mantener el trabajo. Los ejemplos de despidos masivos son diversos y las formas en que el Estado lo impone es sin ninguna consideración.

La doble cara de los Secretarios Generales

Es así como el globo sonda para abolir la firma de los contratos colectivos se escucha en los medios periodísticos. En el diario La Tribuna (02/0572016) “Los secretarios generales de las tres centrales obreras del país, coincidieron ayer que con los despidos masivos, el cambio de nombre de las instituciones y la abolición de los sindicatos, cada vez más está en precario el contrato colectivo de los trabajadores”.

Juan Barahona (secretario de la FUTH): “Estamos perdiendo todas las conquistas que se lograron con la huelga de 1954, como el derecho a la organización, a la contratación y a la estabilidad laboral, pero con estos gobiernos neoliberales nos están quitando hasta los contratos colectivos”. Hilario Espinoza (secretario de la CTH): “La violación de los derechos laborales por parte del gobierno está por todos lados con los despidos masivos, con cambios de nombre a las instituciones y no se negocia ni se platica con las organizaciones sindicales y eso es un abuso que nos preocupa”. Daniel Durón (secretario de la CGT): “La situación de la crisis actual es compleja, hay que tratar de defenderse para sobrevivir porque hay un avasallamiento y laceraciones y si no se le da seguimiento a esta situación dictatorial vamos a tener graves problemas todos los de la clase asalariada”.

Defender los contratos colectivos

Pero estos mismos dirigentes son los que han firmado con el régimen los aumentos miserables al salario mínimo y traicionaron la lucha, como el caso de Daniel Durón, que traicionó la huelga del magisterio en agosto del 2010.

La defensa de los contratos colectivos es una realidad que será exclusiva solamente de los propios trabajadores, a quienes corresponde organizarse y propiciar las condiciones correctas para la permanencia de los mismos. La amenaza de eliminar los contratos colectivos será real si los trabajadores no asumen el compromiso de levantarse en lucha.

Hasta ahora el régimen Juaorlandista no ha tocado los contratos colectivos, pero sin duda alguna que lo hará si no encuentra oposición, a pesar de que no se han firmado la vigencia de estos contratos, aún siguen ahí, esperando a ser defendidos por los trabajadores o abolidos por el régimen.

Por Maximiliano Fuentes

Durante los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández hemos asistido a los más grandes ataques contra los derechos y libertades individuales. Durante este proceso, se han cercenado derechos laborales, sociales y políticos, hasta el punto de que varios dirigentes gremiales y sindicales, entre ellos nuestro camarada José Manuel Flores Arguijo, han sido vilmente asesinados por las fuerzas represivas del Estado.

De la misma manera, se han desarticulado organizaciones sindicales y atentado contra la libertad de prensa y de opinión, pero lo peor de todo, se atenta con el derecho por la vida. El atentado contra Felix Molina y el asesinato de Berta Cáceres son una muestra clara de la situación de indefensión producto del retroceso del movimiento sindical y popular.

La vinculación del gobierno en el asesinato de dirigentes populares

Las capturas realizadas por el Ministerio Público por medio de la Agencia Técnica de Investigación ATIC han evidenciado la participación de la institucionalidad del Estado en la planificación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres. De la misma manera, en que fueron asesinados Alfredo Landaverde y el General Julián Arístides González, por la alta cúpula policial, el asesinato de Berta Cáceres demuestra la forma en que operan el Ejército y la Policía Nacional en la ejecución de crímenes violentos, lo cual, a todas luces constituye un estrepitoso negocio.

En la ejecución de la operación Jaguar fueron capturados parte de los asesinos intelectuales y materiales de la dirigente indígena, que por cierto, era personal vinculado a la Empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) quienes por medio de su Gerente Sergio Rodríguez y Ex Jefe de Seguridad, Douglas Bustillo, Teniente retirado del Ejercito de Honduras, contrataron los servicios del Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mariano Díaz para planificar el sangriento asesinato.

Sin embargo, el asesino material, es decir quien ejecutó a Cáceres fue Edilson Duarte, Sicario contrato para ejecutar el asesinato. Cabe señalar, que las personas implicadas en el violento crimen fueron denunciadas en diversos momentos por Berta, que por cierto, desde hace varios años libraba una lucha férrea con las compañías explotan los recursos hídricos en el occidente de Honduras.

Resulta evidente las razones por las cuales la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA) mando a ejecutar a Berta Cáceres, dado que su lucha por proteger el ecosistema, recursos hídricos y el derecho de los pueblos indígenas por conservar su espacio territorial, implicaba enormes pérdidas para los intereses e inversiones de la empresa. Sin embargo, la captura de los implicados demuestra la forma en que el gobierno de Juan Orlando Hernández protege a los propietarios de la Empresa Desarrollos Energéticos, tienen vínculos directos con el Partido Nacional. Para el caso, Gladis Aurora López, Presidente del Comité Central del Partido Nacional y Vicepresidente del Congreso Nacional es la propietaria del acceso público que da al río donde se ejecutó el proyecto energético de su propiedad. Así mismo, se encuentran vinculados con este proyecto energético la familia Atala, propietarios de Banco Ficohsa y grupo empresarial ampliamente favorecido con las políticas públicas aprobadas en las dos últimas administraciones de Estado.

Defender la vida de los dirigentes

La jornada de movilizaciones emprendidas por el COPINH en las inmediaciones de casa de gobierno marcan la ruta a seguir por el movimiento popular y sindical. No basta con la captura de los asesinos a sueldo, sino también de todos aquellos que tienen vínculos con la empresa y el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y que de alguna manera participaron en la planificación y ejecución del asesinato.

Por otro lado, es muy importante exigir de forma paralela la desarticulación del Ejército y la policía, dado que son instituciones que no resguardan la pequeña propiedad, es decir, los bienes de los trabajadores y los campesinos, al contrario, contribuyen con la perpetuación del orden cimentado en la desigualdad. De la misma forma, la Policía y el Ejercito funcionan como organismos que controlan y dirigen operaciones de forma conjunta con el narcotráfico y el crimen organizado, por tal razón disolverlos y articular comités de autodefensa en los barrios y colonias populares, así como en la mayoría del territorio nacional sigue siendo nuestra propuesta.