Por Ricardo Velásquez

Desde el golpe de estado, sin duda alguna que el que ha pagado la enorme factura del costo de la misma, han sido los trabajadores, tanto públicos como privados. Los aumentos al salario mínimo han sido miserables y avalados por los Secretarios Generales de las Centrales Obreras, en un afanado apoyo a la gobernabilidad de los gobiernos sucesivos de Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández. En el resto de los trabajadores, no se han dado aumentos o en todo caso, no son acordes al índice de inflación. Pero aunque se hayan otorgado míseros aumentos, la generalidad ha sido el estancamiento de los salarios y la disminución vertiginosa de la capacidad de adquisición de la moneda.

El gobierno actual de JOH, se ufana de disminuir el déficit fiscal y de disminuir los asesinatos en el país. Sin embargo, la disminución del déficit fiscal lo ha logrado a consecuencia de los despidos masivos de los empleados públicos sin pagar los derechos laborales, o bien, incrementando diversos impuestos que generalmente van dirigidos a la clase media o al mismo sector trabajador. Según el gobierno de JOH, el tema de seguridad fue una promesa de campaña, y por ellos es prioridad incrementarle el presupuesto. Así lo manifestó el secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato “El apoyo a las secretarías de Seguridad y Defensa es un compromiso de campaña del presidente Juan Orlando Hernández…Cuando se analiza el presupuesto anterior versus el presupuesto 2016 enviado al Congreso Nacional, se ve que cuatro secretarías son las que más aumentaron sus asignaciones: Seguridad, Defensa, Educación y Salud”. EH (29/11/2015).

Aunque la demagogia es evidente en el Ministro de Finanzas, ya que por todos es conocido que el magisterio apenas recibió un aumento miserable en julio del 2012, y los trabajadores de la salud igual suerte han corrido. Si han destinado mayores recursos a Salud y Educación, seguro han sido para justificar gastos en programas ficticios o en empresas de maletín.

Para Hugo Noé Pino, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) “el sector de defensa y seguridad está recibiendo el más fuerte aumento. Seguridad recibe un 58% de aumento con la contratación de 3,700 nuevos policías y Defensa recibe 25% de aumento, principalmente dedicado a aumentos salariales de las Fuerzas Armadas”. LP (6/12/2015).

Según el Icefi los sueldos y salarios, representan el 32.8% del presupuesto de 2016, mientras la deuda pública representa el 26.6%. Y para el programa de inversión pública apenas tiene 5.8% del presupuesto proyectado.

Según el mismo Icefi para el próximo año se ha anunciado la posibilidad de incrementar los salarios hasta en un 4.8% a partir del segundo semestre teniendo disponibles L1,318.5 millones para la administración central.

Solo la organización y movilización de los trabajadores alcanzará aumentos más justos

No queda duda, que a propuesta del Ejecutivo, las secretarías de Seguridad y Defensa son las que se llevan un buen incremento del presupuesto del 2016, en detrimento del resto de los sectores laborales. El supuesto aumento que pretenden asignar a partir del segundo semestre no es más que demagogia, de cara a las elecciones internas de marzo del 2017. El otro aspecto que no queda claro es la forma en que se asignará dicho aumento.

En cambio, el Diputado Edgardo Casaña, a través del Congreso Nacional, envió un anteproyecto de Ley para otorgarle un aumento salarial a los docentes, decisión que los diputados definirán en la fecha que aprueben el presupuesto del 2016.

Seguro que cualquier aumento que otorgue el Ejecutivo y el Congreso Nacional no será acorde con el costo de la vida, por eso se vuelve imperativo que la clase trabajadora se organice e inicie una estrategia para obtener un aumento salarial que le permita vivir dignamente. El aumento salarial debe ser otorgado desde enero y no a mitad del año como pretenden los gobernantes.

Todas las trabajadoras y trabajadores públicos deben organizarse y generar movimientos de lucha, a estas luchas hay que sumar a los trabajadores de la empresa privada, ya que también son extremadamente explotados. Los sectores laborales de Salud y Educación deben ponerse a la cabeza en esta exigencia. Es impostergable superar las direcciones traidoras de las Centrales Obreras.

¡Por un aumento general de salarios desde enero y acorde al costo de la vida!

Por Maximiliano Fuentes

Con la Ley Marco del Sistema de Protección Social, aprobada de manera reciente por el Congreso Nacional, se privatizan los servicios financieros del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), que hasta hace poco funcionaba como una institución financiera de segundo piso, de interés social y sin fines de lucro, que tenía como finalidad otorgar el financiamiento requerido para solucionar el problema habitacional en Honduras.

El RAP fue creado bajo decreto N° 167/91 en el marco de la ley del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI), en el año de 1991 bajo la administración del gobernante nacionalista Rafael Leonardo Callejas. Cabe señalar que durante ese periodo se empezó a aplicar el modelo neoliberal en Honduras, como parte de una política global por parte de los países imperialistas que se aprovechaban del retroceso experimentado con la caída del muro de Berlín y la apertura al capitalismo en la Ex Unión Soviética y los países de Europa del este.

En ese sentido, Rafael Leonardo Callejas, hoy aspirante presidencial, eliminó el Instituto Nacional de la Vivienda (INVA), organismo gubernamental autónomo y principal ejecutor de proyectos de vivienda urbana de bajo costo, creado en el año de 1956. Parte de los proyectos construidos por esta institución son la populosa colonia Kennedy, 21 de octubre y la colonia Villa Olímpica en la ciudad de Tegucigalpa.

El RAP se separó de FOSOVI mediante el Decreto Ejecutivo N°53-93 (noviembre de 1993), el cual dispuso que su manejo se haría mediante administración directa.

La finalidad de la Ley

La política de ofensiva contra las instituciones de los trabajadores, es decir, de aquellos entes financieros y de pensiones cuya capitalización proviene de las aportaciones directas de los trabajadores del sistema público -como INPREUNAH, INPREMAH, INJUPENP y RAP entre otras-, se orienta a derrumbar su solidez financiera para sacarlas del mercado, y que las instituciones financieras de capital privado oferten bajo la lógica de ganancia y acumulación de los servicios que hasta su momento eran ofertados por aquellas instituciones.

De acuerdo a los directivos del Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), la privatización de los servicios de previsión social le representaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el manejo de al menos 900 millones de dólares, según cifras preliminares. Las AFP pretenden obtener el 3 por ciento del total de fondos que sean destinados a la previsión social en el país solo por el manejo administrativo de los mismos.

Según estimaciones de especialistas, Honduras estaría destinando una cifra promedio de 30,000 millones de dólares para sus obligaciones de seguridad y previsión social, lo que le representaría a las AFP la posibilidad de manejar 900 millones de dólares solo por la administración del total de la inversión.

Se estima una cifra de 30,000 millones de dólares, de salarios; la Cámara de Aseguradoras Hondureñas quiere obtener un 3% de esos 30,000 millones de dólares lo que equivaldría a 900 millones de dólares para gastos administrativos, cosa que ningún sistema de seguridad está manejando ahora. Lo anterior evidencia el enorme negocio que representa el manejo de los recursos provenientes de los trabajadores, lo cual no implica ningún tipo de inversión por parte de las aseguradoras, dado que no es capital propio sino de los empleados públicos.

Al margen de la aprobación de nuevas normativas que favorecen a las instituciones financieras de capital privado para hacer uso de los fondos de pensiones, jubilaciones y aportaciones para vivienda los trabajadores, se ha dado inicio a una fuerte campaña de difamación y deslegitimación de las instituciones de previsión. Se ha sobredimensionado su déficit financiero, que por cierto, es responsabilidad directa del Estado, dado que en muchos casos las patronales adeudan sumas estrepitosas por concepto de cotizaciones de los trabajadores, que por cierto, ya han sido deducidas de los respectivos salarios, y sin embargo no han sido trasladadas a los fondos administrados por las instituciones.

¿Qué hacer?

Desafortunadamente, los representantes de los trabajadores al interior de estas instituciones, como Daniel Duron, no buscan soluciones que realmente protejan la seguridad financiera de los trabajadores, sino más bien en el marco del sistema capitalista, donde se imponen los monopolios y las corporaciones protegidas por el Estado burgués.

Para frenar esta ofensiva económica cuya finalidad es aumentar las jugosas ganancias de los grupos financieros del país y vinculados al gobierno, se requiere de la más amplia unidad y de la movilización continua y permanente de los trabajadores para derrocar al gobierno de Juan Orlando Hernández y edificar un nuevo país bajo un nuevo modelo de sociedad.

Por Sebastián Ernesto González

El día 13 de noviembre, el periodista David Romero Ellner, director del noticiero “Interpretando la Noticia” de Radio y TV Globo, fue declarado culpable por seis delitos de injuria en contra de la Abogada Sonia Gálvez, esposa del Fiscal Adjunto Rigoberto Cuéllar. David Romero fue acusado el pasado 21 de agosto del 2014.

En vista de que el Periodista y Abogado David Romero ha cuestionado a varios de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, puede irse a casación y seguir el juicio por un largo periodo. La pena a la que sería condenado David Romero sería unos 8 años, lo cual la vuelve no conmutable y significaría que el periodista tendría que ir a la cárcel.

En agosto de 2013, cuando estaba en la presidencia del Ejecutivo Porfirio Lobo Sosa, un anteproyecto de ley ocasionó división de criterio en cuanto a la despenalización de los delitos de injurias y calumnias. Los afines al presidente del Ejecutivo y del Legislativo rechazaban la despenalización de dichos delitos, mientras que varios periodistas independientes y abogados opinaron a favor de la libertad de expresión en el país y plantearon que se despenalice la injuria y la calumnia.

La misma Sociedad Interamericana de Prensa desde hace algún tiempo le ha propuesto al gobierno de Honduras que para mejorar el ambiente de la libertad de expresión y de prensa, entre otras cosas, debe despenalizar los delitos contra el honor, que incluyen la injuria, la calumnia y la difamación (La Prensa 15/08/2013).

A consecuencia de la condena en el 2014 contra el periodista Julio Ernesto Alvarado, quien fue penalizado con cesar en su profesión por 16 meses, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó la falta de compromiso del Gobierno de Honduras sobre promesas adquiridas conducentes a reformas penales para descriminalizar los delitos de injuria, calumnia y difamación. Paolillo, director del semanario Búsqueda, de Uruguay, manifestó que “suspender la actividad laboral de un periodista equivale a retrotraernos a las más absurdas formas de censura que se practicaban en siglos pasados.” (La Prensa 4/10/2014).

JOH pretende imponer un bozal y cercenar dedos y manos en el uso del internet y redes sociales

Por el contrario, el gobierno de Juan Orlando ahora pretende penalizar a los que utilizan el internet y el Facebook emitiendo opinión en contra de su gestión o denunciando actos de corrupción. El ante proyecto del nuevo Código Penal, ha causado polémica entre los sectores de oposición y algunos analistas, pues incluye los delitos cibernéticos que se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir las redes sociales como el Facebook y Twitter. Indica que quien incurra en los delitos cibernéticos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, será castigado con una pena de cuatro a siete años en prisión (Honduprensa 28/08/2015).

El pueblo debe movilizarse exigiendo la libertad de expresión

Ante la condena, el Periodista David Ellner exclamó “Prefiero ir preso, prefiero la cárcel que traicionar mis principios… Yo estoy defendiendo un principio elemental como lo es la libertad de expresión, vamos a seguir luchando hasta el último momento… esta gente ha querido callarme, y no lo voy a permitir, porque esta lucha no es mía, es por todos ustedes, me callan hoy, mañana los van a callar a todos los periodistas”.

Sin duda alguna que David Romero requiere de todo el apoyo popular, su condena solo obedece a medidas represivas del gobierno de JOH, manipulando y violentando las leyes del país, para detener la permanente denuncia de los actos de corrupción en que se han visto involucrados figuras principales del engranaje público actual y dirigentes del Partido Nacional.

David Romero ha sido la punta del iceberg de denuncia en contra del latrocinio en contra del IHSS y otros casos de corrupción del actual gobierno, donde se ven involucrados funcionarios, magistrados, jueces y diputados. Por eso el empeño de JOH de silenciar toda voz disidente. La crítica y la denuncia es un derecho del pueblo, que en todo caso, corresponde a los funcionarios públicos aclarar.

Desde el Golpe de Estado, David Romero Ellner ha sido uno de los principales cuestionadores, críticos y denunciantes de los sucesivos gobiernos de facto de Michelleti, Porfirio Lobo y JOH, por eso se vuelve primordial que todos los sectores organizados, movimiento popular y movimiento de indignados, así como todos los partidos de oposición se manifiesten y se movilicen a favor de David Ellner.

Por la libertad de expresión: ¡movilización ya!

Por Gerson de la Rosa

Las autoridades de educación del país, Marlon Escoto –Ministro de Educación- y Julieta Castellanos –Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras- a lo largo de su gestión administrativa han intentado demostrar las transformaciones en relación al mejoramiento de la calidad educativa. Como indicadores de sus logros han mostrado asuntos de gobernabilidad y el cumplimiento efectivo de los 200 días de clase. Pese a los logros alcanzados, aún siguen manifestándose una serie de problemas en materia de educación, por ejemplo, de forma reciente se han divulgado los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE).

Decadencia en la educación

Honduras está por debajo de la media regional, que es de 700 puntos, en las áreas de lectura, escritura, matemática y ciencias naturales en tercer y sexto grado. Por cierto, áreas del conocimiento que deberán ser desarrolladas como competencias a lo largo de la educación básica de acuerdo al Currículo Nacional Básico, y que serán evaluadas al momento de aplicar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para ingresar a estudios superiores.

Es importante manifestar que el TERCE es un estudio comparativo que intenta medir los logros de aprendizaje a gran escala de la región, implementado por el apoyo de la UNESCO y comprende 15 países de América y el Estado de Nuevo León, en México.

Parte de los objetivos del estudio es aportar información sobre la calidad de la educación en la región para orientar la toma de decisiones en las políticas del Estado en torno al tema.

El TERCE no es el único estudio que presenta las amplias desigualdades educativas; diversas investigaciones demuestran los problemas a nivel del aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas, en otras palabras, las diferencias de capital cultural por parte de los estudiantes que provienen de los estratos más bajos, es decir, aquellos que viven en pobreza.

La Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha divulgado información estadística relevante en relación a los niveles de escolaridad de los jefes de hogar. Aspecto fundamental en la conformación del capital escolar. De la misma manera, se ha demostrado como los bajos niveles de escolaridad se encuentran ampliamente correlacionados con los ingresos familiares, aspecto fundamental en la conformación del capital familiar de los estudiantes.

Resulta casi evidente inferir que los estudiantes con mayores problemas de aprendizaje y de desarrollo de habilidades cognitivas son aquellos que viven en una situación de amplias desigualdades, es decir, los de menores ingresos y posibilidades. Por tal razón, los bajos índices o promedios académicos en varias áreas del conocimiento son un problema social, por cierto, incrementado por la aplicación de los planes de ajuste y de miseria del actual gobierno.

Los únicos logros de las autoridades educativas

Las administraciones de Marlon Escoto y Julieta Castellanos se presentan ante la opinión pública como modelos en la gestión pública, sin embargo los estudios evidencian que los grandes problemas en la educación no han logrado ser resueltos. La razón es muy sencilla: la dimensión social de la educación. Es decir, la manera en que la estructura económica y social incide en los procesos de formación educativa.

El ministro de la Secretaría de Educación presume de haber modificado el sistema educativo hondureño y de haber logrado el cumplimiento efectivo de los 200 días de clase. Pero lo cierto es que parte de sus logros se reduce a haber desmovilizado a los trabajadores de la educación y asestar duros golpes en su más grande conquista: El Estatuto del Docente Hondureño. Lo anterior, evidentemente bajo la complicidad de los dirigentes gremiales. En el caso de la UNAH, la Sra. Julieta Castellanos publicita sus logros por la construcción de edificios y de infraestructura educativa, factor importante y fundamental, pero no suficiente. De la misma manera, Julieta Castellanos ha logrado desmovilizar a los trabajadores universitarios y asestar duros golpes a nivel de las conquistas sociales y laborales. La centralización del poder político no sólo ha eliminado los espacios para la participación sino también le ha permitido introducir una serie de medidas violatorias a la libertad y a los derechos constitucionales sin ningún tipo de oposición.

Desde el PSOCA de ninguna manera nos oponemos al aseguramiento de la calidad educativa, pero sí a las políticas de hostigamiento y de violación de derechos por parte de las autoridades. Exigimos un aumento general de salarios, los mismos se han mantenidos congelados durante seis años; nos oponemos al desmantelamiento de los institutos de previsión, a la centralización del poder que no contempla la participación activa de los actores educativos.