Por German Aquino

Recientemente han cerrado varios establecimientos de la  cadena de restaurantes Míster Donuts, propiedad del empresario Adolfo Salume. quien pertenece al grupo empresarial Salume conformado por empresas como Molinos de El Salvador (MOLSA),  Corporación Mercantil Salvadoreña, (COMERSAL), Nash, Consorcio Automotriz, Conauto etc. Fito Salume es el Secretario General del partido político Democracia Salvadoreña (DS), que formó parte de la coalición electoral derechista liderada por  ARENA en   las pasadas elecciones presidenciales.

El cierre de dichos establecimientos deja entrever agudas contradicciones de grupos empresariales, en donde los trabajadores han cargado con la peor parte.

Antecedentes

Las contradicciones entre Fito Salume y Rolando Castro, miembro de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), y actual ministro de Trabajo,  vienen de tiempos atrás. En marzo del 2018, Fito Salume refirió ser amigo del entonces candidato presidencial Nayib Bukele y expreso que Bukele “…  Tiene al mafioso de Rolando Castro, que se lucra de su poder sindical en la Alcaldía de San Salvador. Le cobra asesorías a Enrique Rais para que MIDES sea el favorecido, que presuntamente monta contratos falsos para lucrarse en los contratos de recolección de basura de la alcaldía y en los contratos de compra de camiones de la basura...Rolando Castro, que es el símbolo de la corrupción en la Alcaldía de San Salvador…Es más, este fin de semana tuve una discusión con él. Le dije ‘Nayib, ya te vas, no lo has hecho en tres años que has estado ahí’ y me ha dicho ‘Rolando me amenaza con esto’. A mí me mandó a amenazar de ir a tirarme la basura a todos los Míster Donuts…” (LPG. 21/03/19).

Días después, Rolando Castro publicó supuestas denuncias sobre violaciones a los derechos laborales en la empresa Molinos de El Salvador (MOLSA), propiedad de Salume, siendo denunciando por calumnias pero al final Rolando Castro quedó absuelto.

Últimamente, Salume ha endurecido sus críticas hacia el Bukele, manifestando “…Ojala mi amigo Nayib Bukele sepa distanciarse de personajes mafiosos y criminales como Herbert Saca, Jose Luis Merino y Enrique Rais porque sino lo van a terminar involucrando en lo único que saben hacer : Robar el Dinero del Pueblo”

Causales del cierre

El cierre de los establecimientos Míster Donuts, han dejado un aproximado de 200 personas sin empleo, sobre todo mujeres. Las causas de los cierres son el incumplimiento de leyes relacionadas a la seguridad y salud ocupacional, así como el incumplimiento de normas higiénicas. Al respecto, el Presidente Bukele ha manifestado: “Los cierres de Mister Donut se han hecho por graves violaciones y peligro inminente a sus empleados y clientes. No había otra opción. Al menos, no inmediata”  (DEM.7/10/19).

Por su parte, Fito Salume denunció arbitrariedad, persecución  y “utilización del aparataje estatal con la finalidad de vengarse de críticos, rivales políticos y disidentes de las opiniones o acciones del ejecutivo” (EDH.4/10/19).

La  Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) mediante comunicado consideró que  "El Estado, tanto en los procedimientos administrativos como judiciales, debe actuar conforme con la ley y garantizar el debido proceso, brindando la oportunidad de defensa ante los incumplimientos legales que se atribuyan y aplicar las sanciones respectivas cuando corresponda, conforme con derecho".

Seguridad y salud ocupacional para todos

Si bien existe una normativa laboral y leyes relacionadas a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, las que deben cumplirse, la realidad es que existen muchos centros de trabajos privados e instituciones del Estado las cuales no son cumplidas. A pesar de ello, el ministerio de trabajo guarda silencio; basta recordar el siniestro ocurrido en años recientes en el Ministerio de Hacienda.

Trabajo, aumento salarial y conformación de sindicato

A pesar de las promesas del Presidente Bukele, las personas afectadas por los cierres de Mister Donuts. continúan sin empleo, lo que ha llevado a movilizarse y exigir: 1. Cese del acoso laboral del presidente a las mujeres trabajadoras. 2. Suspensión de la persecución hacia las mujeres trabajadoras 3. No más cierres de restaurantes. 4. Exigimos la reapertura inmediata de los restaurantes que han sido cerrados. 5. Demandamos el despido del ministro Rolando Castro. 6. No utilizar el aparato de Gobierno con los impuestos de todos los salvadoreños para venganza personal.

Todo indica que los trabajadores de Mister Donuts están pagando los platos rotos de un pleito de patrones. Debemos exigir el cumplimiento de las leyes, pero también la estabilidad laboral, de manera pareja en el sector público y privado.

Los trabajadores debe mantener su independencia respecto al patrón y luchar en defensa de sus intereses y exigir que Salume los reinstale en las otras sucursales, así mismo un digno aumento de salario y  a la vez misma conformar un sindicato que defienda los intereses de todos.

Por: Daniel Hernández.

Al final de la segunda década del siglo XXI, después de 27 años de los Acuerdos de Paz de 1992, el sindicalismo salvadoreño afronta enormes desafíos, que son impuestos por la continuación, casi ininterrumpida, de la decadencia económica y la ofensiva neoliberal impulsada por cinco administraciones, a la que se agrega la actual gestión Bukele-Gana.

Devastación económica y retroceso sindical

La precariedad del empleo formal, y las nuevas pero escasas ofertas del mercado laboral (Call Center a outsoursing) inciden negativamente en la baja organización y escasa combatividad sindical. Conforme se extiende la tercerización y flexibilidad laboral, se van dando nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo que, sin embargo, amenazan la estabilidad laboral, reduciendo en la práctica las posibilidades de sindicalización de los trabajadores del sector servicios.

Los sindicatos de trabajadores del sector público son, por el momento, los más estables y numerosos en la actualidad, pero en su mayoría no son clasistas, sino más bien elitistas, muy alejados de la dura realidad de sus hermanos: los sindicatos de trabajadores de empresa. Cuando se producen luchas en este último sector, no se observa solidaridad y acompañamiento de las reivindicaciones y exigencias laborales, ni siquiera en los temas comunes como son las luchas por la dignificación de las pensiones.

Es importante recordar las particularidades de nuestro país, donde la aparición de los sindicatos se produjo en la producción agrícola. No obstante, aunque si bien la industrialización fue lenta, el movimiento sindical, como expresión obrera en busca de sus mejoras laborales, fue tomando fuerza. Desde sus orígenes, el sindicalismo salvadoreño ha estado inmerso en luchas heroicas, pasando de las reivindicaciones económicas a las políticas, pero después se fue en picada.

La guerra civil (1980-1992) desarticuló al viejo sindicalismo salvadoreño, asentado en la industria manufacturera que ha sido casi liquidada por la ofensiva neoliberal. La dispersión es la característica más evidente en las organizaciones de los trabajadores salvadoreños. Hace diez años existían un total de 243 sindicatos, todos del sector privado, hasta el momento los sindicatos inscritos superan los 500 activos. Dichos sindicatos se encuentran distribuidos en 35 federaciones y 6 confederaciones del sector privado; 5 federaciones y 1 confederación del sector público.

Precariedad del empleo formal

El Salvador es un país predominantemente urbano, con el 62.65% de su población ubicada en zonas urbanas y el 37.35%, en zonas rurales. El Estado capta el 15% del PIB. La clase obrera capta el 25% bajo la forma de salario y 6,000 empresarios grandes y medianos se quedan con el 60%. Los salarios mínimos están por debajo de la canasta básica y de la carestía de vida.

Estos son los salarios actuales: 1) sector comercio e industria: $258.93. $263.03 2) Sector maquila textil: $ 221.44. 3) sector industria: $ 245.61; 4) sector agrícola: $124.11. El desempleo es el 6.07% de la Población Económicamente Activa (PEA) que es alrededor de 2,724.754 personas.

La crisis y las burocracias sindicales

El reformismo de algunos sindicatos se debe en gran parte a que, como organización legal su fin es únicamente la lucha económica, lo que es aprovechado por la burguesía para corromper a la dirigencia enquistada en los sindicatos: la burocracia.

La mayoría de los sindicatos, hoy por hoy, son organizaciones cuya principal función es la contratación colectiva. En los últimos años las políticas neoliberales han producido un efecto que ha encendido la llama de la lucha entre los empleados del sector público. El aparato burocrático del Estado ha sido utilizado durante mucho tiempo como base clientelar para la estabilidad del gobierno de turno. Pero la crisis económica y fiscal obligar a los trabajadores a luchar. Cualquier mejora salarial ahora es una sobre carga en el presupuesto general, por eso las recomendaciones giradas por Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda  recortar la cantidad de empleados públicos y congelar sus salarios. El proyecto de Ley de Servicio Público fue un punto que generó alta tensión entre algunos sindicatos de empleados públicos y el gobierno del FMLN, lo que originó el rompimiento de ciertas burocracias sindicales con el FMLN, ahora en la oposición.

Retos y desafíos del sindicalismo

No se debe confundir sindicato con sindicalismo. Sindicato es la persona jurídica que representa a sus afiliados. Sindicalismo es una corriente que frecuentemente influencia a los sindicatos.  El sindicalismo de El Salvador, no tiene una unidad programática que edifique un plan de lucha que permita la coordinación, de cara a enfrentar los problemas generales que afectan a la clase trabajadora.

Al contrario, hay una fragmentación influenciada en gran parte por el control del FMLN sobre algunas instancias sindicales, subordinándolas políticamente. Estos sindicatos carecen de autonomía. Además, en los últimos años, como contraposición al fenómeno anteriormente descrito, ha crecido el control de los partidos burgueses, como ARENA y ahora GANA-NI, sobre algunos sindicalistas, quienes ya no levantan reivindicaciones de los trabajadores, sino las políticas de las cupulas partidarias.

La necesidad de un programa común

Para recuperar su autonomía, los sindicatos deben trabajar conjuntamente sobre los siguientes puntos:

• Por aumentos generales de salarios acordes a la carestía de la vida.
• Luchar contra los paquetazos de reformas fiscales que afectan a los trabajadores por lo cual se debe exigir que los empresarios paguen más impuestos.
• Defensa de la seguridad social: oposición a la elevación de la edad de jubilación; muchos mueren prematuramente por mala atención médica y por pensiones insuficientes que no ajustan para vivir. Se deben revalorizar las pensiones conforme el costo de la vida, y la seguridad social debe cubrir a todos los trabajadores. Por tanto, debemos exigir la renacionalización de las pensiones bajo control de los sindicatos.
• Defensa y renacionalización de los servicios públicos (energía, comunicaciones, salud y educación).
• Defensa de la educación pública con calidad y gratuita, en todos los niveles.
• Recuperar los servicios de salud para los trabajadores y los pobres. Reforma agraria que acabe con el latifundio y brinde financiamiento barato a los campesinos e indígenas.
• Defensa de las tradiciones, idiomas y cultura de los pueblos originarios, sometidos al hambre y miseria por las políticas discriminatorias.
• Independencia y democratización de las organizaciones y centrales obreras y campesinas, por la democratización de los sindicatos, para que las bases decidan cómo y cuándo luchar contra las situaciones que afectan sus intereses.

¿Cuál debe ser el rol de los sindicatos frente al Estado?

De ninguna manera debe admitirse la idea del sindicalismo como apéndice del Estado, debemos rechazar ese corporativismo. Debemos luchar por la independencia de las organizaciones sindicales respecto al Estado, el cual debe limitarse a respetar la libertad de asociación y sindicalización, el cual debe fomentar la creación y funcionamiento autónomo de los sindicatos

Hace falta una legislación que proteja al trabajador de los vaivenes del mercado laboral. Debe respetarse el derecho a sindicalización de los trabajadores de Call center, Outsoursing, etc, que no están expresamente reconocidos en el Código de Trabajo. Además deben  incorporarse mecanismos de supervisión desde el MINTAB sobre las empresas para que no intervengan en el derecho de los trabajadores a crear sus sindicatos. Recientemente el presidente Nayib Bukele intervino sobre el funcionamiento interno del STISSS, imponiendo una junta directiva ilegitima a su conveniencia. Esto es una clara muestra de la abierta intervención del Estado sobre los asuntos sindicales, violentando la libertad e independencia sindical. 

Incidencia e importancia tiene el sindicalismo en El salvador.

Los sindicatos son grupos de poder, aunque hayan sido debilitados. Solo por el hecho de ser la forma natural de organización de la clase trabajadora, son una poderosa fuerza social; no existe otra forma de comunicación directa con los trabajadores que no sea el sindicato.

A pesar del desgaste ocasionado por el neoliberalismo, el sindicalismo es una enorme fuerza dormida en la vida nacional.

El tema de las pensiones y la seguridad social tocan las puertas al sindicalismo. Estos temas serán, en los próximos meses, los grandes temas del debate nacional. Viene la pelea por una reforma más justa que las aprobadas el año pasado por la Asamblea Legislativa. Dentro de los sindicatos existe un grupo que propugna por la nacionalización de pensiones, el regreso y el fortalecimiento del INPEP e IPFA, y el regreso del sistema de reparto, o sea, la derogación del actual Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP). Algunos de estos sindicatos están  organizados alrededor de la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS) y CONAPAR.

Por: Alberto Castro.

Recientemente fue publicada la última encuesta de CITGALLUP que evalúa la gestión de los primeros cien días del Gobierno Bukele-GANA. En el resultado mostrado, el 93% de la población encuestada aprueba los primeros días de gestión, mientras que un 4% no sabe o no responde, y un 3% lo rechaza. Tras la publicación de la mencionada encuesta, Bukele hizo fiesta en las redes sociales, como es propio de él, comentando que sus adversarios juntos solo son el 3%, denotando que reboza de poder y respaldo.

No es popularidad, es cansancio popular.

Con más cien días, el Gobierno de Nayib Bukele se caracteriza por estimular el proceso de remilitarización del país, seguido por sus dotes de autoritarismo al frente del ejecutivo, desde donde pretender suplir las funciones de los otros poderes del Estado.

En el fondo, esto es la adecuación del régimen de democracia burguesa actual a elementos de bonapartismo, lo cual surge de la urgencia de la clase dominante por preservar el orden actual de las cosas. Tras treinta años de posguerra, destacada por la polarización en el ejercicio del poder político entre ARENA y FMLN, sumado a la corrupción de sus gobiernos, junto con el estancamiento económico y la grave situación de violencia social, se produjo el hartazgo popular que fue canalizado por la vía electoral.

Bukele-NI-GANA se presentó como la formula salvadora de la caótica situación. Al rededor de ella se adornaron verosimilitudes; allí se condensan esperanzas de cambios. Sin haber dado soluciones reales y efectivas, al momento la aprobación de su gestión es del 93%. Estas expectativas se sostienen sobre los fracasos de ARENA y FMLN, detestados por la masa de votantes que le dio la victoria electoral. El efecto persuasivo de Bukele, provocado durante la campaña electoral, sigue surtiendo efectos en la medida que, a base de distorsiones sobre la cifra de homicidios, presenta avances inexistentes, y cuando ello se vuelve insostenible, recurre al mea culpa de quienes declara públicamente son sus rivales políticos, ARENA y FMLN. La bandera contra la corrupción es una máscara que no arroja resultados, porque la CICIES por el momento solo existe en la publicidad, aun no funge como herramienta de persecución política y de venganza contra su ex partido político, algo esperado por muchos.

La endeble oposición en la Asamblea Legislativa

Es muy cierto que Bukele goza de muchos seguidores propensos a transformarse en masa electoral cautiva del proyecto Nuevas Ideas a futuro, pero también es cierto que tiene en contra una oposición que en conjunto representa a la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa (A.L). Con frecuencia alimenta el desprestigio sobre sus rivales en la A.L y les relaciona con la institucionalidad del Estado cuando está no responde a sus intereses. Asume funciones que no le corresponden, se acondiciona para asumir como un Bonaparte, con la venia del imperialismo yanqui y  facciones de la oligarquía. Al sentirse con respaldado de poder político y económico, el respaldo de sus votantes es accesorio, solo lo utiliza para replicar los ataques y desgastes sobre ARENA y FMLN. Su propósito es reducir el caudal votante de estos paulatinamente, en virtud de su ya anunciada proclama de ’’barrer la A.L en 2021’’. 

La oposición oficial y la identidad de la izquierda revolucionaria.

El alto porcentaje de aprobación de la población encuestada difiere del sentir de la población salvadoreña en general, así como el 4% atribuido a la oposición no corresponde con la capacidad de las fuerzas opositoras en la A.L. Tampoco la oposición legal es la real. Las pequeñas pero combativas organizaciones de la dispersa izquierda revolucionaria no se sitúan dentro del 4% , ni deben de asumir la marginalidad política que pretende atribuir tal resultado. Tampoco ARENA es la referencia de toda la oposición.

Por German Aquino

En 1998 bajo los gobiernos neoliberales de ARENA se dio la privatización del sistema de pensiones, estableciendo la Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), las cuales para el 2017  habían  ganado $1,748 millones entre la prima del seguro y la comisión por la administración del fondo.

La llegada del FMLN al Ejecutivo en 2009 despertó la esperanza de revertir la privatización del sistema de pensiones. Pero fue todo lo contrario. Bajo el gobierno de Funes se aprobaron reformas que solo beneficiaban a las AFPs. En el 2017,  bajo el gobierno de Sánchez Ceren, la Asamblea Legislativa aprobó con  74 votos (de los diputados del FMLN, ARENA y otros partidos), reformas al sistema de pensiones las que, más que beneficiar al trabajador, sirvieron para utilizar el dinero de las pensiones para que el gobierno del FMLN solventara su crisis financiera, condenando  a la clase trabajadora a  pensiones indignas. Las  AFPs siempre salieron ganando.

Sindicatos inician lucha por revertir privatización del sistema de pensiones

En este contexto, se ha organizado movilizaciones, para el  viernes 27 de septiembre de las 2019 a las 8:00 am, las que partirán de diferentes partes de la capital hacia la Asamblea Legislativa, para exigir le derogación del actual sistema de pensiones.

Entre las diferentes organizaciones sindicales y populares debe de conformarse una Coordinadora, para impulsar una propuesta única, que sea ratificada por las bases,  con el objetivo de terminar con el sistema privado de pensiones.

Es hora de terminar con las AFPs

Bajo sus dos gobiernos, la cúpula del  FMLN  planteó reformas al sistema de pensiones, pero nunca quisieron revertir la privatización, que ya se ha demostrado su fracaso en países como Chile y El Salvador

Desde hace muchos años, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ha sostenido  que “…En El Salvador debemos luchar por que el privatizado sistema de pensiones pase nuevamente al Estado, pero bajo el control de los trabajadores. Debemos volver al esquema de seguridad social clásica, donde el Estado y la patronal aporten las mayores contribuciones para las pensiones de los trabajadores.  el sistema de pensiones debe  garantizar pensiones justas y atención médica y hospitalaria a los jubilados y sus familias para lo cual se debe fortalecer, reorganizar y modernizar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), incorporando el control de los sindicatos sobre la administración, para evitar la corrupción y el mal manejo de los fondos de las pensiones”. 

De igual manera, hemos propuesto que los altos funcionarios de cualquier gobierno y de todas las instituciones del Estado, no reciban pensiones privilegiadas, que son una ofensa para los trabajadores

El FMLN nos condenó a indignas pensiones

Cuando se privatizo el sistema de pensiones, el FMLN no hiso mayor oposición ya que estas AFP fueron esbozadas en los Acuerdos de Paz de 1992. No obstante, manipularon la lucha de los sindicatos por sistema digno de pensiones, utilizándola como promesa de campaña. Llegaron al Ejecutivo, pero no hicieron nada, más bien empeoraron el problema

Ahora, como si nada ha ocurrido, después de la derrota electoral, volvieron a retomar la lucha contra las AFP.

Renta básica y Pensión Justa: sistemas diferentes

El FMLN ha presentado una propuesta “populista” que no lucha por revertir la privatización del sistema de pensiones. Al contrario, mezcla la necesidad de una renta básica con el sistema pensiones, sistemas diferentes en los cuales debe intervenir el Estado.

El FMLN ahora en la oposición está proponiendo que “…(La reforma) de espacio a la participación de los beneficios de la población que no ha representado o no ha realizado una cotización, pero que ha sostenido el actual sistema de sus contribuciones mediante el pago de impuestos”.

Obviamente, es justo que todos los adultos mayores pobres cuenten con una renta básica, cuyo monto debe ser mayor a  $100. Pero no se debe confundir la renta básica que el Estado debe proporcionar a los más pobres, con la necesidad de terminar con la privatización de las pensiones, para que los trabajadores tengan una pensión justa. La diferencia consiste en que en el sistema de pensiones los trabajadores aportaron dinero con sus cotizaciones, y no es justo diluir ese esfuerzo en pensiones raquíticas para todos. Sería una generalización de la pobreza a nivel de las pensiones, una injusticia para quienes cotizaron y los que no lo hicieron.

En su propuesta el FMLN recarga totalmente en los trabajadores cotizantes el pago de la pensión universal o renta básica para los más pobres, dejando por fuera dicha responsabilidad al Estado y al gran empresariado.