Por: Eliezer Jaime.

En pleno Estado de Emergencia y de Excepción fue aprobada por la Asamblea Legislativa la Ley de Fomento y Regulación del Teletrabajo, la iniciativa del proyecto de ley fue introducida el año pasado por el Diputado del partido de derecha ARENA, Rene Portillo Cuadra. La plenaria del día miércoles 18 de marzo le dio vida a cuatro días de ser aprobado el Estado de Emergencia y de Excepción a solicitud del Ejecutivo que a diferencia del show anteriormente de cuando se tomó las instalaciones de la A.L vacía, esta vez realizó un acto legal. Es importante que la clase trabajadora salvadoreña conozca esta normativa que se adhiere a la legislación laboral vigente.

Situación jurídica a priori.

Para hablar de esta modalidad laboral, veamos que esta se desarrolla alrededor de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); pues los continuos cambios en las sociedades del conocimiento crean y modifican las relaciones laborales entre los sujetos que intervienen en la actividad económica y/o productiva realizadas mediante las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones, con esto podemos definir que, teletrabajo es: toda aquella actividad laboral realizada por  personas naturales, subordinadas ante un patrono o empresa utilizando para ello las TIC en una lugar externo a las instalaciones de la empresa, siendo el domicilio el destinado para tal fin.

El origen etimológico proviene de la unión del griego telou (lejos) y del latín tripale (trabajar), el uso del término es ambiguo verbigracia: telecommuting (expresión muy difundida, similar a «teledesplazamiento» indica que hay reducción de la economía en cuanto se ahorra el tiempo que ocupa el trabajador al trasladarse de casa al trabajo y viceversa); telework (teletrabajo), networking (trabajo en red), remote working (trabajo a distancia), flexible working (trabajo flexible) y home working (trabajo en casa); electronic cottage, flexi–place, electronic homeworking, telehomeworking, etcétera. O solo, E–work o eWork, estas diversas denominaciones se deben por una parte a la ausencia de regulaciones y otra a la diversidad de la misma, en lo que respecta a lo primero, se supla por Derecho Consuetudinario que responde prioritariamente a las necesidades del patrono o empresa quedando en desventajas el trabajador en lo contractual.

En cuanto a antecedentes históricos, un ejemplo lo encontramos en Estados Unidos cuando en los años setenta, surgió la crisis del petróleo, lo que llevó a que a través de las telecomunicaciones se redujeran los desplazamientos de los trabajadores hasta los lugares de trabajo. Según el diputado  Rene Portillo Cuadra son alrededor de un millón las que trabajan en casa en El Salvador, se desconoce la fuente en la que se basa para tal afirmación, lo cierto es que es poco creíble ya que los últimos datos oficiales que se tienen que datan del 2018, demuestra que, las personas que ocupan alguna función en la producción, o sea la  Población Económicamente Activa (PEA), cual está integrada por 2.9 millones de personas de donde el 62% lo ocupa la Población en Edad de Trabajar (PET), es imposible que el millón de personas a las que se refiere el diputado pertenezcan a estos datos, por lo que debió ser más responsable, no solo el sino el equipo que estudió el proyecto de Ley y discutirlo con las organizaciones sindicales del país, de manera amplia y detallada, pero no fue así, de donde basa su afirmación es desconocido.  La Asamblea Legislativa aprovechando el Estado de Emergencia nos han impuesto una Ley que favorece más al empresariado que a los teletrabajadores. 

El contrato de Teletrabajo.

La actividad económica del teletrabajo es de naturaleza mercantil y de servicios, a razón de ello el contrato individual de trabajo habrá de acondicionarse a los actos de comercio y a la actividad mercantil como auxiliar del mismo, una característica que destaca en este tipo de contrato es que no dará lugar a las presunciones del contrato pues exige la obligatoriedad del contrato escrito, como lo predispone el art. 4.

Las organizaciones sindicales del sector público deben conocer que dentro de los objetivos de esta Ley están: ‘’…mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos, disminución del gasto, reducción del consumo de energía eléctrica, combustible, alquileres y otros’’ (art.10, inc 2º). Con lo cual inferimos que puede convertirse en una herramienta de austeridad, he aquí el verdadero problema que puede acaecer bajo las siguientes circunstancias:

1º) Que los costos estarán bajo cargo del trabajador lo cual es injusto, ya que libra al Estado del gasto y a las empresas de la inversión.

2º) En el fondo estamos Ad Portas ante la tercerización de este empleo bajo  la especie outsourcing; queda abierta la posibilidad que las empresas de capital privado a través contratos de ventas de servicios al Estado, se lucren  y sean quienes contraten teletrabajadores, cumpliéndose Ad Litteram  la reducción del gasto Estatal  pero en detrimento de la calidad del empleo, no debe justificarse el ahorro mediante el menoscabo de los beneficios y prestaciones que obtendrían los  trabajadores mediante un contrato individual como empleado público.

Las organizaciones sindicales del país tanto de la empresa privada como de la administración publica deben pronunciarse ante esta Ley que, como hemos visto no busca sino degradar aun más los derechos y garantías conquistados,  no existe regular especial de las relaciones laborales de este rubro, es momento para presentar una reforma a esta Ley que dignifique el trabajo.  

Por German Aquino

Las políticas dictadas por los organismos financieros internacionales debido a la crisis financiera y desfinanciamiento del Estado  incluyen la eliminación de incentivos económicos  hacia los trabajadores,  eliminación de aumentos de salarios, eliminación de contratos colectivos de trabajo y la reducción del aparato del estado, lo que se traduce en despidos de trabajadores públicos, lo cual fue una práctica de los gobiernos anteriores y continuada por el actual gobierno.

Despidos en inicio de gestión: primera fase

La gestión del actual gobierno así como los anteriores inicio con despidos de trabajadores públicos, de las diferentes carteras de estado. Según Héctor Rodríguez de Profesionales por la Transformación (PROES), aseguró que en el 2019 fueron cesados 5,887 personas, de 26 dependencias del Estado.  En esta primera fase  el mayor número de despedidos fue en el sector salud.

Es la triste realidad por la cual atraviesan los trabajadores públicos, en donde  casi siempre los afectados  son los trabajadores de base, por lo cual  independientemente la causa o si se siguió el debido proceso dichos despedidos son condenables por el hecho que  han dejado sin el sustento diario a miles de personas que dependían económicamente de estos trabajos, además  de dejar sin las prestaciones de seguridad social a los adultos mayores.

Nueva oleada de despidos: segunda fase

A finales de febrero 2020 se ha registrado una nueva oleada de despidos parte del gobierno de Bukele, en su mayoría trabajadores   de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Los argumentos utilizados por las jefaturas son "múltiples amonestaciones por el mal desempeño de su trabajo, además de informe suscrito por su jefatura inmediata, en fecha 17 de diciembre de 2019, con lo que se comprueba fehacientemente que ha incumplido en forma grave y reiterada los deberes inherentes a su cargo, pero además… las faltas que aducen cometieron los empleados, en algunos casos aparecen reportadas para el mismo día, algo que a su juicio no sería posible. (LPG. 25/02/2020). Dichos argumentos de despido son utilizados para todos los despedidos.

Además de los despedidos de la Dirección General de Migración y Extranjería, también han sido realizados más despidos en la Lotería Nacional de Beneficencia, y otras instituciones del estado.

La estrategia del gobierno de Bukele es realizar los despidos por etapa o fases  con ello evita respuestas masivas por parte de los trabajadores y la pasividad sindical, e indiferencia de los demás trabajadores.

Despidos con sesgos políticos: ¿desmantelamiento de fábrica de empleos?

Para obtener una opinión pública favorable hacia los despidos el gobierno de Bukele vinculo a los trabajadores despedidos como familiares de los funcionarios del FMLN, o ser miembros del FMLN. Manifestando: “Un logro de nuestro Gobierno es que encontramos la “Fábrica de Empleos”. Lástima que la vamos a desmantelar". Recientemente manifestó que  es “El IAIP, último bastión gubernamental del FMLN. Dirigido por comisionados que trabajaron para el FMLN y donaron dinero al FMLN”. 

En realidad, eran pocos los que tenían algún nexo familiar, en caso de aquellos puestos que no representaban cargos de confianza, bajo ningún fundamento tiene justificación los despidos. El Gobierno de Bukele está repitiendo la misma practica del anterior gobierno del FMLN al meter familiares en puesto del gobierno.

Realmente los despidos son parte de la lucha entre el gobierno de Bukele y sus opositores principalmente el FMLN, en donde nuevamente son las bases las que tienen que cargar la peor parte, ya que a nivel de las cúpulas se dan negociaciones. 

En ningún motivo el pertenecer a un partido político, diferencias ideológicas, etc. debe ser argumento para despedir a un trabajador, ya que lo anterior es una clara persecución política y un atentado a la libertades, así mismo como trabajadores públicos  se deben  tener claro que es a la población a la cual nos debemos y no a partidos políticos.

Supresión de plazas  versus nuevos empleos

El argumento de supresión de plazas por parte del gobierno para reducir los gastos del estado no es verdadero, más pareciera una maniobra mediante la cual busca golpear a la cúpula del FMLN despidiendo de sus trabajos a las posibles bases del FMLN, infundir terror en los demás trabajadores e   incorporar personas que se a fin al proyecto político de Nuevas Ideas (NI).

Al respecto Héctor Rodríguez, de Profesionales por la Transformación considera que los despidos  “…podría responder a la estrategia del presidente Nayib Bukele de abrir espacios en las instituciones públicas para contratar personas afines a su proyecto político electoral y que se dediquen a un trabajo fundamentalmente proselitista”.  Es por ello que el gobierno por un lado suprime plazas, despide  y por otro las crea,  como ejemplo en el Ministerio de Hacienda en donde suprimía plazas por Ley de Salarios y creaba otras.

A manera de ejemplo también se puede mencionar el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en donde a inicio de marzo  fue recontratado Ricardo Monge, etc.   quienes  se han  caracterizado por su afinidad con el gobierno de  Bukele y el partido Nuevas Ideas

El gobierno de Bukele continua viendo al estado al igual que el FMLN y ARENA como un botín el cual se reparten entres si,  en donde el criterio de contratación continua siendo no la idoneidad, sino mas bien el compadrazgo y afinidad política.

La falsa disminución de gastos y los grandes  salarios de altos funcionarios

Los organismos financieros internacionales y los tanques de pensamiento del gran empresariado ven el pago e incentivos hacia   los trabajadores públicos como una carga económica para el Estado  de la cual recomiendan librarse, señalando el incremento de los empleados público, cuando por lógica si la población crece también deberían aumentar  los trabajadores que brindaran los servicios de salud, educación, a partir de su idoneidad y formación académica.

Muchos de los despedidos realizados en los gobiernos anteriores y continuados por el actual toman como argumento dicha recomendación, nada más falso. Por una parte el  gobierno busca ahorrar fondos mediante despidos, pero por otra los aumenta con el pago de grandes salarios a los altos funcionarios de todas las instituciones del Estado.

Mientras las estadísticas gubernamental  sobre Recursos Humanos 2009-2019 del Gobierno de El Salvador señalan  un incremento de empleados públicos que van de los 132,594 que eran en el 2009  a 168,941 para el 2019,  podría decirse que hubo un incremento de 36,347 empleados.  Otros refieren que  “…las plazas del Sector Público No Financiero (SPNF) pasaron de 136,626 en 2010, a 181,744 en 2019, sin contar a empleados de alcaldías…” (DEM.09/03/2020). Teniendo que pagar para el 2020  más de $2,962.3 millones en remuneraciones de casi 200,000 empleados, $122.5 millones más de lo que se gastó en 2019. (DEM.09/03/2020).

Existe un gran brecha de salarios entre los altos funcionarios y la gran mayoría de trabajadores solo un 69 % de los empleados públicos, percibe un salario entre $301 y $1,000.  Mientras un selecto 3 % de los empleados públicos  recibe más de $2,000 mensuales, quienes además  tienen asignados   gastos de representación solo a manera de ejemplo: Daniel Álvarez, Presidente de CEL con sueldo de  $10,460.00 (salario nominal de $6,460 como “base”, más $4,000 otorgados por gastos de representación.). Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas con un sueldo  de  $6,884.58 (salario base de $4,884.58 más $2,000 en gastos de representación), Óscar Pineda, presidente del Órgano Judicial: $6,835.32, ($5,421.03 son el sueldo base, más $1,414.29 en gastos de representación).

La crisis no debe ser cargada a los trabajadores operativos, debe cargarse a los altos funcionarios a quienes se les debe reducir los salarios y eliminar todo pago extra o viáticos.

Por una ley que prohíba los despidos

Las diferentes fracciones de los partidos políticos del régimen representados en la Asamblea Legislativa, ven en los despidos una oportunidad para desgastar al gobierno de Bukele, e instrumentalizar la lucha  buscando así sacar ventaja política, si bien es cierto se deben utilizar todos los espacios, de cara a frenar los despidos, los trabajadores públicos no deben tener ninguna confianza en los partidos políticos del régimen y sus Diputados.

Los trabajadores despedidos deben saber que la  Ley de Presupuesto General de la Nación, Presupuestos Especiales y Ley de Salarios para el ejercicio fiscal del año 2020, contempla la supresión de plazas y su aprobación fue con los votos de ARENA y demás partidos, con la excepción del FMLN.

Dicha aprobación fue producto de una  negociación de dichos partidos con  el gobierno de Bukele en donde prevalecieron los intereses del gran capital a quienes se les dispenso el pago de multas e impuestos en detrimento de los trabajadores. Por su parte los Diputados del FMLN  por política optaron  votar en contra a sabiendas que siempre sería aprobado dicho presupuestos.

Ahora muchos partidos políticos buscan  mostrarse como los  redentores de los trabajadores, lo cual es una hipocresía debido a que aun  en la misma Asamblea existen trabajadores que sido despedidos así como también  en muchos de sus gobiernos municipales han despedidos trabajadores.

Los trabajadores y organizaciones sindicales deben promover y exigir una Ley que verdaderamente brinde estabilidad laboral y no permita los despidos, si realmente los Diputados están con los trabajadores públicos, deben aprobar dicha Ley, se debe terminar con la zozobra  de despido  por la cual pasan todos los trabajadores en cada cambio de gobierno central y municipal.

Unidad de acción: suspensión temporal de labores

Los sindicatos de trabajadores públicos, se mantienen pasivos ante los centenares de despidos realizados por el gobierno de Bukele, todavía no lograr superar el divisionismo inducido en los gobiernos del FMLN, unido al terror e intervencionismo del nuevo gobierno de Bukele.

Los sindicatos están en el deber de frenar la táctica de despidos por fases realizada este gobierno, el deber ser de los sindicatos es la defensa de los trabajadores, por lo cual debe integrarse una Coordinadora de lucha de todos los sindicatos que existen en el sector público y dar una respuesta unificada, se debe plantear la urgente necesidad de reducción de labores en todas las instituciones del estado, para frenar los despidos, exigir la  reincorporación de  los despedidos independientemente su afinidad política ideológica  y  que garantice la estabilidad laboral, así como también la autonomía, independencia y libertades sindicales.

Por Francisco Guardado

En los 10 años de Gobierno del FMLN y de la administración de UNTRAC  la situación laboral y prestaciones económicas de los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), se mantuvieron estáticas, llegándose al grado de entregar cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), estos factores llevaron a un desgaste de la UNTRAC quienes a inicio de su administración del STISSS  mostraron cierta beligerancia con respecto al gobierno del FMLN  y por ende con las autoridades del ISSS, pero finalmente terminaron claudicándoles, lo anterior fue aprovechado  por Ricardo Monge (padre)  quien apoyándose en el nuevo gobierno aseguro el retorno de su hijo Ricardo Monge (hijo).

 El retorno de Monge

Con la  llegada de Bukele al Poder Ejecutivo también se da el arribo  del Colectivo Fuerza STISSS a la dirección del sindicato,  dicho arribo se dio  bajo múltiples cuestionamientos  por parte de las bases y de otros sindicatos.

La forma como llegó Ricardo Monge (hijo) fue vista como una imposición, una clara violación  a la democracia e independencia  sindical, por parte del nuevo gobierno de Bukele y de las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo.  

Para muchos la historia de hace 10 años se estaba repitiendo pero en una mayor escalada de violación a la Constitución, Tratados y Leyes nacionales en materia laboral y sindical.

Cabe mencionar que si bien las bases no avalaron el golpe dado a la administración de la UNTRAC, ello no significa que avalaran la administración de la UNTRAC, las críticas estaban  más bien orientadas a la  defensa de la Institucionalidad del sindicato.

Acción pre Asamblea

La primera acción realizada por Ricardo Monge hijo después de haber obtenido las credenciales fue en el mes de diciembre, en donde cerró temporalmente varios centros hospitalarios días antes de realizarse la Asamblea General Ordinaria en la que serían electas la nueva dirección del STISSS.

Dichos  cierres  según la nueva dirección del STISSS tenían como finalidad la remoción  de las jefaturas nefastas,  sobre carga laboral  y la reincorporación de los trabajadores despedidos en la administración del gobierno del FMLN, la acción fue suspendida a horas de iniciarse debido a que Ricardo Monge anunciaba que se habían  logrado montar una mesa y llegado a Acuerdos con las autoridades, los cuales no fueron cumplidos, más pareció una acción para generar expectativas en las bases de cara a las elecciones.

Irrespeto a los Estatutos

EL 13 de febrero del 2019 el STISSS realizó la 53 Asamblea General Ordinaria la cual generó muchas expectativas en las bases del STISSS quienes en su momento pensaron que con la llegada del Colectivo FUERZA STISSS las cosas serian diferentes.

Lo cual llevo a la reactivación de varios colectivos internos del STISSS quienes terminaron reconociendo que a pesar de la forma como obtuvo las credenciales Ricardo   Monge   y su colectivo FUERZA STISSS por el momento eran ellos quienes tenían la legalidad y les dieron el beneficio de la duda, convocando a sus bases según lo había definido la nueva Junta Directiva del STISSS. 

Sorpresa grande se llevaron las bases y los Colectivos  ya que en dicha Asamblea se  irrespetaron los Artículos, 12, 13, 14, 15, 16 de los Estatutos del STISSS, no brindándose las condiciones democráticas que permitieran la libre participación de todos los colectivos y su respectiva presentación el día de la Asamblea.

Postergación de la Unidad y fortalecimiento

El temor se apodero del colectivo FUERZA STISSS quien temía perder las elecciones y  terminó imponiéndose de forma antidemocrática, seguramente si hubiese realizado las elecciones respetando los  Estatutos siempre hubiese ganado las elecciones aunque con estrecho margen.

Monge  y su colectivo FUERZA perdieron la oportunidad histórica de unificar el STISSS y salir fortalecido, bien pudo haber integrado una Junta Directiva con representación de todos los colectivos  proporcional a los votos obtenidos, pero significaría compartir el poder, a lo cual  por el momento no está dispuesto.

A pesar de las denuncias realizadas de las anteriores anomalías el Ministerio de Trabajo  otorgó  credenciales nuevamente a Monge y su Colectivo Fuerza STISSS, de esta manera el gobierno de Bukele asegura el control del STISSS

Maniobra o realidad

Para en mayo del 2019  Ricardo  Jesús Monge  Cornejo y su colectivo FUERZA, marcharon en el bloque de organizaciones críticas al gobierno  quienes partieron de la fuente luminosa a la plaza libertad.

Una vez tomo posesión el gobierno de Bukele y le dieron las credenciales Monge  padre  ha mantenido un discurso pro gobierno, llegando a  acompañar las movilizaciones del gobierno el 9 de febrero en donde el presidente Bukele militarizo la Asamblea Legislativa.

En su última conferencia el colectivo FUERZA como dirección del STISSS mantuvo un discurso ambiguo respecto a las autoridades del ISSS, está claro de los problemas y que estos solo pueden ser resueltos por  las máximas autoridades del ISSS, pero no quiere presionarlos por el momento, ya que si realmente tiene la intención de solucionar los problemas tendrá que enfrentar con la patronal

No se sabe  si realmente tácticamente Ricardo Monge padre ha mantenido un discurso pro gobierno para luego revelarse contra el mismo, o realmente vamos a  acciones preconcebidas como las realizadas por la UNTRAC, siendo en el último de los casos  desastroso para los trabajadores del ISSS.

Ricardo Monge denuncia algunos de los problemas

La realidad esta golpeado a la nueva Junta Directiva del STISSS dirigida por Ricardo Monge  y su colectivo FUERZA  quienes se han visto obligados a actuar, mediante comunicado hacen el llamado a los afiliados a colocar pancartas en los diferentes centros de trabajo para exigirle a la Directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)  Rosa  Delmy Cañas de Zacarías los siguientes acuerdos: el reinstalo  de los trabajadores despedidos injustastamente por los Gobiernos del FMLN y solucionar la problemática de la recarga laboral  con la ampliación de más plazas  a todas las dependencias  y áreas hospitalarias en el ISSS.

Así como remoción de ciertas jefaturas Lic. Daniel  Rodrigo Chacon asesor de la Dirección General, Indalecio Funes, jefe de Recursos Humanos  a nivel nacional (Tío de Mauricio Funes), Herbert Antonio Chavarría, jefe de Seguridad  Institucional . Además de la remoción de directores, jefaturas, supervisores, intendentes que tiene procesos de todo tipo de acoso a trabajadores y derechohabientes.

Monge da plazo de una semana

Al igual como lo hiso el presidente Bukele, Ricardo Monge  y su colectivo FUERZA  han dado un plazo de una semana (hasta el 28 de febrero) a la directora del ISSS  para que cumpla las exigencias  y amenazan con cerrar las centros de atención a nivel nacional y piden la mediación del presidente Bukele.

Para dar solución real  a los problemas Monge deberá enfrentarse a las autoridades del ISSS y al gobierno de Bukele, no se debe olvidar que existe un Consejo Directivo del cual depende la Directora y que el Ministro de Trabajo es parte dicho Consejo  quien le facilito las nuevas credenciales, por lo cual deberá definirse si está al lado de los trabajadores o de las autoridades y se define por los trabajadores necesitara del apoyo de todos.

Restablecimiento de la democracia y  Asamblea general extraordinaria

Además de los problemas de sobrecarga laboral, existen otros problemas que afectan directamente a los trabajadores, a los cuales se les debe dar solución, para ello es necesario que Ricardo Monge convoque a una Asamblea General Extraordinaria para que sean los trabajadores  quienes decidan qué acciones tomar y que es lo urgente de negociar, se debe votar un plan de lucha y de reivindicaciones.

La reafiliación de ciertos trabajadores expulsados por la UNTRAC ha sido una medida bien vista  pero  Ricardo Monge debe ir mas allá y  buscar la unidad de todos los colectivos internos del STISSS y trabajadores del ISSS, para ello debe apegarse a los estatutos, restablecer la democracia sindical y mantener la independencia de clase con respecto al gobierno.

La Junta Directiva debe informar a todos los trabajadores  de  los acuerdos y negociaciones  tomados con las autoridades del ISSS.

Jefaturas rotativas

Los mandos medios como parte de la cadena de mando, en la mayoría de casos mantienen  una constante vigilancia hacia los subalternos, casi siempre son impuestos por los superiores, se debe terminar con ello para lo cual son los trabajadores mismos quienes deben elegir a sus respectivas jefaturas, las cuales deben ser rotadas entre los trabajadores de los mismos departamentos o áreas.

Por una comisión sindical

En cuanto a la destitución de las jefaturas y a la restitución de los despedidos se debe conformar una comisión integrada por representantes  de todos los sindicatos que existen en el ISSS y demás sindicatos  para que estudien los diferentes casos y decidan al respecto.

En cuanto a las nuevas plazas  deben seguir el debido proceso para el otorgamiento de las mismas, y no a partir de compadrazgos.

Por la defensa de los derechohabientes y la solidaridad sindical

Como parte de la lucha también se deben incorporar aspectos  que aseguren un atención medico hospitalaria oportuna y eficaz para todos. Se debe buscar que en las acciones de lucha no afecte a los derechos cotizantes y sus familias.

La problemática del ISSS  no es un problema solo del STISSS es un problema de todos los trabajadores cotizantes y de las organizaciones sindicales por lo cual los demás sindicatos deben estar atentos a la lucha.

Por: Alberto Castro.

La toma militar ejecutada por las FFAA de El Salvador y PNC en compañía de militantes de Nuevas Ideas, el pasado 9 de febrero, bajo órdenes del presidente de la República, Nayib Bukele, acaparó como es de esperar, la atención de los medios nacionales e internacionales, en algún momento se especuló sobre un golpe de Estado, la última vez que ocurrió uno fue en 1979, previo a la Guerra Civil que inició un año después de tal suceso.

Hace 28 años se firmaron los acuerdos de paz y se creía superada la vieja práctica de utilización de la FFAA como instrumento político para avasallar a determinados adversarios. Penosamente para la institución castrense que en el pasado perpetró crímenes de guerra y violaciones a derechos humanos en contra del pueblo salvadoreño, ha demostrado no haber superado su vinculación el ejercicio del poder político.

Bukele, basándose en los art. 87 y 167 º7 de la Constitución, convocó a la Asamblea Legislativa (A.L) para el día domingo 9, donde sesionaría la aprobación de la negociación del préstamo de $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración, para la ejecución de la fase III del Plan Control Territorial, se atrevió a llamar a la insurrección en caso de no asistencia de los diputados vía Twitter, aunque horas más tarde se retractó llamando a la calma. Cerró su espectáculo de manera patética al decir, entre lágrimas de cocodrilo, que Dios le había hablado y le dijo que tuviera paciencia, tras esto dijo que daba 7 días para que aprobaran lo que exige.   

Un show para sus bases.

La violencia y delincuencia desde hace tiempo tienen al país en una situación caótica, por ello el tema ha sido objeto de propaganda política en cada campaña electoral. Bukele no siendo la excepción, aprovecha el desgaste de la oposición representada por ARENA y FMLN en la Asamblea Legislativa para mediatizar el plan de seguridad de su gestión atribuyéndole a sus adversarios la responsabilidad de sus fracasos en la materia, al mismo tiempo se muestra como redentor ante sus seguidores ante la abyección de ARENA y FMLN.

Está preparando el asalto al parlamento, pero por la vía electoral, no sin antes haber demostrado que militarmente puede hacerlo, pero sabe que las consecuencias de ello no le favorecerían, por ello realmente Bukele no estimaba disolver el parlamento como supuestamente pretendía. Había montado su espectáculo previendo la no asistencia de sus próximos rivales electorales. La manera como sus ministros convocaron a la A.L no fue adecuada para producir el efecto que faculta la Constitución; el derecho de emergencia tiene cabida en casos de necesidad declarada en caso de requerir de una respuesta Estatal urgente; el art. 167 º7 CN no faculta a que de manera antojadiza el Consejo de Ministros convoquen extraordinariamente cuando no se encuentre el Estado ante un estado de necesidad al que con respuestas acuciantes debe darle fin.

El problema de la violencia y delincuencia no es novedoso y no da cabida para ser declarado como emergencia debido a que se han reducido significativamente los homicidios y la aprobación de negociaciones para préstamos puede hacerlo ordinariamente la A.L. La errada interpretación del presidente del artículo Constitucional fue agrede para aminorar a sus adversarios y hacer lustres de ese acto ante sus seguidores mientras se muestra con el liderazgo per se sobre la institucionalidad democrática.  Es evidente que la consolidación democrática de la institucionalidad burguesa no se consolidó en la posguerra; Bukele es un fenómeno de Bonapartismo en un régimen de democracia burguesa republicana.    

A Bukele no le importamos.

Como  clase trabajadora debemos concluir que, no podemos confiarnos de la instituciones de democracia burguesa, es delgado el hilo que separa la democracia como consenso manipulador con la dictadura, por lo que no tenemos que seguir la demagógica campaña de desgastes de Bukele hacia sus adversarios; el y ellos son nuestros enemigos de clase a quienes hay que oponerles organizadamente la lucha por una Asamblea Nacional Constituyente que reorganice el Estado en función de la clase trabajadora, campesinos, estudiantes y pueblos originarios.