Por Laurencia Sáenz

Filósofa

De nuevo, se manifiesta la tendencia a mezclar los asuntos de Dios con los del César

La Conferencia Episcopal de Costa Rica anuncia, en su página web, un acontecimiento organizado por la Universidad Juan Pablo II: la “Semana social por la vida y la familia”. La clausura del evento estará a cargo de la presidenta Laura Chinchilla. Participarán, también, el ministro de Bienestar Social y Familia, y una diputada. El coloquio contará, en parte, con el patrocinio del IMAS, esto es, con el apoyo de una institución pública.

El objetivo, reza la invitación, es “reflexionar acerca de las amenazas que sufre hoy en día la familia como institución natural”, pero también proponer “líneas de acción”, es decir, contribuir a diseñar un proyecto político a ese respecto.

Ese discurso suena, en efecto, harto familiar. La supuesta amenaza a la familia es el principal motivo por el cual grupos religiosos y civiles se oponen a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo. Bajo el estandarte del respeto a la familia natural (sic), el ‘Observatorio ciudadano por la vida y la familia’ y otros grupos afines intentaron someter a referendo los derechos de una minoría históricamente discriminada, hace pocos meses.

En este coloquio, después de las plegarias iniciales y de las palabras de apertura a cargo de distintos obispos, se hablará, por ejemplo, de la homosexualidad desde un punto de vista católico; un licenciado en teología moral expondrá sobre la “familia natural” y el “matrimonio natural”; otros expositores hablarán del “inicio y el fin de la vida” y de la “ideología de género”.

Al lector advertido no se le habrá escapado: la agenda de exposiciones se vincula directamente con temas que han levantado polémica durante los últimos meses, y sobre los cuales la Iglesia Católica mantiene una oposición férrea, tales como las uniones entre personas homosexuales y la fecundación in vitro.

La participación de personalidades políticas no sería motivo de honda preocupación si ello no constituyera un apoyo simbólico a un discurso y a una estrategia política cuyo principal objetivo ha sido impedir el acceso a derechos civiles, para los homosexuales, y para las parejas que sufren de infertilidad.

Una vez más, se hace manifiesta la que ha sido una constante de la gestión de la presidenta Chinchilla: la tendencia a mezclar los asuntos de Dios con los del César. La presidenta de la República no solo demuestra tener muy poca autonomía con respecto a las presiones de la Iglesia Católica, sino que parece contribuir activamente a la intromisión de las autoridades eclesiásticas en asuntos que deberían tratarse exclusivamente en un marco político laico.

Para reflexionar. Si entre los objetivos del coloquio está reflexionar sobre las amenazas a la familia, quizá quieran considerar estos pocos elementos de reflexión:

Discriminar a una persona por su orientación sexual, negándole el derecho de heredar sus bienes a su pareja, o de tener acceso a información sobre su salud, en caso de enfermedad, en el hospital, ¿no es una amenaza a las familias?

Calificar la unión de personas, en razón de su orientación sexual, como una amenaza a la familia, ¿no es una amenaza a las familias?

Impedir totalmente el acceso a una técnica de reproducción a parejas que sufren de infertilidad, ¿no es una amenaza a las familias?

¿No son la discriminación y la intolerancia las verdaderas amenazas para las personas que forman, hoy, la compleja y cambiante realidad de las familias costarricenses?

Ser cómplices, desde el poder político, de discursos que se nutren de prejuicios en contra de las personas homosexuales, que muchas veces culminan, trágicamente, en agresiones, o en suicidios, ¿no es una amenaza a las familias?

¿No es la tendencia a legislar sobre la base de una visión religiosa particular, impidiendo el acceso a derechos civiles, una auténtica amenaza para la democracia costarricense?

Por Helena Dimarco

Existe en nuestro país un convenio firmado por 31 diputados a favor y solo 8 en contra, con la concientización de la presidenta Laura Chinchilla, con el fin de permitir la entrada a las tropas estadounidenses a suelo tico, con este “convenio” se consiente a que  más de 7000 soldados, 46 buques de guerra y más de 200 helicópteros  y aviones artillados tengan libertad de ingreso a nuestro país.

Bajo el discurso de lucha contra el narcotráfico y de misión humanitaria, pretenden hacernos creer que sus intenciones son pacíficas y de ayuda a nuestro país.

Otros países latinoamericanos ya sufren hoy día las consecuencias del militarismo gringo, tal es el caso de Haití que desde el terremoto y la posterior “ayuda humanitaria” de los militares estadounidenses, donde la explotación sexual ha aumentado y la ayuda humanitaria no llega a la población, asimismo en Aruba, Curazao y Colombia, existen bases militares estadounidenses con el fin de combatir a las bandas organizadas, pero hasta la fecha no se observan resultados positivos de esos supuestos objetivos. En el caso de Afganistán el incremento de la producción y el tráfico de opio ha incrementado desde que Estados Unidos se dio a la tarea de militarizarlo.

En respuesta a esto, se ha creado un Comité por la expulsión de las tropas de Estados Unidos, con el fin de informar (ya que existe un enorme vacío de información en la población, y la mayoría de los medios de comunicación, no transmiten a los y las costarricenses los verdaderos motivos y las consecuencias que el establecimiento de las tropas en Costa Rica traerá)  y convocar al pueblo a oponerse ante las decisiones tomadas por el gobierno y que no nos representan a todos. Creemos que si se da una movilización por parte del país en general, lograremos impedir el paso a las intenciones norteamericanas de establecer una base militar en nuestro país, para extender el imperio estadounidense en Latinoamérica. No podemos permitir que el gobierno cometa actos contra la constitución, y que además se violen resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, donde ordena al estado a rechazar cualquier actividad bélica.

Es por eso que hacemos el llamado a todos los activistas independientes, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, pacifistas, ecologistas, feministas,  formar parte de este comité, que se reúne todas las semanas en el Auditorio de Educación de la Universidad de Costa Rica, el día miércoles a las cinco de la tarde. Es fundamental concientizar y propagandizar en toda la población costarricense, para así lograr echar para atrás el convenio que permite  la intromisión militar de las tropas estadounidenses en nuestro país.

¡Ni un solo militar en Territorio Costarricense!

¡Fuera las Tropas gringas de Costa Rica y del Mundo!

Por Ernesto Fuertes

Las actuales elecciones para la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) tienen un impacto real y bastante fuerte en el movimiento estudiantil: es la coyuntura política que la mayoría de la izquierda ha acogido de manera permanente a lo largo de los últimos años, pero sin que eso haya disminuido en lo más mínimo la desinformación, la despolitización y desmovilización del estudiantado en el mismo período (y así lo caracterizan hasta las mismas organizaciones que participan en estas ahora).

Abanico electoral

Este año participan 4 organizaciones: Alerta, impulsada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la coalición Iniciativa promovida por la unidad de acción entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Partido Socialista de las y los Trabajadores (PST), Progre impulsada por el Frente Amplio y Alianza Patriótica, y Juntos promovida por el derechista y gobernante Partido Liberación Nacional (PLN).

Aún así, la campaña electoral pasa fugazmente apenas unos días antes de la votación (para estas elecciones se llegó al punto de que se redujo el período de campaña), y en esas condiciones la gente no participa de discusiones o debates reales (si es que tan siquiera hay convocatoria para los debates); solo se conocen algunas consignas pero no se sabe a qué se refieren, ni mucho menos la importancia que esas consignas tienen en la vida concreta del estudiantado

Tampoco se conoce cómo esas políticas solucionan o se diferencian en algo de lo que existe actualmente en la UCR. Lo único que se comunica (como es típico en elecciones) es que existen grupos que son distintos entre ellos, pero sin saber cómo ni porqué. Hasta viéndolo en términos electorales, la población estudiantil ni siquiera tiene altas intenciones de votar: el abstencionismo sigue siendo siempre la mayoría.

Asfixiante institucionalidad

Pero no se trata solo del período de campaña electoral y de votación: la gran mayoría de la población universitaria no conoce nada de lo que pasa ni lo que se decide dentro de esas instancias, puestos, reuniones o comisiones de la FEUCR, teniendo como consecuencia que la única forma posible de politización, organización y movilización reales, sea por fuera, rompiendo con esa institucionalidad.

El mejor ejemplo concreto de esto fue la reciente lucha del FEES: el aparato de la FEUCR está liderado por un partido izquierdista, pero esos espacios no tienen una relación ni significan nada para el movimiento de masas que está afuera de las comisiones y la formalidad institucional.

La consecuencia es que hoy la gente no tiene información sobre el desfinanciamiento que implica la negociación del CONARE-gobierno; no tienen información de que el “diálogo” institucional (método defendido por los partidos Progre y Juntos) significa hablar a puerta cerrada entre “representantes” sin que ningún estudiante pueda intervenir para decir ni hacer nada al respecto (como sucedió con el FEES)

Más aún, el movimiento de bases en la lucha por el presupuesto sí se movilizó y estaba en disposición de organizarse, pero en estos momentos no está realizando una unidad de acción para realizar todas esas actividades de politización y balance entre la comunidad estudiantil, más bien se encuentra fraccionado en una contienda electoral que no va más allá del mes de octubre.

¿Elecciones: Tácticas o estrategias?

Estas elecciones y esa institucionalidad universitarias trazan un paralelo con los espacios electorales e institucionales que existen y son reales en las “democracias” explotadoras en general: los parlamentos, los puestos oficiales e institucionales, no son representativos ni coinciden con las tendencias de las clases y el movimiento de masas en la sociedad que dicen representar. Quienes tienen la mayoría en los parlamentos son los sectores empresarios y burgueses, y los sectores populares y asalariados son una ínfima minoría: es decir, la referencia está al revés de la realidad del movimiento de masas, de la lucha de clases. Por eso lo antidemocrático de esos espacios no está en tener muchos o pocos “revolucionarios”, como representantes dentro de esas instancias, sino en que esas estructuras, aún con cualquier revolucionario dentro, lo único a lo que hacen referencia es a la alienación y la opresión clasista de la población. Esto mismo ocurre dentro del espacio denominado FEUCR.

De ahí que no es nada extraordinario que la verdadera política revolucionaria y de izquierda, con relación a las elecciones de la FEUCR, no debe ser la obtención de puestos simbólicos, sino la denuncia explícita, directa y completamente pública (aún desde esos espacios) del fracaso antidemocrático de esa institucionalidad dentro de la UCR.

Los participantes no denuncian al sistema

La tarea de la izquierda, su prioridad sistemática, no-coyuntural[1], está en articular desde las bases un movimiento que pueda politizarse y politizar a otros (por ejemplo con relación al resultado y consecuencias del FEES ahora), con agitación además de propaganda, y que pueda construirse no hacia los aparatos, sino para romper con ellos y movilizarse. Un movimiento de izquierdas tiene que construirse y apoyarse entre las bases hacia la movilización, incluso para cualquier inserción dentro de la institucionalidad formal, y es la denuncia explícita desde dentro de la institucionalidad, la que debe apoyarse en esa organización, politización y movilización de bases, nunca al revés.

Pero ello no significa negar de manera absoluta la participación dentro de estos espacios institucionales y electorales. Una FEUCR izquierdista sí es mejor que una FEUCR derechista, pero eso no cambia que en cualquiera de esos dos escenarios, la FEUCR en sí sigue sin ser un objetivo o prioridad revolucionaria en lo más mínimo. Muy al contrario, creemos que toda esta denuncia debe hacerse también dentro de esas elecciones, dentro de esas campañas y desde cualquier puesto oficial, por más que estos espacios estén supeditados a la organización extra-institucional.

Pero para tan siquiera empezar a hacerlo, hay que decir abiertamente, en toda oportunidad, que esa institucionalidad no es un “éxito” de “representatividad” o de influencia “revolucionaria”, sino que esas mismas campañas o puestos mismos en los que se está participando, son inservibles para defender los intereses reales del estudiantado (como se vio con la des-financiación de la universidad en el FEES).

La única forma en que se deja de sembrar esperanzas en la anti-democracia capitalista, es si la campaña electoral misma se apoya, explícitamente y como prioridad, en la unidad de acción de un movimiento que es independiente y va más allá de cualquier período de campaña y de espera de resultados electorales. Esta perspectiva no existe ni es real en ninguno de los partidos que participan en estos momentos de la celebración electoral.

El aparato de la FEUCR

En los últimos años, las organizaciones de izquierda dentro de la UCR, más que luchar por movilizar y elevar el nivel de conciencia del movimiento estudiantil, han entablado una lucha por el control del aparato de la FEUCR, con los beneficios económicos que ello conlleva.

Así como en el movimiento obrero existen burocracias, que viven y obtienen privilegios materiales, de la misma forma se produce un fenómeno de burocratización dentro del movimiento estudiantil. En esas condiciones, la lucha electoral se vuelve no una campaña de denuncia contra la esencia antidemocrática del sistema capitalista, y de su expresión concreta dentro de la UCR, sino en una despiadada lucha por el control del aparato.

La actual campaña electoral por la FEUCR repite el mismo esquema de los años anteriores, con alguna variantes, como por ejemplo, el peligro real del crecimiento de la derecha dentro de la UCR, y la unidad de acción oportunista de dos organizaciones que anteriormente luchaban entre sí, como el MAS y el PST. La unidad en sí misma no significa absolutamente nada, si no va acompañada de un programa que promueve la lucha y la movilización, pero este no es el caso.

Una experiencia diferente

Mientras la mayoría de la izquierda dentro de la UCR padece el cretinismo parlamentario, y lucha desesperadamente por el control del aparato de la FEUCR, se ha producido un fenómeno nuevo que debe ser rescatado: la creación del comité por la expulsión de las tropas norteamericanas de suelo costarricense.

Este comité surgió como una iniciativa de organizaciones de izquierda, entre las que se encuentra el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) y muchos activistas de izquierda independiente, incluso con amplia participación de anarquistas, trabajando en una unidad de acción democrática y antiimperialista, que surge desde las bases del movimiento estudiantil.

Este tipo de experiencias, debe extenderse hacia otros temas que aquejan al movimiento estudiantil. Si lo logramos, se estaría construyendo desde abajo, desde la diversidad democrática, un nuevo movimiento estudiantil cuyo principal eje de lucha sea la movilización estudiantil, y no la lucha por el control del aparato de la FEUCR.

[1] Recordaremos que la táctica-estrategia trazada en Enfermedad Infantil del Izquierdismo en el Comunismo de V.I. Lenin pone “siempre” como prioridad la “acción extra-parlamentaria” sobre la actividad electoral, aún si es un período particular (en ascenso o en descenso, en situación revolucionaria o no) dentro del proceso y la dinámica del movimiento de masas.

Por Andrés Gutiérrez

En estos días se ha abierto un importante debate a lo interno de nuestro país. El punto fundamental de este debate es la creciente ola de violencia, y la respuesta “adecuada” por parte del Gobierno de Chinchilla. Además en el discurso dado por Chinchilla en el acto de conmemoración de la “independencia”, se alertó de la creciente ola de violencia, comparando nuestra situación a México, y el resto de países de Centroamérica.

Literalmente Chinchilla exclamó: “Estamos ante un flagelo internacional sin precedentes, de una criminalidad sin límites (...) Soplan ya en nuestro suelo los vientos de violencia que se despliegan con furia en otros países de Centroamérica” (La Nación. Chinchilla pide ayuda a Poderes ante violencia ‘sin precedentes’. 16 de setiembre de 2010). Si bien es cierto que en nuestro país se ha dado un incremento en la violencia y delincuencia, esto es producto de las políticas neoliberales que ha aplicado los últimos gobiernos, siguiendo el mandato de los organismos internacionales (Banco Mundial, FMI).

Dicha aplicación se ve culminada con la aprobación del TLC con Estados Unidos, que en los hechos viene a universalizar la situación con el resto de países  centroamericanos, y que en el caso concreto de Costa Rica significa el desmantelamiento del “Estado Benefactor” y de las instituciones que juegan un rol fundamental en nuestra sociedad (ICE, CCSS, Universidades Públicas, etc) y que en la cotidianidad significan incrementos en las tarifas de los servicios públicos, buses, gasolina, los productos de la canasta básica, etc., todo esto frente a aumentos salariales minúsculos, aumentando el desempleo y dejando a la gente como quien dice sin el santo ni la limosna.

Es por eso que las palabras de Chinchilla, en primer lugar apelan al temor, y en segundo lugar a lo peor de la xenofobia que puede producir (ayudada por los medios de prensa) la inmigración. Incluso la presidenta se atreve a tratar dentro de este tema la falta de Fuerzas Armadas en nuestro país como factor de vulnerabilidad frente a la delincuencia, tocando así uno de los puntos fundamentales de ideologización que históricamente ha utilizado la burguesía tica: Costa Rica ha llegado a tener logros económicos, llegando a ser “vanguardia de América Latina” debido a la carencia de ejército, por lo que se puede invertir en educación, salud, infraestructura etc. todo el dinero que se destinaría al ejército.

Incluso Chinchilla afirma que es necesaria una inversión de 200 o 300 millones de dólares en seguridad para hacerle frente a la violencia, cuando precisamente en días reciente se “negoció” un ínfima inversión a las Universidades Públicas, quedando así en claro la política de Chinchilla. A la inversión social (salud, educación, etc.) invertir lo menos posible. A la policía todos los recursos disponibles

Precisamente la discusión de la respuesta por parte del gobierno adquiere una importancia fundamental, ya que se da en el marco de la prohibición por parte de la Sala Cuarta de los retenes policiales. En dicha sentencia la sala cuarta establece que : El optar por un régimen democrático de derecho y no por un régimen autoritario, (…) , impone a las autoridades públicas límites ineludibles en el ejercicio de sus potestades y deberes, los cuales se encuentran definidos tanto en la Constitución Política, como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, que han sido suscritos por Costa Rica (Diario El pregón.org. Retenes policiales son inadmisibles en una Democracia, aclara Sala Constitucional. 10 de setiembre de 2010).

Precisamente la sala IV deja en claro la verdadera cara del gobierno, y de la oposición, ya que no se ha abierto ningún debate en ninguna instancia de lo que realmente está pasando en nuestro país, donde una institución que es parte del mismo Estado (absolutamente para nada progresiva o radical, justamente todo lo contrario, basta con recordar la eliminación de las convenciones colectivas, la reelección presidencial, etc.), le está atando las manos al ejecutivo en su "lucha por la delincuencia". Y como respuesta a esta sentencia Chinchilla, apela al temor dentro de la población, para justificar sus políticas violatorias de la libertad que tal y como lo dice la sala IV son actuaciones impensables en una "democracia"

Precisamente Alejandra Nuño, Directora del Programa para Centroamérica y México del CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) declara que: "no es conveniente que las más altas autoridades estatales cuestionen una decisión emitida por la Sala Cuarta, en particular cuando se está garantizando la protección de los derechos de las personas. La lucha contra la delincuencia -obligación fundamental del Estado- no se puede basar en medidas arbitrarias, y requiere de políticas integrales que aborden el problema de inseguridad desde sus causas estructurales. Ceder el disfrute de los derechos para otorgar mayores poderes a las autoridades de seguridad es abrir el camino para el abuso de poder". (El Pregón.org. Restricciones a retenes se ajustan a estándares de la CIDH. 16 de setiembre de 2010)

Es por esto que, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), hacemos un llamado a todas las organizaciones políticas, estudiantiles, campesinas, de derechos humanos, activistas independientes, etc. a conformar un frente contra las violaciones de las libertades públicas de la población costarricense. Es justo y necesario más inversión en materia de seguridad social, educación, empleos, salarios y no en militarización o incremento los recursos del Ministerio de Seguridad