Por Sebastián Chavarría Domínguez

Cuando todo parecía marchar viento en popa, de repente vino nuevamente el frenazo en la mesa de negociaciones que se había reiniciado el pasado 27 de febrero. Después de una pequeña crisis e interrupción, las negociaciones se reanudaron y se aprobó el Hoja de Ruta que contenía el protocolo de procedimientos de la negociación, fijándose como límite de tiempo el día 3 de abril, para obtener resultados globales de la negociación.

Pero no todo salido como esperaban los negociadores, en el ínterin hubo dos acuerdos: uno sobre la liberación de los presos políticos y otro sobre la vigencia de las libertades democráticas. Pero no hubo más, el segundo Dialogo Nacional fue nuevamente interrumpido por la dictadura, que se niega a discutir los temas relacionados con las reformas electorales y el adelanto de las elecciones

El frágil acuerdo sobre la liberación de los presos políticos

Existe un enorme descontento popular en relación al tema de los presos políticos. La dictadura había optado por una liberación gradual como una concesión unilateral, para evitar nuevas condenas y sanciones internacionales. El 28 de febrero fueron liberados los primeros 100 prisioneros políticos, como gesto de “buena voluntad” al momento de restablecerse las negociaciones. Pero esta pequeña concesión provocó la ira de la población. Esta liberación de presos políticos, lejos de calmar los ánimos, más bien motivó la convocatoria de nuevos plantones y marchas de protesta, como la que ocurrió el sábado 16 de marzo, la que fue brutalmente reprimida por la Policía Nacional.

Pero, en realidad, no hubo tal liberación de presos,  los juicios fraudulentos no fueron anulados ni hubo sentencias absolutorias, sino simples excarcelaciones utilizando la figura legal del beneficio del “arresto domiciliar” y  la “convivencia familiar”. En pocas palabras, los presos seguían siendo presos, aunque tuviesen la casa por cárcel.  Están obligados a presentarse semanalmente a los juzgados, sin derecho a salir de sus casas, de la propia ciudad, mucho menos del país.

La segunda excarcelación de presos políticos se produjo cuando otros 50 presos fueron liberados enviados a sus casas el viernes 15 de marzo, bajo las mismas condiciones del primer contingente. Esta excarcelación a cuentagotas tampoco calmó los ánimos, y las muestras de rechazo al proceder de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), se transformó en un hierro al rojo vivo en las manos de los negociadores, al grado tal que se vieron obligados a golpear la mesa, amenazando con levantarse de la mesa de negociaciones, exigiendo la liberación de todos los presos políticos.

El día 27 de marzo, un mes después de haberse reiniciado las negociaciones, la ACJD y la dictadura firmaron el primer acuerdo sobre la liberación de los presos políticos. La dictadura aceptó proceder “a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad, así como a la regulación de la situación jurídica de las mismas, de conformidad con la legislación vigente y las garantías constitucionales del caso. Las medidas y procedimientos jurídicos necesarios para lo anterior serán discutidos en la Mesa de Negociación”.

El lenguaje confuso no fue una casualidad, la dictadura se garantizó que todo el proceso de excarcelación fuera “de conformidad con la legislación vigente”, lo que le permite un amplio margen de maniobra en cualquier escenario en caso de fracasar o entrar en crisis las negociaciones. La dictadura se reservó el derecho de prolongar los juicios conforme a sus necesidades en la mesa de negociaciones.

Los negociadores de la ACJD no fueron categóricos en insistir la anulación de los juicios, se conformaron con promesas y la “buena fe” de la dictadura, y más bien se mostraron respetuosos de la supuesta autonomía de los jueces, cuando en realidad siguen instrucciones estrictas del partido FSLN. La ACJD actuó como si en Nicaragua se respetasen las leyes o existiese el Estado de Derecho.

Las dos líneas finales del párrafo citado, señalan claramente que los “procedimientos jurídicos” para la liberación de los presos políticos serán discutidos en la Mesa de Negociación, dejando abiertas muchas posibilidades. El fantasma de la amnistía sigue debajo de la mesa, esperando el momento oportuno para salir a luz.

El viernes 5 de abril fueron excarcelados otros 50 prisioneros, totalizando alrededor de 200 presos políticos, los que no son personas libres, ya que las causas penales montadas por la dictadura continúan vivas.

La dictadura se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días, a partir del día 27 de marzo. Este plazo fue aceptado sin protesta por la ACJD demostrando una vez la naturaleza timorata de los negociadores de los grandes empresarios. La exigencia de liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos es una consigna que no debemos abandonar nunca. El plazo de los 90 días es obsceno y debemos rechazarlo en las calles.

El CICR, la lista de prisioneros y el grave problema de los desaparecidos

La dictadura aceptó que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fuese la institución encargada de revisar la lista de prisioneros proporcionada por la ACJD y cotejarla con la presentada por la dictadura, además el CICR dará seguimiento al acuerdo sobre la liberación de presos.

A inicios de marzo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un informe, con base a las denuncias de los familiares, de un total de 647 personas detenidas. Las cantidades varían un poco, dependiendo de cada organismo, pero en general hay una coincidencia de alrededor de 800 prisioneros políticos.

El 26 de marzo, la oficialista “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz” creada por la Asamblea Nacional para investigar los hechos ocurridos en el año 2018, dio cifras aterradoras: “de la lista que entregó la CIDH al gobierno de Nicaragua con 647 detenidos. Según nuestras investigaciones preliminares determinamos que hay actualmente 261 detenidos. De los 386 restantes, 152 han sido puestas en libertad, 61 personas no están vinculadas al conflicto; 54 no hay información personal completa, lo que hace imposible verificar su estado real; 112 no se encuentran en ningún establecimiento penitenciario o policial, y 7 nombres se encuentran duplicados” (www.cvjp.org.ni)

Es la primera vez que una institución ligada al gobierno acepta que 112 personas desaparecidas, que se no encuentran en ningún centro penitenciario o policial. Sin lugar a dudas, estos desaparecidos, cuyos familiares continúan su búsqueda, son parte de las personas detenidas y desaparecidas por los grupos paramilitares.

Hasta el 1 de abril, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos (CLPP), que reúne a los familiares de los presos políticos, contabilizaba 779 de presos políticos. El problema es que todos los días hay redadas y capturas ilegales, y eso marca una tendencia cotidiana al alza de la cantidad de prisioneros políticos.

La cifra de 112 personas desaparecidas que no “se encuentran en ningún establecimiento penitenciario o policial”, al pasar los días subió hasta 200, conforme declaraciones de José Pallais, negociador de la ACDJ, quien declaró que “(…) Aún no caben en la categoría de desaparecidos, porque estamos en el proceso de actualizar su información para determinar su estatus (…) Se están haciendo las consultas, incluso con la Asociación de Madres de Abril y otros organismos, para determinar la situación de esas personas que el Gobierno dice que no están detenidas, y que son más de doscientas, para actualizar la información. Ya hemos confirmado hasta hoy que al menos cuatro personas que el Gobierno dice que no están presas, sí realmente están detenidas” (La Prensa, 09/04/2019)

Poco a poco comienza a descubrirse el resultado de la acción de los paramilitares durante los ataques militares contra los tranques y barricadas. En el campo la represión fue brutal, y la cantidad de desaparecidos es aún mayor.

El acuerdo sobre las libertades democráticas.

Este acuerdo fue una burla. Repite casi todos los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, hubiese bastado decir que seguía vigente, pero en realidad no es así. La dictadura para dar la imagen de restablecimiento de las libertades coartadas por la vía de los hechos, ha tenido que repetir en un documento los mismos derechos contenidos en la Constitución suspendida.

El artículo 7 del Acuerdo para fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas, suscrito el 30 de marzo, estableció que se garantiza “el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento con la Constitución y las Leyes de la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho. Asimismo, se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”.

El documento fue firmado, pero sigue sin cumplirse. La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) solicitó recientemente el permiso para realizar marcha, pero no solo fue negado, sino que también la marcha fue reprimida, no pudo ni reunirse la gente, por el acaso policial.

Los límites de la resistencia de la dictadura

De los cuatro temas programados a negociar hubo acuerdo solamente en dos. La dictadura se resiste a discutir el tema de las reformas electorales y fecha de elecciones adelantadas, así como el candente tema de la justicia, metiendo en crisis el segundo Dialogo Nacional. La fecha del 3 a de abril llegó, y no hubo más acuerdos.

Esta resistencia de la dictadura ha dado lugar a una serie de especulaciones sobre la posibilidad de que no se produzcan las elecciones adelantadas, lo que implica que la dictadura concluiría su periodo y las elecciones se realizarían hasta el año 2021.

El estilo de negociación de la dictadura es hacerlo en el borde del abismo, caminar en el filo de la navaja. Ya habíamos alertado sobre el hecho que la dictadura pretende alargar al máximo la negociación y con ello la vida del gobierno dinástico.

Los factores internacionales también inciden. Últimamente la administración Trump y la Unión Europea (UE) han dejado de insistir en el tema de las elecciones anticipadas. Los imperialismos aprecian el rol del sandinismo como factor de estabilidad en Nicaragua y Centroamérica. Es probable que la dictadura haya apreciado ese pequeño cambio en las políticas imperiales, y aprovecha la oportunidad para demostrar que es insustituible, y que el Estado necesita de la mano fuerte del FSLN.

No obstante, nada esta dicho. Los empresarios han dado muestras de aceptar la dictadura hasta el 2021 si se cumplen algunas condiciones mínimas. Incluso, ante el fracaso de las últimas negociaciones, la ACJD suscribió un comunicado conjunto con la delegación de la dictadura, donde dejaron abierta la posibilidad de reiniciar las negociaciones, dándose un tiempo para “reflexionar”.

El problema es si la crisis económica y el pueblo de Nicaragua aguantan ese tiempo. Entonces, es muy probable que en los próximos meses veamos nuevos intentos de negociación, una y otra vez, todo dependerá de la correlación de fuerzas, y en este plano hay una enorme debilidad de la ACJD ya que esta negociación sin tener respaldo popular en las calles. La dictadura esta en palco alto, maniobrando, luchando por sobrevivir, mientras el pueblo soporta las consecuencias de la ausencia de una dirección revolucionaria.