Por Victoriano Sánchez

La realización de la 49 asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), despertó muchas expectativas entre quienes luchan contra la dictadura Ortega-Murillo. Hubo muchas ilusiones en que las posibles inminentes sanciones económicas internacionales podrían tambalear al agónico régimen represivo.

Trump se lava la cara

La 49 asamblea general de la OEA se realizó del 26 al 29 de junio en Medellín, Colombia, sin mayor trascendencia política. No se produjeron las esperadas sanciones económicas de la comunidad internacional.

Para lavarse la cara, y calmar a quienes imploran la imposición de castigos contra la dictadura en Nicaragua, días antes de la realización de la 49 asamblea general de la OEA, la administración Trump volvió a imponer sanciones individuales contra altos funcionarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entre ellos Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Orlando Castillo, presidente de TELCOR, el organismo que regula las concesiones de radio y televisión a los medios de comunicación; al general en retiro, Oscar Mojica, ministro de transporte, y responsable de organizar a los paramilitares; y a Sonia Castro, ministra de salud, acusada de cerrar los hospitales a los heridos, durante la insurrección de los meses de abril, mayo y junio del 2018.

Ilusiones en sanciones que nunca llegan

Los niveles de represión en Nicaragua han sido brutales, al grado que la dictadura logró imponer la desmovilización total de las masas populares. Existe un estado de excepción en los hechos. No hay libertades ni derechos ni garantías constitucionales. Este nivel de opresión ha permitido crecer las ilusiones de que la llamada comunidad internacional es la que debe presionar para lograr el cambio de gobierno. Estas ilusiones son fatales, por que mantienen la desmovilización esperando que un “salvador supremo” haga la labor que corresponde al pueblo.

Traspiés de la delegación de la ACJD y UNAB

La propaganda de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), con algunas diferencias de matices, fomentan la ilusión de que las sanciones internacionales pueden cambiar la correlación de fuerzas a lo interno.

Amas organizaciones enviaron una nutrida delegación para cabildear y participar en la 49 asamblea general de la OEA, pero tuvieron que enfrentarse a una inesperada realidad. No solo no hubo sanciones, sino que más bien la resolución de la OEA sobre la situación en Nicaragua, demostró una vez mas que tanto los Estados Unidos como la OEA en su conjunto se inclinan por continuar las tensas negociaciones con la dictadura, esperando que esta inicie el proceso de reforma.

Cada puerta que tocaron, recibió la misma repuesta: muchas dudas sobre si la oposición se encuentra lo suficientemente unida y preparada para unas elecciones anticipadas. Evidentemente, que estos argumentos esgrimidos por los embajadores ocultan la decisión tomada de no acelerar la caída de la dictadura, sino únicamente presionar para obtener la reforma del régimen político.

La resolución de la OEA

El proyecto inicial de resolución que circuló planteaba un ultimátum de 90 días para que el gobierno de Nicaragua diera todos los pasos necesarios para restablecer el orden constitucional. Un plazo escandaloso, que la respiro a la agonizante dictadura.

Pues bien, en vez de denunciar que muchos países de la OEA no quieren imponer sanciones a una dictadura que ha cometido crímenes de lesa humanidad, los delegados de la ACJD y de la UNAB se limitaron a cabildear para que el plazo de 90 días fuera reducido a 75 días, y así quedó la resolución final.

La OEA reconoció que “las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua a partir de abril de 2018, y la falta de avance en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que deben seguir siendo analizados”.

La conclusión fue “Instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.

Se produjo un cambio a lo interno de la OEA. Mientras la resolución sobre Venezuela planteó la necesidad de convocar a “elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y legítimas, lo más pronto posible", en el caso de Nicaragua se limitó a crear una comisión especial para visitar el país, dando un plazo de 75 días.

Tal vez ahora si se convencen los activistas de la ACJD y la UNAB que no hay aliados en la OEA, y que debemos redoblar los esfuerzos para reactivar la resistencia a lo interno.