Por Victoriano Sánchez

La segunda versión del Dialogo Nacional, que inicio en marzo del 2019, entre la dictadura Ortega-Murillo y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), después de varias crisis y oscilaciones produjo apenas dos acuerdos: uno sobre la excarcelación de presos en un plazo de 90 días (fecha tope el 18 de junio) y un documento por medio del cual la dictadura se compromete a restablecer la plena vigencia de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, algo que es una verdadera tautología jurídica.

La excarcelación de los presos políticos (casi un centenar de activistas permanecen presos todavía) se hizo mediante la aprobación de una ley de amnistía que beneficia a los asesinos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, mientras que a los presos políticos se les otorgó una libertad condicionada.

¿Viene una tercer Dialogo Nacional?

La estrategia de la dictadura ha sido llevar una lenta negociación en etapas, procurando retrasar al máximo la toma de decisiones importantes, y cuando estas se toman las aplica parcialmente.

El canciller Moncada, como la propia Rosario Murillo, han sido categóricos al afirmar que no habrá adelanto de elecciones, y que cualquier salida a la crisis actual debe ser en el marco constitucional, es decir, que Daniel Ortega debe terminar su periodo presidencial.

El triunfo militar de la dictadura sobre la insurrección desarmada ha envalentonado a los dirigentes sandinista, pero las cosas no andan muy bien. Aunque han logrado mantener la estabilidad macroeconómica, el país continúan deslizándose hacia el abismo de la depresión económica.

La “normalidad” es aparente, debajo de esa calma social impuesta por la represión policial, reverbera la crisis económica y social. Todas las presiones de Estados Unidos y Europa se concentran en forzar una nueva negociación sobre los temas pendientes: democratización y reformas electorales, y el complicado tema de la justicia.

Asi que, lo más probable, es que se imponga una nueva ronda de negociaciones, a partir de las ultimas sanciones del departamento del Tesoro de Estados Unidos contra altos funcionarios de la dictadura, y de una posible resolución de condena en la próxima asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Represión y reformas electorales

Al no haber triunfado la insurrección popular, en su objetivo de expulsar del poder a la pareja Ortega-Murillo, obviamente lo único que queda es la reforma de la dictadura. Y la reforma pasa por implementar un conjunto de reformas al sistema electoral viciado, que ha permitido continuos fraudes electorales que burlan la voluntad popular.

Mientras la dictadura resiste a pronunciarse sobre la convocatoria a elecciones anticipadas, la llamada comunidad internacional se concentra en presionar por la implementación de reformas electorales, dejando una gran incógnita sobre si las elecciones serán en el 2020 y en el 2021.

La dictadura ha logrado imponer el criterio que unas elecciones anticipadas podrían traer caos o la instauración de un gobierno muy débil. Es aceptado el criterio que la oposición burguesa está dividida, fragmentada y que no posee un sistema de partidos que arrastre a la población. En realidad, estos argumentos solo son utilizados para justificar una continuidad del statu quo, con la alta posibilidad de aceptar que Daniel Ortega termine su mandato presidencial.

Mientras se instala nuevamente el Dialogo Nacional, la dictadura mantiene altísimos niveles de represión y presencia policial intimidante en las calles, para evitar una nueva dinámica de movilizaciones populares de protesta, esta vez mezcladas no solo con consignas políticas a favor de la democratización, sino también con posibles reivindicaciones sociales.

Va a ser muy difícil desmantelar el aparato represivo de la dictadura con reformas. Estas tendrían que ser muy profundas, para iniciar el tránsito hacia la democratización.

El talón de Aquiles

Una profunda reforma al sistema electoral podría iniciar el desmantelamiento gradual de la dictadura. Este será el tema a debatir en las próximas semanas y meses. De nada servirá una convocatoria a elecciones anticipadas sino se garantiza la posibilidad de crear nuevos partidos políticos, y que se respete el voto de los electores. Esta crucial reforma electoral puede llegar a ser el motivo de una nueva crisis, pero también podría significar el reciclamiento de la dictadura y la conservación de altas cuotas de poder por parte de la burguesía sandinista, ante un posible cambio de gobierno.

El futuro político de Nicaragua podría decidirse en el periodo próximo inmediato