Por Victoriano Sánchez
Mientras en el resto de países de Centroamérica, los gobiernos de turno se han visto obligados a tomar algún tipo de medidas, a todas luces insuficientes para contener la expansión del coronavirus, en Nicaragua la pandemia se ensaña de manera especial contra la población nicaragüense, debido a que la dictadura Ortega-Murillo decidió aplicar de manera secreta la política de “inmunidad colectiva”, conocida popularmente como “inmunización de rebaño”.
Esta política parte del supuesto que el contagio es inevitable, y que por ello se deben promover actividades masivas, como las “marchas de amor en tiempos del COVID” para dejar que la población se contagie, porque al final el 50% puede adquirir inmunidad, un 30% se enfermará de manera leve, un 10% de manera grave, otro 10% requerirá hospitalización y cuidados intensivos, y dentro de este rango hay un porcentajes de muertos, que los documentos oficiales del Ministerio de Salud (MINSA), han calculado en 800.
La “inmunidad colectiva”
En Inglaterra, el primer ministro Boris Jonhson trató de aplicar la política de “inmunidad colectiva” y rápidamente dio marcha atrás. Inglaterra ocupa el primer lugar de muertes en Europa, superando únicamente por Estados Unidos. El único país que ha aplicado con relativo éxito la política de “inmunidad de rebaño” es Suecia, que tiene una población con altos niveles de educación y una economía desarrollada.
Las autoridades suecas no decretaron cuarentena, adoptaron algunas medidas como evitar reuniones mayores de 50 personas, pero en general apelaron a la “responsabilidad individual” de sus ciudadanos. Las cifras de Suecia no difieren de las de sus vecinos nórdicos, que si establecieron cuarentenas: 14.300 contagios, 1.500 víctimas que en su mayoría vivían asilos u hogares de reposo.
La indolencia de la dictadura
Los científicos todavía discuten cual es la mejor política para frenar al coronavirus, mientras sigue creciendo el nivel de contagios y muertes por el mundo.
En Nicaragua, la dictadura no ha reconocido que está aplicando la política de “inmunidad colectiva”, pero su comportamiento nos indica, sin lugar dudas, que ese fue el camino que escogieron para enfrentar la pandemia. Por eso no hicieron nada en la etapa previa al contagio masivo. Incluso, los sandinistas llegaron al extremo de negar la existencia del virus. Hasta elaboraron la “cumbia del virus importado” para distraer a sus bases. Al igual que Trump, redujeron el peligro de contagio del virus a una gripe un poco más fuerte.
Detrás de esta indolencia de la dictadura se esconde su propia crisis: no puede resolver absolutamente nada. Nicaragua tiene dos años de recesión económica, y ya entramos al tercer año. La pandemia ha destapado la crisis capitalista a nivel mundial, generando una recesión de la economía mundial, que incidirá directamente en la maltrecha economía nicaragüense. El panorama es realmente sombrío.
¿Por qué la dictadura escogió el camino de la “inmunidad colectiva”? Por que no tiene margen de maniobra en el plano económico. Si tomara decisiones parecidas a las de sus vecinos, como el gobierno de Bukele en El Salvador, o de Carlos Alvarado en Costa Rica, la dictadura tendría que adoptar medidas económicas que, en las condiciones actuales, serian el tiro de gracia contra los empresarios, porque les obligaría a pagar salarios y a garantizar algún nivel de protección del empleo.
Los empresarios del COSEP y de AMCHAM han sido cautelosos, y se han limitado a tomar medidas sanitarias en sus empresas. Esta inercia de la dictadura, esta permitiendo los despidos en zonas francas y en muchas empresas. En la etapa final de su crisis, la dictadura no quiere tomar medidas en contra de los empresarios, porque arruinaría la salida política electoral que vienen cocinando en silencio.
La realidad se impone: contagios, muertes y entierros clandestinos
Como era de esperarse, la política de “inmunidad colectiva” que impulsa la dictadura estaba condenada al fracaso. Al comienzo, en la primera fase, el Ministerio de Salud (MINSA) se limitó a negar el contagio, aduciendo que todos los casos detectados eran “importados”, y todos los enfermos estaban “delicados, bien atendidos pero estables”, hasta que fueron muriendo uno a uno. De esta manera, maquillando las cifras, los datos oficiales registran hasta el momento 25 casos de contagio y 8 muertes, con una alta tasa de letalidad.
Pero la realidad ha terminado imponiéndose. El MINSA ha dejado de brindar conferencias de prensa, en el momento preciso que la cantidad de muertes ha crecido en todo el país. Los hospitales están repletos de personas con síntomas del COVID y al borde del colapso. El contagio local es masivo, con la gravedad que no existen cifras oficiales. El numero de muertes se ha incrementado, teniendo como foco inicial el departamento de Chinandega, seguido por Managua y Masaya, los departamentos más poblados.
En las redes sociales circulan videos de entierros clandestinos, que ocurren por las noches. En ellos se aprecian a funcionarios del MINSA con trajes blancos de protección, cargando el féretro sellado, introduciéndolo a la tumba. Los familiares de los fallecidos se quejan de que no les permiten enterrar a sus deudos, y que el MINSA no confirma las causas del deceso.
Sin lugar a dudas, estamos ante una fase de contagio masivo y de muertes que evidencian el fracaso de la política de “inmunidad colectiva”. Es tan evidente, que la dictadura ha tenido que aplicar algunas de las recomendaciones de la OMS, pero ya es demasiado tarde.
Continua el silencio de la oposición
La pandemia metió en crisis al proyecto de la Coalición Nacional (CN). No podía ser de otra manera. La llamada unidad de la oposición no se ha concebido como una alianza para luchar contra la dictadura, sino como una alianza electorera, en donde se repartirán los cargos. El problema es que la realidad alteró el esquema electorero. El pretexto de la crisis ha sido la conformación del Consejo Político de la CN.
Los partidos tradicionales exigen un delegado por fuerza política, en cambio la cúpula actual de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) pide que cada organización tenga 3 miembros, lo que haría inmanejable la toma de decisiones. La CN no ha nacido y ya esta en crisis, pero donde mas se nota la crisis en que no tienen posturas unificadas para combatir la nefasta política de “inmunidad colectiva” que aplica la dictadura.
La crisis se manifiesta en las distintas repuestas que, los sectores que conforman la fallida CN, dan ante la pandemia y ante la indolencia de la dictadura.
Los 43 puntos de la Alianza Cívica
Después de un largo silencio, el pasado 23 de abril del 2020, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), sacó un documento con 43 propuestas. Además de la suspensión de clases y de aumentar el presupuesto para el MINSA, la ACJD propone “establecer a la brevedad un fondo de transferencias en especie, alimentos y víveres a personas en riesgos y que no puedan salir de sus viviendas”; “un monto adicional a la pensión de los aproximadamente 280 mil pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)”. Esta vez no mencionaron la crisis financiera del INSS.
Ante los problemas financieros de la pequeñas y medianas empresas, propone la “Creación de fondos de garantías que respondan por préstamos de pequeños y medianos productores y comerciantes. Suspender por tres meses el pago de cuotas de préstamos, sin detrimento del historial crediticio. Suspender el pago de hipotecas por tres meses (…) Suspender el pago de agua y luz por tres meses, así como prohibir el corte de dichos servicios”.
El monopolio del servicio de agua potable esta en manos del Estado, pero el monopolio de la energía eléctrica es propiedad de la familia Ortega-Murillo, tal vez por eso proponen, al menos en el comunicado, una medida tan “radical”.
Esta actitud cambia cuando se trata de empresas transnacionales: “Promover que las empresas de telecomunicaciones no suspendan servicios de telefonía celular ni de internet”. Las empresas de telecomunicaciones son Claro y Movistar, ahora en manos de Tigo.
También proponen: “Reducir por tres meses los precios de los combustibles del gas licuado, (…) Reducción de los precios de los combustibles en proporción a la disminución de la caída de los precios internacionales del petróleo”. El monopolio de los hidrocarburos también es propiedad de la familia Ortega-Murillo, pero en este caso se limitan a ajustarse a los precios internacionales del petróleo.
En relación a la enorme masa de trabajadores informales, la ACJD propone crear “un programa especial de atención a trabajadores de cuenta propia”, pero sin explicar en que debe consistir.
Pero donde se reparten con la cuchara grande es en relación a los beneficios a favor de los empresarios: “Suspender el pago del impuesto sobre la Renta, del Valor Agregado y el Impuesto Selectivo de Consumo por tres meses. Prorratear el pago de estos tributos suspendidos una vez pasada la crisis. Suspender del pago de Cuota Fija, impuestos que cobran las alcaldías por tramos comerciales en el mercado y el Impuesto a Bienes Inmuebles (IBI) por los próximos tres meses. (…) Agilizar las devoluciones de pagos de impuestos sobre la renta en caso que los contribuyentes hayan pagado de más, producto de las retenciones al porcentaje de ventas. Suspender por el resto del año procesos de reparos fiscales a las empresas”.
El plan de los 43 puntos tiene un enorme componente de beneficios fiscales para los empresarios, y no defensa del empleo y el salario de los trabajadores. Sobre estos, solo hay dos líneas: “Procurar pagar el salario básico a los trabajadores mientras dure la etapa de distanciamiento social que la OMS ha recomendado. Procurar el pago inmediato de prestaciones a los trabajadores a quienes se les ha cancelado sus contratos de trabajo”. En estos dos casos, esta la palabra “procurar”, lo que queda discrecionalmente en manos de los empresarios, cumplir o no. No una sola palabra sobre la necesidad de defender el empleo y los salarios.
Evidentemente, el plan de 43 puntos de la ACJD se preocupa mas por los empresarios que por los trabajadores. Pero, además, es papel mojado si no alientan a la población a la lucha. Y no lo hacen.
La preocupante posición de la UNAB
Desde el pasado 3 de abril, la UNAB sacó un a propuesta de 12 puntos, de los cuales solamente dos contenían reivindicaciones económicas: “(…) 10.- Suspensión del pago de los servicios de agua potable y energía para los sectores de menor consumo, no se debe suspender estos servicios básicos por falta de pago (..) 12.- SIBOIF debe autorizar el congelamiento inmediato y momentáneamente el pago de préstamos, hipotecas y tarjetas de créditos y prever un mecanismo para diferir los montos atrasados a lo largo de varios meses sin recargo en las tasas de interés”.
Ahora bien, el 8 de mayo del 2020, la cúpula de la UNAB publicó un comunicado, alertando que se inicio la fase de contagio comunitario, recomendando las siguientes medidas: “1.- Quedarse en casa. (…) 2.- Evitar sobrecargar el sistema de salud. (…) 3.- Crear redes de solidaridad en cada cuadra, en cada barrio, en cada comarca. Acopiando alimentos y medicamentos para quienes lo necesiten. (…)”.
Eso es todo. Ni una sola exigencia o denuncia para que el pueblo luche contra la dictadura criminal. En pocas palabras, salvase quien pueda y a como pueda. Es una actitud omisiva que refleja la bancarrota política de la cúpula de la UNAB. No hay un solo planteamiento para los trabajadores, sean del sector formal o informal.
La UNAB se ha convertido en un pequeño aparato electorero, y no en un organismo de lucha contra la dictadura, en momentos tan duro como el que vivimos. La historia somete a prueba a las organizaciones, y parece que la UNAB no esta pasando la prueba.
