Por Justo Severo Izquierdo

Tremendo revuelo han causado en el país las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández, al manifestar que ya es tiempo de revisar la Constitución de la República y establecer un nuevo pacto social en Honduras.

En una entrevista exclusiva con el noticiero dominical de TN5, el mandatario dijo que: “Yo por primera vez voy a decir algo que creo que es el sentimiento de muchos hondureños, y particularmente en mi caso como ciudadano y como servidor público, creo que ha llegado el momento de que revisemos todo el contrato social del país y que lo hagamos de una forma seria, transparente y altamente participativa, y que si vamos a revisar todo el estamento constitucional hagámoslo para contar con una nueva Constitución.” (El heraldo.hn, 31 de enero, 2016).

Lo anterior coincide también con la propuesta de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-UNAH, Julieta Castellanos, que en el marco de divulgar la creación de la primera maestría en Derecho Constitucional en el país, sostuvo que era necesario reformar la actual Carta Magna, ya que “el ambiente para que eso suceda está dado con la ruptura del bipartidismo, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y la falta de claridad en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).” (Criterio.hn, 31 de enero, 2016)

Otro sector, que es de entero crédito en el país como el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de La compañía de Jesús-ERIC, en el reciente Sondeo de Opinión Pública, dejó mal parado al gobierno, la gente está clara que Honduras se sumerge en una crisis. La ciudadanía cree que el camino para salir a la actual situación del país es convocar a un diálogo nacional con la participación de todos los sectores.

En la encuesta, el 72 por ciento de la población cree que una Asamblea Nacional Constituyente es una opción para salir de la crisis. Además la encuesta arrojó otros datos interesantes como: el 75 por ciento de la población cree que la elección de la Corte Suprema de Justicia es un proceso manipulado; 8 de cada 10 hondureños y hondureñas no conocen el programa Alianza Para la Prosperidad; 7 de cada 10 afirma que JOH es responsable del saqueo del IHSS y la población lo reprobó con 4.2 en su segundo año de gestión (ver el boletín en el siguiente enlace: http://www.jamolandia.com/wp-content/uploads/2016/02/Boleti%CC%81n-SOP2015.pdf )

Juan Orlando Hernández y su grupo aprovecharon esta coyuntura para manifestar de manera demagógica la necesidad de crear una nueva constitución, donde participen todos los sectores, sin exclusión alguna, para subsanar la corrupción y acabar con la impunidad. Consideramos que el verdadero trasfondo de promover una nueva constitución en este momento, por parte de JOH, es la de maniobrar para llevar a la negociación a Mel Zelaya como líder de la tercera fuerza política, junto al PAC, que conforma la cuarta fuerza y por tanto los dos grupos de oposición que entorpecen el proyecto reeleccionista de JOH. En este caso, la estrategia de los nacionalistas es que Zelaya termine negociando y se le cumpla lo de tener un representante en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional de las Personas, a cambio de que Manuel Zelaya apruebe a través de toda su bancada la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia.

Consideramos como Partido Socialista Centroamericano, que en el caso que se diese el proyecto de una nueva Constitución, esta se amarraría desde las altas cúpulas, se redactaría desde ahí, ya que hay un proceso de reorganización del Estado desde arriba, impulsado por el imperialismo norteamericano, con mucho forcejeo allá abajo con la burguesía. Al gobierno lo que le interesa en este momento es elegir la Corte Suprema de Justicia para manejarla a su antojo, y crear una constitución que cambie y consolide el régimen al hacerlo más autoritario, más centralizado. La actual constitución urge cambiarla, ya que presenta dificultades en el marco institucional, ya no obedece a los intereses de los Liberales y Nacionalistas, porque se rompió el bipartidismo, ahora hay cuatro fuerzas que luchan por el control político; la constitución que está vigente ya no permite el consenso para elegir la Corte, en ese sentido, toda propuesta de constituyente que venga de las cúpulas, sería una constituyente desvirtuada desde el inicio, no representaría la voluntad del pueblo, los sectores poderosos se pondrían de acuerdo en cómo redactar la misma para su propio beneficio. ¡No más demagogia!