Por Ernesto Sánchez
Después de todo un proceso de negociación entre el FMLN y ARENA la crisis política a nivel de los órganos legislativo y judicial generada   por la disputa de cuotas de poder entre   la tradicional clase dominante y los sectores económicos emergentes ha llegado a su final,  como parte de los acuerdos  las generaciones de magistrados  2006 y 2012 serán reconocidos, se da un  convenio hacia una reforma constitucional.
Queda como presidente de la Corte Suprema de Justicia José Salomón Padilla, mientras Ovidio Bonilla queda como magistrado, Belarmino Jaime permanece como magistrado  en la Sala de lo Constitucional, de esta forma la dirección del FMLN y ARENA logran  casi el 50% de cuotas en el interior del órgano judicial, lo cual evidencia el triunfo de sectores económicos emergentes en lucha por consolidarse como clase dominante, que es la principal razón de dicho conflicto ya que en dichos acuerdos no existe ninguno que sea en beneficio de la clase trabajadora.
La derrota de la ANEP
La Asociación Nacional  de la Empresa Privada, ANEP ha cuestionado  la legalidad de los acuerdos tomados,  para poner fin al conflicto, respecto a ello el presidente Funes a expresado: “¿Y quién los invitó a esta fiesta?, si los que tienen que decidir son los partidos políticos y no la ANEP… Ya no son los grupos de poder económico los que deciden” (El Mundo, 21/08/2012).
Mientras se negociaba el reparto de las cuotas de poder en el órgano judicial el Presidente Funes restringía la cuota de poder de la ANEP en aproximadamente 20 instituciones autónomas, mediante reformas a la leyes orgánicas que fueron posible con la alianza de GANA, PCN, PES, con dichas reformas organizaciones gubernamentales y otras gremiales del sector privado pueden  presentar ternas, pero será el Presidente quien las elija. Al  respecto José Luis Merino del FMLN, considera que el gobierno de Funes  no es que quiera sacar a la ANEP de dichas instituciones  manifestando  que ““…el presidente de la República, Mauricio Funes, ha tenido “reclamos” de otras gremiales empresariales, sobre por qué la ANEP tiene cuotas en las autónomas y no ellos. Aseguró que esos empresarios han manifestado al mandatario que ellos no se sienten “representados” por la ANEP en esas instituciones…que esas gremiales “no comparten” cómo la ANEP “usa esa representación” en las autónomas…No comparten cómo ANEP selecciona a los representantes.”” (http://elmundo.com.sv).  Al respecto la ANEP considera que “El presidente afirma que la ANEP no representa a todos los empresarios, pero quizás el Presidente Funes ignora que ANEP representa alrededor de unas 15,000 micro, pequeñas y medianas empresas de todas las áreas económicas,…que trabajan arduamente a diario…y al mismo tiempo generar alrededor de 550,000 empleos en el país…A quienes no representa ANEP es a los empresarios a quiénes, usted, Señor Presidente, quiere manejar. Nosotros tenemos principios que defendemos aunque a usted le parezca incómoda nuestra representación independiente. ( http://www.anep.org.sv).
Fuera la ANEP y toda empresa privada de las instituciones estatales
Es indiscutible la  lucha entre sectores económicos emergentes y la clase dominante tradicional, así mismo es evidente el rompimiento y la división que existe entre sectores de la empresa privada.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que la medida realizada por el gobierno de Funes y del FMLN respecto a limitar el poder de la ANEP en las instituciones autónomos es una medida insuficiente ya que limitara la participación de la empresa privada aglutinada en la ANEP, pero  permitirá la participación de otros empresarios, además de concentrar la capacidad de nombramientos en el presidente, por lo tanto consideramos que quienes deben  de participar y nombrar a los responsables de dichas instituciones son las personas que trabajan en las mismas.
Luchemos por una nueva Constitución
El llamado a las organizaciones sindicales, campesinas, pueblos originarios y populares a construir un frente unitario para reclamar la instalación de una Asamblea Constituyente continua vigente, no debemos permitir que las cúpulas partidarias y los empresarios nos arrastran a sus planes ya que al final terminan negociando para su propio beneficio y para el beneficio de las mayorías, debemos movilizarnos y luchar por una constitución que reconozcan y garantice el bienestar de todo el pueblo salvadoreño.