Por: Salvador Belloso.

A propósito de las jornadas de protestas realizadas en diferentes ciudades de Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, es necesario traer a colación algunos sucesos ocurridos en El Salvador durante las cuarentenas. Está demostrado que la Policía Nacional Civil (PNC) realizó ejecuciones extrajudiciales contra tres ciudadanos, sin que estos crímenes provocarán sensibilidad o conmoción popular, y mucho menos dio cabida a protestas. La violencia y los asesinatos se ha convertido en algo “normal”.

Estamos genuflexos ante los constantes atropellos de los órganos represivos del Estado, cerramos los ojos ante estas constantes violaciones a los derechos fundamentales. Aceptamos como ciertas las mentiras oficiales de que esos asesinatos son necesarios para combatir la criminalidad y delincuencia de maras y pandillas. No obstante, los resultados de estas ejecuciones selectivas no rinden los frutos esperados. Al contrario, tal y como se ha comprobado, empeora la situación de inseguridad y violencia.

El poco valor de vida para el Estado.

La conceptualización discursiva del Estado, expresa falsamente el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos, y el derecho a la vida como principio y fin de la actividad del este. En la realidad las cosas no ocurren así: se impone la desigualdad económica, seguido por la constante persecución a los marginados a quienes se consideran un “peligro social”.

No es extraño que se tipifiquen los supuestos delitos que tiene origen en la desigualdad social, y se impongan duras penas en nuestro sistema judicial. Así podemos contemplar el trato preferencial a los delincuentes de cuello blanco, mientras se da el escaso acceso a la defensa del pobre al que se le imputa cualquier delito.

También encontramos cierta permisividad impune al persecutor de los procesos de criminalización secundaria. Los agentes de la PNC, desde la gestión Sánchez Cerén-FMLN a la actual Bukele-GANA, tienen en los hechos libertad de asesinar sin observar los presupuestos de las excluyentes de responsabilidad penal para el uso letal de la fuerza, lo que indica que los asesinatos extrajudiciales forman parte de la política criminal Estatal que  los diferentes gobiernos aplican.

Todas las funciones del poder (no poderes porque el poder no se parte, sigue siendo uno solo) del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) colaboran para favorecer su eficacia. No es de extrañar que la Fiscalía General de la República (FGR), se haga de la vista gorda ante los asesinatos cometidos por agentes policiales e incluso militares quienes han retornado a la administración de la seguridad pública como en el sangriento pasado.

Es necesario un cambio radical de las políticas seguridad públicas.

El problema de la violencia y delincuencia sitúa sus efectos en los homicidios cuyas cifras son inestables, pues cambian de acuerdo a la dinámica de los pactos oscuros con las administraciones gubernamentales.

En el mes de abril hubo un repunte de homicidios, a lo cual el presidente, que es constante en su actividad publicitaria, dijo a través de un tuit que autorizaba el uso de la fuerza letal a los miembros de la PNC y FAES. Posteriormente se hicieron públicas tres hechos de sangre perpetrados por agentes policiales y miembros de la FAES. Tal es el taxista no autorizado que fue abatido luego de maniobras imprudentes en su automóvil pero que no reúne las condiciones en las que deba ser enfrentado letalmente, esto ocurrió en San Martín, San Salvador. El día de las madres fue apagada la vida de una joven en el municipio de San Julián, Sonsonate, que salió a comprar con ocasión a la festividad del 10 de mayo. El reporte policial decía que fue abatida una pandillera en un enfrentamiento, lo cual fue desmentido. En Zacatecoluca, La Paz, luego que fuera entregado el cuerpo de un joven a sus familiares en un féretro sellado, pero por sospechas lo abrieron descubriendo algo aterrador; el cuerpo tenía hematomas y estaba esposado. 

No debemos seguir tolerando ningún tipo de violación a los derechos fundamentales por parte de los cuerpos de seguridad pública o militar, debemos exigir soluciones estructurales a los problemas de violencia y que sean transparentes. Para exigirlo el pueblo estadounidense nos ha dado el ejemplo que a seguir: la movilización contra los abusos y violaciones cometidos por los órganos represivos del Estado.


 Por Mario Bladimir Carranza

La región Centroamericana por su posición geográfica y estratégica, siempre ha sido codiciada por diferentes invasores desde tiempos muy remotos.

Hoy haré mención especial del valeroso pueblo de Cuzcatan en la aurora del siglo XVI DC.

Fue el 6 de junio que el invasor el adelantado Pedro de Alvarado, haciéndose   acompañar de un gran número de soldados españoles ingresó de forma violenta  al territorio de Mochizalco, donde no tuvo mayor resistencia y de esa manera el día  siguiente  entró a la población  de Acatepeque, donde se topó con la ancestral estrategia del abandono del poblado, mas al no encontrar resistencia alguna en dos  de los pueblos del gran señorío de Cuzcatan.

Este y sus secuaces  asesinos, se dirigen al tercer poblado  llamado Acaxual  actual Acajutla; donde la suerte no fue la misma, debido a que  juntos los tres pueblos  y sujetos al mando del gran cacique guerrero Atonal y sus hermanos, dieron estos tremenda resistencia y batalla  al invasor, el cual gozaba de extrema superioridad respecto a técnicas de guerra y armas a más de  los vicios de la ambición  a los bienes de los naturales por medio del brutal saqueo, algo que para su cultura era natural ya que venían diestros en luchar contra los árabes  que en su lejana España  les tenían  desde hacía siete siglos atrás bajo su dominio, cuya situación  había llevado a España casi a la bancarrota; por tal motivo víeronse  en la necesidad de alejarse a otros rumbos y rutas hacia otros territorios.

Noble resistencia

Fue ese día  08 de junio de 1524 que en esos parajes bellos y ricos de esta sagrada tierra, los brutales españoles apoyados por guerreros indígenas  tlaxcaltecas enemigos resentidos con el casi conquistado  imperio  azteca, invaden y todos como una jauría  hambrienta se abocaron a Acaxual esperando las mismas condiciones que en las dos ciudades anteriores, mas para su sorpresa los indígenas respondieron con valentía la  intromisión del enemigo externo.

La Resistencia contra el invasor continúa

Vale la pena recalcar que la resistencia de este noble y valeroso pueblo pipil, desde aquel histórico 8 de junio de 1524, no ha  cesado.

Recordemos el gran levantamiento indígena que en tiempos de la conquista  fue el gran cacicazgo  de los Nonualcos y que la sangre y la resistencia de los hijos de esa prolífica tierra, fueron llevados al podio de la historia por el gran Abueloguerrero ancestral Anastacio Martir Aquino, líder del conocido levantamiento indígena de 1833.

Vale también   resaltar la gesta heroica, esta vez nuevamente de los pueblos del occidente del país con el levantamiento indígena campesino en contra de las políticas abusivas, la sobre explotación y el Irrespeto a los resultados electorales favorables a los representantes indígenas.

Esta vez   la oligarquía y el estado burgués bajo la dictadura militar del General Maximiliano Hernández Martínez, extermino unas 32,000 personas pertenecientes a los pueblos indígenas.

Ante todas estas barbaries realizadas por externos y el estado burgués  salvadoreño en contra de la humanidad de las poblaciones indígenas y campesinas  en general, ahora  los ofendidos pueblos indígenas  organizados en asociaciones, cofradías Alcaldías del común y otras formas, llamamos primero a la UNIDAD de todas estas formas de organización  para que juntos y unidos en un solo movimiento luchemos y defendamos todos nuestros derechos los cuales  por siglos nos han sido negados; al tiempo que exigimos Justicia a favor de  toda  la población  indígena y que  el gobierno de la gran alianza y de Nayib Bukele y la Asamblea Legislativa ratifiquen  el  convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y minorías.

Que nos devuelvan nuestra madre Tierra

 Los pueblos indígenas y su descendencia somos legítimos  dueños de esta bella tierra de Cuzcatan, la cual robada por los invasores españoles, y sus descendientes, todos juntos a luchar por nuestros territorios hasta el final.

Toda política gubernamental en materia de Pueblos Originarios para que verdaderamente represente los intereses de los Pueblos Originarios debe contemplar la devolución de las tierras comunales e ejidales, las cuales son una parte de nuestros territorios.

Es tiempo de contar con representantes de Pueblos Originarios en los diferentes órganos de gobierno

Por años los Pueblos Originarios hemos sido excluidos de la política, todos los partidos políticos, han hablado en nombre nuestro, es momento que discutamos la necesidad de participar directamente en los asuntos políticos del ahora estado salvadoreño, debemos discutir y trabajar para contar con representantes nuestros en la Asamblea Legislativa siendo uno de los mecanismos:  las candidaturas no partidarias.


Por German Aquino

Este 1 de junio del 2020  se cumple un año del gobierno de Nayib Bukele, quien ganó las elecciones presidenciales del 2019 bajo la bandera del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) con un total de 1, 434,856 votos  derrotando a la coalición  de Derecha ARENA-PCN-PDC-DS la cual obtuvo 857,084 y a la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la cual obtuvo  389,289 votos.

Ausentismo, apatía  y primeros síntomas de la crisis política

Vale señalar que en esa coyuntura electoral según el Tribunal Supremo Electoral la población  de El Salvador  era de 6,411,558 habitantes, teniéndose un total de 5,268,411 personas en el padrón electoral de las cuales 5,948 corresponde a salvadoreños en el exterior. 

De este  padrón electoral solamente se movilizaron a emitir su voto 2, 733,178  de estos Bukele-GANA obtuvo solo un 53.10 %, ARENA 31.72 % y FMLN 14.41 %, VAMOS  0.77 %, mientras el rechazo al sistema antidemocrático   se hiso sentir con los votos nulos (0.96%) y votos en blanco (0.18%).

Los votos  a favor del ahora presidente Bukele fueron superiores respecto a los demás partidos, pero en realidad solamente representan un aproximado del 27 % del patrón electoral, existiendo un porcentaje súper mayor de personas aptas para votar que no se movilizaron a emitir su voto lo que refleja el descontento de las personas hacia el antidemocrático sistema político salvadoreño. En realidad Bukele ganó con un  bajo porcentaje de votos respecto al patrón electoral.

La crisis del sistema democrático burgués

Desde sus inicios el gobierno Bukele-GANA, se ha caracterizado por sus enfrentamientos  con la Asamblea Legislativa, el mismo hecho de hacer la tomada de posesión en la plaza pública y no en la Asamblea Legislativa era el anuncio de lo que vendría más adelante.

La frágil democracia burguesa salvadoreña, después de las dictaduras militares, sufriría una estocada por el  gobierno de Bukele-GANA, cuando el día 9 de febrero haciendo uso de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) tomara  por asalto la Asamblea Legislativa, como  medida para presionar la aprobación de un préstamo  de 109 millones  para financiar la Fase III del Plan Control Territorial.

Este primer año de gobierno de Bukele ha sido suficiente para determinar que estamos ante un régimen bonapartista de derecha, el cual de permitirlo podría derivar en régimen fascista, poniendo en riesgo las libertades democráticas fundamentales.

Bukele ataca los efectos y no las causas de la delincuencia

La violencia y delincuencia han sido los problemas fundamentales de los cuales la población salvadoreña demanda una pronta solución es por ello que el gobierno de Bukele el 20 de junio de 2019 inicia con su plan denominado  Plan Control Territorial el cual pretendía golpear a las maras y pandillas como principales responsables, para ello recurrió a continuar con la militarización del país la cual se venía dando desde los anteriores gobiernos.

El Plan Control Territorial es un remozamiento de los planes de seguridad implementados por los anteriores gobiernos, es un plan cuyo financiamiento está basado en préstamos.  La primera fase implico la presencia de un mayor número de militares y policías en las comunidades, lo que en su momento llevo a que la población percibiera una mejora en materia de seguridad. Con la pandemia los índices de violencia y delincuencia han bajado drásticamente.

El haberse disparado los índices de homicidios en plena pandemia mostró  el verdadero carácter represivo del Presidente Bukele quien manifestó  "El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", además de instaurar un estado de emergencia máxima en las cárceles. 

Lo anterior demuestra que en realidad el gobierno de Bukele continúa aplicando planes represivos de combate a la violencia y delincuencia y no ataca las verdaderas causas. En materia de seguridad Bukele busca mantener su popularidad a punta de represión.

Los altos niveles de aprobación del presidente Bukele

Según una encuesta realizada por La Prensa Gráfica respecto a la aprobación del trabajo realizado por el Presidente Bukele “el 92,5% respondió que lo aprueba, el 5,4% lo desaprueba, mientras que 2,1% no respondió.”

Estos niveles de aceptación en gran medida están relacionados con la baja de los homicidios diarios, lo cual  ha sido producto de la militarización y de otras medidas represivas realizadas bajo el amparo de los  estados de emergencia impuestos con el pretexto de la pandemia, los altos niveles de aprobación están relacionados con el tema de seguridad en donde un 93,2%  avalo el manejo del mandatario en materia de seguridad pública, frente a un 3,2% que lo calificó de regular, un 3,1% lo tildó de malo, y el resto del porcentaje no respondió. 

Los planes represivos de seguridad más que resolver el problema agudizan más la problemática, la cual ha sido opacada por la pandemia.

Los sindicatos frente al gobierno de Bukele

El actual Ministro de Trabajo Rolando Castro desde su llegada inicio violentando la Constitución; Tratados y Convenios internacionales así como demás Leyes al quitar de un plumazo Juntas Directivas que habían sido electas democráticamente por sus bases e imponiendo Juntas Directivas afines al gobierno.

Mientras Rolando Castro desarrolla una corriente sindical liderada por sindicatos gubernamentales que le sirva al gobierno de Bukele en sus planes, otras organizaciones sindicales continúan apegadas a las agendas de los partidos políticos del régimen quienes tienen intereses  diferentes a los de la clase trabajadora.

En esta pandemia los sindicatos alineados al gobierno se han dedicado a tirarle flores, mientras los trabajadores salen a denunciar las deficiencias.

Son los trabajadores del sector privado quienes en este primer momento están sufriendo las consecuencias de la pandemia lo que  les ha obligado a salir a manifestarse ante la inoperancia del Rolando Castro.

Las bases deben luchar para que las direcciones sindicales mantengan la independencia de clase respecto al gobierno de Bukele y demás partidos políticos del régimen.

Mínimo balance del manejo de la pandemia

Al gobierno de Bukele le toco afrentar la pandemia por la enfermedad del COVID-19, la cual ha sabido manejar a favor de su agenda política y económica, a estas alturas han quedado evidenciadas las deficiencias que el gobierno ha tenido en esta pandemia pudiendo mencionar algunas: 

Manejo inadecuado de centros de contención:   según cifras oficiales actualmente se cuenta con 89 centros de cuarentena, desde sus inicios fueron muchas las quejas de las personas que se encontraban en dichos centros por considerar, que existía un alto riesgo de contagio.

A la fecha las personas retenidas  en dichos centros de cuarentena  suman 3,127 personas, muchas de las cuales denuncian que a pesar de llevar más de cuarenta días no han obtenido mayor información respecto a su condición, por el contrario lo que se han atrevido a denunciar son trasladados a otros centros, como ejemplo se puede citar las  personas del  centro de contención casa de retiro de Nuestra Señora Monte Carmelo en Ciudad Delgado quienes se atrevieron a denunciar las malas condiciones y la respuesta por parte del gobierno fue el traslado a centros de contención ubicados en otros departamentos.

Falta de Equipo de protección Personal (EPP): Desde inicio de la pandemia los trabajadores de salud denunciaron la falta de EPP, en los centros médicos hospitalarios. Lo falta de EPP llevo a que muchos trabajadores de salud del MINSAL y del ISSS se contagiaran. Vale señalar que también el personal de la PNC y de las Fuerzas Armadas también necesita que se le dote del EPP necesario.

Improvisación: la pandemia puso de manifiesto el deficiente sistema médico hospitalario y falta de un plan en materia de salud, y ya no se diga para enfrentar la pandemia, lo que llevo a tomar medidas a la carrera, como la compra de medicamentos sin mayores estudios, esta improvisación llevo también a que los personas que sufren enfermedades crónicas no recibieran la atención medica-hospitalaria adecuada quienes ha sido condenas a morir en sus casas.

Cuestionables datos: los datos brindados oficialmente no concuerdan con la realidad que se vive día a día en los hospitales en donde el personal tiene que lidiar con la sobrecarga laboral, los niveles de contagio son altos, personas manifiestan que a pesar de haber dado positivo a la prueba ha tenido que esperar para recibir el tratamiento adecuado lo que aumenta el contagio, lo anterior por falta de personal de salud.

En la práctica el sistema hospitalario está al borde del colapso, los centros de atención COVID ya no tienen capacidad para recibir más pacientes,  todo apunta que el gobierno de Bukele encubre la realidad, lo anterior tiene como finalidad esconder el fracaso de sus medidas lo cual bajaría sus niveles de popularidad.

Trabajadores privados han cargado la pandemia: En esta pandemia los trabajadores del sector privado han cargado con despidos, recortes salariales, suspensión de contratos. Etc. A pesar que existen trabajadores del sector  privado que al igual que los trabajadores gubernamentales de salud y de los cuerpos de seguridad han estado en primera, el gobierno no obligo a los patrones a que les pagaran un bono extra, por lo cual estamos a tiempo de exigir un  bono de $300 para estos trabajadores.

Prevalencia de los intereses del gran empresariado: en estos momentos el gobierno de Bukele y los diferentes partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa han cedido a los llamados del  Gran empresariado salvadoreño y  de la Asociación Nacional  de la Empresa Privada (ANEP), quienes buscan la reapertura  de sus empresas, parte de ello es la discusión por  la aprobación de  la “Ley especial transitoria de atención integral a la vida y la salud, declaratoria de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y de reapertura de la economía”. Ante esta eminente apertura de la economía es necesario que se dicten medidas a favor de clase trabajadora, el campesinado, y demás sectores populares.

Crisis alimentaria: Son miles de banderas blancas que ondean en los hogares salvadoreños en señal de necesidad de ayuda alimentaria, el gobierno de Bukele no ha podido resolver el problema de alimentación de estas familias, lo cual obliga a estas personas a salir de sus hogares en busca de ayuda.


Por German Aquino.

Antes de la pandemia del COVID-19 existía una lucha del gobierno de Bukele contra los órganos legislativo y Judicial. Ahora, este conflicto se ha acentuado. Bukele utiliza las medidas de combate contra la pandemia, define sus estrategias y acentúa sus disputas políticas, para crear y fortalecer su base social o clientela electoral, haciendo concesiones económicas a los grandes grupos empresariales, en detrimento de los intereses del pueblo salvadoreño.

Los alarmantes niveles de contagios y colapso de centros de atención

Desde el 18 de marzo, cuando se detectó el primer caso, al 20 de mayo 2020 se han realizado 62,838 pruebas COVID19. De este total, 1,571 fueron confirmados como positivos, lo que muestra un ascenso de la curva. A la fecha han fallecido 31 personas por el COVID-19. Vale aclarar que las cifras en gran parte no reflejan la realidad, la cual podría ser más alarmante.

Los trabajadores y organizaciones sindicales de trabajadores de la red de hospitales del Ministerio de Salud (MNSAL) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como conocedores de la realidad hablan con conocimiento de causa y  están alertando del colapso de la red hospitalaria por lo que  piden se continúe la cuarentena.

Trabajadores y Sindicatos de salud expresan la realidad

Al respecto el Sindicato de Enfermería  del  Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SEISSS), mediante comunicado del 18 de mayo del 2020, ha manifestado: “como SEISSS queremos hacer del conocimiento público las situaciones que se viven a diario en los diversos centros de atención del ISSS producto de la emergencia nacional: …el hospital regional de Sonsonate, unidad médica Atlacatl que están atendiendo pacientes sospechosos y positivos a COVID-19 y dichos pacientes permanecen hasta 8 días  esperando  ser trasladados por SEM esto por falta de lineamientos claros, adecuación de áreas física inadecuadas…”.

De igual manera, el Sindicato de Defensa de las Trabajadoras y los Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIDETTRISSS), en relación al conflicto entre los políticos, manifestó “…como sector salud les hacemos un llamado a lograr un acuerdo que beneficie EXCLUSIVAMENTE AL PUEBLO; a que visiten los Centros de atención del ISSS y MINSAL, para que constaten de primera mano la triste realidad del COVID-19  y su alto grado de CONTAGIO Y MORTANDAD , y de cómo estos ya están a punto de colapsar…”

Los trabajadores de todos los centros de atención medico hospitalaria  del MINSAL y del ISSS, están manifestándose y piden a las autoridades se prolongue la cuarentena, para salvaguardar la vida y la salud del pueblo salvadoreño, y la de ellos mismos como trabajadores. Muchos trabajadores de salud  han salido contagiados y están sufriendo la sobrecarga laboral, por lo cual todavía se continua denunciado la falta de Equipo de Protección Personal (EPP). 

Más allá de la discusión legal

El gobierno de Bukele ha dictado una serie de Decretos, como el relacionado con la emergencia nacional por la enfermedad del COVID-19, por medio de los cuales han restringido algunos importantes derechos fundamentales, bajo el pretexto de “salvaguardar la salud de los salvadoreños” .

Muchos de los Decretos dictados por Bukele han generado controversias, debido a que, bajo la democracia burguesa, cuando se limitan derechos fundamentales, necesariamente tendrían que pasar por la ratificación o rechazo de la Asamblea Legislativa. Este conflicto ha involucrado a las cámaras empresariales, a los partidos políticos de la Asamblea Legislativa, incluida la Sala Constitucional que ha emitido sentencias en defensa de las instituciones y la frágil democracia burguesa.

No es para menos. Bukele está usando el descontento social contra los partidos ARENA-FMLN  y el miedo a la pandemia para imponerse sobre los otros poderes del Estado. Más allá de las discusiones jurídicas, la clase trabajadora debe revisar y discutir hasta qué punto estos decretos (Legislativos o Ejecutivos) han asegurado la salud, la vida, el trabajo y la comida del pueblo salvadoreño.

Los niveles de contagio, mas allá de las cifras oficiales, van en aumento. El sistema de salud está colapsando, la gente se está enfermando. Los enfermos crónicos están falleciendo por falta de atención. Los niveles de contagio del personal de salud son altos, las empresas no están pagando los salarios a sus trabajadores, miles de personas se han quedado sin empleos, la crisis alimentaria va en aumento. Los decretos ejecutivos y legislativos no han dado una repuesta adecuada, mas bien las cosas empeoran cada día.

Los prorrogables “Estado de Emergencia” y evasión de  la LACAP

El 14 de marzo de 2020 se emitió el Decreto Legislativo No. 593 mediante el cual se declaro estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio, para un plazo de 30 días. Este Decreto después de múltiples prorrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa finalizo el 16 de mayo del 2020.

Al no ponerse de acuerdo el ejecutivo y el legislativo, Bukele invocó el artículo 24 inciso 2° de  la Ley de Protección Civil y Mitigación de Desastres, para dictar el Decreto Ejecutivo No 18 declarando otra vez el “Estado de Emergencia Nacional” por un periodo de 30 días a partir del 16 de mayo, esquivando el control de la Asamblea Legislativa.

El Decreto Ejecutivo No 18  en el Art. 9 establece que “…la presente disposición adquiere carácter especial y prevalece sobre cualquiera  que la contrarié, inclusive  sobre los procedimientos de adquisición y contratación establecidos en la LACAP,...” .

¿Por qué quieren burlas los controles de la LACAP? Una de las razones de Bukele para declarar el “Estado de emergencia” no está relacionado con la vigencia de la cuarentena, sino en que quiere tener las manos libres para asignar las millonarias compras a su grupo de poder. La Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, finaliza hasta el 21 de mayo. La discusión no era sobre la cuarentena, sino sobre como burlar la LACAP.

Defienden la legalidad pero no los intereses del pueblo

El Decreto Ejecutivo Numero 18 fue criticado por los  partidos políticos y el gran empresariado.  Óscar Ortiz de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí (FMLN) manifestó: "Lo que el Ejecutivo hizo el fin de semana es ilegal, está por encima de sus atribuciones constitucionales. Lo que el Ejecutivo dio a conocer es un fraude de ley, porque conociendo que no puede hacerlo, aún así lo dio a conocer" (DEM. 18/05/2020).

A la fecha, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, suspendió el Decreto No 18, señalando que: “Mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad, las autoridades del Órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece; asimismo, se suspenden los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del aludido decreto ejecutivo número 18”  (DEM. 18/05/20209).

Mientras se pelean en las alturas, miles de trabajadores sufren desempleo, recorte de salarios, etc.

Bukele calma a los grandes empresarios

La turbulencia generada a raíz del Decreto Ejecutivo No 18, forzó a Bukele a reunirse con los grandes empresarios, para calmar su descontento: “…el presidente de Agrisal, Roberto Murray Meza; Ricardo Poma, de Grupo Poma; Francisco Calleja, de Grupo Calleja; Víctor Saca, de Laboratorios Vijosa; Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de Avianca; Mario Salaverría, de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES); Diego de Sola, director ejecutivo de Inversiones Bolívar; Claudia Alexandra Araujo de Sola, presidenta del Comité Nacional del INCAE Business School; y miembro de otras empresas..”  (DEM. 19/05/20209).

En esa reunión no estuvo presente Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quien al momento lidera la oposición empresarial al poder ejecutivo.

Al respecto, Bukele manifestó que “…mientras los diputados se reunían con la ANEP, nos reunimos con los empresarios más grandes del país y llegamos a un entendimiento”.

Según Comunicado de prensa de la Presidencia: “El Presidente Nayib Bukele sostiene encuentro con grandes empresarios del país y se acuerda impulsar una hoja de ruta para la reapertura económica el 6m de Junio…el plan incluye un periodo de cuarentena  estricta de dos semanas, previo al reinicio de labores económicas  el próximo 6 de junio , aunque el Presidente Bukele recordó que esto va amarrado  a una Ley de Emergencia Nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa, …”  

El gran empresariado reafirmó la necesidad de la reapertura de sus empresas haciéndole el llamado a: “…restablecer el diálogo y la comunicación con total respeto entre las instituciones de gobierno, las gremiales empresariales y los sectores políticos… " . (DEM. 19/05/20209).

El problema de la reapertura sin protección para los trabajadores

La realidad es que ninguna cuarentena puede ser eterna. Todos queremos volver a la anterior normalidad, pero ahí está, escondido, el virus acechando sobre nosotros

Bukele se puso de acuerdo en la reapertura gradual de la economía, pero por ningún lado de mencionan las medidas de protección económicas y sanitarias para los trabajadores y sus familias.

Cualquier reapertura debe garantizar las medidas para disminuir el contagio en las empresas, eso implica trabajar por turnos, en grupos más reducidos para que haya distanciamiento social y protección en los centros de trabajo, en el transporte público y en los centros de enseñanza. Se debe reinstalar en sus puestos de trabajo a aquellos que fueron despidos o sus contratos suspendidos.

Decreto NO 19 versus Ley de Salud

 El 18 de Mayo con 63 votos la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia por COVID-19,   la cual mantiene aspectos  de las leyes anteriores, manteniendo la cuarentena por 15 días más e incorporando un Plan de reactivación económica en cuatro fases.

Bukele anunció que vetaría esa ley. El 19 de Mayo, Bukele emitió el Decreto Ejecutivo No 19 y dictó un nuevo Estado de Emergencia

Los trabajadores  y sus organizaciones sindicales no debemos apoyar ni hacer barra a ninguno de los grupos en pugna, debemos exigir medidas concretas que defiendan al trabajador en caso de continuar la cuarentena o de una reapertura de la economía.


Por: Alberto Castro.

El presidente Nayib Bukele, había anunciado Cadena Nacional de Radio y Televisión para el día lunes 4 de mayo, pero en último momento la pospuso 24 horas, aduciendo que le daba tiempo a la Asamblea Legislativa (A.L), para que serenamente tomara sus decisiones, en seguida, con un madrugón el martes 5 la A.L,  materializó los acuerdos previamente establecidos entre el Gobierno y ANEP, pacto que se da a pocos días de haber asumido Javier Simán, la presidencia de dicha gremial empresarial.

Con 56 votos a favor y 26 en contra fueron aprobadas: la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por el Covid-19, a su vez fueron aprobadas la Ley de Protección del Empleo con 48 votos y otra deuda de $1,000 millones. Concretaron su pacto con la venia de todas las fuerzas políticas a excepción del FMLN, quien se quedó fuera al ya no poseer suficiente fuerza como grupo empresarial y al carecer de la capacidad de movilización que antes tuvo. 

Publicidad vs realidades.

Las cuarentenas han paralizado algunas actividades comerciales e industriales, tras lo cual el empresariado realizó sin vacilar suspensiones y despidos de hecho apoyado en la legislación laboral, en la práctica esto dio como resultado que los efectos económicos de la pandemia fueran cargados sobre los hombros de la clase trabajadora, a lo que hasta el momento no ha habido defensa y resistencia contundente debido a la ausencia de direcciones clasistas en el movimiento sindical del país, esto ha motivado a que los trabajadores afectados emprendan la peregrina gesta de resistir mediante diferentes y aisladas jornadas de protestas como las realizas por los trabajadores de Urbano Express y de la empresa Yazaki. Estos sucesos nos muestran la urgencia de unificar todas las expresiones que forman parte del mismo componente de trabajadores afectados, para que la carga de la crisis de la pandemia deje de ser un peso a cuestas por la clase trabajadora. Podría creerse que la Ley de Protección del Empleo resolverá parte del problema, al únicamente subsidiar del 50% del sueldo de los trabajadores de la PYMES que pierdan su empleo, siempre representa una desmejora salarial, en su lugar se requiere de una Ley de Renta Universal que cubra el subsidio salarial del 100% y hasta por cuatro meses después de despedido.

En la eternamente agobiante Cadena, Bukele omitió adrede un anuncio importante; que desde el 7 al 21 de mayo el transporte público no estará funcionando, tampoco el servicio de transporte privado, sino únicamente los vehículos particulares y de transporte de personal, lo que afecta a quienes (que somos la mayoría) no puedan moverse a sus trabajos. Seguidamente afecta a los trabajadores informales al cesar su fuente de ingresos, sin dudas el presidente que acostumbra mentir dijo que conoce la pobreza pero para  profundizar sus excusas.

Bukele prioriza la ANEP y no a la clase trabajadora.

El Salvador desde la crisis capitalista del 2008 no crece significativamente PIB arriba del 2.5%, el año el año pasado creció un 2.3%. Debido a las secuelas de la pandemia el Banco Mundial estima un receso del -4.3, lo que significa que entraremos en la dinámica de la crisis capitalista mundial. Ante esto los organismos financieros internacionales ya alertan al tercer mundo a tomar medidas precautorias para evitar el colapso financiero, el FMI ha recomendado al país elevar el IVA, en la actualidad es del 13%, por si fuera poco, recomienda elevar la edad de jubilación. La deuda del Estado supera los 20 millones, la mayor deuda de América Latina con relación al bajo PIB. El Gobierno de GANA-BUKELE, implementará el reforzamiento bancario mediante fideicomisos para desde allí impulsar la industria de servicios de manera financiada, por eso en la distribución de los un mil millones de dólares según el decreto N.º 640, $600 millones servirá para tales propósitos, para las PYMES el estímulo será de $360 millones, $140 para los trabajadores de este rubro resulten afectados, $100 millones para crear nuevas PYMES, por ultimo $400 millones de donde $300 serán para pagar la concesión del IVA a los exportadores y $300 para proveedores del Estado.

Como se corrobora, Bukele ha priorizado al gran capital en detrimento de la clase trabajadora, debemos oponernos a tales agresiones por la vía organizada, proponer una Ley de Renta Universal, exigir restitución de los despidos, no más suspensiones de contratos, no al pago de la deuda externa, no más aumentos al IVA, en su lugar más impuestos al gran capital. 

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