Por Sergio Del Águila, corresponsal de agencias

San Salvador 30 de julio de 1975. El otro de la escena en la masacre del 30 de julio, era yo, un joven que había despertado tempranamente a las ideas y a la conciencia social, inspirado en esos tremendos muchachos del Movimiento 13 de Noviembre, las Fuerzas Armadas Rebeldes y los líderes del Partido Guatemalteco del Trabajo, cuyos mejores hijos eran encarcelados y torturados por esbirros de las dictaduras cívico militares desde el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz de 1954.

Los salvadoreños traían su proceso avanzado en la organización para la lucha de masas, de la cual Guatemala no era ajena, pues diversas expresiones de la clase trabajadora y su estamento, siempre mantuvieron relaciones fraternas inspiradas en el internacionalismo entre sindicatos, en particular incidía la organización marxista que en El Salvador era de vanguardia local y centroamericana.

El día que llegamos a la sanguinaria masacre de estudiantes de 1975, ya habían transcurridos invaluables experiencias; los partidos Comunista Salvadoreño (PCS) y Guatemalteco del Trabajo (PGT) habían sufrido escisiones a partir de la polémica de si la lucha armada o no, era la vía para la toma del poder. También como en Guatemala, en El Salvador ya habían surgido grupos audaces que permitieron a finales de los setentas, pensar en una  especie dirección revolucionaria unificada y que con sus propias características y entornos, los llevó a los años ochentas a conformar tanto la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); ninguno asaltó el cielo y como bien había advertido en 1974,  Shafick Handal secretario general del PCS, “si vamos a la guerra popular revolucionaria, también tendremos que negociar la paz”.

El asunto es que, durante el primer lustro de los setentas, en El Salvador se tejían condiciones “objetivas y subjetivas” para emancipar al pueblo. Con el surgimiento de organizaciones armadas más decididas a cambiar el sistema. Al momento de ir a la marcha del 30 de julio contra la dictadura del coronel Arturo Armando Molina, la represión empezó a agudizarse; había expresiones militares que soñaban con aniquilar todo lo que oliera a movimiento popular organizado. La Fuerza Armada Salvadoreña, como la Guardia Nacional y la creciente formación de escuadrones de la muerte por parte de empresarios, auguraban un baño de sangre para ese sufrido pueblo.

Venía el baño de sangre

La reprensión era inminente, el régimen de Molina, se nos venía encima, mientras que las condiciones prerevolucionarias crecían. El 30 de julio allí estuvimos y sobrevivimos, eternas gracias  a quienes nos salvaron de la sanguinaria Guardia Nacional. Carlos Hernández, un compañero joven estudiante de Artes, y decenas de mártires vivirán por siempre en la memoria de estos patriotas que soñaron y sueñan con que habrá justicia, democracia y desarrollo para nuestro pueblos.

En lo personal se me enchina la piel al recordarme que ese maldito Guardia Nacional nos apuntó y disparó sobre nosotros los muchachos. El megáfono era la única arma que yo llevaba, desesperados corrimos al parqueo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde hubo que resguardarse.

Éramos quinciañeros, agrupados en la Asociación de Estudiantes de Secundaria, (AES) frente de la lucha pública influenciada para bien por la Juventud Comunista Salvadoreña (JCS), que junto a la gloriosa Asociación General de Estudiantes Universitarios (AGEUS) convocamos y encabezamos, esa marcha contra la dictadura militar. Un compañero nos advirtió que la Guardia Nacional vendría sobre nosotros, porque el ministro de Defensa en ese entonces, general Carlos Romero, había movilizado un día antes un regimiento de caballería de la temida Guardia Nacional, dispuesta a sofocar cualquier brote de descontento, política que se mantuvo hasta finales de los setentas.

Recuerdo que valientes enfermeras nos protegieron en la farmacia, en ese momento  frente a las instalaciones  del ISSS. Sin embargo, vino la masacre, al finalizar el horror conocimos testimonios de cómo fueron degollados por escuadroneros decenas que quedaron mal heridos de los fusiles M-1, con lo que nos dispararon. En ese momento calculamos que más de 100 estudiantes perdieron la vida y sus cuerpos fueron tirados al mar.

Esa marcha y la represión fue un parteaguas en la historia de la lucha de masas de la clase obrera salvadoreña. Meses antes como en Guatemala, empezaba a despuntar un basto plan antidemocrático y antipopular que descabezó el movimiento popular, Guatemala pagó el costo más alto que aun hoy día no ha podido hacer crecer nuevas generaciones de verdaderos revolucionarios.

Gloria a nuestros mártires. La lucha sigue, hasta la victoria siempre.

Por Karla Ramirez

El Estado salvadoreño y los diferentes gobiernos han sido incapaces de asegurar condiciones reales que garanticen el derecho a la educación gratuita y de calidad en todos los niveles. 

Lo anterior ha llevado a que la educación se convierte en una mercancía, comercializada por los dueños de los colegios y universidades privadas, de lo cual han estado obteniendo grandes ganancias, las cuales se reparten a alto nivel mientras a los docentes les pagan bajan salarios.

Vale señalar que muchos de los dueños de estos colegios son personas con nexos a partidos políticos e iglesias de diferentes denominaciones, es por ello que se vuelven hasta financistas de dichos partidos. Por ejemplo, Universidad Francisco Gavidia y Universidad Tecnológica quienes en el entre 2007 y 2013, aportaron un total de $137,000.00 para Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Diputados y Bukele no han asegurado la educación

La pandemia por el COVID-19 ha impacto en la educación, en donde como medida para evitar los contagios se han suspendido las clases presenciales a clases virtuales, lo anterior ha significado una sobre carga laboral para  el sector docente, quienes  han tenido que realizar  gastos con finalidad de asegurar el internet y recursos tecnológicos, lo anterior viene a sumarse a los bajos salarios.

A nivel de los estudiantes, la pandemia ha significado una mayor inversión de tiempo del estudiante y de los familiares,  quienes  también han tenido que  invertir en internet y recursos tecnológicos, esto para quienes tienen las posibilidades de hacerlo, la situación se vuelve más grave en aquellas familias que han perdido el trabajo o que debido a la pandemia no han podido salir a trabajar, pero más crítica se vuelve en las áreas rurales.

COVID-19 y deserción 

A inicios del 2020 la ministra de Educación, Hananía de Varela,  detalló una matrícula inicial a nivel público de 1,100,000 estudiantes. A nivel privado Javier Hernández Amaya presidente de Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES) señalo que  eran 225,000 alumnos. Las anteriores cifras son hasta bachillerato.

La  pandemia del COVID-19 está obligando   a que muchos de estos estudiantes abandonen los estudios  sobre todo los del sector público, a quienes el gobierno de Bukele y los Diputados no han asegurado las condiciones que  permitan continuar sus estudios.

 La deserción por la pandemia se viene a sumar a la deserción asociada a la violencia, la cual en el 2019 según cifras oficiales fue de  fue de 48,832 (3.54%), de un total de  1, 330,646 estudiantes. A nivel de bachillerato los datos son alarmantes ya que Según Eduardo Vélez, de Banco Mundial “…en  educación media cada año terminan graduándose de bachiller 4 de cada 10 estudiantes; perdemos 6, quienes van a engrosar tres grandes filas: a) migración; b) pandillas; y c) empleo con bajas oportunidades. En efecto, cada estudiante que no termina la educación media queda condenado a un salario que con suerte no superará el mínimo (US$ 300)…”  (EDH. 1/05/2020).

La  pandemia del COVID-19, la pérdida de empleos, la falta de trabajo y el temor a contagios  podría  aumentar la  tasa de deserción en este 2020, mientras tanto los Diputados y el gobierno de Bukele viven en sus pleitos políticos.

Pago de 50% de cuota a colegios y universidades  privadas: ¿beneficio para quienes?

El 06 de julio de 2020 la  Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa acordó dictamen favorable, “…en  el sentido se emitan disposiciones transitorias para regular el pago de las mensualidades de las universidades y colegios, durante la presente emergencia por COVID-19, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de estudiantes que se han visto afectados por la pandemia” (https://www.asamblea.gob.sv/node/10376).

Para Martha Batres del partido ARENA   con dicha medidas  están “… procurando que exista la estabilidad laboral para los maestros y la estabilidad para las instituciones que brindan un servicio privado…”  de igual manera para  Milton Garay  del FMLN quien ha declarado que  “El beneficio es para alumnos del sistema educativo privado que, a consecuencia de la pandemia, no han podido pagar la cuota del colegio o de la universidad.. ” (https://www.asamblea.gob.sv/node/10376).

Prohibido expulsar por impago

La falta de pago de colegiatura y la posible expulsión por el no pago de la misma como pretexto para   subsidiar pago de colegiaturas a estudiantes afectados por la emergencia nacional  por parte de los Diputados quedan desvirtuado ya que el Diputado Reinaldo Carballo (PDC) en el contexto de la discusión de la iniciativa manifestó: “…que una medida de este tipo puede acarrear consecuencias negativas. Asegura que ya existe normativa que prohíbe a los colegios y universidades privadas expulsar a los estudiantes por falta de pago…”  (https://www.asamblea.gob.sv/node/10341).

La iniciativa de los Diputados pretenden  beneficiar en realidad  a los dueños de los colegios y universidades privados, no así a los estudiantes y padres de familia, muchos menos a los trabajadores de la educación a nivel privado.

Voracidad de los mercaderes de la educación y falta de inversión en la educación superior publica

La aprobación de la medida ha dejado al descubierto la voracidad de los mercaderes de la educación, Javier Hernández presidente de la Asociación de Colegios Privados (ACPES) manifestó: “…la medida acordada por la Asamblea se implementará siempre y cuando el padre de familia haya cancelado el 50% de las cuotas atrasadas y que haya demostrado fehacientemente que no tiene capacidad económica para saldarlas, solo así tendría derecho al subsidio del otro 50% de su mensualidad…” (DEM.06/07/2020).

Lo anterior deja claro la visión mercantilista de los dueños de colegios y universidades privadas, quienes no quieren perder nada. Muchas familias indirectamente son obligadas a hacer usos de dicho colegios ante la falta de una educación pública gratuita  y de calidad por parte del Estado.

De igual manera muchos jóvenes ante la falta de cobertura estatal  de educación superior se ven obligados a asistir a las universidades privadas teniendo a la vez que trabajar, parte de sus salarios son para el pago de las mensualidades a estas universidades privadas en donde existen  179,000 estudiantes que cancelan $23 millones anuales en cuotas.

Mientras en la Universidad de El Salvador solamente existen 50,000 estudiantes, la anterior  es debido a la falta de inversión  histórica por parte de los gobiernos en la educación superior lo que limita cobertura de la Universidad de El Salvador (UES) en donde año con año los jóvenes son sometidos a excluyentes exámenes de admisión, sin antes darle la oportunidad que demuestren su capacidades.

Nacionalización de colegios y universidades privadas

Días antes de la aprobación del dictamen favorable a las medidas por parte de los Diputados  el Ministerio de Hacienda informo a la Asamblea Legislativa que "De conformidad al análisis técnico y legal realizado por la Oficina Técnica correspondiente, este Despacho emite opinión desfavorable a la referida iniciativa de Ley, debido a que el contenido del Artículo 1 contraviene el principio de equilibrio presupuestario estipulado en el artículo 226 de la Constitución de la República, debido a que pretende condicionar al Estado a pagar un subsidio del cincuenta por ciento restante de las cuotas mensuales de los centros de educación privados e instituciones de educación superior" ( LPG. /08/07/2020).

El gobierno de Bukele se apega al equilibrio presupuestario, lo cual es cierto, pero ante la falta de recursos el gobierno de Bukele debería proponer por Decreto Ejecutivo la exoneración del pago 50% de las colegiaturas, sin subsidio estatal con ello el Estado estaría ahorrándose millones. Todas aquellos colegios y universidades que no puedan continuar su funcionamiento deben ser nacionalizadas por el Estado.

Populismo legislativo

La oposición del gobierno de Bukele a la mayoría de iniciativas provenientes desde el legislativo, provocó que los diputados, como una maniobra más, aprobaron dicha propuesta, la cual en realidad no  beneficia   a todos los estudiantes de colegios y universidades privadas, sino más bien solo a los que han sido afectados directamente por la pandemia por el COVID-19.

De esta forma los Diputados, ante la negativa del gobierno de Bukele, logran desgastarlo y se presentan ante la población como los redentores. En caso que el ejecutivo diera el visto bueno les estarían tirando un salvavidas financiero a los colegios y universidades privadas.

El  pago (subsidio) a los colegios y universidades privadas en realidad en  es una forma de disfrazar la privatización de la educación o de la implementación de Asocio Público Privado. La lucha debe ser para el gobierno asigne los fondos necesarios para asegurar una educación gratuita y de calidad en todos los niveles.

ATRAMEC críticos a la propuesta

Marta Campos, del  Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC) respecto a la propuesta de subsidio del 50% ha manifestado “… No estoy de acuerdo, ya que existen Diputados que tienen intereses propios y buscan beneficios personales, ejemplo  el Diputado Carballo  quien es dueño del EXAL. Como es posible que a costillas de los impuestos que   y préstamos los cuales tendrá que pagar el pueblo quieran cubrir altas cuotas para minimizar sus pérdidas,  mientras no le asignan fondos necesarios a la educación pública y es ai en donde los hijos del trabajador estudian. No nos oponemos a que se le ayude a estudiantes de colegios y universidades privadas, nos oponemos a las maniobras de los Diputados quienes buscan sacar provecho propio de la pandemia…”

Organización y unidad de estudiantes, docentes y padres de familia

Es momento de organizar Comités en las diferentes centros educativos, sean públicos o privados y levantar un programa de lucha y reivindicaciones que beneficien a  todos los estudiantes y docentes. La meta debe ser una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, y mejores condiciones y prestaciones laborales para todos los trabajadores de educación sean administrativos o docentes.

Por Francisco Sánchez

Las cifras oficiales de fallecidos y contagiados por COVID-19 no reflejan la realidad salvadoreña; son muchas las personas que están falleciendo en sus viviendas ya sea a causa del COVID-19 o por falta de atención de otras enfermedades,  los centros de atención medica hospitalaria del Ministerio de Salud (MINSAL) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) han colapsado.

Los trabajadores de la salud del MINSAL, ISSS y del sector privado además de ser víctimas y sufrir las consecuencias del conflicto político entre el gobierno de Bukele y los Diputados,  les está tocando lidiar con la falta de Equipo de Protección Personal, sobrecarga laboral, falta de incentivos económicos, Etc.  Lo que se traduce en contagios, enfermedades y muerte, sobre gastos en compra de EPP, mientras tanto el gobierno de Bukele y los Diputados buscan sacar ventjas políticas y económicas de las desgracias del pueblo y de los trabajadores de salud.

Contagios y muerte de trabajadores de la salud y sus familias

Públicamente no se conoce de un registro oficial del MINSAL, ISSS o del Ministerio de Trabajo en donde se refleje el total de  trabajadores de salud que ha fallecido por COVID-19, fuentes periodísticas refieren  que “…Desde el 15 de mayo hasta el 18 de junio han muerto 74 trabajadores de salud… ” De estos 74 fallecidos, 26 corresponden a médicos a partir de lo cual  “…El Salvador tiene una tasa de letalidad de médicos de 9 %...”(EDH. 19/07/2020).

Cabe resaltar que se habla de letalidad de médicos, pero en realidad debe hablarse a nivel general  de letalidad de trabajadores de la salud, ya que todas las actividades realizadas por los trabajadores de salud son fundamentales y todos están expuestos al riesgo de contagio.

Incumplimiento de la seguridad y salud ocupacional

Los trabajadores de salud siempre han estado expuestos al contagio y a padecer enfermedades derivadas de accidentes de trabajo como los contagios por enfermedades infecto contagiosas, antes de la pandemia por el COVID-19 ya eran muchos los trabajadores de la salud que se han enfermado y fallecido, pero dicha realidad pasaba desapercibida.

La  pandemia por el COVID-19 ha desnudo dicha realidad, y pone al descubierto lo poco que se ha realizado en materia de seguridad y salud ocupacional en relación a los trabajadores de salud, a pesar de que en El Salvador se cuenta con una Ley general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo la cual tiene como objeto “…establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo… y como principios rectores: Principio de igualdad, Respeto a la dignidad y Prevención, según este último  se deben determinar las “…medidas de carácter preventivo y técnico que garanticen razonablemente la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras dentro de los lugares de trabajo…” .

La Ley general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo, plantea una serie de aspectos que protegen al trabajador pero en la práctica, no se han  cumplido.

En esta pandemia los Comité de Seguridad y Salud ocupacional de los diferentes centros de atención médica hospitalaria no se han puesto a la altura que demanda la realidad.

Deficiente cantidad y calidad de Equipo de Protección Personal (EPP)

Al inicio a los trabajadores de salud no se les dotó los  EPP adecuado,  por lo cual estuvieron expuestos al contagio.

 A la fecha si bien se está dotando de EPP, este no está de acuerdo a la demanda y la calidad del mismo es deficiente contrariamente a lo expresado por el gobierno de Bukele, y los altos funcionarios del MINSAL y del ISSS. Prueba de ello son las constantes acciones de hecho y denuncias realizadas por los trabajadores de salud y representantes de organizaciones sindicales.

Independientemente la función que se realice es necesario que se dote de EPP  a todos los trabajadores de salud,  se deben disponer de los EPP en la cantidad y calidad necesaria, así mismo deben realizar la capacitación correspondiente en cuanto a la puesta y retiro del EPP,  y el tiempo invertido en la capacitación debe contar como horas laborales.

Mucho del EPP que se le está proporcionando a los trabajadores de salud no es el idóneo, por ejemplo las mascarillas las cuales dice "non medical" que no son de uso médico; o las  mascarillas de hule entregadas por el MINSAL. Al respecto, el infectólogo Jorge Panameño manifestó que dichas mascarillas están “…hechas de un material que resulta muy incómodo de usar por largos periodos, como son los turnos hospitalarios. Es una auténtica burla, muestra de desprecio por los trabajadores de salud"  (LPG.14/07/2020).

Para el epidemiólogo Roberto Vidrí los trabajadores que atienden pacientes con COVID “…debe usar, como mínimo, mascarillas que cumplan los estándares de la N95: "No cumplir con esos estándares los pone en peligro, al no tener protección, de contraer el virus". (LPG.14/07/2020).

Referente a las mascarillas KN-95 con la referencia  "non medical" el ministro de salud Francisco Alabi argumento que fue "Por reglas, en temas de exportación propias de China, se ha tenido que empaquetar estos productos (mascarillas) como ‘uso no médico’, por temas eminentemente aduaneros". (LPG.16/07/2020), los trabajadores de la salud que son quienes tienen que lidiar y exponerse dan cuenta de la mala calidad de dichas mascarillas.

De igual manera se puede decir respecto a los overoles y otros elementos del EPP nivel 3 lo cuales son de mala calidad.

La falta de EPP y mala calidad en muchas ocasiones obliga a los trabajadores a invertir en la compra de   EPP para su protección.

Además de lo anterior, el  doctor Montes considera que “…otro factor es la improvisación…Desde su punto de vista, se ha dado un proceso de ensayo – error”, con graves restricciones de planificación, adecuación, equipamiento, dotación de personal, implementación de las medidas de bioseguridad, capacitación del personal, supervisión y utilización de la información para implementar las acciones correctivas. “Un camino tortuoso que inició con el show del Hospital Saldaña en marzo y no se ve concluido con el show del Hospital El Salvador” . (LPG.19/07/2020).

Trabajadores y sindicatos  luchan por el EPP

El pasado 15 de julio trabajadores y sindicatos del sector salud se manifestaron para exigir se dote de EPP adecuado, entre dichos sindicatos estuvo el Sindicato de Médicos del Hospital Rosales (SIMEHR)  quien exigió a las autoridades de salud se les dote a todo el personal del hospital del equipo necesario para salvaguardar su salud y sus vidas, manifestando que “Primero debemos exigir que quienes nos dirigen  hagan bien su trabajo  y no exijan después que médicos, enfermeras, paramédicos y trabajadores seamos los responsables por las irresponsabilidades, deficiencias e incapacidades de ellos  y sus pésimas decisiones  y que además unos ‘vivos’ ganen millones con el dolor de la gente y nosotros, médicos, enfermeras y trabajadores de salud, pongamos los muertos… lamentaron a la vez que…  el gobierno, en lugar de hacer una campaña masiva de difusión y educación para concientizar a la población sobre el peligro de la enfermedad, están tomando acciones con el fin de ganar voluntades para fortalecer sus intereses partidarios.” (LPG.15/07/2020).

Otros que se ha manifestado son los trabajadores y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) quienes se movilizaron y protestaron frente a la Asamblea Legislativa en respaldo a la propuesta del Presidente Bukele de una cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional.

 Ricardo Monge padre del actual Secretario General del STISSS expreso: “necesitamos que se detengan esa cadena de contagios, que se imponga la cuarentena estricta, estado de excepción que se apruebe y al mismo tiempo que se le devuelvan las herramientas legales al Ejecutivo… “Mucha gente está muriendo en los hospitales, es triste ver a un paciente muriéndose, ahogándose. Esta es una enfermedad que no respeta. Por eso exigimos nosotros una cuarentena estricta”” (DEM. 16/07/2020).

El STISSS no debe tomar parte en los pleitos entre el Ejecutivo y  Legislativo y repetir los errores de administraciones pasadas. El STISSS además de exigir la cuarentena debe exigirle al Consejo Directivo del ISSS proteger a sus trabajadores, compra de EPP adecuado, cumplimiento de la  Ley general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo  y darles incentivos económicos como lo es un bono de $500.

El problema de decretar una nueva cuarentena es que, si no se garantiza el puesto de trabajo y el salario completo, se convierte en una trampa para los trabajadores.

El chantaje del gobierno

Bukele condicionó el pago de bonos al sector salud a la aprobación del estado de emergencia por parte de la Asamblea Legislativa. Es un chantaje contra los trabajadores de la salud, quiere obligarlos a tomar partido en el pleito entre el poder ejecutivo y los diputados.

Desde otro punto de vista, tiene como rehenes a los trabajadores de la salud, para obligar a los diputados a que le aprueben el estado de emergencia, que es el mecanismo legal que tiene Bukele, ya no tanto para luchar contra el COVID-19 sino para el manejo discrecional de los miles de millones de dólares que la Asamblea Legislativa le ha autorizado, y que constituye un escandaloso nivel de endeudamiento del Estado. Los trabajadores del MINSAL también deben gozar de un bono mensual de $500.

Por: Eliezer Jaime.

Despidos, suspensiones de contratos de trabajo, entre otros, forman el conjuto de afectaciones padecidas por la clase trabajadora salvadoreña durante la pandemia. Desde  el confinamiento de 90 días a la pos cuarentenas, la situación para miles de trabajadoras y trabajadores ha sido tener que afrontar el no pago de los salarios o reducción salarial y despidos injustificados en plena crisis sanitaria y social, agravadas por las erradas atenciones que ha tenido el trabajador, quien supuestamente debe ser objeto de protección del Estado ante tales acontecimientos.

Arbitrariedades: unas atrás otras

Tal es el caso de las violaciones a los derechos laborales que están sufriendo las y los trabajadores de la Empresa Industrias Florenzi, ubicada en Blvd El Ejército, calle al Matazano, en el municipio de Soyapango. De acuerdo a lo denunciado por el Sindicato de Trabajadoras y trabajadores del Trabajo Textil (SITTEX), desde el mes de Marzo la empresa no paga salarios a más de doscientos diez trabajadores quienes en su mayoría son mujeres. También desde enero no cancela los descuentos de ISSS y AFP lo cual puede calificarse como un flagrante delito, lo cual ya fue denunciado ante la FGR. La seguridad social en ningún momento debe ser ni reducida ni mucho menos eliminada, máxime en estos momentos en que más urge la atención de trabajadores y sus beneficiarios. 

Las violaciones prestacionales y salariales.

El 19 de marzo la empresa acató la cuarentena obligatoria, pero mismo tiempo dejó de cumplir con sus obligaciones salariales, afectando a los trabajadores quienes mediante el sindicato buscaron respuesta, pero el silencio acompañó sus penurias sufridas, en momentos donde no fue posible salir a buscar otro empleo. Los alimentos se escasearon y encarecieron.

Durante este tiempo no hubo respuesta de la patronal sino hasta el día 25 de junio cuando el apoderado de la empresa dijo a Nery Ramírez, secretaria del Sindicato, lo siguiente: después de su insistente búsqueda de respuestas, se les comunicó que cerrarán las instalaciones de la empresa. Previo a ello, según manifiestan los dirigentes sindicales, tuvieron conocimiento sobre la apertura parcial de las labores, dónde estaban entrando a trabajar a 5 personas, por tal motivo solicitaron una reunión como sindicato para hablar con el señor Sergio Pineda López. Dos semanas atrás había fallecido el representante legal de la empresa.

El priimero de julio el Sindicato se reunió con el apoderado legal de la empresa, el que  dijo que como le adeudan a medio mundo y en virtud que la nave está embargada, tiene la intención de dar como compensación una máquina en concepto de pago, quedando incompleto el adeudo de vacaciones que lleva dos años vencidos, así como horas extras. Algunas compañeras que se acogieron al retiro voluntario, les fue negado el pago.

El Sindicato ha tomado tales respuestas como una burla, pues una máquina valorada en unos $150 no compensa lo adeudado. La secretaria Nery Ramírez propuso el 75% del efectivo pendiente más la máquina, a lo cual respondieron rechazando la propuesta. Ante esto, el Sindicato volvió a proponer que el pago contemplara dos máquinas y también lo rechazaron. Al consultar con sus bases, el Sindicato acordó que agotaría todos los recursos, medios y consecuencias hasta lograr el pago justo para cada trabajador, que no querían aceptar una máquina, porque hay indemnizaciones que van desde treinta a cuarentena años que no han sido contemplados.

Urge una respuesta colectiva.

Es importante observar que cuando la empresa cesó la producción, fue por razón de la cuarentena obligatoria, regulada por el Decreto Legislativo No 593, de manera que no se aplica una suspensión prevista por el Código de Trabajo. Además, que al estar cerrados los Juzgados y el propio MINTRAB, no pudo haber ninguna autorización administrativa y /o judicial para la suspensión de salarios desde marzo, por lo que el no pago de salarios es un acto arbitrario es ilegal, al igual que el no pago de las retenciones de AFP e ISSS. Podemos inferir, de acuerdo a lo demostrado por la patronal, que estamos ante despidos colectivos injustificados.

Esta situación que están viviendo las y los trabajadores de Industrias Florenzi requiere de respuesta colectiva de toda la clase trabajadora salvadoreña y centroamericana. Amerita no solamente muestras de solidaridad, sino acompañamientos a través de actividades de hecho; no es un caso aislado, es una muestra singular de los efectos dejados por la pandemia dónde los empresarios se libran impunemente de sus obligaciones laborales, no permitamos que los efectos económicos de la pandemia se carguen sobre la clase trabajadora.