Por Francisco Guardado

Según cifras oficiales del 18 de  marzo al 26 de octubre  del 2020 se tienen  463,545 pruebas COVID19 realizadas de estos 32,925  son confirmados,  habiéndose recuperado 28,582,  teniéndose 3,390 casos  activos y 953 personas fallecidas. El día  25 de octubre del 2020  de las 2,465 pruebas realizadas salieron positivas a COVID 19 173.

La  pandemia por el COVID-19 fue usada a su favor por los Diputados  y el Ejecutivo, el manejo y las medidas implementadas llevo a un constante enfrentamiento entre  ambos, en donde predominaron más los  intereses económicos y políticos partidarios en detrimento de los intereses del pueblo salvadoreño trabajador.

La enfermedad por el COVID-19 continúa amenazando la salud y la vida del pueblo salvadoreño y del personal de salud.  La cuarentena hace días finalizo y con ello dio inicio la reapertura económica,  lo cual hace necesario un programa de lucha de los trabajadores y de las organizaciones sindicales que incluya reivindicaciones como:

Equipo de Protección Personal (EPP) para todos los trabajadores de salud

 Se le debe dotar de EPP a todo el personal que labora en del Ministerio de salud, Instituto Salvadoreño del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), así como también al personal de  hospitales y clínicas privadas.

Los sindicatos de salud deben garantizar que en los diferentes centros de trabajo, además de  proporcionar  a los trabajadores EPP este debe ser el   adecuado a partir del riesgo,   buena calidad y que  existen la cantidades necesarias según la necesidad. 

Así mismo es necesario que se exija a los dueños de las empresas  que subcontratan personal de limpieza, seguridad, alimentación,  se dote de EPP a sus trabajadores.

Más personal operativo

La sobrecarga laboral limita la atención del paciente a la vez también influye en la salud de los trabajadores, por lo cual es necesario que siguiendo el debido proceso se contrate  más personal operativo. Todo el personal  contratado de manera eventual durante la primera oleada del COVID-19 debe pasar a ser contratado  de forma permanente.

Adecuación de espacios y mejor planificación

La improvisación reino durante la primera oleada, la mayoría de centros hospitalarios tuvieron que improvisar para  dar la atención a los pacientes COVID-19, al ponerse en funcionamiento una parte del Hospital El Salvador dichos centros fueron vaciándose de pacientes COVID-19, pero no mantuvieron los espacios como si el COVID-19  ya no existiera.

Nuevamente se puede observar la improvisación y falta de protocolos para la atención de los pacientes sospechosos de COVID-19 y medidas que garanticen la bioseguridad de los trabajadores de salud. Lo anterior pone en riesgo la salud y la vida del personal y de los pacientes, lo cual cobro la vida de muchos trabajadores.

Protección del personal adulto mayor y con enfermedades crónicas

Dichas condiciones limitan la capacidad de recuperación de este grupo de trabajadores ante un contagio, por lo cual deben continuar resguardándose en sus casas.

Prueba COVID-19 gratuita para todos los trabajadores

 Es necesario que  a todos los trabajadores de salud (públicos, autónomas, privados y personal subcontratado, Etc.) se le realice la prueba. No debe ser por preferencias o amistades los criterios para determinar a quién le realizaran la prueba. Existen trabajadores a los cuales no se les ha aplicado la prueba mientras a otros son varias veces  las  realizadas.

Seguro de vida para todos los trabajadores de salud y beneficios para las familias

 Según estimaciones al de 8 de octubre,  139 personas que  trabajaban en el sector salud han fallecidos en gran parte a sido negligencia  de la patronal.

Los Diputados aprobaron la Ley especial transitoria para la constitución del fondo de compensación económica para familiares del personal de salud  la cual fue publicada el 24 septiembre 2020 en el Diario Oficial 192, Tomo  428. Dicha Ley otorga un monto de $30,000  a los familiares de trabajadores de salud, pero solo a trabajadores de la red pública de salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) fallecidos por COVID-19 o sus complicaciones, sospechosos por COVID-19 y neumonías atípicas, durante el período comprendido entre el 14 de marzo al 23 de julio del año dos mil veinte, he ahí la trampa de los Diputados ya que dicha ley es temporal. Debemos exigir  que dicha Ley sea permanente.

Incentivos para todos

Es necesario que los trabajadores de la red pública de salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) continúen recibiendo el incentivo económico del bono el cual debe ser de $300 libre del impuesto de la renta.

El gobierno de Bukele y los Diputados deben exigirles a los dueños de los hospitales y clínicas privadas que paguen un bono mensual de $300 a todos sus trabajadores.

Seguridad y salud ocupacional para todos

La reapertura económica así como las diferentes oficinas del gobierno central y municipal continúan,  pero no se están garantizando medidas que protejan a los trabajadores,  por lo cual debemos exigir el cumplimiento de  la Ley general de prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Los comités de Seguridad y Salud Ocupacional deben cumplir su función. Los sindicatos deben exigir que se cumpla, a la vez denunciar la falta de medidas de bioseguridad.

Por Rebeca Gonzalez

Trabajadores de los Consejos Directivos Escolares (CDE)  y de los Consejos Educativos Católicos Escolares (CECE) bajo la modalidad de contrato no se les han cancelado sus respectivos salarios  debido   a que el periodo de los CDE había finalizado,  los cuales por  la pandemia de la enfermedad por el COVID-19 no han podido realizar las elecciones correspondientes para  nombrar a los nuevos miembros.

Ya no hay escusas

La Ley de la Carrera Docente en lo referente al tiempo del periodo de los CDE   establece en su Artículo 49 “…Los concejales durarán en sus funciones dos años, a excepción del director quien durará en el mismo durante el tiempo que ostente tal calidad…”.  Por lo cual obligadamente la extensión del periodo tenía que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Ante lo anterior a Iniciativa del Ejecutivo por medio de la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, fue presentada a la Asamblea Legislativa  la iniciativa de Decreto relacionado a "Disposiciones Transitorias a la Ley de la Carrera Docente, en el Marco de la Pandemia por COVID-19, para que los miembros de los Consejos Directivos Escolares que han finalizado su período puedan seguir ejerciendo sus funciones".  La anterior fue aprobó el día 15 de octubre con 66 votos de los 84 Diputados.

UNEP y ATRAMEC en defensa de los trabajadores de los CDE      

La gestión y el trabajo realizado por la Federación Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP)  y el Sindicato de Trabajadores del  Ministerio  de Educación Ciencia y Tecnología  (ATRAMEC) ante las autoridades del Ministerio y la Asamblea Legislativa, permitió visibilizar el problema de impago de  salarios  que han sufrido los trabajadores contratados por los CDE y la aprobación de las medidas legales correspondientes las cuales permitirán  que las actuaciones de los CDE sean validas hasta el 31 de diciembre del 2020.

Que el Ejecutivo lo publique pronto

Es necesaria la pronta publicación del decreto relacionado a la prorroga en el Diario Oficial,  una vez publicado los miembros de los CDE deben realizar los pagos correspondientes a los trabajadores  y además reconocerle a los trabajadores monetariamente el tiempo de retraso ya que muchos han tenido que pagar mora por los préstamos y recurrir a préstamos para poder sobrevivir.

Oportunismo de los Diputados

Respecto a la aprobación, Milton Garay  vía redes sociales, manifestó: “…Sabemos de las dificultades que han tenido por casi 8 meses los C. D. E. Que se han venido venciendo y que por motivos de pandemia no se han podido renovar, lo que ha ocasionado retrasos en pago de salarios, compras entre otros. Además se hacercan los procesos de adquisición de #Zapatos, #Uniformes y #ÚtilesEscolares y si no se les dabamos respuesta oportuna, nuestros niños y niñas se iban a quedar sin su paquete escolar del próximo año. Por ese motivo elaboramos, firmamos y aprobamos este día la disposición transitoria. El magisterio siempre puede contar con nosotros…”

El oportunismo de los Diputados  no se hiso esperar, se  presentaron como los redentores de los trabajadores contratados por los CDE, pero como ellos mismo reconocen han pasado varios meses sin que estos trabajadores reciban salarios, pero no se habían interesados al respecto.  Es de recordar también que en la gestión de sus partidos estos trabajadores también sufrieron atrasos en sus salarios.

Ninguna confianza en los Diputados y sus partidos

Dado que la Constitución de la Republica en el Articulo 133 da la exclusividad de iniciativa de Ley a “… Diputados,  Presidente de la República por medio de sus Ministros,  Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial,…Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales,…”  las organizaciones sindicales, que buscan la aprobación de una Ley o modificaciones de las mismas; como fue el caso anterior, obligadamente tienen que establecer comunicación y relaciones con los Diputados de los diferentes partidos que integran la Asamblea Legislativa, sean estos del FMLN, ARENA, GANA, CD, PCN, PDC,  Etc. lo cual utilizan a su favor, más cuando estamos en periodo preelectoral.

En la mayoría de casos el hecho de establecer dicha comunicación con los Diputados no significa que los dirigentes de las organizaciones comulguen con dichos partidos.

Los trabajadores de los CDE  deben  estar claros que independientemente de la filiación política, la falta de pago de sus salarios les afectaba por igual. Por lo cual es necesario anteponer el interés de la clase trabajadora a los intereses de las cúpulas partidarias.

Continuemos la lucha por la absorción a Ley de salarios

La lucha de los trabajadores de los CDE  debe continuar hasta lograr su incorporación a Ley de Salarios por parte del Ministerio, para ello es necesario continuar con la organización y unidad de todo el sector de trabajadores de los  CDE y la solidaridad y acompañamiento de los demás sindicatos.


Por Rebeca Gonzalez

Los Consejos Directivos Escolares (CDE) fueron implementados 1997 bajo el gobierno de Calderón Sol con los auspicios de organismos financieros internacionales como parte de la política descentralizadora de los servicios educativos que brinda el estado salvadoreño.

En sus inicios existió oposición por parte de los sindicatos a la implementación de los mismos por ser considerados como una forma disfrazada de  privatización. Además de los CDE existen los Consejos Educativos Católicos Escolares (CECE) los cuales son la estructura  representativa y participativa de los centros educativos de religión católica.

¿Que son los CDE?

Los CDE tiene funciones administrativas, están conformados por ocho miembros propietarios y sus respectivos suplentes: Director del centro educativo que ejerce como Presidente y representante legal, 3 padres de familia electos en Asamblea General  de los cuales uno puede ser el tesorero, 2 maestros  electos en  Consejo de Profesores de los cuales uno es el secretario y dos alumnos electos en Asamblea General.

Según la Ley General de la Carrera docente entre las   funciones de los CDE están: 1) Planificar, presupuestar y administrar los recursos destinados al centro educativo por diferentes fuentes de financiamiento; 2) Solicitar al Tribunal Calificador su intervención en aquellos casos en que, de acuerdo con la ley sea necesario; 3) Iniciar ante la Junta de la Carrera Docente correspondiente los procesos necesarios para la aplicación de sanciones y cumplir con los requerimientos que aquella le haga; 4) Hacer uso del sistema de recursos previstos en esta Ley en las diferentes instancias; 5) Agotada la vía administrativa prevista en esta Ley, ejercer las acciones correspondientes en la jurisdicción contencioso administrativa, 6) Asignar las plazas de acuerdo con los fallos del Tribunal Calificador que le fueren presentados; y, 7) Las demás que determina la presente Ley.

Los CDE reciben su financiamiento del Estado quien además de pagar las plazas de los docentes, y servicios básicos otorga un bono de calidad educativa.

Las otras fuentes de financiamiento son   donaciones y fondos propios recaudados mediante cuotas, matrícula y actividades financieras. A pesar de lo anterior la mayoría de instituciones educativas no tienen la asignación presupuestaria necesaria.

Empleados de los CDE bajo modalidad de contratos

Los CDE mantienen laborando bajo la modalidad de contrato unas seis mil personas entre las que se encuentran personal administrativo: secretarias, conserjes, cuidadores de niños y niñas, vigilantes, personal profesional como psicólogos y personal docente horas clases. Etc.

El personal contratado bajo esta modalidad año con año tiene que vivir bajo la zozobra si les renovará su contrato quedando expuestos a la voluntad de los Directores.

Los gobiernos anteriores no les ha importado la estabilidad laboral de este sector de trabajadores del Ministerio de Educación, al cual en muchos casos no se le paga ni el salario mínimo, se violentan derechos  laborales y prestaciones como ISSS, AFP las cuales  les descuentan pero son no depositadas.

Acefalia de los CDE

Para el retiro de los fondos que manejan los CDE se requiere la firma del Presidente, Tesorero y un Vocal quien tiene que ser maestro.

Es aquí en donde reside el problema de los personas que están empleadas por los CDE, CECE  debido a que muchas de las personas que los integran ya terminaron su periodo y debido a la pandemia por el COVID-19 no han podido realizar las Asambleas para elegir sus respectivos representantes o debido que el Director ya no puede continuar su cargo como Presidente por haber terminado su periodo.

Diputados deben aprobar prórroga de vigencia de los CDE

Quienes están sufriendo por la falta de pago de sus salarios son los trabajadores, ante esta situación la Licenciada Karla Hananía de Varela

Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología  ha solicitado a los Diputados se apruebe un decreto transitorio que permita continuar la vigencia de los CDE, dicha iniciativa es acompañada por el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Ministerio de Educación (ATRAMEC) ya que consideran que lo anterior vendría a solventar los pagos a los trabajadores, por lo cual demandan la pronta aprobación por parte de los Diputados.

Absorción por Ley de Salarios

La prórroga de la vigencia de los CDE permitiría que se les cancele los salarios a los trabajadores, pero es de recordar que no es la primera vez que esto ocurre, agregado a ello este sector de trabajadores del Ministerio de educación es expuesto a constante violaciones de sus derechos, por lo cual es necesario que sean absorbidos por el Ministerio de Educación bajo Ley de Salarios.

Democratizar los CDE

Los CDE como organismos administrativos de los centros escolares, no reflejan una estructura democrática ya que no contempla la participación de los trabajadores administrativo, quienes son parte fundamental de los servicios educativos, y las decisiones o acuerdos que se toman en los CDE les afectan, por lo cual es necesario que los trabajadores administrativos sean incorporados. De igual manera la Presidencia de los CDE debe durar y ser electa al igual que los otros cargos.

Unidad y solidaridad sindical

Ante la problemática de los trabajadores de los CDE es necesario la unidad de trabajadores y sindicatos tanto de trabajadores administrativos y docentes.


Por Juan Flores

Los gobiernos municipales también están siendo golpeados por la crisis financiera que afecta al gobierno de Bukele ya que van  cuatro meses que el Ministerio de Hacienda no les entrega  $198 millones  del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) y del 30% correspondiente del préstamo del Banco Interamericano de desarrollo (BID) de $250 millones que fue asignado por la Asamblea Legislativa.

El no pago del FODES ha impedido que los gobiernos municipales cancelen salarios a los trabajadores, así mismo la no realización de las obras municipales en las diferentes comunidades.

Dicha situación ha llevado a trabajadores, organizaciones sindicales municipales  y a los mismos Alcaldes a realizar  acciones de protesta y cierres para obligar  al ejecutivo la pronta entrega del FODES.

Alcaldes coinciden que se trata de una maniobra política ya que se está  a  pocos meses de realizarse las votaciones para elegir a los 262 Alcaldes y sus respectivos concejos municipales pluralistas. Al respecto  Ernesto Muyshondt  alcalde de San Salvador expreso: “…Es lamentable que busquen ahogar a las alcaldías por fines políticos y electorales. No es por falta de dinero. Nunca un gobierno ha tenido tanta disponibilidad de fondos como este gobierno. No es solo a los alcaldes que le hacen daño sino a la población. Es lamentable y condenable” (EDH. 24/09/2020).

En realidad, no se trata solamente de una maniobra política del gobierno de Bukele; la causa fundamental es la falta de recursos para el FODES, lo cual coincide con la lucha librada por Bukele en contra de otras fracciones burguesas emergentes que buscan consolidarse y de sus   partidos políticos.

Más que una lucha política

A pesar que los fondos le fueron entregados  al órgano judicial y posteriormente al Legislativo, el atraso de la transferencia de dichos fondos, así como también el atraso del FODES reflejan   la crisis financiera del Estado y del gobierno de Bukele la cual apenas empieza.Se deja entrever que actualmente aun los salarios de los empleados se están financiándose vía préstamos, lo cual no es la vía apropiada.

Durante la pandemia hubo mayores ingresos pero fue  vía préstamos, a raíz de la misma pandemia y de la cuarentena se espera que la recaudación fiscal sufra  una baja la cual según el Ex ministro de Hacienda  oscilaría  entre  los  $990 millones. 

El  Estado Salvadoreño está en quiebra, el gobierno de Bukele y los Diputados continúan endeudando más al país, para así poder seguir pagando los  grandes salarios a los altos funcionarios de los tres órganos del estado y de las instituciones autónomas, funcionarios de Bukele al igual que los gobiernos de ARENA y del FMLN  continua haciendo negocios con el dinero de los prestamos  desde la estructura del Estado lo cual golpea también la economía del estado.

Que la “medicina amarga” sea para los millonarios y altos funcionarios

La crisis financiera ya es una realidad, sus efectos apenas empiezan a sentirse han sido los trabajadores públicos del órgano legislativo y judicial quienes se vieron afectados en un primer momento, de igual manera muchas obras realizadas por los gobiernos municipales no han podido realizarse.  Ante la falta de recursos financieros el Ejecutivo y el legislativo a pesar de sus pugnas coinciden  en los préstamos como alternativa  lo cual termina acrecentando más la crisis y es contraria a los intereses del pueblo salvadoreño.

Son los trabajadores quienes en realidad se están viendo afectados ante la no transferencia de los fondos, al agudizarse más la crisis serán los trabajadores públicos, municipales y de las autónomas quienes se llevarán la peor parte y muchas de sus prestaciones económicas y sociales que fueron conquistadas corren el riesgo de desaparecer. Ya hemos visto que el Ejecutivo y el Legislativo no les importan los intereses del pueblo y de la clase trabajadora.

Por lo anterior como organizaciones sindicales, campesinas,  populares, indígenas y estudiantiles debemos:

Rechazar el  endeudamiento

Los préstamos no deben ser la fuente principal de financiamiento, como medidas para llevar mayores ingresos al estado tanto el Presidente y los Diputados deben cargar impuestos al gran capital y a la gran empresa, todas aquellas grandes empresas que no paguen impuestos deben pasar a manos de los trabajadores. Los grandes evasores de impuestos deben ser obligados a pagarlos.

El estado debe recuperar  servicios como telecomunicaciones, banca, etc. los cuales fueron privatizados en los gobierno de ARENA, las ganancias que ahora quedan en manos privadas deben quedar en manos del estado y servirían  para financiar  el presupuesto de la república y realizar mayores obras.

No al pago de la deuda externa

Para el primer semestre del 2020 la deuda pública superó  $21,258 millones. Según el  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)  “…El país que experimentará un mayor nivel de déficit fiscal  (diferencia entre ingresos y gastos)  al cierre de 2020 será El Salvador con un estimado del 11.9% del PIB, seguido de Costa Rica (8.3%), Honduras (6.4%), Panamá (6.2%), Guatemala (5.8%) y Nicaragua (0.8%)  y …estima que El Salvador podría cerrar con una deuda en torno al 92.1 % del PIB, lo que implicaría que por cada $100 producidos en la economía, $92.10 serán para pagar deuda”.

La deuda externa está  llegando  a términos de impago por lo cual la única salida es que es el estado salvadoreño no continúe pagando la deuda externa  y que los recursos sirvan para enfrentar la crisis.

Que el gobierno devuelva los fondos de los trabajadores y que se renacionalice el sistema de pensiones

Parte de la deuda pública en el 2019 incluía  $ 5.704 millones de la  deuda del Sector Público Financiero en la cual está incluida la deuda de pensiones adquirida a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), o mejor dicho dinero que  los trabajadores cotizan a las AFP y que ha sido prestado al gobierno para pagar  la pensión a los jubilados de ISSS e INPEP.

El presidente Bukele y los Diputados  deben dar prioridad al pago de la deuda contraída por estado con los trabajadores  a la vez misma se debe terminar con la AFP y crearse un organismo autónomo  tripartito que administre el dinero de las cotizaciones para pensiones de los trabajadores, los fondos con los cuales se queden las AFP estarían entrando a las arcas del Estado. Lo anterior solo es posible si se deroga la Ley del  Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). 

No más impuestos para el pueblo,  ni privatizaciones que nos perjudiquen

Los organismos financieros podrían utilizar la crisis y el endeudamiento para hacer que el  gobierno continúe  privatizando partes de los servicios brindados por el estado, debemos rechazar y denunciar todo intento de privatización. Asi mismo debemos oponernos a toda iniciativa legislativa que busca aumentar los impuestos como el IVA, renta, etc,

No podemos permitir que se continúen concesionando servicios como seguridad, alimentación, limpieza de las diferentes instituciones del Estado, ya que esta es una forma de enmascarar la privatización.

Reducción de los grandes salarios de los altos funcionarios

Según proyecciones en el  2020, “….el Gobierno de El Salvador pagará más de $2,962.3 millones en remuneraciones de casi 200,000 empleados,  de estos Al menos $879,799.08 serán para los 10 funcionarios con mejores salarios de todo el Estado. entre los que destacan Daniel Álvarez, Presidente de Cel: $10,460.00, Salvador Gómez Góchez, presidente de PROESA: $7,000.00, Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas: $6,884.58, Óscar Pineda, presidente del Órgano Judicial: $6,835.3…”(DEM. 09/03/2020)

Altos funcionarios como Magistrados, jueces, fiscales, Diputados, Asesores, ministros, presidente de instituciones autónomas y los demás funcionarios de alto nivel ya  no deben continuar cobrando grandes salarios, debiendo devengar un sueldo igual al de un obrero cualificado, de igual manera se les debe retirar beneficios como gastos de representación, gasolina, etc. con ello se estaría ahorrando recursos al estado y asegurándose que las personas que trabajan verdaderamente cuente con su salario.

Alto al aumento de impuestos y tasas municipales

Debemos rechazar toda propuesta de aumento de impuestos y tasas municipales por parte de los concejos municipales, no debemos permitir que los Alcaldes y sus concejos municipales con el aval de los Diputados ante la crisis aumenten los impuestos. Aquellos Alcaldes y concejos municipales que devengan grandes salarios deben de reducírselos.

Combate a la corrupción

Frases como Devuelvan lo robado así como  el combate a la corrupción fue uno de los principales eje de la campaña del ahora presidente Bukele, a escasos meses de su gestión salen a florecer casos de supuesta corrupción realizado en su gobierno durante la pandemia por el COVID-19 en donde empresas ligadas con funcionarios realizan negocios con el mismo gobierno para beneficiarse como ejemplo la compra de protectores faciales, mascarillas, etc,  a sobreprecio, además de lo anterior también existe señalamientos de doble contrataciones, etc.

Todo pareciera que la corrupción salpica nuevamente al  gobierno de Bukele.  No es posible que mientras el estado no cuenta con los recursos financieros para cancelar a tiempo los salarios de los trabajadores funcionarios del gobierno estén haciendo negocios.

La corrupción debe ser combatida venga de donde venga los corruptos deben devolver los fondos que se han apropiado del estado no basta sólo que vayan a la cárcel. Los sindicatos de empleados públicos deben denunciar la corrupción y el mal manejo de fondos.

No es posible que mientras la clase trabajadora, la clase media y la micro y mediana empresa paga sus impuestos estos vayan a parar a manos de funcionarios corruptos.

Transparentar manejo de recursos financieros

Es necesario que el pueblo salvadoreño conozca en que se están invirtiendo sus impuestos, préstamos y donaciones.  Los gobiernos municipales deben de transparentar el manejo que hacen con el FODES, los cuales no deben ser utilizados con fines electoreros.

Independencia y unidad sindical 

Las organizaciones sindicales deben mantener su independencia con respecto al Ejecutivo y los Diputados así como también de los gobiernos municipales y se deben luchar por  reivindicaciones propias de la clase trabajadora: como son la defensa y mejora de los salarios, no permitir recortes y despidos de trabajadores , defensa y mejora de contratos colectivos de trabajo, que los trabajadores por servicios profesionales y por contrato pasen a Ley de Salarios, pensiones dignas.

No debemos permitir que sean los trabajadores quienes carguen con la crisis financiera del Estado debemos estar atentos a los planes que buscan implementar tanto los gobiernos municipales y el gobierno central. No se deben descartar los métodos populares de lucha, hemos visto como los alcaldes y los concejos de lucha han recurrido a los mismos y no es posible que cuando los utiliza la clase trabajadora meramente para sus reivindicaciones sean criminalizados.

Es momento que las diferentes organizaciones sindicales planteen la unidad debiendo prevalecer como único interés la defensa de los trabajadores.

No se debe caer en cantos de sirena del Ejecutivo, del legislativo y de los gobiernos municipales, es recordar que estamos en una coyuntura preelectoral mientras pasan las elecciones ofrecerán el cielo y la tierra y luego dirán que estamos enfermos y que nos toca beber medicina amarga.


Por Alberto Castro

El día viernes 2 de octubre las instalaciones de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM)  en San Salvador, fue blanco de acciones violentas y antidemocráticas, al respecto  Mario Montes, presidente de AGEPYM, expresó: “Ellos plantean que el 18 de julio hicieron una asamblea extraordinaria en el Mágico González, solicitamos al INDES y nos dijeron que nunca se celebró ninguna asamblea […] Ahora plantean que tienen apoyo del ministro de trabajo; es más, las personas que se tomaron el edificio pertenecen a ellos, al ASTRAM y del STISSS, son las organizaciones que han confabulado tomarse el edificio.” Cabe destacar  personas dirigentes de estas organizaciones sindicales  respaldan al Gobierno de Bukele, lo cual les hace merecedores del apoyo de  Rolando Castro Ministro de Trabajo, Ministro de Trabajo pudiendo ser lo anterior  parte de la lucha política del Ejecutivo.

Rechacemos toda práctica antidemocrática

La toma de dichas instalaciones y el irrespeto a la democracia interna de AGEPYM   debe preocupar a todas las direcciones sindicales, pues en este caso estaríamos ante un ejercicio de una práctica de  imposición direccional de organizaciones de trabajadores, es decir un corporativismo.

Estas personas ingresaron por la fuerza ejerciendo violencia de principio a fin; sacaron de las instalaciones a Mario montes presidente de Agepym, mantuvieron la toma hasta el sábado 3 de octubre por la tarde, por su parte la Junta Directiva de AGEPYM, quedó a expensas de la intervención de la Fiscalía General de la República, para la inspección debida y así deduzca responsabilidades penales en torno a estos actos.

Intereses financieros y políticos

AGEPYM es una organización que por su naturaleza no es una organización sindical, sin embargo al ser sus afiliados empleados Públicos y Municipales, le hace estar vinculada con actividades de interés para los trabajadores,  dónde confluyen intereses comunes con organizaciones sindicales, estableciendo así vínculos cercanos con dichas  organizaciones;  por tanto no es extraño que tenga mucha influencia en ellas.

AGEPYM cuenta con fondos derivados de las aportaciones de su membrecía en concepto de cuotas, además de ya haber acumuldo cierto patrimonio, eso le vuelve apetecible a lo ojos de oportunistas y corruptos, para  hacerse de su control y de esta forma apoderarse de los recursos de dicha organización.

Lo acontecido en AGEPYM es la misma receta aplicada al STISSS, cuando Monge aprovechado el patrocinio del Ministro de Trabajo,  monto una “Asamblea”  para destituir a la Junta Directiva que administraba en ese  momento al STISSS la cual también es de mencionar que habia entrado en contubernio con el gobierno del FMLN.

Lo del viernes 2 de octubre en AGEPYM  no fue una simple pugna entre direcciones, se trata de un asalto violento, y una respuesta defensiva por parte de la Junta Directiva.

Más de lo mismo

La forma  como se han celebrado las elecciones en AGEPYM pese a cumplir con formalidades, no son totalmente democráticas, hay una camarilla que se alterna como rueda de caballitos en los cargos de dirección, lo cual es necesario resolver, no obstante lo realizado  por las personas afines al gobierno tampoco es correcto y deja la interrogante respecto a los fines con los cuales quieren recuperar la organización.

La historia del STISSS se repite en AGEPYM, y al ser avalada jurídicamente violentado el estado democrático de derecho,  lo que demuestra que el gobierno quiere una organización dócil para ello legaliza dicho hechos y de esa manera los dirigentes que reemplacen a otros ya van previamente comprometidos.

Que la Asamblea General decida

AGEPYM debe ser devuelta  por la vía democrática a los Empleados Públicos y Municipales, por lo cual es un momento adecuado para plantear la realización de una Asamblea General Extraordinaria, en donde se garanticen las condiciones que permitan la libre y democrática participación de todos las personas afiliadas, que todas las personas puedan optar a cargos de dirección y además que se abran los libros de contabilidad para que todos los afiliados puedan conocer cuánto son los recursos financieros que  se tienen y en que se están invirtiendo.

Siendo AGEPYM una organización representativa de los trabajadores de las instituciones públicos, municipales y autónomas debe tomar un papel activo en los problemas que afectan a los trabajadores tal es caso del tema de pensiones, lucha contra la privatización de servicios públicos, ley de la función pública. Además se garantizar la independencia de AGEPYM  de todo partido político.

Más artículos…

Hemeroteca

Archivo