Por Rebeca Gonzalez

Trabajadores de los Consejos Directivos Escolares (CDE)  y de los Consejos Educativos Católicos Escolares (CECE) bajo la modalidad de contrato no se les han cancelado sus respectivos salarios  debido   a que el periodo de los CDE había finalizado,  los cuales por  la pandemia de la enfermedad por el COVID-19 no han podido realizar las elecciones correspondientes para  nombrar a los nuevos miembros.

Ya no hay escusas

La Ley de la Carrera Docente en lo referente al tiempo del periodo de los CDE   establece en su Artículo 49 “…Los concejales durarán en sus funciones dos años, a excepción del director quien durará en el mismo durante el tiempo que ostente tal calidad…”.  Por lo cual obligadamente la extensión del periodo tenía que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Ante lo anterior a Iniciativa del Ejecutivo por medio de la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, fue presentada a la Asamblea Legislativa  la iniciativa de Decreto relacionado a "Disposiciones Transitorias a la Ley de la Carrera Docente, en el Marco de la Pandemia por COVID-19, para que los miembros de los Consejos Directivos Escolares que han finalizado su período puedan seguir ejerciendo sus funciones".  La anterior fue aprobó el día 15 de octubre con 66 votos de los 84 Diputados.

UNEP y ATRAMEC en defensa de los trabajadores de los CDE      

La gestión y el trabajo realizado por la Federación Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP)  y el Sindicato de Trabajadores del  Ministerio  de Educación Ciencia y Tecnología  (ATRAMEC) ante las autoridades del Ministerio y la Asamblea Legislativa, permitió visibilizar el problema de impago de  salarios  que han sufrido los trabajadores contratados por los CDE y la aprobación de las medidas legales correspondientes las cuales permitirán  que las actuaciones de los CDE sean validas hasta el 31 de diciembre del 2020.

Que el Ejecutivo lo publique pronto

Es necesaria la pronta publicación del decreto relacionado a la prorroga en el Diario Oficial,  una vez publicado los miembros de los CDE deben realizar los pagos correspondientes a los trabajadores  y además reconocerle a los trabajadores monetariamente el tiempo de retraso ya que muchos han tenido que pagar mora por los préstamos y recurrir a préstamos para poder sobrevivir.

Oportunismo de los Diputados

Respecto a la aprobación, Milton Garay  vía redes sociales, manifestó: “…Sabemos de las dificultades que han tenido por casi 8 meses los C. D. E. Que se han venido venciendo y que por motivos de pandemia no se han podido renovar, lo que ha ocasionado retrasos en pago de salarios, compras entre otros. Además se hacercan los procesos de adquisición de #Zapatos, #Uniformes y #ÚtilesEscolares y si no se les dabamos respuesta oportuna, nuestros niños y niñas se iban a quedar sin su paquete escolar del próximo año. Por ese motivo elaboramos, firmamos y aprobamos este día la disposición transitoria. El magisterio siempre puede contar con nosotros…”

El oportunismo de los Diputados  no se hiso esperar, se  presentaron como los redentores de los trabajadores contratados por los CDE, pero como ellos mismo reconocen han pasado varios meses sin que estos trabajadores reciban salarios, pero no se habían interesados al respecto.  Es de recordar también que en la gestión de sus partidos estos trabajadores también sufrieron atrasos en sus salarios.

Ninguna confianza en los Diputados y sus partidos

Dado que la Constitución de la Republica en el Articulo 133 da la exclusividad de iniciativa de Ley a “… Diputados,  Presidente de la República por medio de sus Ministros,  Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Órgano Judicial,…Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales,…”  las organizaciones sindicales, que buscan la aprobación de una Ley o modificaciones de las mismas; como fue el caso anterior, obligadamente tienen que establecer comunicación y relaciones con los Diputados de los diferentes partidos que integran la Asamblea Legislativa, sean estos del FMLN, ARENA, GANA, CD, PCN, PDC,  Etc. lo cual utilizan a su favor, más cuando estamos en periodo preelectoral.

En la mayoría de casos el hecho de establecer dicha comunicación con los Diputados no significa que los dirigentes de las organizaciones comulguen con dichos partidos.

Los trabajadores de los CDE  deben  estar claros que independientemente de la filiación política, la falta de pago de sus salarios les afectaba por igual. Por lo cual es necesario anteponer el interés de la clase trabajadora a los intereses de las cúpulas partidarias.

Continuemos la lucha por la absorción a Ley de salarios

La lucha de los trabajadores de los CDE  debe continuar hasta lograr su incorporación a Ley de Salarios por parte del Ministerio, para ello es necesario continuar con la organización y unidad de todo el sector de trabajadores de los  CDE y la solidaridad y acompañamiento de los demás sindicatos.


Por Rebeca Gonzalez

Los Consejos Directivos Escolares (CDE) fueron implementados 1997 bajo el gobierno de Calderón Sol con los auspicios de organismos financieros internacionales como parte de la política descentralizadora de los servicios educativos que brinda el estado salvadoreño.

En sus inicios existió oposición por parte de los sindicatos a la implementación de los mismos por ser considerados como una forma disfrazada de  privatización. Además de los CDE existen los Consejos Educativos Católicos Escolares (CECE) los cuales son la estructura  representativa y participativa de los centros educativos de religión católica.

¿Que son los CDE?

Los CDE tiene funciones administrativas, están conformados por ocho miembros propietarios y sus respectivos suplentes: Director del centro educativo que ejerce como Presidente y representante legal, 3 padres de familia electos en Asamblea General  de los cuales uno puede ser el tesorero, 2 maestros  electos en  Consejo de Profesores de los cuales uno es el secretario y dos alumnos electos en Asamblea General.

Según la Ley General de la Carrera docente entre las   funciones de los CDE están: 1) Planificar, presupuestar y administrar los recursos destinados al centro educativo por diferentes fuentes de financiamiento; 2) Solicitar al Tribunal Calificador su intervención en aquellos casos en que, de acuerdo con la ley sea necesario; 3) Iniciar ante la Junta de la Carrera Docente correspondiente los procesos necesarios para la aplicación de sanciones y cumplir con los requerimientos que aquella le haga; 4) Hacer uso del sistema de recursos previstos en esta Ley en las diferentes instancias; 5) Agotada la vía administrativa prevista en esta Ley, ejercer las acciones correspondientes en la jurisdicción contencioso administrativa, 6) Asignar las plazas de acuerdo con los fallos del Tribunal Calificador que le fueren presentados; y, 7) Las demás que determina la presente Ley.

Los CDE reciben su financiamiento del Estado quien además de pagar las plazas de los docentes, y servicios básicos otorga un bono de calidad educativa.

Las otras fuentes de financiamiento son   donaciones y fondos propios recaudados mediante cuotas, matrícula y actividades financieras. A pesar de lo anterior la mayoría de instituciones educativas no tienen la asignación presupuestaria necesaria.

Empleados de los CDE bajo modalidad de contratos

Los CDE mantienen laborando bajo la modalidad de contrato unas seis mil personas entre las que se encuentran personal administrativo: secretarias, conserjes, cuidadores de niños y niñas, vigilantes, personal profesional como psicólogos y personal docente horas clases. Etc.

El personal contratado bajo esta modalidad año con año tiene que vivir bajo la zozobra si les renovará su contrato quedando expuestos a la voluntad de los Directores.

Los gobiernos anteriores no les ha importado la estabilidad laboral de este sector de trabajadores del Ministerio de Educación, al cual en muchos casos no se le paga ni el salario mínimo, se violentan derechos  laborales y prestaciones como ISSS, AFP las cuales  les descuentan pero son no depositadas.

Acefalia de los CDE

Para el retiro de los fondos que manejan los CDE se requiere la firma del Presidente, Tesorero y un Vocal quien tiene que ser maestro.

Es aquí en donde reside el problema de los personas que están empleadas por los CDE, CECE  debido a que muchas de las personas que los integran ya terminaron su periodo y debido a la pandemia por el COVID-19 no han podido realizar las Asambleas para elegir sus respectivos representantes o debido que el Director ya no puede continuar su cargo como Presidente por haber terminado su periodo.

Diputados deben aprobar prórroga de vigencia de los CDE

Quienes están sufriendo por la falta de pago de sus salarios son los trabajadores, ante esta situación la Licenciada Karla Hananía de Varela

Ministra de Educación, Ciencia y Tecnología  ha solicitado a los Diputados se apruebe un decreto transitorio que permita continuar la vigencia de los CDE, dicha iniciativa es acompañada por el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Ministerio de Educación (ATRAMEC) ya que consideran que lo anterior vendría a solventar los pagos a los trabajadores, por lo cual demandan la pronta aprobación por parte de los Diputados.

Absorción por Ley de Salarios

La prórroga de la vigencia de los CDE permitiría que se les cancele los salarios a los trabajadores, pero es de recordar que no es la primera vez que esto ocurre, agregado a ello este sector de trabajadores del Ministerio de educación es expuesto a constante violaciones de sus derechos, por lo cual es necesario que sean absorbidos por el Ministerio de Educación bajo Ley de Salarios.

Democratizar los CDE

Los CDE como organismos administrativos de los centros escolares, no reflejan una estructura democrática ya que no contempla la participación de los trabajadores administrativo, quienes son parte fundamental de los servicios educativos, y las decisiones o acuerdos que se toman en los CDE les afectan, por lo cual es necesario que los trabajadores administrativos sean incorporados. De igual manera la Presidencia de los CDE debe durar y ser electa al igual que los otros cargos.

Unidad y solidaridad sindical

Ante la problemática de los trabajadores de los CDE es necesario la unidad de trabajadores y sindicatos tanto de trabajadores administrativos y docentes.


Por Juan Flores

Los gobiernos municipales también están siendo golpeados por la crisis financiera que afecta al gobierno de Bukele ya que van  cuatro meses que el Ministerio de Hacienda no les entrega  $198 millones  del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) y del 30% correspondiente del préstamo del Banco Interamericano de desarrollo (BID) de $250 millones que fue asignado por la Asamblea Legislativa.

El no pago del FODES ha impedido que los gobiernos municipales cancelen salarios a los trabajadores, así mismo la no realización de las obras municipales en las diferentes comunidades.

Dicha situación ha llevado a trabajadores, organizaciones sindicales municipales  y a los mismos Alcaldes a realizar  acciones de protesta y cierres para obligar  al ejecutivo la pronta entrega del FODES.

Alcaldes coinciden que se trata de una maniobra política ya que se está  a  pocos meses de realizarse las votaciones para elegir a los 262 Alcaldes y sus respectivos concejos municipales pluralistas. Al respecto  Ernesto Muyshondt  alcalde de San Salvador expreso: “…Es lamentable que busquen ahogar a las alcaldías por fines políticos y electorales. No es por falta de dinero. Nunca un gobierno ha tenido tanta disponibilidad de fondos como este gobierno. No es solo a los alcaldes que le hacen daño sino a la población. Es lamentable y condenable” (EDH. 24/09/2020).

En realidad, no se trata solamente de una maniobra política del gobierno de Bukele; la causa fundamental es la falta de recursos para el FODES, lo cual coincide con la lucha librada por Bukele en contra de otras fracciones burguesas emergentes que buscan consolidarse y de sus   partidos políticos.

Más que una lucha política

A pesar que los fondos le fueron entregados  al órgano judicial y posteriormente al Legislativo, el atraso de la transferencia de dichos fondos, así como también el atraso del FODES reflejan   la crisis financiera del Estado y del gobierno de Bukele la cual apenas empieza.Se deja entrever que actualmente aun los salarios de los empleados se están financiándose vía préstamos, lo cual no es la vía apropiada.

Durante la pandemia hubo mayores ingresos pero fue  vía préstamos, a raíz de la misma pandemia y de la cuarentena se espera que la recaudación fiscal sufra  una baja la cual según el Ex ministro de Hacienda  oscilaría  entre  los  $990 millones. 

El  Estado Salvadoreño está en quiebra, el gobierno de Bukele y los Diputados continúan endeudando más al país, para así poder seguir pagando los  grandes salarios a los altos funcionarios de los tres órganos del estado y de las instituciones autónomas, funcionarios de Bukele al igual que los gobiernos de ARENA y del FMLN  continua haciendo negocios con el dinero de los prestamos  desde la estructura del Estado lo cual golpea también la economía del estado.

Que la “medicina amarga” sea para los millonarios y altos funcionarios

La crisis financiera ya es una realidad, sus efectos apenas empiezan a sentirse han sido los trabajadores públicos del órgano legislativo y judicial quienes se vieron afectados en un primer momento, de igual manera muchas obras realizadas por los gobiernos municipales no han podido realizarse.  Ante la falta de recursos financieros el Ejecutivo y el legislativo a pesar de sus pugnas coinciden  en los préstamos como alternativa  lo cual termina acrecentando más la crisis y es contraria a los intereses del pueblo salvadoreño.

Son los trabajadores quienes en realidad se están viendo afectados ante la no transferencia de los fondos, al agudizarse más la crisis serán los trabajadores públicos, municipales y de las autónomas quienes se llevarán la peor parte y muchas de sus prestaciones económicas y sociales que fueron conquistadas corren el riesgo de desaparecer. Ya hemos visto que el Ejecutivo y el Legislativo no les importan los intereses del pueblo y de la clase trabajadora.

Por lo anterior como organizaciones sindicales, campesinas,  populares, indígenas y estudiantiles debemos:

Rechazar el  endeudamiento

Los préstamos no deben ser la fuente principal de financiamiento, como medidas para llevar mayores ingresos al estado tanto el Presidente y los Diputados deben cargar impuestos al gran capital y a la gran empresa, todas aquellas grandes empresas que no paguen impuestos deben pasar a manos de los trabajadores. Los grandes evasores de impuestos deben ser obligados a pagarlos.

El estado debe recuperar  servicios como telecomunicaciones, banca, etc. los cuales fueron privatizados en los gobierno de ARENA, las ganancias que ahora quedan en manos privadas deben quedar en manos del estado y servirían  para financiar  el presupuesto de la república y realizar mayores obras.

No al pago de la deuda externa

Para el primer semestre del 2020 la deuda pública superó  $21,258 millones. Según el  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)  “…El país que experimentará un mayor nivel de déficit fiscal  (diferencia entre ingresos y gastos)  al cierre de 2020 será El Salvador con un estimado del 11.9% del PIB, seguido de Costa Rica (8.3%), Honduras (6.4%), Panamá (6.2%), Guatemala (5.8%) y Nicaragua (0.8%)  y …estima que El Salvador podría cerrar con una deuda en torno al 92.1 % del PIB, lo que implicaría que por cada $100 producidos en la economía, $92.10 serán para pagar deuda”.

La deuda externa está  llegando  a términos de impago por lo cual la única salida es que es el estado salvadoreño no continúe pagando la deuda externa  y que los recursos sirvan para enfrentar la crisis.

Que el gobierno devuelva los fondos de los trabajadores y que se renacionalice el sistema de pensiones

Parte de la deuda pública en el 2019 incluía  $ 5.704 millones de la  deuda del Sector Público Financiero en la cual está incluida la deuda de pensiones adquirida a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), o mejor dicho dinero que  los trabajadores cotizan a las AFP y que ha sido prestado al gobierno para pagar  la pensión a los jubilados de ISSS e INPEP.

El presidente Bukele y los Diputados  deben dar prioridad al pago de la deuda contraída por estado con los trabajadores  a la vez misma se debe terminar con la AFP y crearse un organismo autónomo  tripartito que administre el dinero de las cotizaciones para pensiones de los trabajadores, los fondos con los cuales se queden las AFP estarían entrando a las arcas del Estado. Lo anterior solo es posible si se deroga la Ley del  Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). 

No más impuestos para el pueblo,  ni privatizaciones que nos perjudiquen

Los organismos financieros podrían utilizar la crisis y el endeudamiento para hacer que el  gobierno continúe  privatizando partes de los servicios brindados por el estado, debemos rechazar y denunciar todo intento de privatización. Asi mismo debemos oponernos a toda iniciativa legislativa que busca aumentar los impuestos como el IVA, renta, etc,

No podemos permitir que se continúen concesionando servicios como seguridad, alimentación, limpieza de las diferentes instituciones del Estado, ya que esta es una forma de enmascarar la privatización.

Reducción de los grandes salarios de los altos funcionarios

Según proyecciones en el  2020, “….el Gobierno de El Salvador pagará más de $2,962.3 millones en remuneraciones de casi 200,000 empleados,  de estos Al menos $879,799.08 serán para los 10 funcionarios con mejores salarios de todo el Estado. entre los que destacan Daniel Álvarez, Presidente de Cel: $10,460.00, Salvador Gómez Góchez, presidente de PROESA: $7,000.00, Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas: $6,884.58, Óscar Pineda, presidente del Órgano Judicial: $6,835.3…”(DEM. 09/03/2020)

Altos funcionarios como Magistrados, jueces, fiscales, Diputados, Asesores, ministros, presidente de instituciones autónomas y los demás funcionarios de alto nivel ya  no deben continuar cobrando grandes salarios, debiendo devengar un sueldo igual al de un obrero cualificado, de igual manera se les debe retirar beneficios como gastos de representación, gasolina, etc. con ello se estaría ahorrando recursos al estado y asegurándose que las personas que trabajan verdaderamente cuente con su salario.

Alto al aumento de impuestos y tasas municipales

Debemos rechazar toda propuesta de aumento de impuestos y tasas municipales por parte de los concejos municipales, no debemos permitir que los Alcaldes y sus concejos municipales con el aval de los Diputados ante la crisis aumenten los impuestos. Aquellos Alcaldes y concejos municipales que devengan grandes salarios deben de reducírselos.

Combate a la corrupción

Frases como Devuelvan lo robado así como  el combate a la corrupción fue uno de los principales eje de la campaña del ahora presidente Bukele, a escasos meses de su gestión salen a florecer casos de supuesta corrupción realizado en su gobierno durante la pandemia por el COVID-19 en donde empresas ligadas con funcionarios realizan negocios con el mismo gobierno para beneficiarse como ejemplo la compra de protectores faciales, mascarillas, etc,  a sobreprecio, además de lo anterior también existe señalamientos de doble contrataciones, etc.

Todo pareciera que la corrupción salpica nuevamente al  gobierno de Bukele.  No es posible que mientras el estado no cuenta con los recursos financieros para cancelar a tiempo los salarios de los trabajadores funcionarios del gobierno estén haciendo negocios.

La corrupción debe ser combatida venga de donde venga los corruptos deben devolver los fondos que se han apropiado del estado no basta sólo que vayan a la cárcel. Los sindicatos de empleados públicos deben denunciar la corrupción y el mal manejo de fondos.

No es posible que mientras la clase trabajadora, la clase media y la micro y mediana empresa paga sus impuestos estos vayan a parar a manos de funcionarios corruptos.

Transparentar manejo de recursos financieros

Es necesario que el pueblo salvadoreño conozca en que se están invirtiendo sus impuestos, préstamos y donaciones.  Los gobiernos municipales deben de transparentar el manejo que hacen con el FODES, los cuales no deben ser utilizados con fines electoreros.

Independencia y unidad sindical 

Las organizaciones sindicales deben mantener su independencia con respecto al Ejecutivo y los Diputados así como también de los gobiernos municipales y se deben luchar por  reivindicaciones propias de la clase trabajadora: como son la defensa y mejora de los salarios, no permitir recortes y despidos de trabajadores , defensa y mejora de contratos colectivos de trabajo, que los trabajadores por servicios profesionales y por contrato pasen a Ley de Salarios, pensiones dignas.

No debemos permitir que sean los trabajadores quienes carguen con la crisis financiera del Estado debemos estar atentos a los planes que buscan implementar tanto los gobiernos municipales y el gobierno central. No se deben descartar los métodos populares de lucha, hemos visto como los alcaldes y los concejos de lucha han recurrido a los mismos y no es posible que cuando los utiliza la clase trabajadora meramente para sus reivindicaciones sean criminalizados.

Es momento que las diferentes organizaciones sindicales planteen la unidad debiendo prevalecer como único interés la defensa de los trabajadores.

No se debe caer en cantos de sirena del Ejecutivo, del legislativo y de los gobiernos municipales, es recordar que estamos en una coyuntura preelectoral mientras pasan las elecciones ofrecerán el cielo y la tierra y luego dirán que estamos enfermos y que nos toca beber medicina amarga.


Por Alberto Castro

El día viernes 2 de octubre las instalaciones de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM)  en San Salvador, fue blanco de acciones violentas y antidemocráticas, al respecto  Mario Montes, presidente de AGEPYM, expresó: “Ellos plantean que el 18 de julio hicieron una asamblea extraordinaria en el Mágico González, solicitamos al INDES y nos dijeron que nunca se celebró ninguna asamblea […] Ahora plantean que tienen apoyo del ministro de trabajo; es más, las personas que se tomaron el edificio pertenecen a ellos, al ASTRAM y del STISSS, son las organizaciones que han confabulado tomarse el edificio.” Cabe destacar  personas dirigentes de estas organizaciones sindicales  respaldan al Gobierno de Bukele, lo cual les hace merecedores del apoyo de  Rolando Castro Ministro de Trabajo, Ministro de Trabajo pudiendo ser lo anterior  parte de la lucha política del Ejecutivo.

Rechacemos toda práctica antidemocrática

La toma de dichas instalaciones y el irrespeto a la democracia interna de AGEPYM   debe preocupar a todas las direcciones sindicales, pues en este caso estaríamos ante un ejercicio de una práctica de  imposición direccional de organizaciones de trabajadores, es decir un corporativismo.

Estas personas ingresaron por la fuerza ejerciendo violencia de principio a fin; sacaron de las instalaciones a Mario montes presidente de Agepym, mantuvieron la toma hasta el sábado 3 de octubre por la tarde, por su parte la Junta Directiva de AGEPYM, quedó a expensas de la intervención de la Fiscalía General de la República, para la inspección debida y así deduzca responsabilidades penales en torno a estos actos.

Intereses financieros y políticos

AGEPYM es una organización que por su naturaleza no es una organización sindical, sin embargo al ser sus afiliados empleados Públicos y Municipales, le hace estar vinculada con actividades de interés para los trabajadores,  dónde confluyen intereses comunes con organizaciones sindicales, estableciendo así vínculos cercanos con dichas  organizaciones;  por tanto no es extraño que tenga mucha influencia en ellas.

AGEPYM cuenta con fondos derivados de las aportaciones de su membrecía en concepto de cuotas, además de ya haber acumuldo cierto patrimonio, eso le vuelve apetecible a lo ojos de oportunistas y corruptos, para  hacerse de su control y de esta forma apoderarse de los recursos de dicha organización.

Lo acontecido en AGEPYM es la misma receta aplicada al STISSS, cuando Monge aprovechado el patrocinio del Ministro de Trabajo,  monto una “Asamblea”  para destituir a la Junta Directiva que administraba en ese  momento al STISSS la cual también es de mencionar que habia entrado en contubernio con el gobierno del FMLN.

Lo del viernes 2 de octubre en AGEPYM  no fue una simple pugna entre direcciones, se trata de un asalto violento, y una respuesta defensiva por parte de la Junta Directiva.

Más de lo mismo

La forma  como se han celebrado las elecciones en AGEPYM pese a cumplir con formalidades, no son totalmente democráticas, hay una camarilla que se alterna como rueda de caballitos en los cargos de dirección, lo cual es necesario resolver, no obstante lo realizado  por las personas afines al gobierno tampoco es correcto y deja la interrogante respecto a los fines con los cuales quieren recuperar la organización.

La historia del STISSS se repite en AGEPYM, y al ser avalada jurídicamente violentado el estado democrático de derecho,  lo que demuestra que el gobierno quiere una organización dócil para ello legaliza dicho hechos y de esa manera los dirigentes que reemplacen a otros ya van previamente comprometidos.

Que la Asamblea General decida

AGEPYM debe ser devuelta  por la vía democrática a los Empleados Públicos y Municipales, por lo cual es un momento adecuado para plantear la realización de una Asamblea General Extraordinaria, en donde se garanticen las condiciones que permitan la libre y democrática participación de todos las personas afiliadas, que todas las personas puedan optar a cargos de dirección y además que se abran los libros de contabilidad para que todos los afiliados puedan conocer cuánto son los recursos financieros que  se tienen y en que se están invirtiendo.

Siendo AGEPYM una organización representativa de los trabajadores de las instituciones públicos, municipales y autónomas debe tomar un papel activo en los problemas que afectan a los trabajadores tal es caso del tema de pensiones, lucha contra la privatización de servicios públicos, ley de la función pública. Además se garantizar la independencia de AGEPYM  de todo partido político.


Por Juan Flores

EL  Presidente Nayib Bukele mediante acuerdo ejecutivo 295, publicado el 1 de septiembre 2020  en el Diario Oficial tomo 428, delego a Félix Ulloa hijo Vicepresidente la República a coordinar el estudio y propuesta de reforma a la Constitución de la República a la vez lo autoriza “…para llevar a cabo el estudio análisis discusión y propuesta de todas aquellas iniciativas que tengan como objetivo una reforma constitucional como base para una legislación moderna y eficiente acorde a las necesidades actuales de la sociedad…”.

Cambiemos la reaccionaria Constitución de 1983

El actual orden constitucional salvadoreño no es un reflejo de la participación democrática del pueblo. Al contrario, la Constitución Política de 1983, vigente hasta el momento con algunas reformas, fue impuesta por el imperialismo norteamericano y las clases dominantes en plena Guerra Civil (1981-1992), cuando no existía ningún tipo de garantía o derechos democráticos, y en momentos en que las fuerzas armadas y demás cuerpos represivos de seguridad junto a los  escuadrones de la muerte masacraban a los dirigentes obreros y populares.

En estos momentos de crisis económica, política y social Bukele aprovechando su popularidad pretende  a través   de sus aliados políticos  reformar la Constitución para consolidar su proyecto político bonapartista mediante el cual se presenta como el salvador ante el pueblo y brindara la estabilidad que el gran empresariado necesita, la cual mantendrá a cualquier a cualquier costo una vez consolidado en el poder.

Bukele como Presidente no tiene iniciativa de Ley, pero en esta Legislatura  puede hacer las reformas utilizando los Diputados de los partidos políticos con los cuales mantiene alianzas en estos momentos y ratificarlos en la próxima legislatura en  la cual pareciera según encuestas  que Nuevas Ideas y GANA obtendrán la mayoría de Diputados.

Si bien la actual Constitución otorga ciertos derechos al pueblo salvadoreño en esencia  mantiene un  espíritu antidemocrático consagrando el partidismo y limitando  la participación política  de las amplias mayorías.

Como  pueblo salvadoreño verdaderamente necesitamos una Constitución Política en la cual además del reconocimiento de Derechos y Libertades se aseguren las condiciones materiales para el goce de los mismos.

Sectores de la derecha tradicional reaccionan

La iniciativa de reforma constitucional por parte de Bukele ha causado reacciones en diversos sectores Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana ha manifestado que  “no se puede reformar el sistema político ni la alternancia en el gobierno, hay una limitación en ese sentido. Hay que ver cuál es el sentido de la reforma para ver si es democráticamente aceptable o no” (EDH.09/09/2020).

Por otra parte Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES expreso que: “es sumamente preocupante que el Gobierno quiera impulsar en estos momentos de gran inestabilidad institucional el estudio y propuesta de reformas a la Constitución acorde a las ‘necesidades actuales de la sociedad'”. (EDH.09/09/2020).

Reacciones encontradas

Félix Ulloa, Vicepresidentre de la República y responsable del estudio de reformas, manifestó: “Los que se oponen a debatir sobre la Constitución son los abogados y constitucionalistas de un grupo económico y político que se resiste a la evolución de la sociedad, ya que el modelo que traemos es excluyente, no está a favor de la mayoría de la población”. Está claro la reformas a la Constitución  son parte de la lucha entre un grupo económico y político que busca desplazar al otro, los intereses de la grandes mayores son diferentes a los intereses de estos grupos económicos y políticos.

Los diferentes gobiernos siempre han hablado de reformas y de respecto a la Constitución Mauricio Funes el 15 de Octubre del 2008,  cuando era candidato a la Presidencia  firmó un compromiso de respeto a la reaccionaria Constitución de 1983 manifestando: “mi gobierno tendrá un compromiso incondicional con la Constitución (…) El régimen económico establecido en la Constitución de la república, la propiedad privada y la seguridad jurídica tendrán el mayor respeto y serán objeto de atención especial”. Nuevamente  “…el Gobierno de El Salvador está comprometido con respetar la Constitución, sus cláusulas pétreas y el Estado de Derecho, aunque considera clave debatir con todos los sectores su actualización y reforma, que implica dos legislaturas o una Asamblea Constituyente. (https://www.presidencia.gob.sv). Dicho Estado de Derecho es utilizado según los intereses tanto del Ejecutivo como el Legislativo.

Se contradicen en su discurso por una parte dicen que no quería que se hiciera ruido sobre el tema, pero luego manifiesta que … el Gobierno de El Salvador considera clave debatir con todos los sectores su actualización y reforma, que implica dos legislaturas o una Asamblea Constituyente.

Quieren un cambio de la Constitución desde arriba se contradicen cuando manifiestan que el Órgano Ejecutivo… lo único que se busca es “abrir el debate” para que la Carta Magna deje de ser un documento de una “élite jurídica” y pase a ser de dominio popular, cuando en la práctica según decreto menciona que el delegado en mención…pudiendo nombrar y designar para su asistencia a un Equipo Ad Hoc de Profesionales en Derecho.

Como pueblo no podemos dejar las reformas solo a la  “élite jurídica” y política  de ambos bandos se debe exigir ser incluidos en el debate y proponer reformas en beneficio de las amplias mayorías.

Que el pueblo decida: ¡Exijamos Referéndum!

La reforma de la Constitución no debe ser decisión de los gobernantes y de los políticos, el primer paso es quietarles ese poder de decisión. Debemos exigir que se realice una consulta popular respecto al SI o No a la reforma de la Constitución.

Asamblea Nacional Constituyente, libre, soberana, e independiente

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a las organizaciones sindicales, campesinas, pueblos originarios y populares a construir un frente independiente unitario respecto a Bukele y los corruptos partidos políticos representados en Asamblea Legislativa  para reclamar la instalación de una Asamblea Constituyente que implemente un plan de reorganización democrática del Estado. A la vez propone un Plan de Reivindicaciones básicas entre las cuales están:

1 Que sea el pueblo quien elija  directamente al  presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal general de la república y al Procurador General de la República, así mismo que sea el pueblo quien revoque el mandato a cualquier funcionario público. Un alto funcionario no debe ganar más allá del salario de un obrero calificado.

2.- Democratización  del régimen político electoral  lo  que implica flexibilizar los requisitos para la creación y legalización de partidos políticos, y de las candidaturas no partidarias que permitan la participación política de los trabajadores, campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares. A nivel municipal los consejos municipales deben ser representativos de todas las expresiones políticas.

3. Incorporación de mecanismos como el referéndum,  plebiscito. Etc que permitan la participación democrática y consulta popular en temas de interés nacional.

4. Reconstrucción de  la nación y el estado federal centroamericano.

5. Revertir el proceso de dolarización.

6. Retirar toda protección jurídica que permita a los funcionarios públicos actuar en impunidad tal es el caso del fuero político y militar.

7. Cese de la creciente remilitarización.

8. Garantizar la seguridad, la prevención y  combate a la violencia y delincuencia.

9. Por el derecho a la  libertad de sindicalización y el derecho a huelga de todos los empleados públicos y municipales, así como también garantías de estabilidad laboral.

10. Despenalización de todos los métodos tradicionales de lucha social.

11. Asegurar que los que tienen más dinero, paguen más impuestos.

12. Implementación de una reforma agraria integral.

13. Reconocimiento de la existencia y derechos  de los pueblos originarios (indígenas).

14. Fortalecer el sistema público de salud con carácter gratuito a niveles que satisfagan las necesidades de la población.

15. Garantizar el acceso de toda la población a una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, así como la asignación de un presupuesto justo a la Universidad de El Salvador. Destinar los recursos necesarios para el   fortalecimiento del sistema de educación pública, mejorando la excelencia académica y la investigación científica.

16. Aumento  general de salarios para los trabajadores públicos y privados de la ciudad y del campo. Que se establezcan  salarios mínimos acordes con el monto de la canasta básica, los cuales deben subir automáticamente al ritmo del aumento de la canasta básica. Obligar a los patronos a pagar todas las prestaciones sociales de ley.

17. Plan de construcción de viviendas a bajos precios para todos los trabajadores, sectores populares y campesinos que las necesiten.

18. Protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Terminar con todo proyecto que afecte al medio ambiente y las poblaciones.

19. Renacionalización de las  empresas, servicios y recursos privatizados o entregados en concesión.

20. Nacionalización de la banca,  sistema financiero, sistema de pensiones  bajo control de los trabajadores.

21.- Garantizar el Derecho al trabajo y una vida digna para todos.  Se debe combatir el desempleo. No a la flexibilización laboral y a los empleos precarios sin goce de prestaciones ni estabilidad. No a la privatización de la seguridad social.

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