Por Carla Ramírez

Existen opiniones encontradas respecto al manejo de la pandemia del COVID-19 por parte del gobierno de Bukele, muchos consideran que ha tenido un manejo apropiado y otros consideran que ha sido inadecuado, las opiniones en  gran parte están  influenciadas  por el manejo de imagen publicitaria,  manipulación de información por parte del Ejecutivo y el legislativo y el  rechazo a los partidos políticos tradicionales del régimen los cuales en sus gobiernos se vieron involucrados en actos de corrupción y  cualquier señalamiento que realicen en contra del gobierno es desvirtuado.  

Existen aspectos respecto al manejo de la pandemia los cuales es necesario analizar, y discutir, debemos ser  críticos ya que  independientemente de la afinidad partidaria la enfermedad por el COVID-19 está afectando a todos con la diferencia que a unos les ha tocado la peor parte.

Cifras no reflejan la realidad

Ya antes que se finalizara la cuarentena los centros de atención hospitalaria del Ministerio de Salud (MINSAL) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) habían sobrepasado la capacidad de atención y hospitalización, esta realidad puede ser confirmada por los trabajadores de salud a quienes le ha tocado sobrellevarla.

Las cifras dadas por el gobierno de Bukele respecto a los contagios y fallecidos antes que finalizara la cuarentena  no han reflejado la realidad, ya al decir datos reales se estaría poniendo entre dicho la efectividad o éxito de las medidas adoptadas para contener la pandemia.

Al 6 de julio del 2020 oficialmente se reportan 8,027 casos confirmados;  4,730, personas recuperadas;  3,074 casos  activos, y 223 personas fallecidas. Después de finalizada la pandemia el reporte de casos de contagios o mejor dicho de casos positivos y de fallecidos por COVID-19 va en aumento, lo cual es lógico ya que si el número de pruebas aumenta también aumentara el reporte de casos, de igual manera pareciera que la finalidad es demostrar que la falta de cuarentena es la causa.

La población tiene el derecho de conocer la realidad con relación a la pandemia, el gobierno debe aceptar que ante la magnitud de la pandemia y el deficiente sistema de salud salvadoreño ha sido incapaz  de asegurar la salud y la vida del pueblo salvadoreño.

Sindicatos exigen pruebas

Al 6 de julio oficialmente el gobierno reporta haber realizado 177,366 pruebas COVID-19, de estas existen personas a las cuales se le ha repetido la prueba por varias ocasiones, mientras un alto porcentaje de trabajadores de la salud no se las han realizado a pesar que presentan síntomas y signos relacionados al COVID-19.

Al respecto Silvia Navarrete de SITRASALUD manifestó: “Nos han dicho que no hay pruebas, que se han agotado. ¿Cómo se pudieron haber agotado de la noche a la mañana?”… hay muchos empleados que en este momento se les debería estar haciendo la prueba del COVID-19 para que puedan presentarse a su lugar de trabajo, pero se las han negado. De no realizárselas, la situación se agrava más debido a que exponen a los otros trabajadores y a los que acuden a consulta…”   (EDH.04/07/2020).

Lo anterior es reafirmado por Milton Brizuela del Colegio Medico quien manifestó: “Por eso es que nosotros siempre cuestionamos sobre de dónde dicen que salen esas 2,400 pruebas que toman. No se las están tomando a los pacientes que están llegando a los hospitales, no hay vigilancia centinela; no sabemos en qué lugar están tomando las pruebas que reportan a diarios”  (EDH.04/07/2020).

Discriminación en la aplicación de prueba

Desde inicios los lineamientos para determinar a quién hacer o no hacer la prueba han estado entre dicho solo a manera de ejemplos se puede mencionar el caso de Roberto d'Aubuisson Alcalde de Santa Tecla a quien  inmediatamente  de su ingreso  a El Salvador se le realizo la prueba, otro ejemplo son los funcionarios del gobierno  como Mario Durán y Conan Castro, etc. quienes han manifestado haberse contagiado por el COVID-19  a los cuales seguramente inmediatamente se les aplico la prueba y no tuvieron que esperar al igual que las demás personas, a las cuales a lo mejor ni se les realizaran

El hecho de no aplicar la prueba a los trabajadores de salud, atenta contra la vida y salud de los trabajadores mismos y de sus familias.

Pruebas para todos

Respecto a las pruebas  Francisco Alabí  Ministro de Salud manifestó “…No podemos cargar el laboratorio de muestras. El laboratorio tiene capacidad para procesar dos mil pruebas diarias”. Esto deja claro el enfoque que tiene el gobierno de Bukele respecto a la salud.

Se debe exigir que aumente la capacidad de procesamiento de pruebas. Para ello debe disponer los recursos necesarios así mismo contratar el personal necesario con todas las prestaciones de Ley.

Al no aplicar la prueba muchos trabajadores sintomáticos o asintomáticos se ven obligados a continuar trabajando, por lo tanto debemos exigir las pruebas necesarias para todo el personal.

Por Francisco Sánchez

A estas alturas, con los altísimos niveles de contagio y muerte por la pandemia del COVID-19, van quedando al descubierto las mentiras  del gobierno de Bukele y de todos los Diputados de los diferentes  partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, relacionado con la protección de los trabajadores de salud y de la población en general.

Los Decretos

Los salvadoreños hemos sido testigos de los múltiples enfrentamientos entre el gobierno de Bukele y los Diputados, a raíz de los diferentes decretos emitidos por el Ejecutivo; muchos de los cuales, al final han sido declarados inconstitucionales por la Sala Constitucional.  La revancha de Bukele no se ha hecho esperar, quien ha terminado vetando muchos de los decretos aprobados por la Asamblea Legislativa.

Es de resaltar que estos decretos han sido parte de un juego político entre ambos bandos. En  este juego de poderes, quien ha salido afectado ha sido el pueblo salvadoreño  y los trabajadores de la salud.

Cuando les conviene la Bukele y los Diputados, fundamentan sus desacuerdos basándose en la seguridad jurídica o falta de recursos financieros.

Bukele priorizó lo económico  y seguridad jurídica

El 1 de abril del 2020 la Asamblea Legislativa aprobó  el Decreto Legislativo  620, que otorgaba a los trabajadores de salud dos beneficios fundamentales: dotación de Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado y el beneficio de un seguro de vida.

Este decreto fue vetado por el Ejecutivo, argumentando vulneración al principio de equilibrio presupuestario e inconstitucionalidad del mismo. Vemos pues como Bukele tiene un doble discurso: cuando se trata de invertir en la salud de los trabajadores no hay dinero, y cuando le conviene  es más importante la legalidad  que la vida y la salud de los trabajadores.

La jugada de los Diputados y de la Sala

A pesar que fueron los mismos Diputados quienes aprobaron  el Decreto  620, la practica demuestra que se trató de una maniobra política más, ya que  guardaron  silencio respecto al veto,  y  esperaron a que muchos  trabajadores de salud se contagiaran por falta de EPP adecuado, producto de lo cual ya van varios fallecidos por el COVID-19.

Los Diputados esperaron el momento oportuno  para hacer público el veto y la superación del veto, de igual forma  los Magistrados de la sala de lo constitucional esperaron el momento oportuno para  declarar  inconstitucional del veto presidencial referente al Decreto Legislativo. 

Los Diputados, el presidente y la Sala han jugado con la vida de muchos trabajadores de la salud y de las familias de estos, ahora les llaman héroes cuando en realidad han sido víctimas de un juego de intereses políticos.

EPP Y Seguro de vida para todos los  trabajadores de la salud

En Decreto Legislativo 620 en el artículo 2 establece: (…) el gobierno de la Republica es el responsable de la atención medida de todos los trabajadores de salud y de los médicos que atiendan la pandemia de COVID-19  y a los pacientes. Así mismo el gobierno  será responsable que los trabajadores de salud  y los profesionales  de la salud tengan acceso a equipos de protección adecuados  e idóneos  para desarrollar sus diferentes funciones. Queda prohibido utilizar solo trajes quirúrgicos  o batas verdes y zapateras para atender a los pacientes con COVID-19, deberán ser los equipos de protección recomendados por la OMS-OPS.”  

El Artículo 4 se refiere a que: “El gobierno de la Republica implementara los mecanismos para que los profesionales de la salud tengan un seguro de vida que permita la seguridad social de sus familias”.

En dicho decreto los Diputados han mezclado varias categorías como son  “trabajadores de salud, médicos” y en el artículo 4 hacen referencia a “profesionales de la salud”.  Viniendo de los Diputados no sabemos si fue por desconocimiento o fue producto de la ignorancia, al utilizar variados términos cuando en realidad todos somos trabajadores de la salud, todos dependemos de un salario y todos enfrentamos al mismo enemigo: el covid-19

A nivel de salud todos son  un equipo de trabajo, tan fundamental  es la actividad realizada  por el personal de limpieza como lo son las funciones realizadas por  el personal que ha cursado una carrera universitaria o técnica.

Todos somos trabajadores de salud, por tanto el equipo de protección  personal y el seguro de vida  debe ser para todos las personas que laboran en los diferentes centros de atención medica hospitalaria, independientemente de  la función que desempeñen  y debe ser extensivo para todos  los trabajadores del Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), clínicas y hospitales privados.

Ahora se rasgan las vestiduras, no demos olvidar que tanto en el MINSAL y el ISSS servicios como limpieza, seguridad, alimentación fueron  concesionados a empresas privadas, por lo tanto  los trabajadores de estas empresas también tienen derecho a equipo de protección y a seguro de vida. El gobierno de Bukele debe  obligar a dichas empresas a otorgarles a sus trabajadores el EPP necesario y el Seguro de vida.

Por más reivindicaciones

Si bien el seguro de vida y el EPP son fundamentales,   solo representa una parte de las reivindicaciones de los trabajadores de la salud,  ya que el hecho que se le dé EPP adecuado al trabajador de salud, no debe conllevar una sobrecarga laboral, la cual está afectando a todos los trabajadores de salud.

 Las organizaciones sindicales de salud deben mantener su independencia de clase respecto al gobierno de Bukele, los Diputados y la  Sala, y levantar un programa de reivindicaciones  en beneficio de todos los trabajadores de salud. No debemos permitir que continúen los contagios y muerte del personal de salud y de sus familias.

Francisco Sánchez

Según la Ley del Seguro Social, los órganos superiores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) son  el Consejo Directivo y la Dirección General. El Consejo Directivo es la máxima autoridad del ISSS en lo   administrativo, financiero y en el técnico.

Por parte de los trabajadores del ISSS está  el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) como sindicato titular, junto a los demás sindicatos del ISSS tienen como finalidad defender los intereses de sus afiliados y de todos los trabajadores del ISSS.

Bukele  y el Consejo Directivo del ISSS

El Consejo Directivo  está conformado por el  Ministro de Trabajo y Previsión Social cargo que desempeña Rolando Castro quien tiene quien es el  Presidente del Consejo Directivo, también lo conforman: Cuatro miembros gubernamentales (de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social, de Salud Pública y Asistencia Social y de Economía),  dos miembros representantes de los trabajadores,  dos miembros representantes patronales, un representante del Colegio Médico de El Salvador, un miembro  de la Sociedad Dental de El Salvador y  el Director General del ISSS, y en su defecto, el Sub-director General. Para el caso de la Dirección  General del  ISSS esta corresponde a la Licenciada Delmy Cañas de Zacarias.

Son estas en realidad las autoridades  responsables de lo que se hace o se deja hacer en el ISSS de cara a garantizar la atención medica hospitalaria de los trabajadores cotizantes al ISSS.

 Fuerza-STISSS la nueva administración del STISSS

Para el caso del STISSS en septiembre del 2019 el  Ministerio de  Trabajo y Previsión Social  emitió una resolución mediante la cual reconocía  a Ricardo Jesús Monje Cornejo  del Colectivo Fuerza-STISSS como Secretario General  del STISSS a la vez misma mediante resolución destituía  y expulsaba a los miembros del colectivo UNTRAC quienes en ese momento conformaban la junta directiva general lidera por Armida Franco, ligada al FMLN, por lo cual ya no le era útil al nuevo gobierno de Bukele-GANA y al Consejo Directivo del ISSS.

En Diciembre bajo múltiples cuestionamientos el STISSS realizó Asamblea General Ordinaria, la cual solo sirvió para que se ratificará  a Ricardo Jesús Monje Cornejo como   Secretario General para el periodo del 2019-2021.

La nueva Junta Directiva del STISSS al igual que la UNTRAC llegaba atada, condicionada  y avasallada al gobierno Bukele-GANA y al Consejo Directivo, que el presidente del Consejo Directivo es el mismo Ministro de Trabajo, ente que regula a los Sindicatos, teniéndose la nueva dirección del STISS que definir a qué lado debería estar.

COVID-19 la prueba de fuego para el STISSS

Ricardo Jesús monje Cornejo como nuevo Secretario General del STISSS, llegó en momentos en los cuales la pandemia por el COVID-19 pone al descubierto el deficiente y cuestionado sistema de atención médico hospitalario del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), quien tiene la responsabilidad de asegurar la atención médica hospitalaria a la clase trabajadora cotizante quienes son verdaderamente los que  financian el presupuesto del ISSS.

La pandemia por el COVID-19 está poniendo a prueba al STISSS respecto a que intereses defender,  así como también a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional  en función de garantizar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores del ISSS.

Si bien la pandemia es algo con lo cual no se habían enfrentado, pero todos los trabajadores del ISSS siempre han estado expuestos a contagio de enfermedades infectocontagiosas, la pandemia por el COVID-19  ha demostrado  que a  pesar de existir todo un marco jurídico en materia de seguridad y salud ocupacional,  en gran parte ha sido letra muerta, no se había asegurado los Protocolos y  Equipos de Protección Personal para el personal lo cual obliga a las autoridades del ISSS ha realizar mayores inversiones, pero las anteriores administraciones  del STISSS  por su mismo contubernio con el gobierno y las autoridades del ISSS  asumieron desconocimiento, práctica que amenaza y carcome aun a la nueva administración del STISSS.

Los nuevos mismos de siempre

EL colectivo Fuerza-STISSS como nueva  Junta Directiva y el heroico luchador Ricardo Monje (padre) quien lucho y derroto   la privatización de la salud,   se propuso  ser diferente a la UNTRAC, en sus pocos meses la nueva dirección del STISSS  en gran parte se han  dedicado  en  señalar la mala gestión de sus antecesores.  Siguiendo el camino de los mismos de siempre  se han dedico a defender al gobierno de Bukele  y a las  máximas autoridades del ISSS, trasladando la deficiencias y la histórica falta de Equipo de Protección Personal (EPP) a los mandos medios y jefaturas dentro de la cuales si bien es cierto tienen responsabilidad, pero la  mayor es de las   máximas autoridades del ISSS ya que al final son ellos los que deciden que hacer.

Ante la pandemia por el COVID-19, en donde el STISSS tenía que estar al pendiente de la falta de EPP,  fueron los trabajadores por si mismos  quienes se atrevieron e hicieron público la falta de Equipo de Protección Personal (EPP) en todos los centros de atención, en donde  las autoridades del ISSS fueron obligadas  a comprar parte de los EPP.

Falta EPP e imprevisiones atentan contra pacientes y trabajadores

Entre finales de mayo e inicios de Junio el sistema de salud entro al  colapso, el gobierno de Bukele  guardo silencio en su momento para mantener su imagen, dicho colapso del sistema de salud fue señalado por representantes de organizaciones sindicales.

La falta de Equipo de Protección Personal  nuevamente es evidente, lo cual está exponiendo a contagios  a todos los trabajadores del ISSS y sus familias, pero la Junta Directiva del STISSS no quiere reconocer dicha realidad.

Solo como ejemplo bastaría con preguntarle a los representantes sindicales de Fuerza-STISSS: ¿se le está dotando de Mascarilla N-95 a todo el personal?, ¿cada cuanto se está dotando al personal?  y la calidad, la misma pregunta seria con la mascarilla quirúrgica. Realmente en algo tan sencillo pero fundamental para la protección de los trabajadores están fallando.

La N-95: “regalo”  de Fuerza-STISSS

La actual Junta Directiva del STISS en lugar de exigirles a las máximas autoridades del ISSS y al gobierno de Bukele dotar  de EPP adecuado y de calidad a todos los trabajadores, lo que ha hecho es dar a cierto grupo de trabajadores una   mascarilla N-95, la cual seguramente ha sido comprada con las cotizaciones de los afiliados.

Es buena acción que se esté regalando dicha mascarilla, ya que es de gran utilidad para la protección pero una mascarilla es insuficiente, si realmente quiere aportar a la bioseguridad de los trabajadores el STISSS además de exigirle a las autoridades del  ISSS que destinen los fondos necesarios para la compra de EPP, deben exigirle a que se les asigne al STISSS y demás sindicatos desde la institución un fondo de emergencia para la compra de EPP.

No más muertes de trabajadores de la salud

Son varios los trabajadores de ISSS que han fallecido y son muchos los que se han contagiado, realidad que es válida para todos los trabajadores de la salud.

El STISSS en la mayoría de casos solamente se ha limitado a dar las condolencias y posiblemente a cumplir con la  ayuda  económicas que por ley  corresponden a las familias de los  afiliados fallecidos.

Fuerza-STISSS como actual administradora del STISSS, realmente debería estar investigando  las causas por las cuales el personal se está contagiando y que factores son los que han llevado a la muerte de los trabajadores, partiendo de ello como sindicato deberían proponer medidas a las autoridades del ISSS para salvaguardar la salud y vida de los trabajadores.

A pesar que el gobierno de Bukele mediante decreto Ejecutivo dictó medidas para salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores con enfermedades crónicas y trabajadores  mayores de edad,  en muchos centros de atención médica hospitalaria del ISSS esto no se cumplió y los actuales dirigentes del STISSS no garantizaron  que se cumpliera.

Debemos exigir que todas las personas con enfermedades crónicas, personas mayores de 60 años, no se han expuestas a condiciones de contagio por COVID-19, debe discutirse la posibilidad que este personal sea enviado a sus casas con todas las prestaciones de Ley.

Reducción de la sobrecarga laboral

La sobrecarga laboral está llevando al colapso del personal del ISSS, lo cual atenta contra el mismo personal y la atención de los pacientes, por lo cual se debe reducir la jornada laboral diaria a 6 horas  y a 30 horas  semanales, que la elaboración de los planes sea equitativa, lo demanda mayor personal el cual debe ser contratado con todas las prestaciones de Ley.

También se debe exigir que el personal  en las áreas COVID, no exceda más de cuatro horas, ya que el personal en la mayoría de caso para ahorrar EPP es sometido a jornadas mayores a las cuatro horas.

La paradoja FUERZA-STISSS

El  Colectivo Fuerza-STISSS de Ricardo Monge junto a otros sindicatos del ISSS se manifestaron por dos días consecutivo en contra de la AsambleaLegislativa, la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y la Sala de Constitucional ya que dichos organismos entorpecían la labor del Ejecutivo y ponían en riesgo la salud y vida de la clase trabajadora si se reaperturava la economía, al final fue el mismo gobierno de Bukele quien terminó reabriendo la economía pero bajó sus términos. Ni el Presidente Bukele, ni los Diputados, ni la  Sala de los Constitucional se pronunciaron en favor de la reapertura de los servicios medico hospitalarios para los trabajadores que padecen enfermedades que no son COVID-19.

Mientras se rasgaban las vestiduras en defensa de la clase trabajadora, la actual administración  del STISSS ha sido incapaz de asegurar de forma integral la salud y seguridad ocupacional de sus propias bases y demás  los trabajadores del ISSS.

Es lamentable que trabadores que han cotizado al ISSS toda su vida tengan que morir por falta personal y  de equipos necesarios como ventiladores, oxigeno,  etc. lo cual no ha sido denunciado por el STISSS y demás sindicatos del ISSS.

La falta de recursos financieros para la compra de equipos, medicamentos, insumos  y contratación de más personal no es argumento, ya que el gobierno de Bukele tomó prestado 25 millones de dólares del ISSS.

El menoscabo a la independencia sindical por parte de la dirección del colectivo Fuerza-STISSS respecto al gobierno de Bukele y de una parte del Consejo Directivo del ISSS no le permite al STISSS y a su histórico dirigente Ricardo Monge recuperar la combatividad que caracterizo al STISSS en décadas pasadas.

Trabajadores del Hospital General ISSS rompen el silencio

Trabajadores del Hospital General ISSS  vencen  el miedo y desafiando a las autoridades y jefaturas mismas han dejado al descubierto la realidad que se está viviendo en casi todas los centros del ISSS.

La magnitud de la pandemia era conocida, desde que se dio el primer caso en El Salvador, las autoridades del ISSS han tenido tiempo para hacer las planificaciones y adecuaciones correspondientes, pero  la realidad ha demostrado  la improvisación por parte de  las autoridades del ISSS, quienes  han estado mas enfocadas a la agenda política, económica y electoral del Presidente Bukele que en la atención medica-hospitalaria de los trabajadores, la misma composición del Consejo Directivo del ISSS se presta para ello; la actual dirección del STISSS ha mantenido silencio.

Ante la situación actual que se vive en el ISSS  debido a la pandemia trabajadores médicos, enfermeras, etc. de manera simbólica realizaron una acción de protesta para denunciar la falta de una verdadera planificación de cara a la pandemia por el COVID-19, manifestando al respecto: "Desde el inicio de la situación de la pandemia se debilitó la institución, desfinanciándola (recordemos los 25 millones que el gobierno de Bukele tomo prestado) y sometiéndola a un plan incongruente e inconsulto: se tomaron decisiones inapropiadas, improvisadas, imposibilitando preparar cada centro para la Fase 3 (contagio comunitario masivo). Y como resultado tenemos pacientes encamados en las calles, en condiciones que riñen con la dignidad, lo cual no es justificado ante la oportunidad de espacios de atención… todo ese desorden institucional desemboca en riesgo de contaminación y complicaciones médicas para los pacientes y el personal…” (LPG.20/06/2020).

A  la fecha todos los hospitales de nivel 3 del ISSS y hospitales policlínicos en la práctica  son hospitales COVID-19, así mismo también existen Unidades Medicas del ISSS en donde se tiene pacientes ingresados por COVID-19. Lo anterior limita la atención médica hospitalaria  por causa de  otras enfermedades y emergencias poniendo en riesgo la vida de los asegurados y los trabajadores del ISSS.

Ante lo anterior, el personal y trabajadores del ISSS exigen “…que se dé una definición clara del rol que juega el Hospital General en este momento de la epidemia: ¿Es un centro de emergencias médico-quirúrgicas normales, comunes? ¿O es un centro de atención covid-19?...” (LPG.20/06/2020).

Defendamos la salud y la vida de toda la clase trabajadora

Debemos exigir a las autoridades del ISSS que verdaderamente  realicen todos los esfuerzos y acciones que aseguren la salud  y la vida de la clase trabajadora salvadoreña y que además se respeten la salud y la vida de los trabajadores del ISSS. 

Algunos dirán que ahora se le viene a exigir al gobierno y a las autoridades del ISSS,  pero que no se respeto la cuarenta o que es producto de la falta de emergencia nacional,   deberán saber quienes hagan dichos señalamientos que muchos de los contagiados y fallecidos  son trabajadores que tuvieron que trabajar aun en tiempos de cuarentena, solo como ejemplo tenemos los trabajadores de salud.

Por Alberto Castro

El  gobierno de Bukele-GANA y todos los  partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa,  ya están realizando procesos  de cara a las elecciones internas;  a su vez,  están creando condiciones para impulsar cada quien su campaña electoral de cara a las  elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero del 2021, en la que serán elegidos los 84 Diputados que conforman la Asamblea Legislativa,  los  20 Diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), así como los miembros de los 262 concejos municipales pluralistas y sus respectivos Alcaldes. 

Se promueven con la desgracia del pueblo

En medio de la pandemia y otras tragedias como la causada por la tormenta Amanda, los candidatos de los diferentes partidos ya están vertiendo su propaganda electoral. Los candidatos que correrán por el partido Nuevas Ideas o GANA aparecen cobijados bajo el manto de popularidad del presidente Nayib Bukele, quien se prepara para barrer a quienes se han opuesto a su poder desde el parlamento. Bukele necesita conquistar la mayoría absoluta de la asamblea legislativa para poder instaurar un régimen bonapartista, donde el tomo tome las principales decisiones. ARENA y FMLN, cada quien, por su lado, se preparan para sobrevivir como fuerzas políticas ante la arrolladora popularidad que Bukele ha logrado construir.

Los trabajadores y pueblo salvadoreño somos espectadores pasivos en esta importante batalla política. Muchos se conforman con ser parte de la clientela electoral de los mismos partidos de siempre. Es necesario romper con esta tradición de clientela política, y convertirnos en sujetos activos de los procesos electorales, para incidir en la formación de leyes que pueden beneficiarnos o perjudicarnos.   

Difícil pero no imposible

A finales de 2010 la Asamblea Legislativa aprobó las disposiciones que ahora permiten la inscripción de candidaturas no partidarias para Diputados a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esto no implicó una apertura democrática plena, ya que los requisitos para poder participar son difíciles de cumplir, pero no imposibles. Las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas contemplan que: “…en circunscripciones electorales de hasta trescientos mil electores, seis mil firmas. En circunscripciones electorales de trescientos mil uno a seiscientos mil electores, ocho mil firmas. En circunscripciones electorales de seiscientos mil uno a novecientos mil electores, diez mil firmas. En circunscripciones electorales de novecientos mil uno o más electores, doce mil firmas…”

Pese a ello en las elecciones del 2018, Leonardo Bonilla logró un puesto en la Asamblea Legislativa como candidato no partidario. En 2019, los partidos  ARENA, FMLN, GANA  y el PCN viendo el avance de las candidaturas no partidarias maniobraron estableciendo que: “…en ningún caso pueden sumarse a una candidatura no partidaria los votos obtenidos por otra candidatura del mismo tipo”..

Las experiencias previas

Antes de las reformas del 2010, la figura del diputado independiente era de hecho, servía de para identificar a los diputados disidentes de los partidos políticos de la Asamblea Legislativa.

Ahora bien es importante saber que han existido experiencias anteriores relacionadas a las candidaturas no partidarias para diputados, como la del 2015 en donde  Ernesto García, quien rompiendo con los barreras impuesta fue el único candidato a diputado no partidario por el departamento de San Salvador quien con gran esfuerzo logró recoger 12 mil firmas, pero no logro obtener un puesto en la Asamblea Legislativa.

Para el 2018 el número de candidatos fue mayor, lo que permitió que al sumar los votos de todos los no partidarios se obtuviera un puesto siendo esta la manera mediante la cual llego Leonardo Bonilla.

Ningún partido representa al pueblo 

Existe un descontento generalizado hacia los partidos políticos tradicionales, y la forma de hacer política, lo cual se puede constatar en los altos índices de ausentismo, así como de votos nulos y abstenciones.

El pueblo no tiene opción y los pocos que asisten se van por el menos peor.  Es momento que la clase trabajadora, presentemos opciones electorales al pueblo. Las organizaciones sindicales de El Salvador debemos  abrir las discusiones de manera fraterna en torno a  la  participación  en las elecciones del 2021 mediante las candidaturas no partidarias para Diputados a la Asamblea Legislativa.

Dichas candidaturas deben expresar un ejercicio democrático preliminar, las propuestas debe surgir de elecciones internas a partir de   una Asamblea Sindical Unitaria.

Es hora de contar con Diputados no partidarios que representen y defiendan los intereses del pueblo y que presenten iniciativas de Leyes en beneficio de las amplias mayorías, para así evitar que las organizaciones tenga  que recurrir a los tradicionales partidos políticos.