Por Rafael Martínez

En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la máxima autoridad en materia electoral, fue creado en 1991 en el marco de la Negociación y los Acuerdos de Paz entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Estado de El Salvador, bajo el gobierno de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), sustituyendo al Consejo Central de Elecciones (CCE).  Actualmente el TSE se encuentra integrado por  cinco Magistrados o Magistradas, quienes duran cinco años en sus funciones y son elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos son electos  de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales, que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial. Los dos Magistrados o Magistradas restantes, son elegidos con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los Diputados o Diputadas electos, de las ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, en el caso de estos últimos dos el Código Electoral establece que no tienen que tener filiaciacion partidaria, falacia  nada creíble.  A partir de lo anterior se puede deducir que es él partido oficialista quien  controla el TSE.

Para el 2024 en El Salvador se realizaran las elecciones para Presidente, Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y gobierno municipales, las maniobras para retener el poder por parte del Bukelismo han iniciado entre la que están la reelección presidencial y un eminente voto en cascada.

Reelección presidencial violenta principio de alternabilidad

Son varios artículos de la Constitución vigente  de El Salvador que prohíben la reelección presidencial inmediata entre estos se encuentra:
el Artículo 75 ordinal 4,  Artículo 88,  Artículo 131 ordinal 16. Articulo 154, que expresa : “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”. Y el  artículo 152 ordinal 1, que señala: “No podrán ser candidatos a Presidente de la República: 1) El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. En el caso de los artículos 154 y el 152 ordinal 1, han sido aparentemente superadas  por una sentencia fechada del 3 de septiembre del 2021 por la nueva Sala Constitucional impuesta. Dicha sentencia faculta  la reelección presidencial inmediata al presidente Bukele. Caso similar Daniel Ortega (Nicaragua-2009), y Juan Orlando Hernández (Honduras-2015).

La dictadura se consolida y la  amenaza de la reelección se concretiza cada día más, Bukele tiene bajo su control los tres poderes del estado y del TSE, el objetivo primordial en estos momentos  es  frenar la dictadura y una posible reelección de Bukele para lo cual la ruta a seguir es la unidad de acción del conjunto de la oposición y la movilización independiente de las fuerzas sindicales y populares, es ahí donde  debemos concentrar todos los esfuerzos por que si logra imponer su candidatura la lucha será más dura.

voto en cascada, otra maniobra

Recientemente el TSE presentó el Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2024, según el cual las elecciones presidenciales y de diputados a la Asamblea Legislativa serán el domingo 4 de febrero de 2024, y  el domingo 3 de marzo de 2024 serán  las elecciones de diputados al PARLACEN y concejos municipales, contrario a como se había realizado en años anteriores.

Lo anterior obedece a que la imagen y popularidad del Presidente Bukele se mantiene, mientras la imagen de los Diputados de Nuevas Ideas (NI) empieza a decaer debido al papel que están jugando en la Asamblea Legislativa al actuar igual a los anteriores y por los señalamientos en las  listas Engels, ahora ya no se diga de los Acaldes de Nuevas Ideas hacia los cuales existe un descontento de la población debido a que no han realizado mayores obras en sus municipios por faltas de fondos.

Lo que buscan en realidad es que la población  vote por el mismo partido tanto en las presidenciales como en las Legislativas. En caso de que Bukele se postule lo que buscan es que voten por Bukele y por sus candidatos a Diputados, no sería extraño que sea la misma papeleta para Presidente y
diputados,  Tienen todo para evitar cualquier impedimento legal. El Bukelismo teme sufrir un revés electoral en materia legislativa y perder su control en la Asamblea Legislativa. De igual manera al unir las presidenciales y legislativas  se anticipa a los hechos en caso que la estrategia de la oposición sea no participar en las presidenciales para no legitimar la Dictadura, obligadamente tiene que presentar candidatos.

Por Patricia Zelaya

La  separación de poderes  como  paladín de la democracia burguesa  ha desaparecido en el actual gobierno de Bukele, quien ha concentrado los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en su persona, so pretexto de combate a la violencia  y delincuencia  está gobernando y mantiene sometida a la población mediante Régimen de Excepción, lo cual  suprime   temporalmente la libertad de reunión e inviolabilidad de la correspondencia, suspensión  del derecho de la persona detenida a ser informada sobre sus derechos y las razones de su captura, y  que la detención administrativa ya no sea  de tres días, sino  prolongarla  a quince días.  

Obstaculizan el acceso a la información pública

Además de lo anterior el gobierno de Bukele está librando una lucha por  negar el derecho a la información al pueblo salvadoreño para ello está haciendo una serie de maniobras como es obstaculizar el acceso a la información pública mediante la  disolución de instituciones como el caso de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)  y  esta copando instituciones con personas afines como es el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Libertad de prensa amenazada

La otra gran batalla para negar el derecho a la información por parte del Bukelismo  son los ataques a la libertad de prensa mediante  la censura de informar acerca de ciertos temas, y últimamente ha iniciado ataques contra medios de comunicación y periodistas  que discrepan del discurso oficial. Prueba de ello son los cuestionamientos de  Christian Guevara jefe de la fracción legislativa de Nuevas Ideas (NI) hacia François Roudié, embajador de la Unión Europea en El Salvador por sus felicitaciones e el 31 de Julio en el marco del día del  periodistas salvadoreños en las que manifestó: "nuestras sociedades necesitan de un periodismo plural e irreverente".

"Las preguntas fomentan la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando los periodistas cuestionan generan diálogo y debate. El valor del periodismo está en sus críticas, no en sus elogios".  Recientemente el Christian Guevara jefe de la fracción legislativa de Nuevas Ideas (NI) lanzó una advertencia manifestando: "Yo tengo poder para meter una ley, y cuando digo tengo poder, lo tengo como político, de meter una ley contra ellos (periodistas) y cerrar los medios, pero jamás lo voy a hacer" (LPG. 9/08/2022).

Defendamos el derecho a la información

Lo anterior nos debe poner en alerta a todo el pueblo salvadoreño, recordemos que gracias a esa información pública  fue posible conocer la corrupción de gobiernos anteriores. Debemos luchar y exigirle  el acceso a toda la información relacionada a su gobierno, no se debe permitir el cierre de ningún medio de comunicación, todos tenemos derechos a expresarnos y a conocer la verdad.

Por Carmen Ayala

El  Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), fue creado a iniciativa del Órgano Ejecutivo por Decreto Legislativo No. 644, de fecha 29 de febrero de 1996, como institución es  “…responsable de formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de Política Nacional de la Mujer…” Su máxima autoridad es la Junta Directiva, presidida por la Presidenta  e integrada por los titulares de los Ministerios de: Seguridad Pública y Justicia; Educación; Agricultura y Ganadería; Salud Pública y Asistencia Social; Trabajo y Previsión Social, el Ministerio público: Fiscalía General de la República; Procuraduría General de la República; Representante Titular de El Salvador ante la CIM / OEA; dos representantes de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres y la Directora Ejecutiva de ISDEMU. 

Irrespeto a los Derechos laborales

Las personas  que  trabajan en dicha institución viven un clima laboral nada bueno, debido a que los responsables de dicha institución carecen de  cultura organizacional, dirigiendo dicha institución como si fuera una maquila, según trabajadores han  llegado  al colmo de tomarles el tiempo y frecuencia que van al baño, no les pagan el tiempo compensatorio, cuando  han hecho que  realicen turnos los días sábados, les  hacen trabajar más de cuarenta y cuatro horas, les prohíben enfermarse, les niega permisos personales. Mientras a los trabajadores operativos les niegan lo anterior, las máximas autoridades si de auto pagan tiempo compensatorio,  se toman más del tiempo destinado para ingerir sus alimentos en el almuerzo.

Uno de los servicios del ISDEMU  es la asistencia a víctimas de la violencia  el cual está bajo la responsabilidad de  personal   contratado por  servicios eventuales, o servicios profesionales, la situación de este sector de trabajadores se agrava más ya que no gozan de  mayores prestaciones sociales de Ley.

Mejores condiciones

El llamado es para la Junta Directiva de ISDEMU para que garanticen el respecto a los Derechos laborales y se investigue a las autoridades del ISDEMU violadoras de los Derechos laborales, no es posible que quien atienda a una persona victima de la violencia, este siendo violentada por sus jefaturas. Es necesario terminar con la privatización de servicios dentro del ISDEMU por lo cual los trabajadores contratados bajo servicios profesionales o eventuales deben ser contratados de forma permanente. Los trabajadores deben continuar denunciando las violaciones a sus derechos y a los responsables directos.

Por: Alberto Castro

Si hay algo en lo que se ha caracterizado, desde un inicio el Gobierno de Bukele-NI-GANA, es la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, además de administrar de manera oscura aquella información de relevancia nacional, por ejemplo todo lo relacionado con la seguridad, preponderantemente  lo que respecta a las estadísticas. A finales de julio se dio a conocer que el Gobierno, disolverá a La Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), lo insólito es que a cuatro meses que la Asamblea Legislativa (AL), dominada por el bukelismo, aprobara un préstamo de 44 millones de dólares destinados a modernizar a dicha institución, cuyas funciones pasarían  al Banco Central de Reserva (BCR), quien deberá realizar la elaboración de todas las estadísticas sociales y económicas, incluyendo un censo de poblacional, para el que valga la redundancia se recibieron más de $44 millones en este 2022.

Mediante una iniciativa de ley firmada por la titular del Ministerio de Economía, María Luisa Hayem, el Gobierno solicitó a la AL, aprobar la "Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones de la DIGESTYC", la cual además de disolver a la DIGESTYC,  pasa al Banco central de Reserva (BCR), la elaboración de estadísticas del país, que van desde los censos de población, agropecuarios, precios de la canasta básica, y estadísticas de violencia contra la mujer.

¿Cuáles son los motivos de la disolución?

La DIGESTYC, tiene sus orígenes en la Oficina Central de Estadísticas, la cual nació mediante Decreto Ejecutivo, el 5 de noviembre de 1881, como una institución estatal, cuyas funciones se destinaron a la investigación y generación de información estadística de El Salvador.

En una reunión de 38 minutos la Comisión económica de la AL, sin un estudio técnico correspondiente, y únicamente guiadas por la disposición de 14 diputados oficialistas,  acordó la emulsión de 141 años de historia, los motivos de este acto imprudente, se deben buscar en las envolturas administrativas del acceso de la información pública, que ya no es más que una  dispensa oficial, porque el bukelismo pretende hacer del manejo de datos y estadísticas adecuado a su propaganda, pues la DIGESTYC  mostraba información objetiva, la cual reñía con la propaganda oficial, por tal motivo tiene sentido se haya propuesto disolverla, porque con ello el Gobierno se asegura atar cabos sueltos, asegurándose de modo que, de aquí en adelante no habrá más información pública, en su lugar será solo la comunicación gubernamental la que diga y sostenga para sí misma la propiedad de las fuentes, para evitar la crítica y en todo caso minimizar la capacidad de argumentación, de modo que antes de darse a conocer algo, habrán filtros cimentados en concuerdes con la imagen pública que pretende seguir teniendo.

A pesar conservar un alto grado de popularidad y aceptación, eso no quita que sean cuestionables los éxitos y logros que se autoatribuye; su mayor carta de presentación que es la seguridad, en realidad no es sino el rostro de su fracaso en la atención de ese problema social, pues solo es capaz de sostener las cifras bajas de homicidios, a través de una medida fascista, que más luego que tarde causará otra conflagración social. El Ejecutivo ha manifestado que los motivos de disolver DIGESTYC se deben a la "modernización conforme a la evolución y necesidades de la economía del país y las nuevas tecnologías", Pero en realidad sus motivos son otros.

Se ahonda la falta de trasparencia

Los objetivos de las estadísticas estatales deben estar orientados en proporcionar situaciones concretas, a partir de los datos obtenidos, para de esta manera tener certezas acerca de las circunstancias, los cambios, dimensiones, etc, del fenómeno en estudio. Cuando esto se deja de hacer en aras de cumplir objetivos distintos, como lo son los meramente propagandísticos, entonces no se atiende el problema con diligencia, impera el desorden y eso da lugar a improvisaciones que no resuelven más que lo inmediato o visual sin dar efectivamente en las causas. Nada diferente de lo que hasta ahora ha hecho Bukele, con la agravante esta vez que nos ha quitado una fuente de información pública para convertir las estadísticas en parte de su retórica.  

Por  Concepcion Elena Rodriguez

Las últimas cifras proporcionadas  por las autoridades de seguridad respecto al regimen de excepcion reportan  la captura de 48,207 personas, la incautaron   de  “… 1,180 armas de fuego, 1,413 vehículos, $1,050,000 en efectivo, 10,984 teléfonos celulares y más de 48 mil porciones de drogas, principalmente marihuana…” (LPG. 31/07/22). El regimen de excepción ha logrado disminuir los homicidios y las extorsiones lo que se traduce en una sensación de seguridad a la población, es por ello que el Presidente Bukele  manifiesta que hemos  pasado de ser uno de los países mas violentos a ser el país  "más seguro de América Latina".

La seguridad de la que se habla a sido apartir del  régimen de excepción, el cual a su vez  ha gestado en su interior  nuevos problemas como son la supresión de garantías y libertades democráticas, lo que permite la captura  las cuales, según denuncias de familiares  no  tienen  ningún vínculo con maras o pandillas. Además de las denuncias por las detenciones arbitrarias, están las muertes de los capturados dentro de los recintos carcelarios.

Venciendo el miedo: nada deben, nada temen

Familiares de personas detenidas injustamente en en el marco del régimen de excepción en El Salvador han vencido el miedo  a las amenazas de ser acusadas y encarceladas por  estar defendiendo mareros si salían a marchar.

En  el mes de julio son varias las concentraciones y movilizaciones realizadas con la  finalidad que el gobierno revise los casos de las  personas inocentes detenidas, a la exiji que instituciones como la  Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),  trabajen por qué se respeten los Derechos Humanos y el debido proceso ,  solicitadole al Procurador de Derechos Humanos Apolonio Tobar que se revisen  los casos de sus parientes inocentes. De igual manera piden no  continuar con el régimen de excepción.

Las movilizaciones venían en ascenso, pero la realizada el  31 de julio sufrió un descenso, después que Josselyn Palacios una de las protagonistas de las anteriores movilizaciones, se vio obligada ha abandonar el país debido a amenazas. En relación a lo anterior  una de las participantes en la última movilizaciones manifestó: "La gente no ha venido porque tiene miedo…Es lo que nos quieren transmitir, pero no van a callarnos.”  (LPG. 01/08/22).

Todos a movilizarnos

Con el regimen de excepcion están capturando  a personas de diferentes sectores sociales y representantes de  organizaciones,  las razones que motivan dichas capturas no están claras, por lo tanto es necesario que las organizaciones de trabajadores, estudiantes, campesinos y populares se unan y continúen  movilizandose por la libertad de las personas inocentes y para frenar las capturas de personas que  no tienen vínculos con pandillas.

Los familiares de las personas apresadas por el régimen y que están luchando por la libertad de sus familiares, no estan defiendo mareros o pandilleros, tampoco se oponen  al combate de la violencia y delincuencia por lo  contrario han expresado  "Venimos de sufrir extorsiones y ahora viene el Gobierno a terminarnos de fregar la vida. De donde vengo mi hija tuvo que huir porque la estaban amenazando y exigiendo dinero. Ahora viene la Policía a capturar a los que son inocentes y no a los pandilleros".  (LPG. 01/08/22).

La lucha contra la violencia, delincuencia y corrupción debe continuar

La seguridad de la que habla el gobierno de El Salvador, está construida en arena y a la orilla del mar, por que no ha dado respuesta a problemas como el desempleo, salarios de hambre, alto costo de la vida, bajas pensiones, etc, prueba de ello es que cientos de salvadoreños obligadamente tienen que migrar principalmente a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades.

 Como dice el dicho una ciudad limpia, no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. De igual manera una ciudad segura, no es la que mas militares y policias tienen en las calles. Por lo tanto no se puede hablar que somos un país seguro cuando el gobierno se ve obligado a mantener un régimen de excepción que suprime a las personas honradas   de muchas libertades y garantías constitucionales, por los malos pagamos los buenos.

No se puede hablar que somos un país seguro cuando el gobierno se ha visto obligado a militarizar la seguridad pública y que en vez de invertir en educación, tiene que invertir en la construcción de cárceles para mantener a los más 40 mil presos.

Es momento que la población que ha lidiado  con la violencia y delincuencia social, aproveche la oportunidad e integre comités independientes de seguridad en las diferentes colonias, comunidades, etc. Y sean ellos mismos gestores de su seguridad y de la luchar para que se den respuesta a las causas estructurales que los generan.

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