Por: Alberto Castro

En El salvador tanto el Gobierno, algunos gobiernos municipales y la empresa privada se están dando un festín de la clase trabajadora salvadoreña, por un lado el Gobierno de Bukele-Gana-NI, logró imponer  la continuación del neoliberalismo en el sistema de pensiones; la reforma al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), no ha resuelto para la clase trabajadora el problema de jubilación e invalidez, en cambio le ha permitido oxigenar al Gobierno con dichos fondos quien ha utilizado el régimen de excepción para disolver las protestas e impedir la continuidad de las luchas, encarcelando y asesinando dirigentes sindicales.        

Algunas alcaldías como las de Mejicanos, San salvador y Soyapango han sido noticias por violentar derechos laborales,  lo que evidencia un problema de fondo, el cual es efecto subsecuente de arremetidas sistemáticas por parte del Gobierno central, donde incide de manera directa la centralización, destino de los fondos y gastos de las alcaldías del país, aunque esto no exime de ninguna responsabilidad a los ediles.

La empresa privada se favorece de la dispersión y poca coordinación de las organizaciones sindicales para violar Derechos laborales, según el Observatorio de Derechos Laborales del  Servicio Social Pasionista, en cuanto a la juventud comprendida entre los 18-29 años sufren de violaciones como: salarios injustos que no se ajustan al Salario Mínimo Vigente; tampoco se respetan las horas laboradas comprendidas en el Código de Trabajo; sin prestaciones de ley, pero eso sí, allí sobran irregularidades con la seguridad ocupacional.

Pese a estas acometidas sufridas por la clase trabajadora, el movimiento sindical no responde adecuadamente a las circunstancias, y es aquí donde surge la necesidad de encontrar soluciones. los sectores populares están siendo víctima de una política fascista enfocada volcada contra los sectores populares.

Autonomía e independencia de clase

En la década de los Gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hubo un sindicalismo apéndice a dicho partido, el sindicalismo independiente fue menor en cuanto a lo cuantitativo en este periodo de tiempo. Con el cambio de Gobierno en 2019 a la fecha esto no ha cambiado en cuanto a su esquema, muy por el contrario, se ha degenerado en algo más perverso donde el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, tiene un rol determinante.

Con la entrada de la dictadura se abrió paso más allá de la influencia del Ejecutivo, siendo posible su injerencia descarada dentro de algunas organizaciones sindicales, esto ha sido posible mediante la colaboración de sus dirigentes, estos son los mismos que están a la cabeza de la Unidad Sindical Salvadoreña y de Poder popular, espacios donde se aglutina buena parte del movimiento sindical salvadoreño. Al otro extremo tenemos organizaciones sindicales independientes respecto a la dictadura, pero que sin embargo políticamente sufren la influencia de la oposición del bukelismo, en un claro ejemplo podemos contemplar cómo a la Alianza Nacional por un El salvador en Paz, como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, no debemos desechar que aquí es donde se ha aglutinado resistencia contra la dictadura, y donde se están realizando esfuerzos unitarios al punto de coordinar las reivindicaciones generales (por ejemplo las pensiones), y muestras de solidaridad con las víctimas de la dictadura, sin embargo con el propósito de fortalecer la independencia y unidad de clase dentro de estos espacios, es oportuno advertir que al carecer de política de clase e independencia como tal, caen en el error de retomar la política reformista y burocrática de la oposición oficial, que no es más que otra variante burguesa. 

Organicémonos contra la dictadura

Es importante dar saltos de calidad en cada uno de los esfuerzos unitarios actuales, para ello debemos imponer la necesidad de organizar la lucha contra la dictadura, a través de la coordinación dentro de una planificación operativa, para lo cual se requiere del cambio del modo actual de organización, que deje atrás el burocratismo de los directorios y acuerdos entre direcciones alejadas de las bases, por juntas sectoriales donde se discuta y se definan acciones concretas. 

Por  Concepción Elena Rodríguez

Después del golpe de Estado  en 1931  y el etnocidio de 1932 realizado por el   general Maximiliano Hernández Martínez, El Salvador entro en  una oleada de gobiernos y regímenes de  dictaduras militares las cuales terminaron en 1979 de igual manera producto de un golpe militar.  Posterior a 1979 hasta 1984 El Salvador fue gobernado a través de tres Junta Revolucionarias de Gobiernos (JRG) integradas por civiles y militares y un gobierno provisional: la Primera Junta que va  del 15 de octubre de 1979 al 9 de enero de 1980, la segunda del 9 de enero de 1980 hasta el 13 de diciembre de 1980 y la tercera que va 13 de diciembre de 1980 hasta el 2 de mayo de 1982 y la designación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de Álvaro Magaña como presidente provisional desde el de 2 de mayo de 1982 hasta el 1 de junio de 1984, fecha en que  tomó posesión de la Presidencia José Napoleón Duarte presidente electo mediante  elección popular bajo la bandera del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Un periodo de transición

Desde el golpe militar del 1979 que termino imponiendo las Juntas Revolucionarias de gobiernos (1979-1982), pasando por el gobierno provisional de Álvaro Magaña (1982-1984) el pueblo salvadoreño continuo viviendo bajo estado de sitios que legalizaban  la represión del Estado y de grupos paramilitares como fueron los Escuadrones de la muerte esto se extendió hasta 1992.

Políticamente este periodo también se caracterizó por la integración del Frente Amplio Nacional (FAN) que termino convirtiéndose en  el partido de ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA-1981) quienes tenían como brazo militar a los Escuadrones de la Muerte.  A nivel popular y de izquierda se estaba dando un crecimiento y fortalecimiento  colicuativo de las organizaciones sociales creándose para el 18 de abril de 1980  el Frente Democrático Revolucionario (FDR), para el 10 de Octubre del 1980 con la participación de las organizaciones políticas militares se estaría integrando la guerrilla del  Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) quienes el 10 de enero de 1981  lanzaron la primera ofensiva militar contra el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno de la fecha, dándose así oficialmente el inicio de la guerra civil que termino en 16 de febrero de 1992 con la firma del Acuerdo de Paz entre ARENA y el FMLN.

Mutación de las dictaduras militares a la democracia burguesa

Otro aspecto político importante a mencionar fue la convocatoria (marzo de 1981), por parte de la tercera junta de revolucionaria de gobierno a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente quienes  tomaron posesión  el 26 de abril de 1982 y   tendrían la  responsabilidad de elaborar una nueva Constitución política de la república.

En momentos que no existía respeto a los Derechos y libertades democráticas la Asamblea Nacional Constituyente presidida por Roberto DAubuisson fundador de los escuadrones de la muerte y de ARENA termino imponiéndose la Nueva Constitución  siendo   aprobada   por  Decreto Constituyente número 38, del 15 de diciembre de 1983,  y entro en vigencia el 20 de diciembre de 1983, a la cual se le incorporarían reformas políticas  sustanciales derivadas de los Acuerdos de Paz en 1992, periodo desde el cual   hasta 2019  en cierta media los gobiernos de ARENA (1989-2009) y los del FMLN (2009-2019) gobernaron apegados a  dicha constitución en lo relacionado a lo político aunque no cumplieron la gran mayoría  de  aspectos en relación a lo económico y social, agregado a ello se dedicaron a saquear las finanzas  del Estado y hacer negocios en función de sus intereses económicos personales o familiares.

En el caso del FMLN además de lo anterior no aprovechó su arribo al gobierno central y  la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa para democratizar el sistema político y electoral impuesto en la antidemocrática y reaccionaria constitución de 1983, que tenía como objetivo evitar la llegada del pueblo salvadoreño por la vía revolucionaria. En materia económica y social el FMLN fue incapaz de garantizar el bienestar económico a la clase trabajadora, jubilados y pensionados y de dar respuesta al problema de desempleo y sus derivadas consecuencias de aumento de la violencia y la delincuencia problema que termino asfixiando al pueblo salvadoreño quien al final por el momento ve al presidente Bukele como su redentor sin importar lo amarga que la medicina sea entregándole a este sus libertades y Derechos, lo cual es entendible.

A partir de la Constitución 1983 y sus respectivas reformas derivadas de los Acuerdos de Paz de 1992, en El Salvador se gestó un embrión democrático el cual no logro desarrollarse, siendo la misma ARENA-FMLN quien lo impidió y Bukele quien terminaría dándole muerte. 

El traer a mención todo lo anterior tiene como finalidad hacer un recorrido histórico de esas  fases políticas y sociales determinadas por aspectos o intereses económicos de grupos históricamente dominantes o de grupos económicos emergentes que buscan consolidarse como tal usando el aparato del Estado burgués.   Así mismo es importante valorar el heroísmo y martirio de las masas salvadoreñas en la lucha por los Derechos y Libertades Democráticas.

COVID-19, Bukelismo y bonapartismo

Bukele llego a la Presidencia en el 2019 siendo su principal discurso la lucha contra la corrupción, como parte de ello y  derivado de un acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el  estado de El Salvador el 6 de septiembre de 2019, fue creada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) la cual duro hasta el  4 de junio de 2021, momentos en que dicha comisión llamaba a la Fiscalía a investigar casos de corrupción en los cuales estaban implicados funcionarios del gobierno.

El acontecimiento que anuncio el grave deterioro de la democracia burguesa en El Salvador fue la toma de las instalaciones de la Asamblea Legislativa por parte del presidente Bukele el día 9 de febrero del 2020, con el pretexto de obligar a los Diputados a que sesionaran y aprobaran un préstamo de $109 millones para el financiamiento de la fase tres del Plan Control Territorial, lo anterior   permitió caracterizar el régimen de Bukele como  bonapartista y autoritario.

La pandemia generada por el COVID-19 le favoreció grandemente al gobierno de Bukele y a sus funcionarios  ya que le permitió ensayar su populismo con la entrega de bolsas solidarias, hacer negocios desde las instituciones del Estado e implementar el estado de excepción los cuales iniciaron  14 de marzo del 2020, en su momento dicho estado buscaba salvaguarda la salud del pueblo salvadoreño aunque limitaba la libertad de circulación e incorporo a la fuerza armada a labores de seguridad, quienes fueron responsables  de muchas violaciones a los derechos humanos.

Desde que tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa Bukele  ha tomado el control del poder  del Judicial así como también de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo a su servicio la Justicia burguesa que le dio paso a su reelección.

Si bien Bukele está a punto de hacerse del control total del Estado salvadoreño sabe que le falta algo  y uno de sus objetivos finales es la Asamblea legislativa  pero además de contar con el régimen de excepción como principal armada  política tiene un plan para acabar con la oposición  política dentro de la Asamblea y los gobiernos municipales que son la cara visible de los partidos políticos.

Régimen de excepción: principal arma política de Bukele

Para el 14 de marzo del 2020 la Asamblea Legislativa aprobó estado de excepción al gobierno de cara a la pandemia por el Covid-19.  Para el  27 de marzo de 2022 la Asamblea legislativa oficial aprobó al presidente Bukele el inicio de un régimen de excepción el cual se mantiene a la fecha en esta ocasión con la finalidad de combatir la violencia y delincuencia en donde se responsabiliza a la maras y pandillas contra quienes el presidente Bukele ha librado una guerra.

El éxito de la lucha o guerra  contra las pandillas en gran medida ha estado garantizado por el régimen de excepción el cual también está siendo utilizado  para aterrorizar a la oposición, al pueblo  trabajador y a las  organizaciones sociales, populares y sindicales independientes al ministro de trabajo Rolando Castro aliado del gobierno de Bukele.

Maniobras del bukelismo contra diputaciones y gobiernos locales

Las elecciones legislativas  realizadas en el 2021 permitieron al presidente Bukele tener control total de la Asamblea Legislativa no por el hecho de tener la mayoría de Diputados de Nuevas Ideas ( 56 de 84),  sino por tener un bloque oficialista de 64 diputados [(6 (NI), 5(GANA), 2(PCN) y 1(PDC)]. Con SUS 56 diputados Bukele  si bien alcanzaba mayoría calificada le hacía falta tener mayoría especial que son 63. Estando así las cosas cualquier cambio de bando de los diputados del oficialismo a la oposición representa un debilitamiento del Bukelismo, seguramente eso determina las negociones del partido GANA con el Presidente.

Constitucionalmente para tomar acuerdos en la Asamblea Legislativa se usan términos como  mitad más uno que es igual a 43 de 84 (mayoría simple), dos tercios  que es igual a 56 de 84 (mayoría calificada)  y tres cuartos es igual a 63 de 84 (mayoría especial), ante lo anterior y el desgaste  Bukel3  busca asegurar mayoría calificada y propone la reducción de los número de diputados y municipios al respecto Feliz Ulloa ha manifestado “…que envió al mandatario una propuesta para reducir a 100 [ de 262] los municipios y de 84 diputados de la Asamblea Legislativa bajarlos a 50.” (EDH. 16/01/23).

 Dicha propuesta más que reducir los gastos del estado busca la concentración del poder y limita la participación política de las amplias mayorías, para reducir los gastos del estado bastaría con que los diputados ganaran todos por igual un salario mensual al de un obrero calificado  y se les quitaran todos los beneficios económicos que gozan.

Bukele se prepara y busca asegurar para el 2024 dar el último golpe político y terminar imponiendo una nueva Constitución a su medida y no en función de los intereses de las grandes mayorías,  Bukele representa los intereses de un grupo económico emergente que busca consolidarse, es por ello que se disputan  los mercados locales para realizar sus negocias a la vez misma usan el aparato del estado para hacer sus negocios y obtener ganancias. La clase trabajadora debe frenar la consolidación del Bukelismo-bonapartista como elite económicamente dominante a la vez misma luchar contra los grupos económicos tradicionales que históricamente han gobernado, esto se lograra mediante la organización, movilización, lucha  y unidad de acción de todo el pueblo manteniendo con  independencia política y la más amplia democracia en el interior de las organizaciones.

Por Gustavo Fonseca

Los trabajadores y los sindicatos salvadoreños de las  Alcaldías Municipales y de las diferentes Instituciones del gobierno central en estos momentos sufren una sigilosa política antisindical y laboral por parte del gobierno de Bukele, la cual se ha venido implementando de manera escalona, mientras eso sucede Rolando Castro  Ministro de Trabajo y Previsión Social y a la vez  Presidente del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha usado su cargo para doblegar a las dirigencias sindicales para hacerlas  que se apaguen a su agenda e intereses a cambio de entregarles las credenciales y obstruyendo la entrega de las misma a quienes se resisten a entrar a su juego.

Manejo mediático

Los últimos días del año 2022 y los inicios del 2023 estuvieron marcados por una serie de protestas y manifestaciones de empleados de las alcaldías municipales, las cuales han  tenido como principales demandas el pago de sus salarios de los meses ya trabajados, cumpliendo de prestaciones económicas y mejores condiciones laborales, etc.  Como ejemplo se pueden mencionar los casos emblemáticos de las luchas  de los trabajadores municipales de Soyapango y San Marcos.

En el caso de Soyapango  la Alcaldesa Nercy Montano del partido Nuevas Ideas(NI), realizaba grandes gastos en las fiestas patronales y usaba los fondos de la Alcaldía de forma inapropiada,  mientras tanto  incumplía sus obligaciones económicas para con un sector de los trabajadores municipales, ello  llevó a que estos junto al  Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango (SITMUSOY), mantuvieron  movilizaciones  y denuncias constantes, con ello habían logrado generar opinión pública y visibilizar en la práctica la crisis financiera generada  principalmente por el impago y posterior suspensión del   Fondo para el desarrollo económico y social de los municipios de El Salvador (FODES)  a las  alcaldías por parte del gobierno de Bukele, lo cual terminó asfixiando a los gobiernos locales que en aquel momento estaban en manos  de sus principales opositores políticos como lo era  FMLN, ARENA.

Lo anterior unido al problema ambiental generado por la  falta de la recolección de la basura estaba manchando la imagen y generando un  desgaste político al gobierno de Bukele y al partido Nuevas Ideas (NI) lo que  impacta en la masa de votantes debido a que Soyapango después de San Salvador es el segundo municipio más  poblado  de El Salvador con 225, 840 habitantes, lo anterior  llevó a  Diputados y Alcaldes del mismo partido de Nuevas Ideas a cuestionar y a enfrentar  a su compañera  de partido, al respecto Frank Menjívar diputado de Nuevas Ideas del  Parlamento Centroamericano (PARLACEN)  manifestó: "Lo malo se tiene que desechar. Los cargos públicos son para trabajar en pro de la población, no para perjudicarlos”.

Mario Duran, alcalde capitalino,  se sumó a los cuestionamientos manifestando “Ante la situación precaria que vive el pueblo de Soyapango por la mala administración de esa alcaldía, he instruido a mis equipos de @DesechoSolidos de la @alcaldia_ss que intervengan inmediatamente. No vamos a permitir que estos ciudadanos honrados sigan sufriendo esto.” El papel  principal lo haría  el gobierno  central junto al órgano Judicial quienes ordenaron la captura de la Alcaldesa  quien fue  capturada por la Policía  Nacional Civil (PNC) bajo los cargos  “…de apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos públicos".

Todo las críticas y el accionar de los funcionarios del partido Nuevas Ideas no fue para ayudar a quienes les pagaran sus salarios atrasados a los trabajadores, en realidad  todo fue un manejo mediático para limpiar la imagen del partido de gobierno y tapar la crisis financiera en las que están uniéndose las alcaldías debido a las políticas de ahogamiento impulsadas desde el Ejecutivo.

El encarcelamiento de la Alcaldesa no ha resuelto el problema y las demandas de los trabajadores, quienes continuaron su lucha junto al  Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango, SITMUSOY.

Criminalizan el derecho a huelga

Además de la Alcaldía de Soyapango existen otras del partido de Nuevas Ideas que han sido señaladas de retraso de pagos de salarios, impago de  aguinaldos adeudados,  despidos injustificados, etc.  La captura  de la  Alcaldesa de Soyapango llevó a muchos a pensar que el gobierno de Bukele estaba del lado de los trabajadores, teniendo  como efecto que otros sindicatos y trabajadores de las Alcaldías tomaran el valor e iniciarán acciones de protesta o hicieran públicas los incumplimientos de las obligaciones financieras de los Alcaldes para con los trabajadores, uno de estos casos fue en la Alcaldía de San Marcos, donde los trabajadores se atrevieron a denunciar  a la alcaldesa Cindi Andrade por no darle las  bonificaciones pendientes.

La respuesta del Presidente Bukele no se hiso esperar esta vez no fue para capturar  a la alcaldesa Cindi Andrade  como lo hiso en Soyapango sino fue manipular y  arremeter contra los trabajadores manifestando ”los trabajadores no pueden irse a huelga…Irse a huelga, sin motivo, es un delito ambiental y contra la salud pública…”.  Lo anterior es un claro ataque a las libertades y derechos de la clase trabajadora, es un hecho que el gobierno  de Bukele no permitiría que las protestas de los trabajadores tomarán mayor ímpetu y mando a silenciar y termino encarcelando al líder sindical  Miguel Ventura, al respecto la PNC vía Twitter manifestó:  “…Miguel Antonio Ventura Arana, quien organizó la suspensión de la recolección de basura en San Marcos, para exigir una giftcard, ya fue capturado…Bloquear la recolección de desechos, para exigir una tarjeta de regalo, es un delito ambiental y contra la salud pública…” lo anterior es una clara violación a los derechos y libertades sindicales. Para el gobierno y la patronal toda huelga o reclamo de los trabajadores es ilegal y sin fundamento, pero suficiente motivo es reclamar que les paguen su salario, para el caso de los trabajadores de San Marcos fue hacer pública sus demandas.

La eliminación del FODES ha terminado asfixiando financieramente las alcaldías, unido a la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), no ha permitido que las Alcaldías  realicen  mayores obras,  situación que es aprovechada por Bukele para echar andar su plan de concentración de poder al proponer  eliminar gobiernos locales como son las Alcaldías.  Es por ello que aprovecha  el régimen de excepción para  silenciar y atemorizar a los trabajadores municipales para evitar que estos se revelen ante los continuos despidos  y  continúen denunciando  las violaciones a sus Derechos y evitar que estos recurran a la Huelga como método legítimo de lucha de la clase trabajadora. 

Despidos, y retiros obligatorios

En lo que va de la gestión del gobierno de Bukele según el Movimiento de Trabajadores Despedidos se reportan un total de 18,379 trabajadores despidos en su mayoría trabajadores del órgano Ejecutivo (12,00), así como también de las alcaldías los cuales van en incrementado sobre todo de servicios generales. Además de los despidos directos el gobierno pretende usar la figura de retiro “voluntario” para las personas mayores de 60 años, al respecto Christian Guevara  jefe de fracción de la Asamblea Legislativa ha manifestado “Vamos a promover retiros, se les va a dar opciones e incentivos a la gente para que haya retiros voluntarios, estamos esperando tener entre 100, 000 y 200, 000 retiros”. Este tipo de retiros voluntarios al final terminan siendo obligatorios, poco o nada favorecen a los trabajadores ya se tienen la experiencia de los trabajadores de la PNC y del Tribunal  Supremo Electoral (TSE).

Hacia donde vamos

En momentos que Bukele avanza en su plan de concentración del poder los trabajadores públicos y municipales sufren despedidos, impago de salarios, pérdida de prestaciones, retiros obligatorios, pérdida de Derechos y Libertades sindicales, etc.   Por lo anterior es  que   ataca los sindicatos independientes, hecha mano de dirigencias sindicales oportunistas y gansteriles, niegan credenciales a sindicatos, crea sindicatos afines, etc. Situación que parece agudizarse.

Por su parte un sector de  trabajadores públicos y municipales junto a Sindicatos se resisten y están dando la lucha, mientras  tanto otros son presa del derrotismo y consideran que no puede hacerse nada debido a que Bukele tiene el control total de las instituciones del Estado. Es necesario romper con ese derrotismo y dar la lucha para que la dictadura de Bukele no se consolide. Históricamente la patronal y el gobierno no han dado nada sino ha sido mediante la lucha organizada, no se puede tener confianza en las leyes cuando lo que predomina es el amiguismo o servilismo político. Como clase trabajadora el derecho a la sindicalización y a la Huelga como método de lucha fue conquistado sin que fuera reconocido por el estado. Es urgente la creación de comité o colectivos de trabajadores en los diferentes Instituciones del gobierno central y local.

Por: Salvador Belloso          

Este próximo domingo 27 de enero de 2022, algunas organizaciones sindicales y gremiales  han convocado a la Cuarta Marcha Negra, Por Una Pensión Mínima’’, en el marco de una lucha que se continua hasta derogar al actual Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), lo que implica al mismo tiempo rechazar la propuesta de reforma al SAP que hizo el presidente Nayib Bukele, a finales del año pasado la que, es sino un maquillaje que no resuelve el problema de la seguridad social en el salvador.

Enero, mes de lucha y memoria colectiva histórica          

El 15 de enero de este año se realizó una marcha en relación a los 31 años de los acuerdos de paz y para elevar las protestas contra las políticas autoritarias del Gobierno Bukele-GANA-NI. En esta marcha hubo participación tanto de organizaciones sindicales como populares, y de aquellas aunadas por los familiares de las víctimas del régimen de excepción. En otras actividades los pueblos originarios han conmemorado los 91 años del etnocidio de la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez hacia las poblaciones nahuat-pipiles del occidente del país.

Las movilizaciones conmemorativas antedichas no están relacionadas entre sí ni en lo organizacional ni en lo programático, no obstante se vinculan en cuanto forman parte de los esfuerzos colectivos por recapitular aquellos sucesos de la historia del país que han dejado cicatrices en la memoria, rindiendo tributos a las víctimas y a nuestros mártires, dejando en claro la continuidad de la lucha y defensa de las conquistas.

En este sentido las acciones suscitadas recientemente en el marco de estas fechas conmemorativas, son legítimas expresiones de la clase trabajadora, sectores populares y pueblos originarios, que se producen cuando la dictadura se prepara para la siguiente etapa para consolidar el control sobre el poder Estatal, por tanto es de destacar su importancia al ser independientes del Gobierno, quien mediante sus dirigentes quienes están al frente de organizaciones sindicales y populares, ha buscado desmovilizar y aplacar cualquier expresión de lucha reivindicativa.

La lucha por un sistema justo de pensiones          

Ha habido diferentes plataformas y espacios para coordinar la lucha por la derogatoria del SAP, y por un sistema público de pensiones donde haya participación directa de la clase trabajadora en su administración, por ejemplo en el 2017 la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), presentó una reforma al SAP, que implicaba la creación de un Instituto Autónomo de Previsión Social, bajo administración de trabajadoras y trabajadores. Acertada o con errores, esta propuesta destaca por haber sido expresión colectiva de las organizaciones aglutinadas en la CSS, la propuesta se enfrentó a la del Gobierno de ese entonces (Cerén-FMLN), y de la derecha que se basó en la defensa de las Ahorradora del Fondo de Pensiones (AFP), al final de estas últimas salió un sistema mixto de pensiones.

Un 27 de septiembre de 2019 se daba la primera Marcha Negra, el 22 de octubre, es decir, un mes después se hizo público el nacimiento del Movimiento No Más AFP El Salvador, como el nombre lo indica en este espacio se elevabaron reivindicaciones por pensiones justas, lo que implicaba, valga la redundancia la derogatoria del SAP y la creación del Instituto nacional de Previsión Social (INAPS), siendo el dirigente más destacado Roswal Solorzano del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), quien en ese momento expresó: ´’No queremos más parches, para querer darnos anestesia local al pueblo trabajador, estamos demandando a los diputados que se derogue la Ley SAP y con ello lo que dio vida a las AFP’’. Quien habría imaginado que este señor sería parte del grupo de dirigentes que han sido apaga fuegos, su mayor logro ha sido que la propuesta de reforma al SAP del Gobierno no desate rechazos contundentes, principalmente desde esa instancia.

El 27 debemos despojarnos de toda pasión política e ideológica, tenemos un compromiso mayor el cual es pensiones justas, derogar al SAP es posible, para ello es necesario la unidad de la clase trabajadora, que la Mesa de Trabajo por Una Pensión Digna (nacida en 2018) se constituya como un espacio de participación de debate y discusión abierto para la clase trabajadora.