Por German Aquino
Desde el 27 de marzo 2022 hasta la fecha, El Salvador es gobernado bajo un régimen de excepción impuesto por el Bukelismo, el cual tiene como fundamento el aumento de homicidios y la necesidad de combatir a las maras y pandillas como principales responsables de la violencia y delincuencia que ha sangrado al pueblo salvadoreño por años.
Desde su primera aprobación los Diputados han prorrogado dicho régimen por tres periodos consecutivos, al respecto Christian Guevara jefe de fracción de Nuevas Ideas (NI) manifestó “…Estamos decididos a apoyar no solo uno más, sino los que sean necesarios a solicitud del gobierno" (LPG. 21/06/22), lo cual podría significar futuras prorrogas. Han pasado más de cien días de régimen de excepción, la población tiene una percepción de seguridad, pero aparejado en las colonias populares crece la incertidumbre y rechazo hacia el régimen de excepción, no porque estén defendiendo a delincuentes, sino por el accionar de los cuerpos de seguridad, en contra de civiles que nada tienen que ver con maras y pandillas. Es necesario hacer un balance de los costos que ha implicado dicho régimen para el pueblo salvadoreño y la lucha contra las ilegalidades.
Las cifras
Según autoridades de seguridad hasta el 10 de julio se contabilizan un total de 45,376 personas detenidas. También informaban que “… se han incautado 1,038 armas, 1,235 vehículos, más de 44,000 porciones de droga y más de 1.5 millones de dólares en efectivo…". (EDH. 10/07/22). Por su parte la Fiscalía General de la República (FGR) manifestó haber ordenado “…que 38,562 personas sigan en prisión mientras enfrentan un proceso penal en su contra…” (EDH. 10/07/22).
Lo anterior implicaría que solo aproximadamente un 14% hayan enfrentado proceso penal. Pareciera que las autoridades de seguridad solo buscan aumentar las estadísticas ya que según declaraciones del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador "jefes policiales estaban imponiendo cuotas de detenidos por día a los agentes y, si no se cumplía esta meta, el policía era amenazado con traslados a lugares lejanos de nuestro país o con sanciones disciplinarias por no cumplir con la disposición".
Estado de Derecho a la deriva en régimen de excepción
El régimen de excepción fue aprobado por el órgano legislativo en base al artículo 29 de la Constitución según el cual….En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero 7 inciso primero y 24… Arts. 12 inciso segundo y 13 inciso segundo.
Lo anterior implica supresión temporal de libertad de reunión e inviolabilidad de la correspondencia, suspensión del derecho de la persona detenida a ser informada sobre sus derechos y las razones de su captura, y que la detención administrativa ya no sea de tres días, sino prolongarla a quince días.
Constitucionalmente el plazo de suspensión de las garantías no excederá de 30 días, pero podrá prolongarse por igual periodo mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron para el caso fueron la grave perturbación del orden público a raíz de 77 homicidios cometidos entre los 25 y 26 de marzo del 2022. Para el oficialismo las circunstancias que motivaron el régimen de excepción continúan, pero a la vez misma elogian que gracias a dicho régimen no se han tenido homicidios. La interrogante surge entonces por que continúan prorrogándolo … ¿si El Salvador ya es un país seguro? Para garantizar su legalidad, la Asamblea Legislativa debe tomar en cuenta los aspectos que establecen en que momentos aprobar régimen de excepción, así como también los aspectos que llevan a restablecer las garantías Constitucionales.
Cárceles de concentración y pena de muerte
Existe un temor real por parte del gobierno de Bukele y seguramente por parte de la población que los miembros de pandillas y maras al levantarse el régimen de excepción sean puestos en libertad y se reorganicen lo cual al no combatir la causas estructurales que lo generan, la crisis económica unido al descontento de dichos grupos podrían llevar a reagudización del problema de la violencia y delincuencia, esto en materia de imagen no le vendría nada bien al Presidente de cara a las próximas elecciones, es por ello que está preparando la construcción de la Mega cárcel en donde tienen proyectado recluir a 20,000 de las personas detenidas.
Aparejado a la construcción de la Mega cárcel, los aliados al Bukelismo están promoviendo medidas desesperadas como la pena de muerte, al respecto Guillermo Gallego diputado del partido ultraderechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) ha manifestado: “la pena de muerte siempre va a ser un tema vigente sobre todo porque pesar de los esfuerzos que se han hecho siguen habiendo delitos por parte de pandilleros” (DEM. 11/07/22).
Vale señalar que dicha medida está ganando adeptos dentro de la Asamblea Legislativa. para su implementación necesitan reformar la Constitución y además que sea ratificada por la nueva Asamblea Legislativa. Al no tener un sistema de justicia imparcial e independiente que investigue y garantice el debido proceso la pena de muerte podría llevar a que el gobierno termine con la vida de muchas personas inocentes y prestarse para ajusticiar a quienes se opongan al gobierno, tal cual está sucediendo en el régimen de excepción.
Abusos de autoridad e irrespeto a los Derechos Humanos
La Constitución es clara respecto a que derechos y garantías se suspenden durante un régimen de excepción, pero también establece una serie de garantías y derechos que se deben respetar durante dicho régimen como son el derecho a la vida, integridad física y moral, salud, libertad, seguridad, trabajo, propiedad y posesión, honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen., etc. pero a pesar de ello estos han sido irrespetados por la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada entre otros.
Actualmente según medios informativos se contabilizan un aproximado de 59 privados de libertad que han fallecidos, las causas de sus muertes no han sido claras ya que sus familiares han manifestado que oficialmente les han informado que han fallecido por una enfermedades, pero al revisar el cuerpo se observan golpes lo que hace pensar que están mintiendo respecto a la causa de la muerte, en la mayoría de casos los familiares manifiestan que los fallecidos no tenían vínculos con maras o pandillas.
Para las autoridades dichas muertes pueden ser atribuidas a enfermedades que ya padecían los privados de libertad, pero de igual manera existen denuncias debido a que no se estaba permitiendo el ingreso de los medicamentos. Además de las muertes oficialmente reportan 2,673 denuncias, mientras las cifras reportadas por organizaciones no gubernamentales son superiores.
Las causas son diversas: detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Respecto a lo anterior Félix Ulloa Vicepresidente de la república manifestó: "Si tú haces un examen de proporcionalidad y ves la dimensión de la operación, que son más de 45,000 las personas detenidas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informa que hay 2,673 denuncias, estás viendo que no es ni siquiera el 5 %...." (LPG. 08/07/22)
No es que solo sea al 5% a quienes se les hayan violentado sus derechos y que no tienen vínculos con pandillas, las cifras son mayores lo que sucede que la población no denuncia por temor a sufrir represalias como ha sucedido en varios casos. Miembros del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, manifestaron que "se calcula que 10 por ciento de los detenidos podría no tener ningún vínculo con pandillas y estar recluido en un penal siendo inocentes". Así mismo han manifestado que: “…Estamos preocupados con el desempeño que está teniendo la corporación policial , porque resulta que hay una ruptura, hay una fragmentación dentro cuerpo policial, están los policías constitucionales que hacen su trabajo apegados a derecho y está la policía de (Mauricio) Arriza Chicas, la del director general de la Policía, esta es la que está generando violaciones a derechos humanos, arbitrariedades de detenciones de personas que no tienen nada que ver con pandillas…” (EDH.11/07/2022).
Ese 5% parece no importarle al Vicepresidente Félix Ulloa, quien manifestó: “siempre en una guerra habrán víctimas inocentes y daños colaterales que habrá que corregir, no se justifica…el Derecho Internacional Humanitario reconoce el "derecho a la guerra" y que el Estado salvadoreño ha hecho uso de ello declarándole la guerra a las pandillas. "Estamos en guerra, lo que hay es que escoger de qué lado estamos, si es del lado del Estado, del gobierno, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos…" (LPG. 08/07/22).
Luchar por que se respete el estado de derecho y los Derechos Humanos y no estar ni no con el gobierno, no significa estar al lado de las maras y pandillas. Por el contrario se demanda mayor seguridad para el pueblo salvadoreño y combatan las causas estructurales que generan la delincuencia y violencia.
Un arma contra la oposición
Las detenciones arbitrarias durante el régimen han abarcado a diferentes líderes de organizaciones de trabajadores, defensores de los Derechos Humanos, estudiantes y organizaciones populares. Entre los líderes sindicales están José Leónidas Bonilla Torres, Dolores Victoria Almendares Alvarado, Geovanni Aguirre, David Melquisedec Castillo. Jorge Alberto Vásquez Panameño miembro Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador. Rodolfo Pereira, quien ha liderado la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Vendedores Estacionarios y Ambulantes Salvadoreños, (ANTRAIVEAS) e integrante de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.
Lo anterior es una muestra y un claro mensaje a las organizaciones sindicales y populares opositoras al gobierno de Bukele, por lo cual las organizaciones de trabajadores, campesinos, estudiantiles y populares deben buscar la unidad para evitar que el gobierno continúe usando el régimen de excepción como una arma política contra la oposición.
El negocio del régimen
Además de la aprobación del régimen de excepción, los Diputados NI y sus aliados el 24 de abril aprobaron el Régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, en el marco del régimen de excepción, dicho régimen abarca al Ejecutivo y a la Fiscalía General de la República, según dicho régimen “no serán aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) y con la reforma del 21 de junio de 2022 se agregó que “es de orden público y sus disposiciones son de carácter especial y prevalecerán sobre cualquier otra que la contraríe”. (DEM.05/07/22).
Con lo anterior el gobierno de Bukele puede adquirir y contratar a quien a el parezca y al precio que él quiera, abriendo la posibilidad de hacer negocios desde el Estado y favorecer a sus allegados, los gobiernos anteriores. Inicialmente fueron trasladados $80 millones para financiar el régimen de excepción, para el mes junio nuevamente fueron reorientados otros 50 millones más para gastos corriente.
Dinámica de lucha
El gobierno a través del régimen de excepción y la supresión de ciertos derechos y garantías doto de las herramientas legales a los cuerpos de seguridad para que pudieran actuar, mediante el uso de la fuerza los cuerpos de seguridad han infundido el terror en la población sobre todo en los sectores populares, quienes ya vivían bajo el temor a las maras y pandillas. La población civil ha tenido que cargar con los costos y ceder parte de sus derechos con la finalidad de tener seguridad, si con las mara y la pandilla la población tenía que sufrir ver, oír y callar, la situación con el régimen de excepción casi se le asemeja.
El gobierno ha recurrido a tildar de pandilleros, mareros o tener nexos con los mismos a quienes se atrevan a denunciar violaciones a los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales e irregularidades, cometidas en el régimen de excepción asi lo dejo entrever el Vicepresidente quien manifestó: “…hay es que escoger de que lado estamos, si es del lado del Estado, del gobierno, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos…”
El gobierno está lanzando un mensaje al pueblo que quienes no están con él, están del lado de las pandillas. Con dicho discurso el gobierno busca atemorizar y callar a la población y poner una parte de la población contra sus opositores. Existe un terror en los abogados y jueces y defensores públicos quienes tienen temor de defender o declarar inocentes a las personas procesadas aún siendo inocentes.
Los primeros días por temor la población mantuvo una inanición y silencio, los cuales empiezan a superarse llevando a realizar una serie de acciones entre las cuales están:
Denuncias por parte de familiares: los familiares sobre todos las mujeres se atrevieron a romper el miedo y el silencio e hicieron públicas las violaciones a los Derechos Humanos cometidas, parte de estas denuncias fueron interpuestas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuyo papel ha sido cuestionable. Han sido las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) quienes han recopilado la mayoría de denuncias, las cuales han sido trasladadas a organismos internacionales.
Denuncias públicas colectivas: organizaciones sindicales, estudiantiles, populares, etc. Tras la privación de libertad de sus miembros se han visto en la necesidad de realizar concentraciones para hacer públicas sus denuncias y exigir la pronta liberación de sus miembros, en ciertos casos han logrado que se liberen, pero luego han sido recapturados.
Concentraciones: en junio los familiares de personas detenidas arbitrariamente mediante una vigilia se concertaron para solicitarle que se les brindara información y se liberaran a sus familiares.
Jornadas de protestas internacionales: el día 11 de julio se realizaron simbólicas jornadas de protesta en los consulados de México y Estados Unidos para denunciar los abusos de poder y violaciones cometidas contra personas inocentes por el gobierno en el régimen de excepción.
A pesar que el gobierno habla de guerra, han sido pocos los enfrentamientos armados, productos de lo cual lamentablemente han fallecido un aproximado de tres miembros de la corporación policial, no teniéndose las cifras de las bajas de los miembros de las maras.
La población junto a las organizaciones están venciendo el miedo, han empezado a denunciar las violaciones cometidas durante el régimen de excepción. La iglesia católica a través del Cardenal Rosa Chávez ha pedido el cese de régimen de excepción ya que "ha habido muchos excesos (abusos de poder) que están documentados.
Está claro que no están a favor del gobierno, ni de las maras y pandillas, ya ambos han victimizado al pueblo trabajador. Se debe integrar una coordinadora por la defensa de las libertades y garantías democráticas y los Derechos Humanos para la acción conjunta, la unidad de acción y convocar a movilizaciones. Debiendo transformarse en una lucha contra la dictadura.
