Por: Josué Carvajal

Hablar de futbol en El Salvador, es hablar de algo que tiene mucho apego popular, hablamos de la disciplina deportiva más practicada en todas las edades, donde están los espectáculos deportivos de mayor expectación. Precisamente el futbol federado nacional e internacional; la Liga Mayor de Futbol (LMF), las cinco mayores ligas europeas, y la Champions League,  son los principales escenarios deportivos vistos año con año. Hablamos de un rubro dentro de la industria del entretenimiento que atrae masas, por lo que hay una rentabilidad económica atractiva.

El futbol salvadoreño

A pesar de la inmensa cantidad de espectadores de futbol en el país, el futbol salvadoreño hace varias décadas dejó de tener relevancia internacional, aun así queda tradición futbolística, pero no se logra levantar el nivel futbolístico. La última clasificatoria mundialista fue un baño de realidad, la selección mayor de futbol reforzada por jugadores nacionalizados quedó en penúltimo lugar de la octagonal de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (CONCACAF), desvaneciendo las buenas sensaciones que dejó en la Copa Oro. Ante esta nueva frustración el Gobierno de Bukele-NI-GANA, aprovechó para avanzar en la consolidación de sus propósitos de monopolizar todas las disciplinas deportivas, en el año 2020 realizó el primer intento.

A finales de 2019 fue creada la Ley General de los Deportes, como una herramienta legal para que el Gobierno se hiciera del control de todas las disciplinas deportivas federadas, efectivamente se allanaron todas a excepción de la Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT), bajo maniobras de presión en el 2020 dio una prórroga para que todas aquella disciplinas deportivas que aún no se habían inscrito en el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), lo hicieran en fecha límite del 25 de noviembre de dicho año.

Antecedentes de Corrupción y amaños

En el 2000 la misma FIFA ante el escándalo de corrupción por 3.4 millones de dólares, desconoció a la FEDEFUT (así se llamaba en aquel entonces), y nombró una Comisión Normalizadora. En el 2008 fue deslegitimado el presidente de ese entonces, Rodrigo Calvo, en 2009 la FIFA nombró una Comisión Normalizadora la cual tuvo desacuerdos con el Ministro de Gobernación, lo cual dio paso a la sanción que impuso la FIFA a El Salvador, misma que fue levantada en 2010. En 2013 otra vez el futbol salvadoreño fue envuelto en una página gris, 17 futbolistas fueron encontrados responsables de arreglar partidos oficiales y amistosos, 15 fueron suspendidos de por vida, y dos de manera temporal.

La Comisión Normalizadora de Yamil Bukele

Ante la imposibilidad de someter a la FESFUT, el 21 de julio pasado, el INDES dio a conocer los integrantes de la Comisión Normalizadora, para dar sensaciones de fortaleza ante los seguidores del Gobierno, un pulso nada más y menos que con la FIFA, quien advirtió que, si para el lunes 25 no se retiraba la Comisión de la FESFUT, habría sanciones. El Gobierno no logró tener el eco esperado.

La Asociación de Futbolistas Profesionales (ASOFUTPROES), la primera y Tercera División profesionales, la Asociación de Entrenadores de Futbol (AEFES), y las Asociaciones Departamentales de Futbol (ADFAS, en conferencia de prensa rechazaron la injerencia del Gobierno por las repercusiones y el daño mayor al futbol que implicaba, acto que deslegitima totalmente al INDES. Pues quedar fuera del futbol federado internacional implica resultados perjudiciales, desde profesionales (árbitros y futbolistas), que verían su progresión truncada, hasta empleos y subempleos, por lo que lejos de percibir la intervención del Gobierno de manera positiva, el rechazó hacia el INDES se manifestó en las redes sociales por ser una medida impopular, el Gobierno tuvo que recular.

La Liga Nacional de Futbol obedece a un intento por absorber caudal de aficionados como bases de apoyo ante el asalto a la FESFUT, fracasó porque pese a la inversión de $1, 232,000. Este revés constituye  la primera derrota política que recibe el Gobierno, después de una racha exitosa donde le paso por encima todos sus adversarios directos. Nos demuestra que el Gobierno es fuerte entre fanáticos, y que la mesura no es su fortaleza.

Por Roberto Martínez

El Sindicato de los Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES), lucha por el bienestar y defensa de los derechos de los trabajadores de  la  Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cual es una institución Autónoma que tiene dentro de sus responsabilidades  la  administración de la  infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria de El Salvador.

Los sindicatos y los APP

CEPA tiene bajo su cargo activos del Estado que no habían pasado a manos Privadas, en los gobiernos anteriores pero que ya lo tenían previsto mediante la figura de Asocios Públicos-Privados (APP),  al llegar Bukele al  gobierno dio continuidad a  dicho plan e inicio la implantación del  Asocio Público Privado de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

LOS APP son parte del modelo económico neoliberal mediante el cual  los dueños de las empresas privadas que manejan el APP,  utilizando la infraestructura del estado  se quedan  con la mayor parte de las ganancias, mientras el gobierno solo recibe una pírrico porcentaje y en  la mayoría de caso  dicha empresas vulneran los derechos de la clase trabajadora, pagan pírricos salarios y no dan mayores prestaciones, a la vez que atentan contra la libertad sindical.

Régimen de excepción golpea al STIPES

El régimen de excepción a golpeado a varios  líderes del movimiento sindical salvadoreño, entre uno de estos se encuentra   David Melquisedec Castillo, Secretario General del Sindicato STIPES, quien ha sido capturado en varias ocasiones, logrando recuperar su libertad mediante la presión de organizaciones sindicales, pero en esta última ocasión no se ha logrado. Castillo también se desempeñaba  como   Secretario General de la Confederación Intergremial Salvadoreña (CIS) desde donde ha realizado una labor de coordinación y solidaridad con otros sindicatos y trabajadores de cara a defender los derechos laborales.

Gobierno municipal de Acajutla desaloja   de su local  STIPES

El  gobierno municipal de Acajutla encabezado por Benjamín Hernández  Alcalde de la Coalición Nuevas Ideas (NI) y Cambio Democrático (CD)  a  desalojarlo al STIPES del local en donde ha funcionado  por varios años en el municipio de Acajutla,  manifestando: "Procedimos junto a la PNC y CAM a dar cumplimiento a la suspensión del comodato otorgado al STIPES debido a diversos incumplimientos de las cláusulas del contrato y la invalidez jurídica del mismo por falta a la ley de comodatos"  (LPG. 16/07/22). Vale señalar que dicho comodato fue otorgado desde el 2013 por un periodo de 25 años. El gobierno municipal de Acajutla se aprovecha  del régimen de excepción y del descabezamiento  sindical del STIPES, para recuperar dicho local, bajo cualquier excusa. Sabido es la crisis de financiamiento que están atravesando las Alcaldías por falta de fondos  por lo cual estaban viendo de donde sacar fondos.

Lucha solidaria  por recuperación del local

Representantes de las de organizaciones sindicales se hicieron presentes el día 19 de julio para conversar y dialogar con el Alcalde y el Concejo  Municipal pero no fueron recibidos, al respecto un representante de la comisión manifestó: “… en nombre de la Federación de Sindicatos de Instituciones Públicas Autónomas  del Salvador (FESIPAES),   Unidad Sindical Salvadoreña, Confederación Integremial Salvadoreña y en nombre  de los sindicatos que este día nos hemos dado cita este local le pedimos  que reflexione y que lleguemos a un entendimiento lo más pronto posible porque si no nos obliga a tengamos que  actuar de manera judicial o nosotros veremos lo que mejor nos convenga como trabajadores.”.

El caso del STIPES, es un caso emblemático para todas las organizaciones sindicales salvadoreñas sobre todo las que existen en las instituciones gubernamentales  y gobiernos municipales. Cuando un sindicato representa una amenaza para el gobierno y sus intereses económicos,  independientemente la afinidad partidaria de sus dirigencia, los gobernantes  descargan  todo el  peso para descabezarlo.  Bajo la dinámica capitalista neoliberal y de cara a la implementación del los APP en CEPA, el STIPES es una amenaza, por lo cual ha sido descabezado usando cualquier artimaña contra su máximo líder, el gobierno municipal aprovecha dicho vacio para rematarlo.

Ante la crisis financiera que atraviesa el gobierno central y los gobiernos municipales y  sin caer en derrotismos se puede decir que la situación por la cual atraviesa el STIPES, podría extenderse a sindicatos que funcionan en las demás instituciones del Estado independientemente de la afinidad partidaria de sus direcciones. Se está  a tiempo de frenar las políticas antisindicales, para ello se necesita que los sindicatos y los  trabajadores forjen la más amplia unidad, se luche  en los puntos de coincidencia  y se consolide un verdadero e independiente   Movimiento Sindical Salvadoreño y Centroamericano.

Por: Salvador Belloso

En El Salvador, cada vez son menos las instituciones e instancias democráticas, donde no esté presente el control único del Gobierno de Nayib Bukele, desde los tres Órganos de Estado, hasta instancias administrativas el Ejecutivo ejerce poder pleno. Esta vez el golpe encestado fue directamente hacia todas y todos los trabajadores públicos, la elección que tomó el pleno legislativo de Franklin Josué Nolasco Morales, como presidente del Tribunal del Servicio Civil, no se trató de una simple elección, bajo los parámetros de la dictadura debemos considerarla como el nombramiento un agente del Gobierno para esa instancia; se deberá y responderá ante Bukele, pues no representará sino sus intereses, se trata pues de la imposición de un verdugo ante quien se deberá enfrentar la clase trabajadora de la administración pública.

No fue un proceso sino un trámite de elección

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa (AL), había dicho durante el proceso formal de elección que este tendría transparencia: ’’vamos a llamarlos a esta comisión para una entrevista, para presentar cuál es su experiencia, cuál es su hoja de vida; cuáles son sus intenciones que traen como funcionarios públicos, de cara a lo que está solicitando la población salvadoreña en ese puesto, específicamente’’. Dijo. No obstante en la práctica se hizo lo contrario; detrás de los requisitos de forma que son exigencia legal estaba predeterminada la intención clara de elegir a quien mejor pueda someterse a la dirección política de la dictadura, nadie mejor de Nolasco para esto. El proceso culminó el 26 de junio con 66 votos a favor dados por las bancadas de Nuevas Ideas, GANA, y los parásitos PCN y PDC. Quedando en el cargo hasta el 27 de junio de 2025.

¿Quién es la persona electa en realidad?

Esta crítica hacia dicho acto legislativo va más allá de medir requisitos de forma, pues tanto él como los demás postulante los reúnen; es Licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, lleva más de 15 años como abogado y notario de la República, además que ya ha formado parte tanto del Tribunal del Servicio Civil como de la Comisión del Servicio Civil. Hasta aquí todo bien, pero no se debe dejar pasar otras características propias de esta persona. Estamos hablando de quien hasta hace unas semanas fuera el Gerente de Operaciones de la AL.

 En el año 2021 se dieron a conocer casos de nepotismo en favor de su esposa y hermanos, es persona de confianza del corrupto narco-diputado Guillermo Gallegos, y servil a Nayib Bukele, pues en 2020 fue nombrado por el Ejecutivo como como representante magistrado ante el Tribunal del Servicio Civil, ante lo cual declaró: ’’Honrado, gracias señor presidente “Nayibbukelepor el nombramiento ante el Tribunal del Servicio Civil. Gracias señor vicepresidente “GGallegos24, por su respaldo’’.

¿Qué se puede esperar de él?

Como podemos ver el presidente del Tribunal Civil electo por la AL, por estar ligado al oficialismo, cuando deba resolver un conflicto entre la administración con empleados públicos, obviamente se inclinará por todo aquello que no afecte la imagen e intereses del Gobierno de Bukele.

Además que seguirá bajo las mismas prácticas corruptas que le preceden, no se puede esperar objetividad de su parte, como va serlo si precisamente se aprovechó de la falta de objetividad en las contrataciones de la AL, para lograr que a través de su confianza con la fracción de GANA se emplearan su esposa y hermanos. De modo que está acostumbrado a la mala práctica de valerse de la cercanía y confianza con quienes ostentan algún tipo de poder, para conseguir beneficios personales, no está en el lugar actual por base al mérito propio y capacidad.

Las y los trabajadores que durante las gestiones anteriores tuvimos que afrontar la lucha contra la corrupción y nepotismo, debemos asimilar la idea que además esta vez tendremos como resolutor de conflictos en alzada a quien encarniza precisamente eso: nepotismo y corrupción, con la agravante que ya ha adelantado criterio en favor del Gobierno, por lo que la lucha formal solo podrá tener eficacia si se confía en las propias fuerzas y los medios de lucha mediante los cuales hemos logrado conquistas históricas.  

Por German Aquino

Desde el  27 de marzo 2022 hasta la fecha, El Salvador es gobernado  bajo un régimen de excepción impuesto por el Bukelismo, el cual tiene como fundamento el aumento de homicidios  y  la necesidad de combatir a las maras y pandillas como principales responsables de la violencia y delincuencia que ha sangrado al pueblo salvadoreño por  años.

Desde su primera aprobación los  Diputados han prorrogado dicho régimen por tres periodos consecutivos, al respecto  Christian Guevara  jefe de fracción de Nuevas Ideas (NI) manifestó “…Estamos decididos a apoyar no solo uno más, sino los que sean necesarios a solicitud del gobierno"  (LPG. 21/06/22), lo cual podría significar futuras prorrogas. Han pasado más de cien días de régimen de excepción, la población tiene una percepción de seguridad, pero aparejado en las colonias populares crece la incertidumbre y rechazo hacia el régimen de excepción, no porque estén defendiendo a delincuentes, sino por el accionar de los cuerpos de seguridad,  en contra de civiles que nada tienen  que ver con maras y pandillas. Es necesario hacer un balance de los costos que ha implicado dicho régimen para el pueblo salvadoreño y la lucha contra las ilegalidades.

Las   cifras  

Según autoridades de seguridad  hasta el 10 de julio se contabilizan  un total de 45,376 personas detenidas. También informaban que “… se han incautado 1,038 armas, 1,235 vehículos, más de 44,000 porciones de droga y más de 1.5 millones de dólares en efectivo…". (EDH. 10/07/22). Por su parte la   Fiscalía General de la República (FGR) manifestó haber ordenado  “…que 38,562 personas sigan en prisión mientras enfrentan un proceso penal en su contra…” (EDH. 10/07/22).

Lo anterior implicaría  que solo aproximadamente un 14% hayan enfrentado proceso penal. Pareciera que las autoridades de seguridad solo buscan aumentar las estadísticas ya que según declaraciones del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador "jefes policiales estaban imponiendo cuotas de detenidos por día a los agentes y, si no se cumplía esta meta, el policía era amenazado con traslados a lugares lejanos de nuestro país o con sanciones disciplinarias por no cumplir con la disposición".

Estado de Derecho a la deriva en régimen de excepción

El régimen de excepción fue  aprobado por el órgano legislativo en base al artículo 29 de la Constitución según el cual….En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero  7 inciso primero y 24…  Arts. 12 inciso segundo y 13 inciso segundo.  

Lo anterior implica supresión  temporal de libertad de reunión e inviolabilidad de la correspondencia, suspensión  del derecho de la persona detenida a ser informada sobre sus derechos y las razones de su captura, y  que la detención administrativa ya no sea  de tres días, sino  prolongarla  a quince días.

Constitucionalmente el plazo de suspensión de las garantías  no excederá de 30 días, pero podrá prolongarse por igual periodo mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron para el caso  fueron  la grave perturbación del orden público a raíz de 77 homicidios cometidos entre los  25 y 26 de marzo del 2022. Para el oficialismo  las circunstancias que motivaron el régimen de excepción continúan, pero a la vez misma elogian que gracias a dicho régimen no se han tenido homicidios. La interrogante surge entonces por que continúan prorrogándolo … ¿si El Salvador ya es un país seguro? Para garantizar su legalidad, la  Asamblea Legislativa debe tomar en cuenta los aspectos que establecen en que momentos aprobar régimen de excepción, así como también los aspectos que llevan a restablecer  las garantías Constitucionales.

Cárceles de concentración y pena de muerte

Existe un temor real por parte del gobierno de Bukele y seguramente por parte de la población que los miembros de pandillas y maras al levantarse el régimen de excepción sean puestos en libertad  y se reorganicen lo cual al no combatir la causas estructurales que lo generan,  la crisis económica  unido al descontento de dichos grupos podrían llevar a reagudización del problema de la violencia y delincuencia, esto  en materia de imagen no le vendría nada bien al Presidente de cara a las próximas elecciones, es por ello que está preparando la construcción de la Mega cárcel  en donde tienen proyectado recluir a 20,000 de las personas detenidas.  

Aparejado a la construcción de la Mega cárcel, los aliados al Bukelismo están promoviendo medidas desesperadas como la pena de muerte, al respecto Guillermo Gallego diputado del partido ultraderechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) ha manifestado:  “la pena de muerte siempre va a ser un tema vigente sobre todo porque pesar de los esfuerzos que se han hecho siguen habiendo delitos por parte de pandilleros”   (DEM. 11/07/22).

Vale señalar que dicha medida está ganando adeptos dentro de la Asamblea Legislativa.  para su implementación necesitan reformar la Constitución y además que sea ratificada por la nueva Asamblea Legislativa. Al no tener un sistema de justicia imparcial e independiente que investigue y garantice el debido proceso  la pena de muerte podría llevar a que el gobierno termine con la vida de  muchas personas inocentes y prestarse para ajusticiar a quienes se opongan al gobierno, tal cual está sucediendo en el régimen de excepción.

Abusos de autoridad e irrespeto a los Derechos Humanos

La Constitución es clara respecto a que derechos y garantías se suspenden durante un régimen de excepción, pero también establece una serie de garantías y derechos que se deben respetar durante dicho régimen como son el derecho a la vida, integridad física y moral, salud, libertad,  seguridad,  trabajo,  propiedad y posesión,  honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen., etc. pero   a pesar de ello estos han sido irrespetados por  la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada entre otros.

 Actualmente según medios informativos se contabilizan un aproximado de 59 privados de libertad que han  fallecidos, las causas de sus muertes no han sido claras ya que sus  familiares han manifestado que oficialmente les han informado  que han  fallecido por una enfermedades, pero al revisar el cuerpo se observan golpes lo que hace pensar que están mintiendo respecto a la causa de la muerte, en la mayoría de casos  los familiares manifiestan que los fallecidos  no tenían vínculos con maras o pandillas.

Para las autoridades dichas muertes pueden ser atribuidas a enfermedades que ya padecían los privados de libertad, pero de igual manera existen denuncias debido a que no se estaba permitiendo el ingreso de los medicamentos. Además de las muertes oficialmente reportan  2,673 denuncias, mientras las cifras reportadas por organizaciones no gubernamentales son superiores.

Las causas son  diversas: detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Respecto a lo anterior Félix Ulloa Vicepresidente de la república  manifestó: "Si tú haces un examen de proporcionalidad y ves la dimensión de la operación, que son más de 45,000 las personas detenidas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos informa que hay 2,673 denuncias, estás viendo que no es ni siquiera el 5 %...." (LPG. 08/07/22)

No es que solo sea al 5% a quienes se les hayan violentado sus derechos y que no tienen vínculos con pandillas, las cifras son mayores  lo que sucede que la población no denuncia por temor a sufrir represalias como ha sucedido en varios casos. Miembros  del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, manifestaron que  "se calcula que 10 por ciento de los detenidos podría no tener ningún vínculo con pandillas y estar recluido en un penal siendo inocentes". Así mismo han manifestado que: “…Estamos preocupados con el desempeño que está teniendo la corporación policial , porque resulta que hay una ruptura, hay una fragmentación dentro cuerpo policial, están los policías constitucionales que hacen su trabajo apegados a derecho y está la policía de (Mauricio) Arriza Chicas, la del director general de la Policía, esta es la que está generando violaciones a derechos humanos, arbitrariedades de detenciones de personas que no tienen nada que ver con pandillas…” (EDH.11/07/2022).

Ese 5% parece no importarle al Vicepresidente  Félix Ulloa, quien manifestó: “siempre en una guerra habrán víctimas inocentes y daños colaterales que habrá que corregir, no se justifica…el Derecho Internacional Humanitario reconoce el "derecho a la guerra" y que el Estado salvadoreño ha hecho uso de ello declarándole la guerra a las pandillas. "Estamos en guerra, lo que hay es que escoger de qué lado estamos, si es del lado del Estado, del gobierno, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos…" (LPG. 08/07/22).

Luchar por que se  respete el estado de derecho y los Derechos Humanos y no estar  ni no  con el gobierno,  no significa estar al lado de las maras y pandillas. Por el contrario se demanda mayor  seguridad para el  pueblo salvadoreño y combatan las causas estructurales que generan la delincuencia y violencia.

Un arma contra la oposición

Las detenciones arbitrarias durante el régimen han abarcado a diferentes líderes de organizaciones de trabajadores, defensores de los Derechos Humanos, estudiantes y organizaciones populares.  Entre los líderes sindicales  están José Leónidas Bonilla Torres, Dolores Victoria Almendares Alvarado, Geovanni Aguirre, David Melquisedec Castillo.  Jorge Alberto Vásquez Panameño miembro Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador.  Rodolfo Pereira, quien ha liderado la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Vendedores Estacionarios y Ambulantes Salvadoreños, (ANTRAIVEAS) e integrante de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.

Lo anterior es una muestra y un  claro mensaje a las organizaciones sindicales y populares opositoras al gobierno de Bukele, por lo cual las organizaciones de trabajadores, campesinos, estudiantiles y populares deben buscar la unidad para evitar que el gobierno continúe usando  el régimen de excepción como una arma política contra la oposición.

El negocio del régimen

Además de la aprobación del régimen de excepción, los Diputados NI  y sus aliados el 24 de abril aprobaron el Régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, en el marco del régimen de excepción, dicho régimen abarca al Ejecutivo y a la Fiscalía General de la República, según dicho régimen “no serán aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) y con la reforma del 21 de junio de 2022 se agregó que “es de orden público y sus disposiciones son de carácter especial y prevalecerán sobre cualquier otra que la contraríe”. (DEM.05/07/22).

Con lo anterior el gobierno de Bukele puede adquirir y contratar a quien a el  parezca y al precio que él quiera, abriendo  la posibilidad de hacer negocios desde el Estado  y favorecer  a sus allegados,  los gobiernos anteriores. Inicialmente fueron trasladados $80 millones para financiar el régimen de excepción, para el  mes junio nuevamente fueron reorientados otros 50 millones más para gastos corriente.

Dinámica de lucha

El gobierno a través del régimen de excepción y la supresión de ciertos derechos y garantías doto de las herramientas legales a los cuerpos de seguridad para que pudieran actuar, mediante el uso de la fuerza los cuerpos de seguridad  han infundido el terror en la población sobre todo en los sectores populares, quienes ya vivían bajo el temor a las maras y pandillas. La población civil  ha tenido que cargar con los costos y ceder parte de sus derechos con la finalidad de tener seguridad, si con las mara y la pandilla la población tenía que sufrir  ver, oír y callar, la situación con el régimen de excepción casi se le asemeja.

El gobierno ha recurrido a tildar de pandilleros, mareros o tener nexos con los mismos a quienes se atrevan a  denunciar violaciones a los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales e  irregularidades,  cometidas en el régimen de excepción asi lo dejo entrever  el Vicepresidente quien manifestó: “…hay es que escoger de que lado estamos, si es del lado del Estado, del gobierno, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos…”   

El gobierno está lanzando un mensaje al pueblo que quienes no están con él, están del lado de las pandillas. Con dicho discurso el gobierno busca atemorizar y callar a la población y poner una parte de la población contra sus opositores. Existe un terror en los abogados y jueces y defensores públicos quienes tienen temor de defender o declarar inocentes a las personas procesadas aún siendo inocentes.

Los primeros días por temor la población mantuvo una inanición y silencio, los cuales empiezan a superarse llevando a realizar una serie de acciones entre las cuales están:

Denuncias por parte de familiares: los familiares sobre todos las mujeres  se atrevieron a romper el miedo y el silencio e hicieron públicas las violaciones a los Derechos Humanos cometidas, parte de estas denuncias fueron interpuestas en la Procuraduría para  la Defensa de los Derechos Humanos, cuyo papel ha sido cuestionable. Han sido las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) quienes han recopilado la mayoría de denuncias, las cuales han sido trasladadas a organismos internacionales.

Denuncias públicas colectivas: organizaciones sindicales, estudiantiles, populares, etc. Tras la privación de libertad de sus miembros se han visto en la necesidad de realizar concentraciones  para hacer públicas sus denuncias  y exigir la pronta liberación de sus miembros, en ciertos casos han logrado que se liberen, pero luego han sido recapturados.

Concentraciones: en junio los familiares de personas detenidas arbitrariamente  mediante una vigilia se concertaron para solicitarle que se les brindara información y se liberaran a sus familiares.

Jornadas de protestas internacionales: el día 11 de julio se realizaron simbólicas jornadas de protesta en los consulados de México y Estados Unidos para denunciar los abusos de poder y violaciones cometidas contra personas inocentes por el gobierno en el régimen de excepción.

A pesar que el gobierno habla de guerra, han sido pocos los enfrentamientos armados, productos de lo cual lamentablemente han fallecido un aproximado de tres miembros de la corporación policial, no teniéndose las cifras de las bajas de los miembros de las maras.

La población junto a las organizaciones están venciendo el miedo,  han empezado a denunciar las violaciones cometidas durante el régimen de excepción.  La   iglesia católica a través del Cardenal Rosa Chávez ha pedido el  cese de régimen de excepción ya que "ha habido muchos excesos (abusos de poder) que están documentados.

 Está claro  que no están a favor del gobierno, ni de las maras y pandillas,  ya ambos han victimizado al pueblo  trabajador.  Se debe integrar una coordinadora por la defensa de las libertades y garantías democráticas y los Derechos Humanos para  la acción conjunta,  la  unidad de acción y convocar a movilizaciones. Debiendo transformarse en una lucha contra la dictadura.