Por  Concepcion Elena Rodriguez

Las últimas cifras proporcionadas  por las autoridades de seguridad respecto al regimen de excepcion reportan  la captura de 48,207 personas, la incautaron   de  “… 1,180 armas de fuego, 1,413 vehículos, $1,050,000 en efectivo, 10,984 teléfonos celulares y más de 48 mil porciones de drogas, principalmente marihuana…” (LPG. 31/07/22). El regimen de excepción ha logrado disminuir los homicidios y las extorsiones lo que se traduce en una sensación de seguridad a la población, es por ello que el Presidente Bukele  manifiesta que hemos  pasado de ser uno de los países mas violentos a ser el país  "más seguro de América Latina".

La seguridad de la que se habla a sido apartir del  régimen de excepción, el cual a su vez  ha gestado en su interior  nuevos problemas como son la supresión de garantías y libertades democráticas, lo que permite la captura  las cuales, según denuncias de familiares  no  tienen  ningún vínculo con maras o pandillas. Además de las denuncias por las detenciones arbitrarias, están las muertes de los capturados dentro de los recintos carcelarios.

Venciendo el miedo: nada deben, nada temen

Familiares de personas detenidas injustamente en en el marco del régimen de excepción en El Salvador han vencido el miedo  a las amenazas de ser acusadas y encarceladas por  estar defendiendo mareros si salían a marchar.

En  el mes de julio son varias las concentraciones y movilizaciones realizadas con la  finalidad que el gobierno revise los casos de las  personas inocentes detenidas, a la exiji que instituciones como la  Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),  trabajen por qué se respeten los Derechos Humanos y el debido proceso ,  solicitadole al Procurador de Derechos Humanos Apolonio Tobar que se revisen  los casos de sus parientes inocentes. De igual manera piden no  continuar con el régimen de excepción.

Las movilizaciones venían en ascenso, pero la realizada el  31 de julio sufrió un descenso, después que Josselyn Palacios una de las protagonistas de las anteriores movilizaciones, se vio obligada ha abandonar el país debido a amenazas. En relación a lo anterior  una de las participantes en la última movilizaciones manifestó: "La gente no ha venido porque tiene miedo…Es lo que nos quieren transmitir, pero no van a callarnos.”  (LPG. 01/08/22).

Todos a movilizarnos

Con el regimen de excepcion están capturando  a personas de diferentes sectores sociales y representantes de  organizaciones,  las razones que motivan dichas capturas no están claras, por lo tanto es necesario que las organizaciones de trabajadores, estudiantes, campesinos y populares se unan y continúen  movilizandose por la libertad de las personas inocentes y para frenar las capturas de personas que  no tienen vínculos con pandillas.

Los familiares de las personas apresadas por el régimen y que están luchando por la libertad de sus familiares, no estan defiendo mareros o pandilleros, tampoco se oponen  al combate de la violencia y delincuencia por lo  contrario han expresado  "Venimos de sufrir extorsiones y ahora viene el Gobierno a terminarnos de fregar la vida. De donde vengo mi hija tuvo que huir porque la estaban amenazando y exigiendo dinero. Ahora viene la Policía a capturar a los que son inocentes y no a los pandilleros".  (LPG. 01/08/22).

La lucha contra la violencia, delincuencia y corrupción debe continuar

La seguridad de la que habla el gobierno de El Salvador, está construida en arena y a la orilla del mar, por que no ha dado respuesta a problemas como el desempleo, salarios de hambre, alto costo de la vida, bajas pensiones, etc, prueba de ello es que cientos de salvadoreños obligadamente tienen que migrar principalmente a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades.

 Como dice el dicho una ciudad limpia, no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. De igual manera una ciudad segura, no es la que mas militares y policias tienen en las calles. Por lo tanto no se puede hablar que somos un país seguro cuando el gobierno se ve obligado a mantener un régimen de excepción que suprime a las personas honradas   de muchas libertades y garantías constitucionales, por los malos pagamos los buenos.

No se puede hablar que somos un país seguro cuando el gobierno se ha visto obligado a militarizar la seguridad pública y que en vez de invertir en educación, tiene que invertir en la construcción de cárceles para mantener a los más 40 mil presos.

Es momento que la población que ha lidiado  con la violencia y delincuencia social, aproveche la oportunidad e integre comités independientes de seguridad en las diferentes colonias, comunidades, etc. Y sean ellos mismos gestores de su seguridad y de la luchar para que se den respuesta a las causas estructurales que los generan.

Por Jorge Herrera

Por la misma naturaleza de la demanda han sido los sindicatos quienes se han aglutinado en diferentes coaliciones y presentado sus respectivas propuestas tanto al anterior gobierno del FMLN, como al actual gobierno de Presidente Bukele, hasta el momento ni FMLN,  ni Bukele a pesar que tiene la mayoría de votos en la Asamblea para aprobar la derogación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP)  no lo ha hecho.

En torno a esta demanda la mayoría de organizaciones sindicales acertadamente   proponen  derogar la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) y eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)  y la creación de un Instituto Autónomo, o en todo caso que sea el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) quien administre la pensiones tanto de los trabajadores  públicos como de los Privados debiendo garantizar pensiones dignas que ronde como  mínimo arriba de los $700 así mismo  la seguridad social para el trabajador y su núcleo familiar. 

Lo anterior pasa por renacionalización del sistema de pensiones bajo una administración tripartita con la participación de representantes del Estado, empresa privada y trabajadores teniendo estos últimos mayor número de representantes.  La  propuesta de  reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), en la práctica ya fue realizada por los gobiernos anteriores y   solo sirvió para  que las AFP continuaran obteniendo mayor ganancias y pagando pírricas pensiones a los trabajadores y que los gobiernos metieran sus manos en los fondos de pensiones de los trabajadores.

Por un mismo fin, dejemos las diferencias

A pesar que la mayor parte de organizaciones sindicales coinciden en las anteriores propuestas, estas no han logrado unificarse de cara a la misma demanda, debido a las posiciones encontradas  con respecto al gobierno de Bukele: existe un bloque que da su apoyo crítico al gobierno, a quien le ha presentado sus propuestas las cuales son acertadas, mientras el otro bloque también mantiene posiciones acertadas pero es anti Bukele en ciertos casos  influenciado por los partidos de oposición del parlamento. 

El primer bloque de organizaciones en buena hora está probando en la práctica si realmente el gobierno de Bukele quiere el bienestar de la clase trabajadora que esta pensionada o por pensionarse, hasta la fecha pareciera que no, pues no ha  hecho realidad las propuestas de las organizaciones sindicales. Los partidos de oposición que tienen influencia en ciertos sindicatos por  su parte temen que si Bukele aprueba un sistema de pensiones dignas, este estaría llevándose los créditos. Como trabajadores no nos importa quien lo haga, la realidad es que ni la oposición ni Bukele lo está haciendo, solo la lucha,  unidad de acción y movilización de la clase trabajadora puede presionar al gobierno.

Mantengamos nuestros ahorros de pensiones

Para  mayo del  2022 el  registro de personas  cotizantes era de  812,196 aumentando  a 65,069 personas con respecto al 2021, con ello también el  “…activo total de los Fondos de Pensiones ascendió a $13,732.4 millones, perteneciendo el 94.3 % al Fondo de Pensiones Conservador, equivalente a $12,951 millones, mientras que el Fondo Especial de Retiro tuvo una participación de 5.7% con $781.4 millones…”  (LPG. 14/07/22). Actualmente medios de comunicación señalan que existe una baja rentabilidad de ahorros de pensiones atribuidos a la crisis económica mundial y la alta tasa de inflación. 

Al respecto Tatiana Marroquín manifestó: “La tasa de rentabilidad real depende de cada una de las AFP, pero están bastante cercanas y la mayoría tiene una rentabilidad de -1.8 % o casi -2 %”  (LPG. 14/07/22), Por su parte Carlos Acevedo manifestó: "Si se llega a tener tasas de interés negativa significa que sale mejor estar gastando el dinero que guardarlo y ahorrar" (LPG. 14/07/22). Dicho planteamiento unido a que existe un  Decreto aprobado por la anterior legislatura incita a los trabajadores a sacar su ahorro de pensiones.

Sería un grave error que los trabajadores sacaran sus ahorros de pensiones, con ello los únicos beneficiados serian las AFP y el gobierno ya que  se estarían liberando  la responsabilidad de pensionar  a los trabajadores a la vez misma solo entregarían  una  pírrica cantidad de dinero a los trabajadores la cual dada la misma crisis no ajustaría para asegurar un nivel de vida digno cuando ya se retire de trabajar.

La lucha debe continuar hasta lograr la renacionalización del sistema de pensiones bajo control de los trabajadores, pensiones dignas como mínimo de $700, pensión básica universal de $500  para todos los adultos mayores que no cotizaron,  salario mínimo de $700 tanto para trabajadores públicos y privados independientemente la labor que realicen y un seguro de desempleo.

 

Por: Josué Carvajal

Hablar de futbol en El Salvador, es hablar de algo que tiene mucho apego popular, hablamos de la disciplina deportiva más practicada en todas las edades, donde están los espectáculos deportivos de mayor expectación. Precisamente el futbol federado nacional e internacional; la Liga Mayor de Futbol (LMF), las cinco mayores ligas europeas, y la Champions League,  son los principales escenarios deportivos vistos año con año. Hablamos de un rubro dentro de la industria del entretenimiento que atrae masas, por lo que hay una rentabilidad económica atractiva.

El futbol salvadoreño

A pesar de la inmensa cantidad de espectadores de futbol en el país, el futbol salvadoreño hace varias décadas dejó de tener relevancia internacional, aun así queda tradición futbolística, pero no se logra levantar el nivel futbolístico. La última clasificatoria mundialista fue un baño de realidad, la selección mayor de futbol reforzada por jugadores nacionalizados quedó en penúltimo lugar de la octagonal de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (CONCACAF), desvaneciendo las buenas sensaciones que dejó en la Copa Oro. Ante esta nueva frustración el Gobierno de Bukele-NI-GANA, aprovechó para avanzar en la consolidación de sus propósitos de monopolizar todas las disciplinas deportivas, en el año 2020 realizó el primer intento.

A finales de 2019 fue creada la Ley General de los Deportes, como una herramienta legal para que el Gobierno se hiciera del control de todas las disciplinas deportivas federadas, efectivamente se allanaron todas a excepción de la Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT), bajo maniobras de presión en el 2020 dio una prórroga para que todas aquella disciplinas deportivas que aún no se habían inscrito en el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), lo hicieran en fecha límite del 25 de noviembre de dicho año.

Antecedentes de Corrupción y amaños

En el 2000 la misma FIFA ante el escándalo de corrupción por 3.4 millones de dólares, desconoció a la FEDEFUT (así se llamaba en aquel entonces), y nombró una Comisión Normalizadora. En el 2008 fue deslegitimado el presidente de ese entonces, Rodrigo Calvo, en 2009 la FIFA nombró una Comisión Normalizadora la cual tuvo desacuerdos con el Ministro de Gobernación, lo cual dio paso a la sanción que impuso la FIFA a El Salvador, misma que fue levantada en 2010. En 2013 otra vez el futbol salvadoreño fue envuelto en una página gris, 17 futbolistas fueron encontrados responsables de arreglar partidos oficiales y amistosos, 15 fueron suspendidos de por vida, y dos de manera temporal.

La Comisión Normalizadora de Yamil Bukele

Ante la imposibilidad de someter a la FESFUT, el 21 de julio pasado, el INDES dio a conocer los integrantes de la Comisión Normalizadora, para dar sensaciones de fortaleza ante los seguidores del Gobierno, un pulso nada más y menos que con la FIFA, quien advirtió que, si para el lunes 25 no se retiraba la Comisión de la FESFUT, habría sanciones. El Gobierno no logró tener el eco esperado.

La Asociación de Futbolistas Profesionales (ASOFUTPROES), la primera y Tercera División profesionales, la Asociación de Entrenadores de Futbol (AEFES), y las Asociaciones Departamentales de Futbol (ADFAS, en conferencia de prensa rechazaron la injerencia del Gobierno por las repercusiones y el daño mayor al futbol que implicaba, acto que deslegitima totalmente al INDES. Pues quedar fuera del futbol federado internacional implica resultados perjudiciales, desde profesionales (árbitros y futbolistas), que verían su progresión truncada, hasta empleos y subempleos, por lo que lejos de percibir la intervención del Gobierno de manera positiva, el rechazó hacia el INDES se manifestó en las redes sociales por ser una medida impopular, el Gobierno tuvo que recular.

La Liga Nacional de Futbol obedece a un intento por absorber caudal de aficionados como bases de apoyo ante el asalto a la FESFUT, fracasó porque pese a la inversión de $1, 232,000. Este revés constituye  la primera derrota política que recibe el Gobierno, después de una racha exitosa donde le paso por encima todos sus adversarios directos. Nos demuestra que el Gobierno es fuerte entre fanáticos, y que la mesura no es su fortaleza.

Por Roberto Martínez

El Sindicato de los Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador (STIPES), lucha por el bienestar y defensa de los derechos de los trabajadores de  la  Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la cual es una institución Autónoma que tiene dentro de sus responsabilidades  la  administración de la  infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria de El Salvador.

Los sindicatos y los APP

CEPA tiene bajo su cargo activos del Estado que no habían pasado a manos Privadas, en los gobiernos anteriores pero que ya lo tenían previsto mediante la figura de Asocios Públicos-Privados (APP),  al llegar Bukele al  gobierno dio continuidad a  dicho plan e inicio la implantación del  Asocio Público Privado de la Terminal de Carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

LOS APP son parte del modelo económico neoliberal mediante el cual  los dueños de las empresas privadas que manejan el APP,  utilizando la infraestructura del estado  se quedan  con la mayor parte de las ganancias, mientras el gobierno solo recibe una pírrico porcentaje y en  la mayoría de caso  dicha empresas vulneran los derechos de la clase trabajadora, pagan pírricos salarios y no dan mayores prestaciones, a la vez que atentan contra la libertad sindical.

Régimen de excepción golpea al STIPES

El régimen de excepción a golpeado a varios  líderes del movimiento sindical salvadoreño, entre uno de estos se encuentra   David Melquisedec Castillo, Secretario General del Sindicato STIPES, quien ha sido capturado en varias ocasiones, logrando recuperar su libertad mediante la presión de organizaciones sindicales, pero en esta última ocasión no se ha logrado. Castillo también se desempeñaba  como   Secretario General de la Confederación Intergremial Salvadoreña (CIS) desde donde ha realizado una labor de coordinación y solidaridad con otros sindicatos y trabajadores de cara a defender los derechos laborales.

Gobierno municipal de Acajutla desaloja   de su local  STIPES

El  gobierno municipal de Acajutla encabezado por Benjamín Hernández  Alcalde de la Coalición Nuevas Ideas (NI) y Cambio Democrático (CD)  a  desalojarlo al STIPES del local en donde ha funcionado  por varios años en el municipio de Acajutla,  manifestando: "Procedimos junto a la PNC y CAM a dar cumplimiento a la suspensión del comodato otorgado al STIPES debido a diversos incumplimientos de las cláusulas del contrato y la invalidez jurídica del mismo por falta a la ley de comodatos"  (LPG. 16/07/22). Vale señalar que dicho comodato fue otorgado desde el 2013 por un periodo de 25 años. El gobierno municipal de Acajutla se aprovecha  del régimen de excepción y del descabezamiento  sindical del STIPES, para recuperar dicho local, bajo cualquier excusa. Sabido es la crisis de financiamiento que están atravesando las Alcaldías por falta de fondos  por lo cual estaban viendo de donde sacar fondos.

Lucha solidaria  por recuperación del local

Representantes de las de organizaciones sindicales se hicieron presentes el día 19 de julio para conversar y dialogar con el Alcalde y el Concejo  Municipal pero no fueron recibidos, al respecto un representante de la comisión manifestó: “… en nombre de la Federación de Sindicatos de Instituciones Públicas Autónomas  del Salvador (FESIPAES),   Unidad Sindical Salvadoreña, Confederación Integremial Salvadoreña y en nombre  de los sindicatos que este día nos hemos dado cita este local le pedimos  que reflexione y que lleguemos a un entendimiento lo más pronto posible porque si no nos obliga a tengamos que  actuar de manera judicial o nosotros veremos lo que mejor nos convenga como trabajadores.”.

El caso del STIPES, es un caso emblemático para todas las organizaciones sindicales salvadoreñas sobre todo las que existen en las instituciones gubernamentales  y gobiernos municipales. Cuando un sindicato representa una amenaza para el gobierno y sus intereses económicos,  independientemente la afinidad partidaria de sus dirigencia, los gobernantes  descargan  todo el  peso para descabezarlo.  Bajo la dinámica capitalista neoliberal y de cara a la implementación del los APP en CEPA, el STIPES es una amenaza, por lo cual ha sido descabezado usando cualquier artimaña contra su máximo líder, el gobierno municipal aprovecha dicho vacio para rematarlo.

Ante la crisis financiera que atraviesa el gobierno central y los gobiernos municipales y  sin caer en derrotismos se puede decir que la situación por la cual atraviesa el STIPES, podría extenderse a sindicatos que funcionan en las demás instituciones del Estado independientemente de la afinidad partidaria de sus direcciones. Se está  a tiempo de frenar las políticas antisindicales, para ello se necesita que los sindicatos y los  trabajadores forjen la más amplia unidad, se luche  en los puntos de coincidencia  y se consolide un verdadero e independiente   Movimiento Sindical Salvadoreño y Centroamericano.

Por: Salvador Belloso

En El Salvador, cada vez son menos las instituciones e instancias democráticas, donde no esté presente el control único del Gobierno de Nayib Bukele, desde los tres Órganos de Estado, hasta instancias administrativas el Ejecutivo ejerce poder pleno. Esta vez el golpe encestado fue directamente hacia todas y todos los trabajadores públicos, la elección que tomó el pleno legislativo de Franklin Josué Nolasco Morales, como presidente del Tribunal del Servicio Civil, no se trató de una simple elección, bajo los parámetros de la dictadura debemos considerarla como el nombramiento un agente del Gobierno para esa instancia; se deberá y responderá ante Bukele, pues no representará sino sus intereses, se trata pues de la imposición de un verdugo ante quien se deberá enfrentar la clase trabajadora de la administración pública.

No fue un proceso sino un trámite de elección

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa (AL), había dicho durante el proceso formal de elección que este tendría transparencia: ’’vamos a llamarlos a esta comisión para una entrevista, para presentar cuál es su experiencia, cuál es su hoja de vida; cuáles son sus intenciones que traen como funcionarios públicos, de cara a lo que está solicitando la población salvadoreña en ese puesto, específicamente’’. Dijo. No obstante en la práctica se hizo lo contrario; detrás de los requisitos de forma que son exigencia legal estaba predeterminada la intención clara de elegir a quien mejor pueda someterse a la dirección política de la dictadura, nadie mejor de Nolasco para esto. El proceso culminó el 26 de junio con 66 votos a favor dados por las bancadas de Nuevas Ideas, GANA, y los parásitos PCN y PDC. Quedando en el cargo hasta el 27 de junio de 2025.

¿Quién es la persona electa en realidad?

Esta crítica hacia dicho acto legislativo va más allá de medir requisitos de forma, pues tanto él como los demás postulante los reúnen; es Licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, lleva más de 15 años como abogado y notario de la República, además que ya ha formado parte tanto del Tribunal del Servicio Civil como de la Comisión del Servicio Civil. Hasta aquí todo bien, pero no se debe dejar pasar otras características propias de esta persona. Estamos hablando de quien hasta hace unas semanas fuera el Gerente de Operaciones de la AL.

 En el año 2021 se dieron a conocer casos de nepotismo en favor de su esposa y hermanos, es persona de confianza del corrupto narco-diputado Guillermo Gallegos, y servil a Nayib Bukele, pues en 2020 fue nombrado por el Ejecutivo como como representante magistrado ante el Tribunal del Servicio Civil, ante lo cual declaró: ’’Honrado, gracias señor presidente “Nayibbukelepor el nombramiento ante el Tribunal del Servicio Civil. Gracias señor vicepresidente “GGallegos24, por su respaldo’’.

¿Qué se puede esperar de él?

Como podemos ver el presidente del Tribunal Civil electo por la AL, por estar ligado al oficialismo, cuando deba resolver un conflicto entre la administración con empleados públicos, obviamente se inclinará por todo aquello que no afecte la imagen e intereses del Gobierno de Bukele.

Además que seguirá bajo las mismas prácticas corruptas que le preceden, no se puede esperar objetividad de su parte, como va serlo si precisamente se aprovechó de la falta de objetividad en las contrataciones de la AL, para lograr que a través de su confianza con la fracción de GANA se emplearan su esposa y hermanos. De modo que está acostumbrado a la mala práctica de valerse de la cercanía y confianza con quienes ostentan algún tipo de poder, para conseguir beneficios personales, no está en el lugar actual por base al mérito propio y capacidad.

Las y los trabajadores que durante las gestiones anteriores tuvimos que afrontar la lucha contra la corrupción y nepotismo, debemos asimilar la idea que además esta vez tendremos como resolutor de conflictos en alzada a quien encarniza precisamente eso: nepotismo y corrupción, con la agravante que ya ha adelantado criterio en favor del Gobierno, por lo que la lucha formal solo podrá tener eficacia si se confía en las propias fuerzas y los medios de lucha mediante los cuales hemos logrado conquistas históricas.  

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