Por Rebeca Gonzalez 

Este primero de mayo del año 2022, después de décadas de esas heroicas luchas nuevamente las condiciones que generaron el descontento social siguen firmes, latentes, amenazantes, aterrorizantes, amedrentando a la clase trabajadora y al pueblo en general, parte de estas condiciones son: La falta de empleo y salarios dignos donde y  el irrespeto a los derechos fundamentales de la clase  trabajadora.

Falta de educación gratuita y de calidad en todos los niveles, actualmente el sistema educativo lo único que busca es  garantizar   mano de obra barata para los empresarios explotadores y los pocos que logran sacar una carrera pasan meses de desempleo.

Falta de un sistema de  salud oportuna, gratuita y de calidad que garantice el bienestar físico, mental y social de la clase trabajadora y del pueblo. Actualmente el  sistema de salud  no garantiza la vida de las personas, no hay medicamentos de calidad, exámenes, cirugías oportunas, médicos especialistas; los pacientes mueren esperando su turno, con cáncer y otros enfermedades terminales o incapacitantes.

No existe un sistema de pensiones digno que garantice calidad de vida en la vejez. Actualmente las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) en complicidad con los gobiernos no garantizan un retiro que dignifique al trabajador, al contrario el trabajador es condenado a morir en la miseria. No existe una pensión  básica  universal, la mayoría de la población ni siquiera sueña con una pensión,  la mayor parte del pueblo trabajador que no cotizó  al sistema de pensiones está condenado a morir en la mendicidad.

La Falta de control del Ministerio de Economía, dejando al pueblo a expensas de los voraces y rapaces empresarios, quienes producen lo que no necesitamos, imponen  precios a los alimentos a su antojo haciendo de la alimentación un gran negocio, condenándonos a comprar la basura que nos ofrece bajo el nombre de alimentos, siendo estos alterados por los procesos químicos que utilizan para la producción acelerada, masiva y el crecimiento de estos, sin poder acceder a productos saludables para la alimentación.

Falta un  control de precios de los servicios básicos, como el agua, la energía eléctrica, telecomunicaciones, otro negocio redondo después de privatizar estos servicios los cuales sabemos que son patrimonio del pueblo, que tan solo si se renacionalizaran  el país saldría de la crisis financiera en que se encuentra, si fuera el Ministerio de Hacienda quien capturara estos fondos para convertirlos en obras sociales para la población.

Precariedad y negligencia del Ministerio de Trabajo

La pandemia por el COVID-19,  dio lugar a que la patronal acelerada la implementación del trabajo virtual y domiciliar, llevando a una mayor precarización de clase trabajadora debido a que bajo esta forma de trabajo no garantizan  estabilidad laboral, prestaciones, insumos necesarios para ejecutar el trabajo, siendo  el trabajador que pone su casa, energía eléctrica, internet, cargando así al trabajador con la responsabilidad de  la empresa quien debería dotar de lo necesario para que pueda desempeñar sus funciones.

Por su parte el Ministerio de Trabajo quien debería garantizar el respeto de los Derechos laborales, es poco o nada  lo que ha realizado  ante las empresas maquileras, los call center y las empresas privadas que se encargan de brindar servicios de limpieza, seguridad, alimentación en instituciones del estado. Dichas empresas no son otra cosa que esclavitud de jóvenes y de los más desposeídos de nuestro país, pagan bajos salarios, sin prestaciones y con una gran presión laboral, exigiéndoles metas imposibles de cumplir, castigándoles con descuentos o suspensiones de días al no alcanzar las metas.

Por verdaderos representantes de los trabajadores en las tripartita

Existen organismos tripartito en los cuales participan representantes de la empresa privada,  gobierno y  trabajadores entre estos organismos están: Consejo Nacional del Salario Mínimo, Consejo Superior del Trabajo, Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Consejo Directivo del INSAFORP, Asamblea de Gobernadores del Fondo Social  para la Vivienda. Son los sindicatos y sus bases los responsables de elegir a las personas que los  representaran en dichos organismos. Actualmente  existen muchos  sindicatos y federaciones, lo cual limita la participación de estos.

Las personas que participan en dichos organismos por el hecho de ir alineados al gobierno y a la patronal, no trabajan en función de los intereses de los trabajadores. Por ejemplo no existe  una política pública que garantice una vivienda digna para el pueblo salvadoreño, donde el Fondo Social para la Vivienda realmente ejerza el roll del nombre que le otorgaron.  Acceder a una vivienda digna  es casi imposible para cualquier trabajador que gane menos de 400 dólares no digamos para aquel salvadoreño que no cuenta con un empleo formal.

Actualmente el Consejo Superior del Salario Mínimo, lo único que garantiza es que los empresarios sigan chupándole hasta la última gota de fuerza laboral al trabajador, aprobando pírricos salarios mínimos, cuando en realidad el salario mínimo debería ser de  $700.00, para así poder tener acceso a la canasta básica.

Por Rael  Oshun

El 27 de marzo de 2022 el gobierno de Bukele y el partido Nuevas Ideas (NI), junto a GANA y demás partidos floreros del régimen  establecieron  el "régimen de excepción" medida que desde sus inicios ha  violentado los Derechos Humanos, dado que han sido restringidas las libertades y garantías constitucionales  de todos los salvadoreños honrados, no solo de las personas que delinquen.  

A un mes de  régimen  de Excepción y nuevamente el  gobierno ha ordenado prorrogar dicho régimen, lo cual  fue  obedecido nuevamente y aprobado el 24 de abril, con ello continuaran suspendidas derechos como   la libre asociación, a la defensa legal, a ser presentado ante un juez dentro de las 72 horas después de ser detenido y a la inviolabilidad de las comunicaciones, pero además también aprovecharon para aprobar una reforma que permite al gobierno hacer compras y contrataciones sin apegarse a la  la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). El prorrogar el régimen de excepción significa que las causas que llevaron a aprobarlo inicialmente todavía persisten.

Consolidación del militarismo

Desde el 27 de marzo de 2022  hubo y continúa  un despliegue de fuerzas armadas y policías  no sólo en las zonas controladas por pandillas sino también donde residen ciudadanos de bajos recursos. Ya  son miles  de casos de jóvenes, adultos y mujeres que han sido llevadas con la aplicación innecesaria de la fuerza, y hasta con lujo de crueldad frente a sus hijos, han sido arrestadas jóvenes madres acusadas de ser pandilleras y a ancianas madres las cuales  acusan de ser colaboradoras, algunas y algunos arrestados no han aparecido en ningún penal de El Salvador, no se sabe adonde fueron llevadas, y para completar el horror también existen jóvenes civiles que han fallecido en el interior de los centros penales  supuestamente debido a  golpes los cuales aun no se sabe si fueron pandilleros o policías quienes los mataron.  

Familiares de los detenidos sufren maltrato psicológico por de parte de los militares y de la PNC quienes muestran videos de ellos llorando, cuando llegan a preguntar por sus hijos, les cobran $50.00 por preso para un kit de limpieza, pero no dan recibo de pago, por lo tanto no hay garantía de que el dinero sea para eso.

Persecución a activistas por los derechos humanos

Al no existir una independencia real de los tres poderes, el régimen de excepción se prestada para ser utilizado para cualquier cosa, desde venganzas personales hasta la persecución política de opositores políticos al gobierno. A manera de ejemplo esta la  denuncia realizada por  la Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER) por la privación de libertad a una de sus colaboradoras, en la "defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica”. Hasta éste día 25 de abril, ya son más de 16, 000  las detenciones sin orden judicial, y con trato cruel, inhumano y degradante,  negándose el Estado a escuchar a las organizaciones que velan por las garantías de los Derechos Humanos.

El  instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", (IDHUCA) le ha dejado claro al presidente Bukele, que las medidas aplicadas vulneran derechos que no pueden ser disminuidos aún bajo regímenes de excepción, como lo son; derechos de reunión y asociación, libertades de expresión y tránsito,  las garantías judiciales y las garantías de inviolabilidad de las comunicaciones no debieron ser eliminadas, ni suceder las capturas masivas sin orden judicial.

El gobierno de Bukele ha utilizado el régimen de excepción no solo para combatir la delincuencia, sino también lo aprovechado para despedir miembros de la PNC mayores de 60, usar fondos  sin ningún control igual como lo hiso durante la pandemia. También los gobiernos municipales como el de la Alcaldía de San Salvador lo ha utilizado a su favor para desalojar a vendedores por cuenta propia del centro de la capital, sin darles una alternativa que verdaderamente les favorezca y les asegure una fuente real de ingresos.

FIEL se pronuncia contra el régimen de excepción en El Salvador

La Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad (FIEL) se ha pronunciado contra el régimen de Excepción y a favor de las libertades democráticas  manifestando:  “condenamos las acciones violentas y asesinas del estado salvadoreño, a la vez consideramos que si es necesario dar solución al problema de violencia y delincuencia que sangra al pueblo salvadoreño, pero este debe empezar por atacar las causas estructurales que lo originan, pero  no es justificante la combatividad de la violencia a través de la violencia con la agravante de aplicarla a la población civil inocente, la cual es víctima de la violencia social ejercida por dichos grupos y ahora es víctima de la violencia política ejercida por el gobierno y las instituciones del estado como son la PNC, Fuerza Armada y el sistema judicial. Ante la violaciones a los Derechos Humanos es necesario que responda el gobierno y se deduzcan responsabilidades.  Y a los cuerpos de seguridad le recordamos las palabras de San Romero “…Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios... Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla...  Queremos que el Gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre...

Por Alberto Castro

El 22 de marzo el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en Twitter que ya estaba casi terminado el proyecto de reforma de pensiones, recordemos que el 7 de octubre de 2021, en CAPRES, el presidente sostuvo una reunión con algunos representantes de algunas organizaciones sindicales aglutinadas en la Unidad Sindical Salvadoreña, en la cual también estuvo el ministro de Trabajo, Rolando castro.

Al presidente se le planteó que fuera él quien dirija una reforma que ponga fin al Sistema de Ahorro de Pensiones, SAP, para dar vía al Instituto Nacional Autónomo Previsional, donde haya participación de la clase trabajadora en su administración, también la creación del Fondo solidario, y que se aumente la pensión hasta el 70% del último salario devengado.

Por lo que es necesario hacer algunas consideraciones necesarias, para comprender como hemos llegado a la situación actual en torno a las pensiones, para posteriormente identificar qué tipo de reforma necesitamos, cuáles son los cambios y los nuevos elementos que debe incorporar, con ello podremos estar atentos para que entre la euforia, exista racionalismo y mesura, así no caer en equivocaciones y poder ser partícipes de una reforme que mejores las condiciones de los actuales cotizantes, de los jubilados, y nos garantice una pensión diga.

La propuesta de las organizaciones sindicales

El contenido de la propuesta que le fue entregado al Ejecutivo por parte de las organizaciones sindicales, es desconocido, aunque se han dado ha conocer algunos puntos, como:

1) La creación del Instituto Nacional Autónomo Previsional, con el que se pretende derogar al nefasto SAP; 2) Otra propuesta es la creación del Fondo Solidario administrado por el Estado, lo que implica recuperar el ahorro de cuentas que administran las AFP; 3) Pensión del 70% del último salario devengado, sería un enorme progreso contra el aproximado del 30% actual, basado en el cálculo del Salario Básico Regulador (SBR); 4) Contra la pensión mínima por vejez que actualmente es de $304,10 dolares, pensión máxima como una manera de contrarrestar limites básicos a la jubilación; 5) La inestabilidad del trabajo formal tendría como consecuencia la pensión reducida por 15 años de cotización; 6) Con la última reforma se posibilita el retiro un anticipo de los ahorros, basados en el principio de solidaridad bajo el cual se edificaría este sistema, esto queda en incompatibilidad por lo que se pide su prohibición; 7) También incluye la propuesta de incluir un nuevo delito en blanco, el cual consiste en castigar a las patronales que no reporten los aportes 8) Aumentar el monto de cotización al 17%, lo que implica el aumento del 1% cada tres años a cargo del patrono; 9) Impuesto predial o al patrimonio a cargo de las grandes empresas como una forma de financiar el sistema; 10) Pensión universal para todos los mayores de 60 años, incluidos trabajadores domésticos, construcción y agrícolas; 11) Monotributo para los trabajadores del sector informal, para incentivar el aporte de pequeños contribuyentes.

Lo discutible de la propuesta

Al revisar estos puntos decir que propuesta es correcta, lo malo es la forma en la que se hace, es decir, no parte de una discusión democrática previa, de frente a la clase trabajadora. Debemos ser críticos ante toda acción mezquina y oportunista que se encubra bajo  esa propuesta. Recordemos que este no será una regalía del Ejecutivo, siempre debe contemplarse como una conquista producto de muchos años de lucha de la clase trabajadora salvadoreña.

Debemos tomar en consideración que las pensiones forman parte de la seguridad social, por lo tanto es de dotar de fuerza a todo el sistema de seguridad social en sí, lo que implica como punto de partida el poner fin a la privatización del sistema de pensiones, de modo que es necesario derogar al SAP.

Luego debemos fortalecer el funcionamiento del ISSS, e INPEP, reformando sus leyes constitutivas, esto a través de la incorporación del control de los trabajadores en su administración, y adecuando la legislación pertinente a nuestras necesidades. Debemos procurar que el Estado debe ser el administrador del sistema y no solamente un obligado para con las aportaciones; en la actualidad las aportaciones del Estado solo sirven para cubrir la ineficiencia del SAP, y de las AFP.

Por Francisco Mendoza

Durante los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalistas (ARENA. 1989-2009) y los de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN. 2009-2019),  servicios como  limpieza, vigilancia, alimentación, etc. fueron privatizados en las varias instituciones de gobierno, en  la mayoría de casos en esos gobiernos los servicios  eran otorgados  a empresas propiedad de  conocidos, familiares, financistas de ambos partidos, pagando grandes cantidades de dinero por dicho servicios a los dueños de las empresas, y a los trabajadores les  pagan un mísero salario e irrespetan sus derechos laborales.

Actualmente trabajadores que laboran para la empresa  Sistemas de Seguridad y Limpieza,  Sociedad de Capital Variable ( “SSELIMZA, SA de CV)  la cual brinda sus servicios  a diferentes empresas e instituciones gubernamentales,  denuncian ser víctimas de violaciones a sus  Derechos Humanos y laborales por parte de dicha empresa, entre dichas violaciones se puede mencionar:

Incumplen pagos: las personas que laboran en dicha empresa les pagan cada 15 días, pero no le pagan el salario según lo convenido.

No les pagan horas extras, ni nocturnidades: quienes laboran en áreas hospitalarias, tienen dos horarios, por lo cual laboran 12 horas diarias, las horas posteriores a su jornada laboral de ocho horas, corresponden a horas extras, las cuales no son pagadas  con dinero, ni con tiempo compensatorio. Cuando se trabaja en la noche, se tiene derecho al pago de nocturnidades, lo cual también es incumplido por dicha empresa. 

Incumplen pago de vacaciones anual: Dicha empresa no   pagan las  vacaciones anuales a sus trabajadores, argumentando  que trabajan en instituciones públicas y que gozan de los días de asueto.

Discriminan a mujeres embarazadas:  A las embarazadas no las incluyen en los proyectos estables, las ponen de comodín y de forma eventual.

Intimidan a los trabajadores: las Jefaturas o supervisores de dicha empresa  les exigen a quienes han denunciado violaciones a sus derechos a  que retiren la denuncia que han puesto ante el Ministerio de Trabajo y en otros casos  intimidan a los trabajadores para que no denuncien las violaciones a sus derechos por parte de los dueños de la empresa, lo anterior les ha permitido ganar tiempo y que los casos prescriban. Por ejemplo en el 2016, el Trabajador Daniel M. quien laboraba para dicha empresa presentó una denuncia contra dicha empresa por no pagarle su vacación anual del  2015, después de todos los procesos  seguidos la Cámara  de lo Civil de la primera sección de oriente, en el recurso de apelación por parte de la patronal  fallo a favor de la empresa, bajo el argumento de haber prescrito el caso.

Aquí se puede ver como por años los leyes y los administradores de justicia  han estado en función de los intereses de la patronal.

Pago retroactivo para los trabajadores de SSELIMZA

Como este casos existen muchos, por lo cual es necesario la intervención e investigación por parte del Ministerio de Trabajo para que se les pague retroactivamente a los trabajadores  todos aquellos salarios, hora extras, nocturnidades, vacaciones, incapacidades que no les han cancelado a sus trabajadores. De igual manera asegurar que dichas empresas estén pagando Seguro Social y AFP.

Reversión de las privatizaciones: contratación directa

Es necesario terminar con la sobrexplotación realizada por los dueños de estas empresas, por lo cual los trabajadores que que laboran para estas empresas deben pasar a ser contratados directamente por el Estado y gozar de todas las prestaciones de Ley, con ello el estado se ahorra recursos y se beneficiaria directamente a los trabajadores.

Existen fundamentos suficientes como son el irrespeto a los Derechos laborales para suspender dichas contrataciones.

No a la prescripción de violaciones a los derechos laborales

Los dueños de empresas como SSELIMZA, además de obtener directamente grandes ganancias derivadas de la privatización de dichos servicios, por décadas han mantenido una sobrexplotación e incumplido sus obligaciones para con los trabajadores, todo ello bajo complicidad de los responsables de las instituciones y del sistema judicial. Por lo tanto debe investigarse todas las violaciones cometidas contra estos trabajadores y debe resarcirse los daños, de ser necesaria los dueños de dichas empresas deben tener responsabilidad patrimonial.

Las violaciones a los Derechos laborales arribas descritas,  son comunes a los trabajadores de las empresas subcontratadas por instituciones públicas y privadas. Aquienes además les han limitado la organización sindical, es momento que el Ministerio de Trabajo brinde las condiciones para que puedan organizarse libremente.