Por Rael  Oshun

El 27 de marzo de 2022 el gobierno de Bukele y el partido Nuevas Ideas (NI), junto a GANA y demás partidos floreros del régimen  establecieron  el "régimen de excepción" medida que desde sus inicios ha  violentado los Derechos Humanos, dado que han sido restringidas las libertades y garantías constitucionales  de todos los salvadoreños honrados, no solo de las personas que delinquen.  

A un mes de  régimen  de Excepción y nuevamente el  gobierno ha ordenado prorrogar dicho régimen, lo cual  fue  obedecido nuevamente y aprobado el 24 de abril, con ello continuaran suspendidas derechos como   la libre asociación, a la defensa legal, a ser presentado ante un juez dentro de las 72 horas después de ser detenido y a la inviolabilidad de las comunicaciones, pero además también aprovecharon para aprobar una reforma que permite al gobierno hacer compras y contrataciones sin apegarse a la  la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). El prorrogar el régimen de excepción significa que las causas que llevaron a aprobarlo inicialmente todavía persisten.

Consolidación del militarismo

Desde el 27 de marzo de 2022  hubo y continúa  un despliegue de fuerzas armadas y policías  no sólo en las zonas controladas por pandillas sino también donde residen ciudadanos de bajos recursos. Ya  son miles  de casos de jóvenes, adultos y mujeres que han sido llevadas con la aplicación innecesaria de la fuerza, y hasta con lujo de crueldad frente a sus hijos, han sido arrestadas jóvenes madres acusadas de ser pandilleras y a ancianas madres las cuales  acusan de ser colaboradoras, algunas y algunos arrestados no han aparecido en ningún penal de El Salvador, no se sabe adonde fueron llevadas, y para completar el horror también existen jóvenes civiles que han fallecido en el interior de los centros penales  supuestamente debido a  golpes los cuales aun no se sabe si fueron pandilleros o policías quienes los mataron.  

Familiares de los detenidos sufren maltrato psicológico por de parte de los militares y de la PNC quienes muestran videos de ellos llorando, cuando llegan a preguntar por sus hijos, les cobran $50.00 por preso para un kit de limpieza, pero no dan recibo de pago, por lo tanto no hay garantía de que el dinero sea para eso.

Persecución a activistas por los derechos humanos

Al no existir una independencia real de los tres poderes, el régimen de excepción se prestada para ser utilizado para cualquier cosa, desde venganzas personales hasta la persecución política de opositores políticos al gobierno. A manera de ejemplo esta la  denuncia realizada por  la Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER) por la privación de libertad a una de sus colaboradoras, en la "defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica”. Hasta éste día 25 de abril, ya son más de 16, 000  las detenciones sin orden judicial, y con trato cruel, inhumano y degradante,  negándose el Estado a escuchar a las organizaciones que velan por las garantías de los Derechos Humanos.

El  instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", (IDHUCA) le ha dejado claro al presidente Bukele, que las medidas aplicadas vulneran derechos que no pueden ser disminuidos aún bajo regímenes de excepción, como lo son; derechos de reunión y asociación, libertades de expresión y tránsito,  las garantías judiciales y las garantías de inviolabilidad de las comunicaciones no debieron ser eliminadas, ni suceder las capturas masivas sin orden judicial.

El gobierno de Bukele ha utilizado el régimen de excepción no solo para combatir la delincuencia, sino también lo aprovechado para despedir miembros de la PNC mayores de 60, usar fondos  sin ningún control igual como lo hiso durante la pandemia. También los gobiernos municipales como el de la Alcaldía de San Salvador lo ha utilizado a su favor para desalojar a vendedores por cuenta propia del centro de la capital, sin darles una alternativa que verdaderamente les favorezca y les asegure una fuente real de ingresos.

FIEL se pronuncia contra el régimen de excepción en El Salvador

La Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad (FIEL) se ha pronunciado contra el régimen de Excepción y a favor de las libertades democráticas  manifestando:  “condenamos las acciones violentas y asesinas del estado salvadoreño, a la vez consideramos que si es necesario dar solución al problema de violencia y delincuencia que sangra al pueblo salvadoreño, pero este debe empezar por atacar las causas estructurales que lo originan, pero  no es justificante la combatividad de la violencia a través de la violencia con la agravante de aplicarla a la población civil inocente, la cual es víctima de la violencia social ejercida por dichos grupos y ahora es víctima de la violencia política ejercida por el gobierno y las instituciones del estado como son la PNC, Fuerza Armada y el sistema judicial. Ante la violaciones a los Derechos Humanos es necesario que responda el gobierno y se deduzcan responsabilidades.  Y a los cuerpos de seguridad le recordamos las palabras de San Romero “…Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios... Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla...  Queremos que el Gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre...

Por Alberto Castro

El 22 de marzo el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en Twitter que ya estaba casi terminado el proyecto de reforma de pensiones, recordemos que el 7 de octubre de 2021, en CAPRES, el presidente sostuvo una reunión con algunos representantes de algunas organizaciones sindicales aglutinadas en la Unidad Sindical Salvadoreña, en la cual también estuvo el ministro de Trabajo, Rolando castro.

Al presidente se le planteó que fuera él quien dirija una reforma que ponga fin al Sistema de Ahorro de Pensiones, SAP, para dar vía al Instituto Nacional Autónomo Previsional, donde haya participación de la clase trabajadora en su administración, también la creación del Fondo solidario, y que se aumente la pensión hasta el 70% del último salario devengado.

Por lo que es necesario hacer algunas consideraciones necesarias, para comprender como hemos llegado a la situación actual en torno a las pensiones, para posteriormente identificar qué tipo de reforma necesitamos, cuáles son los cambios y los nuevos elementos que debe incorporar, con ello podremos estar atentos para que entre la euforia, exista racionalismo y mesura, así no caer en equivocaciones y poder ser partícipes de una reforme que mejores las condiciones de los actuales cotizantes, de los jubilados, y nos garantice una pensión diga.

La propuesta de las organizaciones sindicales

El contenido de la propuesta que le fue entregado al Ejecutivo por parte de las organizaciones sindicales, es desconocido, aunque se han dado ha conocer algunos puntos, como:

1) La creación del Instituto Nacional Autónomo Previsional, con el que se pretende derogar al nefasto SAP; 2) Otra propuesta es la creación del Fondo Solidario administrado por el Estado, lo que implica recuperar el ahorro de cuentas que administran las AFP; 3) Pensión del 70% del último salario devengado, sería un enorme progreso contra el aproximado del 30% actual, basado en el cálculo del Salario Básico Regulador (SBR); 4) Contra la pensión mínima por vejez que actualmente es de $304,10 dolares, pensión máxima como una manera de contrarrestar limites básicos a la jubilación; 5) La inestabilidad del trabajo formal tendría como consecuencia la pensión reducida por 15 años de cotización; 6) Con la última reforma se posibilita el retiro un anticipo de los ahorros, basados en el principio de solidaridad bajo el cual se edificaría este sistema, esto queda en incompatibilidad por lo que se pide su prohibición; 7) También incluye la propuesta de incluir un nuevo delito en blanco, el cual consiste en castigar a las patronales que no reporten los aportes 8) Aumentar el monto de cotización al 17%, lo que implica el aumento del 1% cada tres años a cargo del patrono; 9) Impuesto predial o al patrimonio a cargo de las grandes empresas como una forma de financiar el sistema; 10) Pensión universal para todos los mayores de 60 años, incluidos trabajadores domésticos, construcción y agrícolas; 11) Monotributo para los trabajadores del sector informal, para incentivar el aporte de pequeños contribuyentes.

Lo discutible de la propuesta

Al revisar estos puntos decir que propuesta es correcta, lo malo es la forma en la que se hace, es decir, no parte de una discusión democrática previa, de frente a la clase trabajadora. Debemos ser críticos ante toda acción mezquina y oportunista que se encubra bajo  esa propuesta. Recordemos que este no será una regalía del Ejecutivo, siempre debe contemplarse como una conquista producto de muchos años de lucha de la clase trabajadora salvadoreña.

Debemos tomar en consideración que las pensiones forman parte de la seguridad social, por lo tanto es de dotar de fuerza a todo el sistema de seguridad social en sí, lo que implica como punto de partida el poner fin a la privatización del sistema de pensiones, de modo que es necesario derogar al SAP.

Luego debemos fortalecer el funcionamiento del ISSS, e INPEP, reformando sus leyes constitutivas, esto a través de la incorporación del control de los trabajadores en su administración, y adecuando la legislación pertinente a nuestras necesidades. Debemos procurar que el Estado debe ser el administrador del sistema y no solamente un obligado para con las aportaciones; en la actualidad las aportaciones del Estado solo sirven para cubrir la ineficiencia del SAP, y de las AFP.

Por Francisco Mendoza

Durante los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalistas (ARENA. 1989-2009) y los de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN. 2009-2019),  servicios como  limpieza, vigilancia, alimentación, etc. fueron privatizados en las varias instituciones de gobierno, en  la mayoría de casos en esos gobiernos los servicios  eran otorgados  a empresas propiedad de  conocidos, familiares, financistas de ambos partidos, pagando grandes cantidades de dinero por dicho servicios a los dueños de las empresas, y a los trabajadores les  pagan un mísero salario e irrespetan sus derechos laborales.

Actualmente trabajadores que laboran para la empresa  Sistemas de Seguridad y Limpieza,  Sociedad de Capital Variable ( “SSELIMZA, SA de CV)  la cual brinda sus servicios  a diferentes empresas e instituciones gubernamentales,  denuncian ser víctimas de violaciones a sus  Derechos Humanos y laborales por parte de dicha empresa, entre dichas violaciones se puede mencionar:

Incumplen pagos: las personas que laboran en dicha empresa les pagan cada 15 días, pero no le pagan el salario según lo convenido.

No les pagan horas extras, ni nocturnidades: quienes laboran en áreas hospitalarias, tienen dos horarios, por lo cual laboran 12 horas diarias, las horas posteriores a su jornada laboral de ocho horas, corresponden a horas extras, las cuales no son pagadas  con dinero, ni con tiempo compensatorio. Cuando se trabaja en la noche, se tiene derecho al pago de nocturnidades, lo cual también es incumplido por dicha empresa. 

Incumplen pago de vacaciones anual: Dicha empresa no   pagan las  vacaciones anuales a sus trabajadores, argumentando  que trabajan en instituciones públicas y que gozan de los días de asueto.

Discriminan a mujeres embarazadas:  A las embarazadas no las incluyen en los proyectos estables, las ponen de comodín y de forma eventual.

Intimidan a los trabajadores: las Jefaturas o supervisores de dicha empresa  les exigen a quienes han denunciado violaciones a sus derechos a  que retiren la denuncia que han puesto ante el Ministerio de Trabajo y en otros casos  intimidan a los trabajadores para que no denuncien las violaciones a sus derechos por parte de los dueños de la empresa, lo anterior les ha permitido ganar tiempo y que los casos prescriban. Por ejemplo en el 2016, el Trabajador Daniel M. quien laboraba para dicha empresa presentó una denuncia contra dicha empresa por no pagarle su vacación anual del  2015, después de todos los procesos  seguidos la Cámara  de lo Civil de la primera sección de oriente, en el recurso de apelación por parte de la patronal  fallo a favor de la empresa, bajo el argumento de haber prescrito el caso.

Aquí se puede ver como por años los leyes y los administradores de justicia  han estado en función de los intereses de la patronal.

Pago retroactivo para los trabajadores de SSELIMZA

Como este casos existen muchos, por lo cual es necesario la intervención e investigación por parte del Ministerio de Trabajo para que se les pague retroactivamente a los trabajadores  todos aquellos salarios, hora extras, nocturnidades, vacaciones, incapacidades que no les han cancelado a sus trabajadores. De igual manera asegurar que dichas empresas estén pagando Seguro Social y AFP.

Reversión de las privatizaciones: contratación directa

Es necesario terminar con la sobrexplotación realizada por los dueños de estas empresas, por lo cual los trabajadores que que laboran para estas empresas deben pasar a ser contratados directamente por el Estado y gozar de todas las prestaciones de Ley, con ello el estado se ahorra recursos y se beneficiaria directamente a los trabajadores.

Existen fundamentos suficientes como son el irrespeto a los Derechos laborales para suspender dichas contrataciones.

No a la prescripción de violaciones a los derechos laborales

Los dueños de empresas como SSELIMZA, además de obtener directamente grandes ganancias derivadas de la privatización de dichos servicios, por décadas han mantenido una sobrexplotación e incumplido sus obligaciones para con los trabajadores, todo ello bajo complicidad de los responsables de las instituciones y del sistema judicial. Por lo tanto debe investigarse todas las violaciones cometidas contra estos trabajadores y debe resarcirse los daños, de ser necesaria los dueños de dichas empresas deben tener responsabilidad patrimonial.

Las violaciones a los Derechos laborales arribas descritas,  son comunes a los trabajadores de las empresas subcontratadas por instituciones públicas y privadas. Aquienes además les han limitado la organización sindical, es momento que el Ministerio de Trabajo brinde las condiciones para que puedan organizarse libremente.

Editorial de El Socialista Centroamericano No 348

El pasado 26 de marzo, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, aprovechando que cuenta con la mayoría absoluta de diputados, solicitó a la Asamblea Legislativa que decretara el “estado de excepción” por 30 días, para contener la ola de asesinatos perpetrados por las maras.

De esta manera, manipulando la realidad de violencia y crímenes cotidianos en El Salvador, Bukele avanza rápidamente en la consolidación de una nueva dictadura. El “estado de excepción” conlleva la suspensión de importantes libertades democráticas, como la libertad de asociación, el derecho de defensa en los tribunales,  inviolabilidad de la correspondencia, suspender la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial, se extendió el plazo de detención por parte de la policía de 72 horas a 15 días.

Con este decreto legislativo, Bukele le entrega más poder a la Policía y a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). La justificación fue el alza en los asesinatos cometidos por las maras y pandillas.

Pero, ¿qué ha ocurrido realmente para que la situación cambiara tan abruptamente? En el último mes se han producido grandes cambios en el mundo y en la región centroamericana. El endeudamiento brutal de El Salvador, un país en donde circula el dólar norteamericano como moneda oficial, y los roces con el gobierno de Estados Unidos, le impiden a Bukele obtener dinero para financiar su proyecto populista. El populismo de Bukele tiene patas cortas, sin recursos financieros los discursos de Bukele se disuelven rápidamente, y con ello se agota la credibilidad política que todavía goza en amplios sectores de la población. El alza de los precios del petróleo y la galopante inflación, obligaron a Bukele a suspender temporalmente los impuestos a los combustibles, mermando los recursos que tanto necesita.

El repentino crecimiento de los asesinatos, un mal que ya lleva décadas en El Salvador, se debió  a la ruptura de los acuerdos secretos entre Bukele y las maras. Estados Unidos presionó a Bukele, por su política de negociación con los jefes de pandillas.

Bukele se ufanaba de haber reducido la ola de crímenes por su política sintetizada en su famoso “Plan de Seguridad”. En su oportunidad, los medios de comunicación filtraron la noticia de que el descenso en los asesinatos diarios se debió a que Bukele había negociado con las maras y pandillas. Bukele terminó haciendo lo mismo que los anteriores gobiernos de ARENA y del FMLN, que también negociaron con las pandillas, y que también rompieron las treguas y adoptaron políticas de “puño de hierro". Habiéndose roto la tregua entre Bukele y las maras, el resultado obvio fue el incremento de los asesinatos, y nuevamente el Estado aplica la “mano de hierro”, con imprevisibles resultados.

La repuesta de mano de hierro de Bukele, puede agradar a muchas personas en El Salvador, sobre todo a aquellas familias que han sido víctimas de la actividad delictiva de las maras. En realidad, las maras evolucionaron de ser un fenómeno que reflejaba la descomposición social de decenas de miles de jóvenes que viven en la marginalidad social, a organizaciones criminales al estilo de la mafia.

El problema de la violencia y la criminalidad en El Salvador, solo puede solucionarse por dos vías: que el Estado impulse políticas de reinserción social de los jóvenes que participan en las maras, lo que implicaría algún grado de negociación diferenciada con las maras, o el aplastamiento militar, lo que irremediablemente conduce a una masacre selectiva.

Los gobiernos de ARENA y el FMLN impulsaron negociaciones con las maras, pero sin impulsar políticas sociales para desmantelar a estas organizaciones delictivas. Ahora Bukele, primero negocia secretamente para después inclinarse por la vía militar, pero sin políticas sociales. Lo más grave es que con esta maniobra, Bukele se adelanta ante un posible agravamiento de la crisis económica y social, limitando las libertades democráticas que los trabajadores tanto necesitan para luchar por sus propias reivindicaciones.

Llamamos a luchar unidos por la derogación inmediata del “estado de excepción”. Cualquier negociación de Bukele con las maras debe ser publica, para que el pueblo salvadoreño decida como solucionar este problema, que es una gangrena que  destruye al país entero.