Por  Concepción Elena Rodríguez

Después del golpe de Estado  en 1931  y el etnocidio de 1932 realizado por el   general Maximiliano Hernández Martínez, El Salvador entro en  una oleada de gobiernos y regímenes de  dictaduras militares las cuales terminaron en 1979 de igual manera producto de un golpe militar.  Posterior a 1979 hasta 1984 El Salvador fue gobernado a través de tres Junta Revolucionarias de Gobiernos (JRG) integradas por civiles y militares y un gobierno provisional: la Primera Junta que va  del 15 de octubre de 1979 al 9 de enero de 1980, la segunda del 9 de enero de 1980 hasta el 13 de diciembre de 1980 y la tercera que va 13 de diciembre de 1980 hasta el 2 de mayo de 1982 y la designación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de Álvaro Magaña como presidente provisional desde el de 2 de mayo de 1982 hasta el 1 de junio de 1984, fecha en que  tomó posesión de la Presidencia José Napoleón Duarte presidente electo mediante  elección popular bajo la bandera del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Un periodo de transición

Desde el golpe militar del 1979 que termino imponiendo las Juntas Revolucionarias de gobiernos (1979-1982), pasando por el gobierno provisional de Álvaro Magaña (1982-1984) el pueblo salvadoreño continuo viviendo bajo estado de sitios que legalizaban  la represión del Estado y de grupos paramilitares como fueron los Escuadrones de la muerte esto se extendió hasta 1992.

Políticamente este periodo también se caracterizó por la integración del Frente Amplio Nacional (FAN) que termino convirtiéndose en  el partido de ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA-1981) quienes tenían como brazo militar a los Escuadrones de la Muerte.  A nivel popular y de izquierda se estaba dando un crecimiento y fortalecimiento  colicuativo de las organizaciones sociales creándose para el 18 de abril de 1980  el Frente Democrático Revolucionario (FDR), para el 10 de Octubre del 1980 con la participación de las organizaciones políticas militares se estaría integrando la guerrilla del  Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) quienes el 10 de enero de 1981  lanzaron la primera ofensiva militar contra el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno de la fecha, dándose así oficialmente el inicio de la guerra civil que termino en 16 de febrero de 1992 con la firma del Acuerdo de Paz entre ARENA y el FMLN.

Mutación de las dictaduras militares a la democracia burguesa

Otro aspecto político importante a mencionar fue la convocatoria (marzo de 1981), por parte de la tercera junta de revolucionaria de gobierno a elecciones para Asamblea Nacional Constituyente quienes  tomaron posesión  el 26 de abril de 1982 y   tendrían la  responsabilidad de elaborar una nueva Constitución política de la república.

En momentos que no existía respeto a los Derechos y libertades democráticas la Asamblea Nacional Constituyente presidida por Roberto DAubuisson fundador de los escuadrones de la muerte y de ARENA termino imponiéndose la Nueva Constitución  siendo   aprobada   por  Decreto Constituyente número 38, del 15 de diciembre de 1983,  y entro en vigencia el 20 de diciembre de 1983, a la cual se le incorporarían reformas políticas  sustanciales derivadas de los Acuerdos de Paz en 1992, periodo desde el cual   hasta 2019  en cierta media los gobiernos de ARENA (1989-2009) y los del FMLN (2009-2019) gobernaron apegados a  dicha constitución en lo relacionado a lo político aunque no cumplieron la gran mayoría  de  aspectos en relación a lo económico y social, agregado a ello se dedicaron a saquear las finanzas  del Estado y hacer negocios en función de sus intereses económicos personales o familiares.

En el caso del FMLN además de lo anterior no aprovechó su arribo al gobierno central y  la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa para democratizar el sistema político y electoral impuesto en la antidemocrática y reaccionaria constitución de 1983, que tenía como objetivo evitar la llegada del pueblo salvadoreño por la vía revolucionaria. En materia económica y social el FMLN fue incapaz de garantizar el bienestar económico a la clase trabajadora, jubilados y pensionados y de dar respuesta al problema de desempleo y sus derivadas consecuencias de aumento de la violencia y la delincuencia problema que termino asfixiando al pueblo salvadoreño quien al final por el momento ve al presidente Bukele como su redentor sin importar lo amarga que la medicina sea entregándole a este sus libertades y Derechos, lo cual es entendible.

A partir de la Constitución 1983 y sus respectivas reformas derivadas de los Acuerdos de Paz de 1992, en El Salvador se gestó un embrión democrático el cual no logro desarrollarse, siendo la misma ARENA-FMLN quien lo impidió y Bukele quien terminaría dándole muerte. 

El traer a mención todo lo anterior tiene como finalidad hacer un recorrido histórico de esas  fases políticas y sociales determinadas por aspectos o intereses económicos de grupos históricamente dominantes o de grupos económicos emergentes que buscan consolidarse como tal usando el aparato del Estado burgués.   Así mismo es importante valorar el heroísmo y martirio de las masas salvadoreñas en la lucha por los Derechos y Libertades Democráticas.

COVID-19, Bukelismo y bonapartismo

Bukele llego a la Presidencia en el 2019 siendo su principal discurso la lucha contra la corrupción, como parte de ello y  derivado de un acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el  estado de El Salvador el 6 de septiembre de 2019, fue creada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) la cual duro hasta el  4 de junio de 2021, momentos en que dicha comisión llamaba a la Fiscalía a investigar casos de corrupción en los cuales estaban implicados funcionarios del gobierno.

El acontecimiento que anuncio el grave deterioro de la democracia burguesa en El Salvador fue la toma de las instalaciones de la Asamblea Legislativa por parte del presidente Bukele el día 9 de febrero del 2020, con el pretexto de obligar a los Diputados a que sesionaran y aprobaran un préstamo de $109 millones para el financiamiento de la fase tres del Plan Control Territorial, lo anterior   permitió caracterizar el régimen de Bukele como  bonapartista y autoritario.

La pandemia generada por el COVID-19 le favoreció grandemente al gobierno de Bukele y a sus funcionarios  ya que le permitió ensayar su populismo con la entrega de bolsas solidarias, hacer negocios desde las instituciones del Estado e implementar el estado de excepción los cuales iniciaron  14 de marzo del 2020, en su momento dicho estado buscaba salvaguarda la salud del pueblo salvadoreño aunque limitaba la libertad de circulación e incorporo a la fuerza armada a labores de seguridad, quienes fueron responsables  de muchas violaciones a los derechos humanos.

Desde que tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa Bukele  ha tomado el control del poder  del Judicial así como también de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), poniendo a su servicio la Justicia burguesa que le dio paso a su reelección.

Si bien Bukele está a punto de hacerse del control total del Estado salvadoreño sabe que le falta algo  y uno de sus objetivos finales es la Asamblea legislativa  pero además de contar con el régimen de excepción como principal armada  política tiene un plan para acabar con la oposición  política dentro de la Asamblea y los gobiernos municipales que son la cara visible de los partidos políticos.

Régimen de excepción: principal arma política de Bukele

Para el 14 de marzo del 2020 la Asamblea Legislativa aprobó estado de excepción al gobierno de cara a la pandemia por el Covid-19.  Para el  27 de marzo de 2022 la Asamblea legislativa oficial aprobó al presidente Bukele el inicio de un régimen de excepción el cual se mantiene a la fecha en esta ocasión con la finalidad de combatir la violencia y delincuencia en donde se responsabiliza a la maras y pandillas contra quienes el presidente Bukele ha librado una guerra.

El éxito de la lucha o guerra  contra las pandillas en gran medida ha estado garantizado por el régimen de excepción el cual también está siendo utilizado  para aterrorizar a la oposición, al pueblo  trabajador y a las  organizaciones sociales, populares y sindicales independientes al ministro de trabajo Rolando Castro aliado del gobierno de Bukele.

Maniobras del bukelismo contra diputaciones y gobiernos locales

Las elecciones legislativas  realizadas en el 2021 permitieron al presidente Bukele tener control total de la Asamblea Legislativa no por el hecho de tener la mayoría de Diputados de Nuevas Ideas ( 56 de 84),  sino por tener un bloque oficialista de 64 diputados [(6 (NI), 5(GANA), 2(PCN) y 1(PDC)]. Con SUS 56 diputados Bukele  si bien alcanzaba mayoría calificada le hacía falta tener mayoría especial que son 63. Estando así las cosas cualquier cambio de bando de los diputados del oficialismo a la oposición representa un debilitamiento del Bukelismo, seguramente eso determina las negociones del partido GANA con el Presidente.

Constitucionalmente para tomar acuerdos en la Asamblea Legislativa se usan términos como  mitad más uno que es igual a 43 de 84 (mayoría simple), dos tercios  que es igual a 56 de 84 (mayoría calificada)  y tres cuartos es igual a 63 de 84 (mayoría especial), ante lo anterior y el desgaste  Bukel3  busca asegurar mayoría calificada y propone la reducción de los número de diputados y municipios al respecto Feliz Ulloa ha manifestado “…que envió al mandatario una propuesta para reducir a 100 [ de 262] los municipios y de 84 diputados de la Asamblea Legislativa bajarlos a 50.” (EDH. 16/01/23).

 Dicha propuesta más que reducir los gastos del estado busca la concentración del poder y limita la participación política de las amplias mayorías, para reducir los gastos del estado bastaría con que los diputados ganaran todos por igual un salario mensual al de un obrero calificado  y se les quitaran todos los beneficios económicos que gozan.

Bukele se prepara y busca asegurar para el 2024 dar el último golpe político y terminar imponiendo una nueva Constitución a su medida y no en función de los intereses de las grandes mayorías,  Bukele representa los intereses de un grupo económico emergente que busca consolidarse, es por ello que se disputan  los mercados locales para realizar sus negocias a la vez misma usan el aparato del estado para hacer sus negocios y obtener ganancias. La clase trabajadora debe frenar la consolidación del Bukelismo-bonapartista como elite económicamente dominante a la vez misma luchar contra los grupos económicos tradicionales que históricamente han gobernado, esto se lograra mediante la organización, movilización, lucha  y unidad de acción de todo el pueblo manteniendo con  independencia política y la más amplia democracia en el interior de las organizaciones.